Demócratas en las victorias

 

Las fuerzas políticas conservadoras latinoamericanas han optado, en estos últimos años, por acceder a los gobiernos y al poder político disputando espacios de hegemonía a partir del control mayoritario de los medios comunicacionales. Una amplia producción bibliográfica dio letra sobre el surgimiento de una “nueva derecha”, cuya versión local habría encarnado Cambiemos en 2015. Vuelto a confirmar en las urnas en 2017, varios apurados por ser novedosos salieron a declamar una “nueva hegemonía” e, incluso, algún aventurero predijo un “cuarto ciclo político”. El tiempo fue mostrando que, sin embargo, este comportamiento más afincado en la disputa por el sentido común no erradicó sus prácticas históricas, ligadas al autoritarismo de ese uno por ciento que se sabe propietario. Lo que volvió a quedar claro es que, si con los medios masivos de comunicación no llegan, lo hacen con la prepotencia de la fuerza.

Sólo que esta última opción, la fuerza –siempre justificada por la defensa de valores supremos y democráticos– se despliega cada vez más burdamente. En los últimos tiempos el valor por excelencia a proteger parece ser la libertad, significante que adquiere múltiples significados y todo lo justifica.

En Europa la derecha se disfraza cada vez menos. Enarbola altivamente símbolos nazis y fascistas en sus marchas. Despliega una narrativa antisistema para protestar contra la ineficiencia de un Estado que no resuelve (a su modo de ver) ni los problemas de los refugiados, ni el descaro de las minorías LGTB, ni las supuestas cuestiones raciales. En la región, donde el terruño tiene amplias raíces indígenas, es más difícil animarse a tanto, aunque algunos demuestran vocación. El reverdecer de la flora autóctona puso en Chile, ante el espanto de sus dueños, a una mujer de origen mapuche presidiendo la Convención Constituyente. Un símbolo que lleva a la derecha regional a reinventar su narrativa de la pérdida, sea libertad o República.

El fondo de la interpelación conduce a la más que centenaria posición de las clases dominantes locales para que cada uno acepte el lugar social que le tocó. Basta ver las recientes denuncias del gobierno de Bolivia, referidas a la ayuda para la represión por parte del entonces Ejecutivo argentino y la dilatación en el reconocimiento al Presidente electo en Perú, que parecen regresar la verdad al estante del cual quisieron desalojarla, complicidades intelectuales mediante.

El 9 de julio, mientras los dueños de los granos y las vacas se nucleaban con epicentro en San Nicolás para reclamar por la educación presencial, una reforma laboral, reducción del gasto público, quita de retenciones y, de paso, reducción de impuestos –disfrazando todos esos argumentos claramente opositores bajo el cartel de “autoconvocados” –, en Italia un tribunal superior confirmaba la sentencia definitiva, perpetua, a 14 represores de la región. La causa fue motivada por la desaparición y muerte de militantes y funcionarios de origen italiano en el marco del Plan Cóndor.

Casi en simultáneo, los hechos de Bolivia de 2019 se actualizaron de la peor manera. Una suerte de Plan Cóndor recargado de segunda generación salió a la luz pública. La prensa que no oculta información nos enteraba que, ese año, el gobierno de Mauricio Macri colaboró activamente con la represión de los golpistas bolivianos, quienes habían incluso intentado asesinar al Presidente Evo Morales. El envío de municiones tuvo sus esperables desmentidas posteriores, del ex mandatario y de varios de sus ex ministros. Las palabras escuchadas confirman que el zorro pierde el pelo, pero no las mañas. Muy al estilo ya hecho marca PRO, frente a la documentación presentada por el gobierno boliviano, Mauricio Macri contestó acusando de mentiroso al Presidente Alberto Fernández. En tanto, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, primero dijo que no tuvo nada que ver y luego que quien tiene que responder es la actual titular de esa cartera. El que tira la piedra rompiendo el vidrio después le exige explicaciones al dueño de la ventana.

 

 

El mismísimo Presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció las amistosas ayudas que el gobierno de Macri prestó a la golpista Jeanine Áñez, acusándolo de “fomentar el golpe”. En este contexto cobra otro sentido una visita que realizó la ahora precandidata de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Cuando concluía la primera quincena de junio de 2021, la ex gobernadora, antes orgullosamente bonaerense, visitó a Luis Almagro, cabeza de la Organización de Estados Americanos (OEA) e importante figura detrás del golpe al gobierno de Evo Morales. En el tweet con el que Almagro dio cuenta de la reunión, menciona que la dirigente argentina del PRO trabajará conjuntamente con la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA. ¿Qué tipo de fortalecimiento y que tipo de democracia será?

 

 

La foto del lanzamiento de la ahora porteña Vidal tal vez conteste la pregunta. Abandonó las calles de tierra de las barriadas de la provincia de Buenos Aires desembarcando en la seguridad del asfalto y las elegantes macetas. Con un discurso armado en algún laboratorio de comunicación política dijo que aceptó la postulación “porque quiero defender a los argentinos de los atropellos”. Cual Quijote, decidió embestir los molinos de viento desde el coquetísimo barrio de Palermo, en medio de los bosques y el verde apacible que extiende los jardines de las viviendas del uno por ciento de los privilegiados de este país. Todo el elenco de Juntos por el Cambio capitalino estaba en la foto, pero justo detrás, la diputada Graciela Ocaña. La mandamás del sello Confianza Pública, nada menos, quien asumió su banca con los aportes de abnegados beneficiarios de planes sociales que prefirieron sacarse la comida de la boca antes que privar a la República de semejante representación parlamentaria. Una explicación queda aún pendiente sobre esta muestra del estilo democrático que inflama el orgullo opositor.

 

 

Para la OEA, por lo pronto, la falsificación de fichas de afiliación del PRO frente al proceso electoral parece ser un detalle menor en el fortalecimiento de la democracia. Obviando el detalle, en febrero de este año el uruguayo designó a Vidal como jefa de la Misión de Observación Electoral (MOE) en El Salvador. Los falsos aportantes a la campaña de Cambiemos de 2017, donde fueron varios los casos de robo de identidad para lavar dinero, seguramente no deben estar en la agenda de Almagro, quien hoy anda muy preocupado por las libertades en Cuba.

Lo cierto es que la presentación de la precandidata derrochó autoelogios y definiciones sobre sí misma que la historia desmintió abundantemente. “No compito en la Provincia porque quiero que otros crezcan”, dijo sin ponerse colorada. Una generosidad que los bonaerenses celebrarán gustosos. Ya habrá tiempo para ir desmenuzando su currículum que, con poco, a esta altura huele feo. Durante su gestión dejó hospitales casi concluidos sin terminar, razonando que “no voy a abrir hospitales nuevos porque es una estafa a la gente”. Endeudó a la Provincia descaradamente para no ser menos que su mentor. Y no contenta con destrozar el sistema educativo de los bonaerenses, se fue sin explicar la muerte evitable e indigna de dos maestros por una explosión de garrafas. E insiste. Después de decir que se tomó dos años para “aprender” y “escuchar” dio rienda suelta a su inconsciente para mostrar su ADN, asumiéndose parte de “un equipo que arrancó Mauricio Macri hace muchos años y con el que demostramos desde el primer día en qué tipo de Estado creemos y queremos hacer".

En un típico discurso del PRO dijo que este “es el peor momento del país desde 2001”, pretendiendo borrar el período en el cual ella castigaba a la provincia de Buenos Aires mientras su Presidente hacía lo propio con la Nación. Quizás no lo sepa, aunque la sospecha dice que se hace la distraída, pero sólo la expectativa de un triunfo popular en las elecciones de 2019 calmó la desazón y el desamparo social que podrían haber arrastrado al país a climas similares a los que transitaban entonces Chile y Colombia. Sus palabras eluden responsabilidades por el endeudamiento que hipotecó el bienestar de al menos dos generaciones y que hoy concentra esfuerzos para arreglar los 45.000 millones de endeudamiento tan solo con el FMI, sin olvidar la deuda restructurada con los bonistas.

Al referirse a su viaje por los Estados Unidos declaró vaguedades tales como “continuar aprendiendo y preparándome”. Toda una confesión respecto de sus improvisaciones precedentes. También habló de su interés por visitar “algunos organismos internacionales y ONGs que trabajan diferentes proyectos en la región”. Los enlatados sin correspondencia con las necesidades del país en el que desembarcan, forzando realidades que tienen olor a conservadurismo rancio, son muy del paladar amarillo. Adoran el “oenegeismo”, al que hacen pueblo muy al gusto de la derecha y que denominan sociedad civil. Esta no grita ni corta calles, se expresa mediante “papers” que destilan estadísticas de dudoso origen, y puede recaudar fondos con facilidad bajo la beatificación del poder. Se expresa a través de medios de comunicación y obtiene recursos del presupuesto público para implementar actividades tercerizadas que son lisa y llanamente una privatización de las políticas sociales. Ese esquema fue una regla y tuvo participación destacada en el gobierno del cual formó parte la ex gobernadora. La red de ONGs, que ayudó previamente a preparar una narrativa sobre el “cambio”, ya en el gobierno nutrió las oficinas del Estado con funcionarios que lo ocuparon para trabajar en su contra. El oenegeismo es un modo que utilizan las derechas regionales para construir una democracia estrecha y controlada, circunscripta a un ensayo que intenta crear agenda pública asumiendo la representación ciudadana desde afuera y en contra de la política.

La narrativa de la renovación propuesta entre 2015 y 2019 estimulaba el desprecio por toda práctica política colectiva, que pudiera ser entendida como participación y disputa del poder político para transformar la realidad a favor de las mayorías. “Es para allá” decía el entonces Presidente, intentando convencer con ese pase de magia y misterio. La ex gobernadora, para concretar ese rumbo, señala al modelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como realidad pendiente para el conjunto de la Nación. En el tipo de “Estado en el que creemos” se reemplazaron los militantes por cuadros técnicos, supuestos asépticos y libres de toda contaminación ideológica. Aunque la realidad demostró que desembarcaron desde el oenegeismo de la sociedad civil para hacer buenos negocios, desdibujando los límites entre la cuestión pública y la privada. Correo dixit.

Mientras el conservadurismo regional busca narrativas que, cambiando las palabras, no altere la sustancia de sus intereses históricos, los hechos siguen demostrando que el diálogo, la libertad y la democracia son bonitas expresiones que pueden entregarse en la mesa de los hechos. Para verlo probemos subir desde Bolivia por la cordillera.

Mientras en Ecuador Andrés Arauz reconoció rápidamente el triunfo del candidato derechista Guillermo Lasso, en Perú sucedió exactamente lo contrario. La derecha continental es ampliamente democrática… cuando gana.

El primer domingo de junio de 2021, Pedro Castillo ganó la segunda vuelta electoral de Perú. Apenas unos días después, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Perú descartó, acá sí, “graves irregularidades”. Sin embargo, más de un mes después los perdedores continúan maniobrando en abierto desconocimiento del voto popular. Las denuncias de fraude, un clásico de las derechas regionales que a estas alturas aburre tanto como indigna, combinaron con impugnaciones de actas de escrutinio, que fueron declaradas carentes de sustento en más de un 90 por ciento a la fecha. La fuerza que comandó la continuadora de la anterior tragedia fujimorista, claramente devenida en farsa, infiltró al Jurado Nacional de Elecciones para continuar dilatando la proclamación del Presidente electo.

La máxima aspiración de los opositores a Pedro Castillo es impedirle asumir, pero si falla hay plan B: retrasar su asunción y condicionarlo. Keiko Fujimori ya no será figura de ese movimiento, pero Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Alfredo Barnechea (Acción Popular), conspicuas figuras de la derecha peruana, siguen jugando sus fichas de cara al futuro.

 

 

En días donde las derechas utilizan la noción de democracia para justificar todo tipo de atropellos, y para calificar aquello que no les gusta, escapa de su estrecha concepción, o tiene un tinte popular, no está de más recordar un momento donde se dio esa disputa simbólica en los sistemas democráticos latinoamericanos. Hugo Chávez asumió su primer mandato en 1999, siendo el primero de una serie de gobiernos populares regionales. Fue un año particular que, en el escenario global, se cerró con las movilizaciones masivas de Seattle contra la Organización Mundial del Comercio. Posteriormente, Luis Ignacio Lula da Silva y Néstor Kirchner se sumaron al Presidente venezolano, formando un trípode regional sobre el cual se asentó un clima de época, cuyos descontentos generalizados fueron expresados por las voces que poblaron los sucesivos foros mundiales iniciados en 2001 en Porto Alegre. “Otro mundo es posible”, era el slogan que aunaba las más diversas críticas y expresiones en contra del neoliberalismo. La idea que permeaba en la región proclamaba un concepto de radicalización de la democracia, empujando sus procedimientos más allá de las formalidades de las urnas y las representaciones de su cepa liberal. Cuando el Presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, manifestó ante sus pares la decisión de su gobierno de romper la regla que impide a los socios firmar acuerdos comerciales por fuera del bloque Mercosur –comportándose como un individuo que protesta ante las restricciones colectivas a las libertades–, surgen añoranzas. Nos damos cuenta, entonces, que algo está faltando en la región para que la democracia sea una realidad y no una máscara a la medida del uno por ciento.

 

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