En Finlandia no se consigue

 

Siete de cada diez escuelas privadas de la Ciudad de Buenos Aires están subsidiadas y el número va en aumento. El monto destinado a financiarlas representa más de 1.200 millones de pesos por mes, presupuesto similar al adjudicado a infraestructura escolar para todo 2021. Muchos colegios beneficiados cobran cuotas mensuales que van de los 15.000 a los 30.000 pesos. Un informe de la Auditoría advierte sobre los criterios poco transparentes que maneja la Dirección de Gestión Privada y exige una ley que aporte claridad a las decisiones.

 

Historia del financiamiento a la educación privada

Las ayudas estatales a la educación privada comenzaron a darse, por ley nacional, en 1947, por iniciativa del primer gobierno de Juan Domingo Perón. La idea era subsidiar a los colegios que se instalaran o ya estuvieran instalados en zonas en donde el Estado no garantizaba las vacantes necesarias. Pero fue Arturo Frondizi con el Decreto 9247 de agosto de 1960 quien consolidó esta práctica, cuyo principal beneficiario fue y sigue siendo la Iglesia Católica.

En la década del ‘90, la regulación y el financiamiento de la educación privada se descentralizaron y empezaron a correr por cuenta de las jurisdicciones. En la Ciudad de Buenos Aires las escuelas privadas comenzaron a multiplicarse y los millonarios subsidios comenzaron a alimentar las cuentas de colegios con cuotas altas y de barrios de poder adquisitivo elevado.

Según datos oficiales, en 2015 el Estado porteño subsidiaba a 789 establecimientos educativos privados y en 2020 ese número aumentó a 1.002, contando sólo los niveles obligatorios.

La Dirección General de Educación de Gestión Privada de la Ciudad (DGEGP) asegura que el principal criterio para definir a qué escuela otorgar aportes y en qué porcentaje refiere a las características de la población atendida.

Sin embargo, recibir un subsidio del 100% no implica la gratuidad para las familias. De hecho, es la excepción. En el nivel secundario, los colegios que reciben subsidios y cobran cuota 0 se cuentan con los dedos de la mano, literalmente: son cuatro. El resto, oscila entre los 2.000 y los 30.000 pesos de arancel por mes.

Al acceder a este beneficio para el pago de salarios y aportes, al que se suman otros como el pago del Fondo de Financiamiento de Infraestructura de Escuelas Seguras o el Fondo Nacional de Incentivo Docente y material didáctico, las escuelas privadas aceptan ciertas regulaciones estatales, como el tope máximo de cuota que pueden cobrar.

Sin embargo, además de los aranceles programáticos, que sería el monto regulado por el Estado, los institutos son autorizados a cobrar a las familias aranceles extra-programáticos, cuotas de mantenimiento y equipamiento, material didáctico y otros servicios como transporte, servicio médico y seguridad.

Esto permite que un colegio como el Guadalupe, ubicado en el corazón de Palermo, tenga un subsidio estatal del 40%, por el cual recibió en marzo de este año casi 2,5 millones de pesos, y cobre una cuota de 23.278 pesos por mes. O como el exclusivo colegio ORT, cuya cuota supera los 30.000 pesos pero que no se privó de percibir subsidios en el nivel secundario hasta 2019; y en la actualidad tiene subsidiado en un 80% el nivel superior, beneficio por el cual recibió en marzo de este año 3.251.685 de pesos para su sede en Almagro y 3.233.829 por la ubicada en Belgrano.

La irrazonabilidad de esta política pareciera tener un reconocimiento implícito de los propios colegios, quienes suelen ocultar en sus páginas web el beneficio estatal que reciben.

 

 

Subsidios a discrecionalidad

Esta discrecionalidad en el reparto de subsidios motivó un informe de la Auditoria de la Ciudad de Buenos Aires que advierte sobre el escaso o nulo control sobre el destino de esos millonarios fondos. “Se verifica ausencia de control oportuno y eficaz por parte de la DGEGP sobre las rendiciones mensuales de aplicación de fondos públicos efectuadas por los colegios privados”, advierte la Auditoría, que analiza la Asistencia Financiera a la Educación de nivel Medio en el Período 2018. Ese año, la mitad de los institutos secundarios analizados no fueron supervisados por el organismo estatal, y los institutos supervisados lo fueron por única vez.

La opacidad que reviste todo el sistema de subsidios quedó demostrada en que ni siquiera la propia Auditoría de la Ciudad pudo acceder al monto neto efectivo percibido en el año por cada establecimiento subvencionado. Lo único seguro es que este año el área tiene reservados 18.000 millones de pesos y, a diferencia de otros presupuestos, se ejecuta en su totalidad.

A diferencia de lo que sucede con el Presupuesto Educativo, que en la última década perdió 10 puntos (pasó del 27,8% al 17,2%), los montos destinados a solventar a las escuelas privadas crecen año tras año. En 2015 representaba el 16,2% del gasto total del Ministerio de Educación y en 2020 llegó al 17,9%, y se utiliza hasta la última moneda. No sólo se ejecuta en un 100% sino que hasta se suele incrementar. En 2020, a los casi 14.000 millones de pesos presupuestados se le sumaron 2.082 millones que fueron íntegramente utilizados.

¿De dónde salieron esos 2000 millones de pesos extra? Nadie lo sabe con certeza, pero el monto es similar al recorte que sufrió el área de infraestructura escolar, que en 2020 suspendió la construcción de dos escuelas y sólo utilizó el 31% de los 3.068 millones de pesos presupuestados inicialmente.

El trato preferencial que recibe la educación privada en la Ciudad quedó reflejado de manera explícita en enero de este año, cuando el gobierno porteño recortó 371 millones de pesos que estaban destinados al Plan Sarmiento, programa que provee de dispositivos tecnológicos a los estudiantes de escuelas estatales, para transferir ese dinero a la Dirección de Educación de Gestión Privada.

 

 

La privatización de la educación pública

Financiar la educación privada no es la regla y, de hecho, no sucede así en buena parte del mundo. Sin viajar demasiado lejos, en Uruguay la iglesia tiene el monopolio de la educación privada pero no recibe ningún tipo de financiamiento estatal. En Finlandia, para tomar un ejemplo que suele ser afecto a la ministra Soledad Acuña, el Estado financia a los escasos colegios privados que existen, pero con la condición de que no lucren con la educación, es decir que tienen prohibido cobrar cuota. Su razón de existir está ligada a que dan respuesta a una necesidad donde el Estado no llega.

La realidad en la Ciudad de Buenos Aires es diametralmente opuesta y no existe una ley que regule los subsidios a la educación privada como lo exige la Constitución de la Ciudad, que agrega que se debe “dar prioridad a las instituciones que reciban a los alumnos de menores recursos”.

Por ello, el financiamiento a los establecimientos educativos de gestión privada a través de fondos públicos en la Ciudad de Buenos Aires requiere una revisión en toda su dimensión y alcance.

Para empezar, se necesita un ordenamiento normativo, una ley emanada de la Legislatura que encuadre todas las decisiones que se toman en los niveles ministeriales y de direcciones generales para proceder al financiamiento de la educación privada y terminar con esta opacidad y discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos.

El incremento del presupuesto destinado a estos subsidios es presupuesto que no se destina a incrementar la oferta de la educación pública. La falta de decenas de miles vacantes, la disminución de la inversión en infraestructura y el subsidio a la oferta de la educación privada son partes del plan para que vaya disminuyendo el peso de la gestión pública de la educación y se fortalezca y crezca el sector de la gestión privada. Es una privatización y mercantilización indirecta de la educación pública.

 

 

 

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