Operación Bolivia

 

El gobierno nacional empieza a dar por probado, en la faz administrativa, que el envío de municiones a Bolivia del 12 de noviembre de 2019 tuvo un circuito legal y otro ilegal. Según esos datos, el vuelo de la Fuerza Aérea con once gendarmes destinados a custodiar la embajada argentina en La Paz pretendió enmascarar, en realidad, el envío de por lo menos 70.000 balas anti-tumultos (AT) 12/70 para la represión. Hasta ahí. Las balas luego habrían sido distribuidas de manera irregular a las Fuerzas Armadas y a la Policía de Bolivia, dato que completa el círculo y que surge de las últimas revelaciones en ese país. Esa es la línea que el viernes comenzó a investigar formalmente la Justicia federal sobre la base de una denuncia del gobierno. El fiscal Claudio Navas Rial imputó por contrabando agravado a Mauricio Macri, en su doble condición de Presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

“Todo es consistente con la operatoria de aprovechar el viaje del grupo Alacrán de Gendarmería para embarcar en el mismo vuelo las municiones que tenían como destino la represión”, afirma la ministra de Seguridad Sabina Frederic a El Cohete a la Luna. Frederic sostiene que, desde el punto de vista administrativo, la investigación está prácticamente cerrada. Queda entender dónde y cómo fue la descarga del Hércules en Bolivia y la distribución de armamentos. Y tal como lo dijo en distintas entrevistas, asegura que el grupo Alacrán no tuvo contacto directo con el cargamento desviado: viajó en el avión, tuvo contacto visual, puede declarar como testigo, pero nunca usó esas balas.

“El grupo Alacrán estaba integrado por once personas. Llegaron al aeropuerto de El Alto y desde ahí viajaron en una combi hasta la embajada argentina –explica–. Allí se repartieron en dos grupos. Unos se quedaron en la embajada y otros fueron a la residencia del embajador, Normando Álvarez García, y se dedicaron a hacer la custodia a diplomáticos. En ocasiones se desplazaron, pero no tiraron ni un solo tiro ni de goma ni de plomo”. Por eso, agrega, todo va encajando: lo que ahora falta es terminar de confirmar el destino de las municiones.

 

 

 

En los últimos días comenzó a circular mayor información sobre lo que sucedió cuando el avión pisó suelo boliviano. El diputado Leopoldo Moreau, presidente de la Comisión Bicameral de control de organismos de Inteligencia del Congreso, trabaja en esa reconstrucción. "Ya está claro qué pasó con las municiones", dice a El Cohete. También habla del doble circuito, legal e ilegal, del vuelo que se usó para camuflar el desvío de balas de goma. Y finalmente dice que cuando el avión aterrizó, permaneció en la pista siempre con el motor en marcha. En el aeropuerto estaba el agregado de la Gendarmería en la embajada de Bolivia, Adolfo Héctor Caliba. Estuvo para la recepción del avión. En ese contexto, el grupo Alacrán partió en una combi. Luego, se hizo el reparto de municiones y el avión partió nuevamente a la Argentina cargado con familiares de diplomáticos y familiares de militares.

¿Quién distribuyó los proyectiles? ¿Fue él? ¿Sólo él? ¿Y sólo en el aeropuerto? El viernes pasado, el ministerio de Seguridad desplazó al gendarme Caliba, de manera preventiva. Era una de las personas que estaba en el aeropuerto esa noche. Pero aparentemente no fue la única persona de la embajada. Hay quienes sitúan en la pista también al agregado naval, quien un día después firmó la recepción de la carta de agradecimiento del jefe de la Fuerza Aérea de Bolivia. Ese punto aún es un tema pendiente, y de cierta fricción con el ministerio de Defensa: varios funcionarios esperan algún movimiento de Agustín Rossi que todavía no llega.

 

La denuncia

Los datos que permitieron entender cómo llegó el armamento a Bolivia surgieron de una investigación administrativa realizada por diversas agencias del Estado a partir del hallazgo de la carta del jefe de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, a la embajada argentina, enviada un día después del aquel vuelo y encontrada en la embajada argentina en Bolivia. Los datos nutrieron la denuncia presentada el lunes pasado en la Justicia de manera conjunta por Frederic, el ministro de Justicia Martín Soria y la directora de la Agencia Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont.

Los funcionarios denunciaron el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia del 12 de noviembre de 2019 perpetrado por el gobierno nacional, encabezado por el ex Presidente Mauricio Macri, con participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo. Indicaron que el objetivo fue poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder, encabezada por Jeanine Áñez. “El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declaradas en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”.

Con la base de esa información, el viernes al mediodía, antes del comienzo de la feria judicial, el fiscal Navas Rial pidió formalmente el comienzo de la pesquisa con la imputación a Macri, a los entonces ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad, al jefe de Gendarmería, Gerardo Otero y, entre otros, al entonces embajador argentino en Bolivia, el ahora condecorado jujeño Normando Álvarez García.

 

 

 

¿Cómo se hizo el envío?

De acuerdo a la reconstrucción del gobierno, el envío comenzó con una serie de trámites administrativos de Gendarmería ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que regula el tránsito de armas. Hubo tres notas en total. Una el día 11 de noviembre y otras dos, el día 12. Todos los trámites los hizo la misma persona: el director de Logística de Gendarmería, Rubén Carlos Yavorski, por orden directa de su superior, el entonces director nacional de la fuerza, Gerardo José Otero: el jefe de Gendarmería de contacto directo con Patricia Bullrich. No sólo un gendarme sino, además, un cuadro político que ató su destino al de ella.

Así, el día 11 de noviembre, Yavorski envió la primera nota a la ANMaC para sacar del país, de manera transitoria, equipos de la Agrupación Fuerzas Especiales Alacrán, un grupo de élite que tenía como destino “la seguridad y protección del señor embajador argentino, su residencia, las instalaciones diplomáticas (en Bolivia), como así también el personal que se encuentre dentro de la misma”.

El director del ANMaC, Eugenio Cozzi, autorizó la salida. Incluía: 10 pistolas semiautomáticas, 2 escopetas de repetición, 5 carabinas automáticas, 2 ametralladoras, 2 fusiles de repetición, 12 chalecos antibalas, 12 cascos balísticos, 2 escudos balísticos, 2 visores nocturnos y 8.820 municiones de distintos calibres, entre ellas, 3.600 calibre AT (anti-tumultos) 12/70. Ese dictamen no es el centro de la discusión, porque el material volvió, pero la denuncia reprocha al organismo no exigir razones fundadas para cantidades que superaban el cupo de más de 1.000 municiones permitidas reglamentariamente.

 

 

 

 

Un día después, el 12 de noviembre, Yavorski presentó otras dos notas.

Esta:

 

 

 

Y esta:

 

 

 

 

Hoy son el eje de la investigación. Las notas ampliaban el pedido anterior y, por lo tanto, remitían al mismo objetivo: la custodia para la embajada. En una, pidió autorización para sacar 70.000 cartuchos AT 12-70, marca Fabricaciones Militares, y 100 spray de gas pimienta. Y en la otra, 661 granadas de mano de gas hostigamiento. ANMaC autorizó la primera parcialmente: 70.000 municiones, otra vez salteando el cupo de 1.000. No aprobó el spray porque no lo requería y tampoco aprobó las granadas --aparentemente el director del organismo se negó--, pero de todas maneras las granadas fueron embarcadas a Bolivia. Todo este segundo material: granadas, spray y municiones AT 12-70 son parte del material que el jefe de la Fuerza Aérea Boliviana le agradeció a la Argentina. Por eso, esas dos notas, agregadas un día después, son importantes. Y pueden demostrar la preparación del desvío.

Finalmente, el vuelo con el cargamento despegó esa noche, 12 de noviembre, a las 23:40 desde el aeropuerto de El Palomar a bordo de un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea con destino a La Paz. Viajaban los once gendarmes. La Aduana aprobó la salida, pero no registró las granadas. Como se dijo, habrían salido igual: según la denuncia, “en la autorización de salida se hace referencia a 177 bultos, lo que incluiría las 581 granadas”.

Tres días después, el 15 de noviembre, apareció en escena la ministra Patricia Bullrich. Ese día 15, en dos horas –a la noche, entre las 20:05 y las 22:27– firmó todos los formularios de salida en comisión de los once gendarmes que ya estaban en Bolivia. Según la denuncia, firmó todo sin el correspondiente dictamen interno de Gendarmería ni del Ministerio, ni a partir de un pedido escrito de Cancillería. En ese sentido, los funcionarios sostuvieron que existió “un interés directo y activo en la maniobra de desvío del armamento, que fue transportado por el personal que ella, personal y velozmente, se encargó de autorizar a salir del país”.

 

 

El último dato es de varios meses después. El 15 de julio de 2020, el jefe de Operaciones de Gendarmería, Carlos Miguel Recalde, hizo un arqueo de entrada y salida de municiones con un trámite para el que no consultó ni avisó a sus superiores. Allí registró que para “mantener y acrecentar las capacidades (en Bolivia), se realizaron ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro con el armamento que fuera llevado en la comisión. En dichas instrucciones se emplearon la cantidad de 70.000 cartuchos de calibre 12/70 MM”. Hoy Recalde está en disponibilidad e imputado en la causa. Y se cree que es posible que haya recibido una orden o un llamado de alguien para eliminar los rastros de las balas que nunca volvieron al país. Las balas fantasmas.

¿Es posible que se hayan usado en ese entrenamiento? De esto se habló toda la semana. No. El Ministerio lo descarta. Primero, porque Alacrán es un grupo de élite que no hizo entrenamientos ni debía hacerlos. Segundo, porque las tres escopetas que llevaban tenían una vida útil de hasta 16.000 tiros, y no 70.000. En paralelo, el número de 70.000 coincide con los hallazgos en Bolivia que empiezan a indicar un reparto de 40.000 municiones a las Fuerzas Armadas y 30.000 a la Policía. Los elementos que sostienen esto son dos: por un lado, la carta del jefe de la Fuerza Aérea Boliviana que agradece de manera explícita el envío de 40.000 municiones AT 12/70. Y por otro, el hallazgo de la Policía de Bolivia de esta semana de 30.000 municiones argentinas en un depósito, dato confirmado por el comandante general de la fuerza, Jhonny Aguilera. Si 30 y 40 da 70, el destino de las municiones argentinas tendrían una primera respuesta.

La pregunta pendiente es: ¿se entregaron otros equipos y armas? En su carta, Terceros Lara agradece también spray y granadas. El material salió. ¿Es posible que se hayan entregado? Las granadas que salieron sin autorización de la ANMaC ni de la Aduana, en realidad, tienen registro de vuelta al país con un trámite de re-importación, aunque no está clara la cantidad.

 

La pata argentina

Mientras tanto comienzan a multiplicarse preguntas sobre la colaboración argentina ya no después, sino en los preparativos del golpe. Hay pistas sobre la intervención activa en la recolección de información previa al golpe de parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a las que se refiere una nota de Jorge Elbaum en esta edición. Y una denuncia de la Túpac Amaru tramitada ahora en el juzgado federal de Sebastián Ramos, que exige explicaciones sobre un viaje de Gerardo Morales a Santa Cruz de la Sierra y la recepción inmediatamente después de una comitiva del Departamento de Estado de Estados Unidos que incluyó a Ivanka Trump. El viaje y la recepción de la hija del entonces Presidente norteamericano fueron en septiembre de 2019. Era el momento de los incendios de Chiquitanía donde en medio del ulular de las redes sociales y el agite del lema de la insubordinación civil, emergió la figura pública de Luis Camacho.

 

 

 

Alejandro “Coco” Garfagnini es el coordinador de la Túpac. Y presentó la denuncia para que se investigue por un lado los vuelos de ayuda humanitaria que salieron entre agosto y noviembre de 2019 desde el aeropuerto de El Palomar a Santa Cruz de la Sierra. Y pide una investigación específica sobre el viaje de Morales. En la denuncia incluyó al entonces embajador Álvarez García y al ministro de Seguridad de Jujuy, Ekel Meyer, que acompañó a Morales durante el viaje a Bolivia. Garfagnini pidió una revisión sobre "lo que sucedió la noche del 4 de septiembre de 2019 y la madrugada del 5 de septiembre de 2019, con motivo de la visita de Ivanka Trump a la provincia de Jujuy y el arribo de un avión militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos e importantes funcionarios” de ese país.

El 4 de septiembre, Morales volvía de Santa Cruz de la Sierra en un avión de la Fuerza Aérea. Había estado en Bolivia una hora y media. Y regresaba con los brigadistas que él había enviado. Esa noche recibió en Jujuy a la delegación de Estados Unidos. Garfagnini dice que “no existen registros oficiales de los bienes trasladados en cada viaje” ni tampoco “detalle del personal militar, armamento y equipamiento arribado al suelo argentino para asegurar la custodia”. Y añade: “el episodio debe ser investigado judicialmente para comprender la magnitud de la participación de Morales en el apoyo logístico a la planificación y ejecución del golpe de Estado en Bolivia”.

El tema es seguido también por Oscar Laborde, presidente del Parlasur, y uno de los convencidos de que existen indicios suficientes para pensar que la Argentina no sólo colaboró después del golpe, sino también con los preparativos.

-- ¿Cuáles son los indicios?

-- Uno de los indicios es la presencia de dos delegados de la AFI en el lugar, cosa que no tiene ningún país. Allí estuvieron Luis Varela y fue designado José Sánchez, que colaboró con información sobre lo que sucedía con los principales dirigentes políticos de Bolivia”, explica. Menciona sus conversaciones con el Presidente Luis Alberto Arce, según las cuales, dice, el consulado en Santa Cruz tenía reuniones –porque ellos enviaron gente a esos encuentros– que supuestamente sirvieron para preparar una transición ante la inevitable caída de Evo Morales. También la actividad de la embajada argentina, que no se condecía con la tarea de una representación diplomática: tenían contactos con los agregados comerciales de Estados Unidos, vínculos con los representantes de Brasil en una situación inevitable donde se precipitaba la caída de Evo Morales. Agrega la dimensión del armamento enviado, “muy difícil de recolectar si no es que estuvieron preparados”. Y también menciona el viaje de Ivanka Trump.

Ivanka Trump llegó a la Argentina en medio de una gira que incluyó horas antes un encuentro con el representante de Juan Guaidó en Colombia y después el paso a Paraguay. Estuvo sólo un día en el país, y únicamente en Jujuy. Usó un avión militar en el que viajaban las primeras líneas del Departamento de Estado, formalmente, para apoyar la acción de una ONG llamada Pro-Mujer, creada en los años ’90 en Bolivia y que en ese 2019 empezaba a contar con financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, la USAID, el brazo de agitación política del Departamento de Estado en la región. Ivanka se sacó fotos. Estuvo en un negocio con el emprendimiento de una mujer. Morales negó siempre cualquier vínculo de ese viaje con el golpe. Pero a la luz de los últimos episodios en la Argentina, ¿es posible pensar que el vuelo con la hija de Trump pudo haber sido también el pretexto legal para enmascarar una gira con intenciones golpistas?

 

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