Juntos por la censura

 

Tres dirigentes políticos del Conurbano le reclaman 400.000 dólares cada uno al diario Varela al Día por un informe que los menciona. Son Diego Giménez, precandidato a concejal de Hacemos Juntos; su esposa Marlene Canto, segunda precandidata de Avanza Libertad, y Javier Peralta, primer postulante a consejero escolar por ese partido de José Luis Espert.

 

 

En cartas documentos (CD) idénticas, los tres salen al cruce de un informe sobre causas judiciales en su contra y le reclaman al medio de Florencio Varela una indemnización “por abuso del derecho, exceso en plus de la libertad de prensa y el dolo y colisión evidente que surgen del contenido de la nota”.

El director del diario, Mario Lettieri (ex La Razón 1987-90 y Crónica 1990/2000), publicó que “no daremos difusión al texto integral de las CD, con el cual Giménez, Peralta y Canto hacen gravísimas imputaciones a un fiscal local y a un juez de Garantías”.

 

 

 

 

 

Cómo empezó

Lettieri consultó a Ezequiel “Chamu” Taborda, que encabeza la lista de candidatos a concejales de Avanza Libertad, si era cierto que Giménez le había pagado para que incluyera a su mujer como compañera de fórmula. Lettieri guarda las capturas de ese diálogo, a las que El Cohete accedió en forma completa.

 

 

Cuando le consultó sobre qué justificación daba a una foto suya ante un escritorio con un fajo de dólares, Taborda respondió que se trataba de una operación inmobiliaria para un familiar. Luego de otras evasivas, terminó por bloquear la comunicación.

 

 

Varela al Día publicó que tanto Giménez cómo Peralta están inmersos en causas judiciales. Giménez respondió con un certificado del 6 de julio donde no registra antecedentes penales, lo cual valida que no ha sido condenado.

Estas son las causas publicadas por VAD:

• 17777/19 por presunta Asociación ilícita; en trámite ante la Fiscalía 2 de Varela. Imputa a Giménez; Daniel Figueredo; Darío Fabián Cochinón Figueredo y Javier Peralta.
• 18892/19 por Coacción Agravada contra los mismos imputados e igual Fiscalía.
• 22808/19 por Amenazas.
• 29676/19 por Amenazas con armas de Fuego.
• 2972/19 por Amenazas Agravadas.
• 8486/20 por Amenazas.
• 11699/20 por Amenazas y Robo con destrozos a una sede sindical.
• 7317/20 por Amenazas.
• 14595/20 por Lesiones leves.
• 16269/20 por Amenazas.
• 4880/21 por Amenazas.
• 4867/21 por Amenazas.
• 3570/21 por Amenazas.

Las causas figuran en los registros de la Unidad Fiscal (UFI) 2 de Varela a cargo de Mariana Dongiobanni. Sobre Giménez pesó un pedido de captura pero la Cámara Penal le otorgó una eximición de prisión.

El diario aclaró que “los mencionados en este informe tienen un espacio abierto para fijar su posición”.

A pesar de la precisión informativa, las intimaciones redactadas por el estudio jurídico Mazzocchini-Corporaal de La Plata pretenden que “el autor de la nota digital y el editor responsable deberá responder penalmente. Por último, retracte y pague los perjuicios ocasionados por la divulgación de una nota anónima y adulterada”.

 

 

Otros casos

Tal como ya informó El Cohete, los intentos por acallar a la prensa en el Conurbano no son nuevos ni tienen como único protagonista a la derecha. Un intendente aliado de momento al Frente de Todos incurrió en la misma pretensión pero, tras la respuesta periodística, se guardó a silencio, como confirmaron los intimados Gustavo Pulido, de Berazategui, y Adrián Di Nucci, de Quilmes.

Desde ambos distritos, un colectivo de prensa emitió un comunicado conjunto que trasciende los límites geográficos en pos de solidarizarse a la vez que rechazan todo intento intimidatorio: “Le recordamos a la clase política que en el ordenamiento legal argentino rige la despenalización de los delitos de calumnias e injurias para casos de interés público. Por si eso no fuera suficiente, los precandidatos con pretensión de postularse a legisladores deberían saber que la libertad de expresión y de informar están tutelados por el derecho internacional desde que la Argentina adhirió a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pacto firmado en San José de Costa Rica que luego fuera incorporado a la Constitución Nacional desde 1994".

“Además, tras la reforma del Código Penal impulsada en 2009, el Congreso modificó los artículos 109, 110, 111 y 113 de la ley 26.551, en los que agregó que no se considerarán delitos las ‘expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas’".

“La legislación nacional e internacional resguarda el derecho a la honra de personas que pudieran verse afectadas por errores de información. En tales casos, tienen derecho a solicitar una rectificación o respuesta (válida para corregir datos, no para discutir opiniones)".

“En todos los casos, con independencia de las distintas filiaciones partidarias, los periodistas habremos de encontrarnos unidos en defensa de los valores que la sociedad toda ha sabido conquistar en pos de una convivencia más equilibrada”.

 

 

 

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