No, no y no

La ex Señora 8 desconoció en su indagatoria el espionaje ilegal

 

Es jueves, a media mañana, y Silvia Cristina Majdalani, de 61 años, llega puntual al juzgado federal de Dolores. La esperan el juez Martín Bava y el fiscal Juan Pablo Curi en una audiencia que finalmente se hace de modo presencial. Casi de inmediato proceden a leerle los cargos que se le imputan. Majdalani, ya avezada en estos trámites, escucha silenciosamente, en calma.

El juez toma el expediente y entonces dice: “Desde su cargo de subdirectora general de la Agencia Federal de Inteligencia, por lo menos en el período comprendido entre diciembre del año 2017 y finales del año 2018, ha ordenado, permitido y organizado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos”.

Hace una pequeña pausa y continúa: “Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber dirigido numerosas de ellas para obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan, como así también del buque El Repunte y del buque Rigel. Esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente, respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dichas embarcaciones y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes”.

La indagatoria a la ex “Señora 8”, como se conoce en la jerga de los espías a quien ocupa la subdirección de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), terminó cerca de las 13, luego de casi dos horas. Majdalani, ex diputada del PRO y la primera mujer en haber ocupado un alto cargo en los servicios de inteligencia, tomó la palabra y dirigió un descargo contra el tribunal. “Entiendo que este juzgado es incompetente para entender en el caso, que debería tramitar en Capital Federal. Por lo que voy a declarar, pero no responderé preguntas”, dijo secamente, repitiendo el manual de los ex funcionarios macristas que, acusados por la Justicia, buscan resolver los pleitos en tribunales amigos de Comodoro Py.

Pero en esta causa la jurisdicción es totalmente ajena a sus huestes: los hechos denunciados, en rigor, ocurrieron en Mar del Plata. Así lo demostró la pericia iniciada por el fiscal Daniel Adler antes de que el expediente llegara a Dolores. La prueba acumulada –en cantidad y calidad– es notable: se comprobó la existencia de fichas, informes, fotografías y correos electrónicos. No existe ninguna fisura para contradecir la hipótesis de un espionaje ilegal organizado y sistemático contra los familiares del ARA San Juan. Hipótesis directriz que empezó a diseñar el fiscal Adler y continúa ahora el juez Bava.

La evidencia, según pudo reconstruir El Cohete a la Luna sobre la investigación en curso, se afianza en los siguientes hechos:

  • El 15 de enero de 2018, siendo aproximadamente las 19:20, M.V. –hermana de un tripulante del ARA San Juan– se encontraba en la Base Naval de Mar del Plata en ocasión de celebrarse la misa por los dos meses de la desaparición del submarino, cuando empezó a ser seguida por personal de la Agencia Federal de Inteligencia. Luego fue fotografiada junto a las demás personas que se encontraban allí, y se generó un informe que fue incorporado junto con las fotos al registro de los archivos de inteligencia de la AFI.
  • Ese mismo día, personal de la AFI informó y fotografió lo que sucedía en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredón, donde se realizó un acto vinculado con el cumplimiento del segundo mes de la desaparición del ARA San Juan. El informe elevado da cuenta de la presencia de familiares y allegados en el lugar y destaca que dicho grupo “reclamó a las autoridades de la Armada Nacional reforzar la búsqueda de los 44 tripulantes y ser atendidos por el Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri”. Se destaca una logística de coordinación, algo consustancial a cualquier servicio de inteligencia. En ambos casos, hubo un despliegue de seguimientos en distintos lugares de la misma ciudad durante el mismo día, con el objetivo de cubrir los movimientos del colectivo de familiares de los tripulantes del ARA San Juan y destacar, entonces, cuáles eran los reclamos a las autoridades nacionales.
  • El 3 de febrero de 2018, personal de la AFI efectuó un informe en relación con los familiares del ARA San Juan “que reclamaban la búsqueda del submarino”, y en particular respecto de las viudas M.M., I.L., P.C. y M.F. Dicho informe se incorporó al registro de los archivos de inteligencia de la AFI. Del mismo surge que, a raíz de seguimientos efectuados, se determinaron cuáles eran los reclamos que los familiares presentarían en la reunión a celebrarse en Casa de Gobierno el 6 de febrero de 2018 con el Presidente Macri. Luego se detallan los reclamos que habrían señalado específicamente cada una de las nombradas en el párrafo precedente, indicando, en forma textual, que el objetivo del informe era “(…) a los fines de poder tomar conocimiento las autoridades estatales para prever cuestiones de agenda (…)”.
  • En fecha cercana al 6 de febrero de 2018, personal de inteligencia recabó información sobre Y.M. –madre de un tripulante– y confeccionó una ficha en la que se señaló que familiares de tripulantes del submarino intentarían entregar una carta en la residencia del complejo de Chapadmalal al entonces Presidente Macri. Así, se indicó también que, a pedido expreso de Y.M., la carta exigiría que “(…) informen la equivalencia en TNT de dichas explosiones, unidad de medida que permite establecer origen y causas de la explosión y su relación con el submarino (…)”.
  • El 2 de abril de 2018, A.M. –esposa de un tripulante– y M.V. –hermana de otro– fueron seguidas y fotografiadas en el Golf Club de Mar del Plata por personal de la AFI de esa ciudad. Macri se encontraba jugando al golf en el predio y las familiares de las víctimas intentaban entrevistar y entregarle una carta al entonces Presidente. Producto de tal actividad, agentes de la AFI procedieron a confeccionar un informe, al que agregaron los links de acceso a los perfiles de Facebook de las mujeres, al igual que capturas de pantallas de los mismos donde se podían ver fotos y posteos relativos a sus reclamos. Todo ese material fue incorporado ilegalmente a los archivos de inteligencia de la AFI.
  • El 15 de noviembre de 2018, cuando se conmemoraba el primer aniversario de la desaparición del ARA San Juan, familiares de tripulantes de los buques El Repunte y Rigel fueron seguidos, fotografiados y sus actividades informadas ilegalmente por personal de la AFI de Mar del Plata, mientras se encontraban manifestando con pancartas y banderas en la puerta de la Base Naval de esa ciudad. El personal de la AFI procedió a confeccionar y elevar un informe con lo actuado, en el que también se adjuntó una foto de captura de pantalla de la red social Facebook de A.M. –una de las líderes de la manifestación–, una foto de su rostro y se informó el link de su perfil en la referida red social. Todo fue incorporado ilegalmente a los archivos de la AFI.
  • “Sumado a lo expuesto, aún sin hacer mención con fotografías, se confeccionaron y elevaron informes sobre el colectivo general de familiares y allegados de las víctimas de los hundimientos ya reseñados, con el objeto de conocer y hacer saber sus actividades, reclamos y movimientos”, concluye el expediente, sobre los hechos de imputación contra la ex funcionaria macrista.

Majdalani, sin embargo, calló. O mejor dicho, tal como su jefe Gustavo Arribas –quien había declarado la semana pasada–, negó los cargos y dijo desconocer el espionaje ilegal: repitió el argumento de su superior –altamente inverosímil–, de que no podía poner las manos en el fuego por ningún agente y que si alguien lo hizo por su cuenta, ella nunca se enteró. Además, al no poder ver las pruebas del expediente, afirmó no estar enterada de las fotos o de los informes que hicieron los espías.

—No tuve ninguna participación. No di ninguna orden. Repudio cualquier maniobra de espionaje ilegal —fueron sus últimas palabras en la indagatoria.

¿Es posible que un alto mando de los servicios no supiera lo que sus subordinados hacían, no de forma improvisada y autónoma, sino de una manera completamente organizada, tal como se demostró en los hechos comprobados contra familiares del ARA San Juan? La misma pregunta compete a las otras grandes causas de espionaje ilegal macrista, como el accionar del grupo Súper Mario Bros y las escuchas en el penal de Ezeiza y en el Instituto Patria.

El juez Bava, mientras tanto, decidió avanzar con los peces gordos. El espionaje, de acuerdo a lo que se demostró en la Justicia y cuyos hechos complican gravemente a Majdalani y a Arribas, fue orquestado con la participación de la Delegación Provincial de Mar del Plata, dependiente de la Dirección de Reunión Interior de la AFI en el período detallado, las que informaban “periódicamente a la imputada”. O sea: la Justicia desmiente rotundamente a la ex Señora 8.

En este contexto, siempre según la letra del expediente, la Subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia no sólo tuvo conocimiento de las acciones ilegales llevadas adelante por la delegación mencionada, sino que participó “de la definición de la planificación y la organización de la reunión, obtención, sistematización y análisis de esa información”. En consecuencia, a partir del análisis de la información que se le remitía, la imputada planificó y dirigió las tareas de espionaje prohibidas e impartió las directivas generales. “Y para ello, destinó recursos económicos, técnicos, tecnológicos, humanos y logísticos para llevar adelante las tareas ilícitas antes descriptas”.

La hipótesis madre de Bava es contundente: Majdalani fue el brazo ejecutor de Macri para espiar a los familiares del ARA San Juan –uno de los temas más sensibles de su gestión–, adelantarse a sus reclamos y manipular, de ese modo, sus presiones políticas: “Todas estas acciones de espionaje ilegal no contaron con autorización judicial alguna ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional. Y se realizaron, además, con el objeto de influir en la opinión pública, en esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión del entonces gobierno”.

 

Acto en reclamo de justicia por los tripulantes del ARA San Juan, en noviembre de 2018.

 

La Justicia argentina aún investiga la complejidad de la trama del ARA San Juan con preguntas inconclusas. ¿Por qué se hundió el submarino? ¿Hubo falta de mantenimiento y fallas mecánicas que le impidieron salir a la superficie? ¿Cuáles fueron las responsabilidades en la cadena de mandos al detectarse el incendio en la nave? ¿Por qué se demoró tanto la búsqueda, si se aplicó la más alta tecnología mundial? ¿Existió un encubrimiento del gobierno de Macri que permitió esconder información y ganar tiempo ante la opinión pública bajo oscuros motivos económicos y políticos?

Lo más asombroso, de todas maneras, es el espionaje del aparato de inteligencia del Estado que tuvo como blanco a las familias de los tripulantes.

Las primeras denuncias –como este medio ya ha contado en reiteradas ocasiones– se realizaron en abril de 2018, cuando las víctimas notaron que sus celulares experimentaban llamativas irregularidades. “No fue una tragedia: a los tripulantes los mandaron al muere con una nave repleta de desperfectos”, enfatiza Valeria Carreras, abogada querellante. “Eso es lo que reclamaban las mujeres de las víctimas. Y encima que las maltrataban cuando los recibían en Casa Rosada, por atrás sabían quiénes eran las que organizaban las marchas y qué tipo de reclamos iban a hacer. El espionaje fue para adelantarse a sus reclamos y ofrecerles falsas promesas. Antes de que un fiscal investigara, lo denunciamos en la Justicia y nos trataron de locas”.

Los espías anticipaban a Macri todos los reclamos que planeaban hacer los familiares de los 44 tripulantes desaparecidos. Sabían quiénes serían las viudas que hablarían en las reuniones con funcionarios y hasta qué petitorios iban a presentar. El perfil de las esposas de los tripulantes era el de mujeres jóvenes, sin experiencia previa en movilizaciones, mujeres del interior del país que en su mayoría se habían mudado a Mar del Plata para acompañar a sus maridos en la Armada, con sus hijos a cuestas.

En septiembre de 2020 –tras un allanamiento en la Delegación Mar del Plata de la AFI–, la Justicia Federal argentina se encontró impensadamente con una pila de discos y material digital. Al abrirlos, comprobaron que eran registros del espionaje a las viudas. La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, convocó a los medios a una conferencia. Luego radicó la denuncia, en la que pidió las indagatorias de Macri, de los ex jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani –que ahora fueron ejecutadas por el juez Bava–, del director de Reunión Interior –una dependencia de la ex-SIDE dedicada a recolectar información desde las provincias– y del jefe de la delegación marplatense de la AFI.

“La inteligencia es instrumental a todo gobierno. El problema es cuando se hace de forma ilegal, sin orden judicial”, dice el fiscal Daniel Adler de Mar del Plata, quien investigó que en el espionaje participaron, además, oficiales de la Armada.

Se acercaban a las mujeres, primero por redes sociales y luego en las reuniones alrededor de la Base Naval, ganándose su confianza. Agentes que se hacían pasar por periodistas, brujos que decían tener visiones sobre la nave, apócrifos estudiantes de sociología que recomendaban herramientas de lucha política. “Y eran profesionales al estilo de Alfredo Astiz. Agentes que posaban con actitudes angelicales, apoyando buenas causas, y que por detrás pasaban información”, sostiene la abogada Carreras.

 

 

 

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