Trivializar los derechos humanos

 

 

 

1.

–¿Cómo querés tener vos a tu bebé?

–Quiero normal. A veces uno va y le hacen cesárea.

–¿Querés parto normal?

–Sí.

–¿Qué pasa si te hacen cesárea en un centro de aislamiento?

–Y, no sé, capaz que no voy a encontrar de nuevo a mi hijo.

El 11 de julio de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió levantar las medidas cautelares sobre siete mujeres embarazadas de la etnia Wichi oriundas de la zona oeste de Formosa, luego de no poder verificar aquello que se denunció, primero en un informe periodístico y luego en la solicitud presentada por Félix Díaz, del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina, y Santiago Cantón, ex secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal y ex secretario ejecutivo de la mismísima CIDH.

 

Finalmente, ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó lo que veníamos señalando: que era falsa la denuncia mediática sobre mujeres indígenas embarazadas escondidas en el monte, en Formosa.

— Horacio Pietragalla Corti (@pietragallahora) July 14, 2021

 

El 12 de marzo pasado, los solicitantes Díaz y Cantón habían aportado información difundida el día anterior durante un informe de Telenoche Investiga que señalaba que “86 mujeres embarazadas se encuentran escondidas en el monte de Formosa, en la localidad de El Potrillo, en condiciones de extrema pobreza y precariedad, sin servicios públicos ni acceso a hospitales, que habitan en viviendas construidas con palos y plásticos y su alimentación se basa en frutos del monte y alimentos secos que se encuentran en la zona, sin acceso al agua potable”.

También se denunció que “la decisión de huir y esconderse se debe a que temen ser detenidas arbitrariamente por parte de la policía de Formosa y trasladadas a centros de detención y confinamiento como habría sucedido con cientos de mujeres de su comunidad”. En el afán de aportar veracidad, el planteo de la dupla Díaz-Cantón detalló que “la fuerza provincial argentina ha ingresado a las comunidades originarias de El Potrillo con la intención de llevarse a mujeres a las 3 ó 4 de la madrugada, sin orden judicial y sin darles ninguna explicación; una vez en estos centros las mujeres serían obligadas a dar a luz por cesárea, privadas de su libertad y se llevarían a sus bebés a Formosa y a las madres a Ingeniero Juárez, donde quedarían en los centros de aislamiento separadas de sus hijos”.

En su resolución del 16 de abril, la CIDH ya había descartado la existencia de un plan sistemático de cesáreas forzosas y de separación de madres de sus hijos, como también la existencia de un patrón de amenazas u hostigamientos, contradiciendo el decreto de Canal 13 sobre Formosa, replicado enseguida por todos los medios del Grupo Clarín: “En El Potrillo manda el terror, sobre todo si sos mujer y estás embarazada”.

 

 

2.

–¿Qué pasa si llega la fecha de tener y estas acá en el monte?

–Y, no sé qué voy a hacer.

–¿Preferís estar acá en el monte que en la comunidad?

–Sí.

–¿Por qué? ¿Qué pasa en la comunidad?

–Estamos seguros de que si nos llevan al hospital no sé si vamos a regresar.

En aquella resolución de abril, sin embargo, la CIDH aceptó concederles a siete mujeres –X1, X2, X3, X4, X5, X6 y X7– la medida cautelar por considerar “la existencia de una situación de grave riesgo a los derechos a la vida, integridad personal y salud de las propuestas beneficiarias”, aun frente al reclamo del Estado provincial y nacional de permitirles conocer sus nombres y localización precisa para ratificar o desmentir el contenido de la denuncia.

“Le dijimos a la Comisión que no podíamos buscar información o ayudar a las personas que supuestamente están en riesgo si no nos daban los datos. Si vos planteás que hay embarazadas que no reciben atención médica, que se esconden en el monte por miedo a las autoridades de la provincia, decinos quiénes son, dónde están, para poder ayudarlas. Si no querés que intervenga el Estado provincial, porque supuestamente tienen miedo del gobierno o de la policía, entonces permití que les llegue alguna otra agencia del Estado nacional. La Comisión Interamericana, sin embargo, parecía presionada por los peticionarios”, recuerda Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “Sólo los autorizarían a entregar la identidad de las mujeres si concedían las medidas cautelares. Y eso es lo que ocurrió. Si bien finalmente cerró el trámite respecto a la solicitud de protección de casi 80 mujeres, sí concedió las medidas cautelares respecto a siete porque los peticionarios sólo habían logrado identificar a esas siete, obligando al Estado a protegerlas –continúa Pochak–. Cuando accedimos a la información, fuimos a buscar las historias clínicas. Nos llevó algunas semanas porque además los datos que nos dieron eran incorrectos. Llegábamos a una mujer y resultaba que tenía 50 años. Otras no estaban embarazadas. Otras tenían los controles periódicos correspondientes. Entonces nos daban otro nombre. Y así nos tuvieron. Nos corrían el arco todo el tiempo”.

Acompañado por los funcionarios nacionales, el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa realizó un rastreo artesanal, cruzando la información del sistema de salud provincial con los nombres y apellidos proporcionados por la CIDH.

Así dio cuenta de que X1 había dado a luz el 21 de abril de 2021 y que había recibido atención médica regular con suministros de leche y sulfato ferroso; que X4 cursaba su cuadragésima semana de embarazo con supervisión de una médica obstetra y una enfermera indígena; que X6 parió el 23 de marzo de 2021 y le fue suministrado tratamiento de cefalexina y hierro intramuscular; que X3 y X5 ni siquiera estaban embarazadas; y que X2 y X7 no figuraban en la base de datos del sistema de salud provincial y no existía ninguna otra información que permitiera identificarlas y planificar medidas de protección. De todas ellas, se había dicho (y mostrado en televisión) que estaban recluidas en los montes de El Potrillo, cursando un embarazo y sin acceso a atención médica.

En la resolución del 11 de julio, la CIDH declara que “no advierte información concreta respecto de cada una de las siete mujeres beneficiarias que indique, por ejemplo, una amenaza concreta o sostenida en contra de ellas, o inacción del Estado de brindarles atención médica, o que la atención médica haya sido negada atendiendo su situación actual (…) Por el contrario, la información disponible indica que las mujeres embarazadas dieron a luz y no se cuenta con elementos que indiquen que hubo hostilidad o agresiones durante el proceso de parto o situaciones similares como se informaba de manera previa al otorgamiento de las medidas cautelares”.

Por último, la Comisión resalta que “ante la ausencia de información inmediata que debería haber sido brindada por la representación (léase Díaz y Cantón), fue el propio Estado quien tomó la iniciativa de intentar identificar a las siete personas beneficiarias en base a nombres y apellidos idénticos o similares”.

 

 

3.

–Si los policías las llevan a los centros de aislamiento y algunas están en término, ¿les hacen cesárea?

–Sí, les hacen cesárea.

–¿Qué pasa con los chicos?

–A veces los llevan a Formosa y la madre termina en aislamiento. Por ahí queda como 14 o más días.

–¿La persona que recién tiene un hijo se queda 14 días sin su hijo?

–Sí, sin su hijo. Hasta 14 o más días.

Todo empezó antes. La rigurosa política sanitaria de control del Covid-19 impuesta en Formosa derivó en una serie de denuncias públicas sobre vulneración de derechos. Lo que siguió fue el giro de informes a Naciones Unidas y a la CIDH, la intervención de la Corte Suprema y la flexibilización de algunas medidas.

“La provincia venía siendo muy cuestionada por su política sanitaria desde fines del 2020 –advierte Pochak–, pero hay que reconocer que ese control estricto fue exitoso, teniendo en cuenta su realidad geográfica al compartir una frontera seca con Paraguay. A principios de 2021 era la provincia con menos contagios y con apenas diez muertes. De hecho, hubo varias causas que tramitaron en la Justicia provincial y federal que cuestionaban los centros de aislamientos y el Programa de Ingreso Ordenado. Decían que existían centros clandestinos de detención, una política sistemática de violación de derechos humanos y hasta una política de separación de niños de sus madres. En ese contexto la Secretaría de Derechos Humanos hizo una visita, se reunió con el gobierno, la oposición y con organizaciones sociales muy críticas. Pudimos constatar que nada de eso era cierto. Es más, nadie nos denunció entonces la supuesta situación de las mujeres embarazadas escondidas en el monte”.

Formosa continuó implementando la cuarentena obligatoria de las personas en establecimientos bajo custodia estatal (con excepciones en casos de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud) y estableciendo el cumplimiento de ciertas condiciones para el ingreso a la provincia, lo que provocó una presentación compulsiva de habeas corpus por parte de la oposición.

En uno de ellos, impulsado por el senador nacional por Formosa y presidente del interbloque de Juntos por el Cambio y la UCR en la Cámara Alta, Luis Naidenoff, se le pidió a la provincia que se abstenga de exigir como requisito para ingresar el cobro de un “arancel por testeo” de 5.000 pesos, que se suma a la exigencia de presentar un test PCR negativo, por entender que “limita el derecho constitucional de circular libremente por el territorio nacional”.

El planteo se encuentra en la Cámara Federal de Casación Penal y todo indica que tendrá una acogida favorable, aun cuando el cuestionamiento tiene un neto corte patrimonial o económico, cuenta con la garantía del “doble conforme” (ya fue rechazado por el juzgado de primera instancia y la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia) y que tanto las resoluciones como los protocolos sanitarios no responden al mero capricho de un gobernador sino al análisis de un concejo científico.

“Es la necro-política, porque judicializan el modelo sanitario para hostigar a un gobierno. Mediante el uso fraudulento de la acción de habeas corpus, se cuestiona el pago de una tasa para que el Estado te practique un segundo hisopado y, por supuesto, hay excepciones para el personal esencial, estudiantes, niños y menores de edad, por razones de orden humanitario. Pero lo que se busca es la interferencia al gobierno local. Formosa es el territorio en disputa”, reflexiona un funcionario de la Justicia federal, irritado aunque no sorprendido por el comportamiento de sus colegas.

El montaje televisivo –el paraje perdido, las mujeres escondiendo sus rostros y sus cuerpos presuntamente gestantes con mantas, los diálogos mantenidos con la periodista y reproducidos en esta nota– se inscribe en la indecente tarea de sacarle rédito político a la catástrofe.

“Una denuncia mediática sin nombres, sin datos precisos sobre las locaciones y las comunidades indígenas supuestamente afectadas, se convirtió en una solicitud de medidas cautelares ante la CIDH. Pero las medidas cautelares sólo deberían aplicarse en casos extremos, para proteger la vida y la integridad física de personas cuando los países no pueden o no quieren hacerlo. La lección que nos tiene que dejar todo esto es que no se puede deslegitimar el sistema interamericano, haciéndolo incurrir en errores”, dice Pochak, y agrega: “Cuando eso pasa, pierden los Derechos Humanos, y no se puede andar jodiendo con eso en un país con nuestra historia”.

 

 

 

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