La única verdad es la cárcel
Hacinamiento y sobrepoblación en el Sistema Penitenciario Bonaerense
El lunes pasado se realizó la primera audiencia para implementar de una buena vez el fallo Verbitsky de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2005 ordenó reducir la población carcelaria y de las comisarias en territorio bonaerense. Hoy la situación de hacinamiento y sobrepoblación superó largamente el nivel de saturación que motivó aquel habeas corpus colectivo. La tendencia alcista ya había sido advertida por el Consejo de Defensores de la Provincia de Buenos Aires en 2014, cuando reclamaron la reanudación de la etapa ejecutiva de la resolución suprema. Siete años después, el 13 de mayo pasado, la Corte les dio la razón y ordenó a la Suprema Corte de Justicia provincial revisar su decisión de dar por cerrado el caso. La nueva saga fue bautizada como “Verbitsky II” en los pasillos judiciales. Cambiaron algunos actores, no el reparto.
“Para nosotros es importante que se haya reactivado esto después de tantos años y que la Suprema Corte bonaerense haya convocado a una audiencia para implementar el fallo. La reunión tuvo aspectos positivos, como la apertura de una mesa de trabajo en la misma semana. Nuestra preocupación es la situación actual de hacinamiento, que además reconoce la Corte nacional y la propia Suprema Corte provincial que en 2020 definió la situación como ‘una crisis humanitaria’. En la reunión hubo coincidencias en que el tema es urgente”, sostuvo Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En un principio, Verbitsky I venía cumpliéndose, recuerda Litvachky. Hubo una disminución en la cantidad de prisiones preventivas –una de las claves del problema– y en las detenciones en comisarías hasta 2012, cuando el entonces ministro de seguridad bonaerense Alejandro Granados reabrió casi 200 calabozos clausurados. “A partir de ahí fue aumentando y explotó con la gestión de (la ex gobernadora María Eugenia) Vidal”, aseguró la directora del CELS. “La provincia tiene un 9% de crecimiento anual en su población penitenciaria. Esto no lo puede sostener ningún sistema penitenciario”.
El voto de Horacio Rosatti en el fallo Verbitsky II deja en claro que, si bien el supremo provincial cumplió con aspectos relativos al “plano institucional” al crear la Subsecretaría de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad y los Comités Departamentales para relevar las condiciones de detención, “no ha logrado demostrar adecuadamente el cumplimiento cabal del fallo de esta Corte desde un plano funcional”. En otras palabras, en la provincia no se garantiza el tratamiento digno y la protección de la integridad física de quienes están presxs ni de terceras personas.
En 2014, cuando el Consejo de Defensores Departamentales reclamó el cumplimiento del fallo Verbitsky I, había alrededor de 33.000 plazas ocupadas en la provincia. Este año superaron las 50.000. En el camino quedaron las vidas de siete detenidos en una comisaria de Pergamino en 2017 y de otros diez en Esteban Echeverría al año siguiente. Muertes cruentas, luego de quemas de colchones en protesta por el engome o por problemas de convivencia, incendios donde el personal policial directamente abandonó a los detenidos y obstaculizó el rescate de bomberxs (en el primer caso) o donde intentó apagar el fuego pero no tenía con qué.
En la audiencia del lunes, además de Litvachky y quienes integran la Corte Suprema bonaerense, estuvieron Roberto Cipriano García de la Comisión Provincial por la Memoria, Juan Pablo Gomara y Ana Julia Biasotti por la Defensoría ante la Casación, el procurador Julio Conte Grand y el ministro de Justicia Julio Alak en representación del ejecutivo provincial. La discusión no se limita al sistema de administración de justicia. Como se verá, hace falta una modificación del Código Procesal Penal de la provincia y la sanción de una ley de cupo, entre otras medidas.
La defensiva
A menos de un mes de la salida de Verbitsky II, el 14 de junio pasado, lxs defensorxs departamentales Cecilia Boeri, Mariano Bertelotti, Karina Dib, Diego Fernandez, Marcelo García, Andrés Harfuch, Héctor Moreno y Omar Ozafrain, entre otrxs, acercaron una serie de recomendaciones a la Corte Suprema bonaerense. La primera fue la clausura progresiva y definitiva de los calabozos de las dependencias policiales destinados actualmente al alojamiento de personas privadas de libertad en un lapso que “no debiera superar los cuatro meses”. En este momento hay alrededor de 4.200 detenidxs en comisarías, lo que implica una sobrepoblación del 400%.
“Transcurridos los cuatro meses, y por el término de un año, también provisoria y excepcionalmente, sólo podrán permanecer alojadas en dependencias policiales las personas aprehendidas por el término de 72 horas”, dice el escrito. Para efectivizar esta propuesta se sugieren mesas de trabajo locales integradas por representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, la Defensa Pública, y por el Poder Ejecutivo integrantes de la Jefatura Policial y del Servicio Penitenciario.
Una de las integrantes del Consejo de Defensores Departamentales sostiene que es posible cerrar los calabozos. “De hecho en Mar del Plata no hay, sólo quedó el departamento femenino con sentencia de clausura pero pendiente de ejecución por la pandemia. Nadie duerme en una comisaría, esto se puede hacer. La ideal es que haya alcaidías que no estén lejos de los tribunales para afrontar el proceso antes de la condena. No más”, explica la defensora Cecilia Boeri. La situación de las comisarías del conurbano es más grave: en Moreno la tasa de detención llegó casi al 600% en 2019, según el Registro Único de Personas Detenidas, casi el triple que Mar del Plata.
Respecto al Poder Ejecutivo, las sugerencias acercadas por el Consejo pasan por informar periódicamente sobre el cupo en las unidades carcelarias, alcaidías y dependencias policiales, y relevar la cantidad de gente “alojada” y en qué condiciones para que jueces o juezas puedan ponderar la situación y disponer “medidas de cautela o formas de ejecución de la pena menos lesivas”. Para que esto último sea posible, dice el texto, es importante que se adquieran más pulseras o tobilleras electrónicas. Según destacan desde las defensas departamentales, es una buena inversión porque el sistema de monitoreo es menos costoso que el encierro en comisarías y penales.
En materia legislativa se pide una ley de cupo que evite futuras saturaciones y que además autorice la sustitución de la pena en casos de delitos no violentos o de buena conducta carcelaria, entre otros. Los cupos establecidos son engañosos. Boeri pone el ejemplo del relevamiento hecho con varixs colegas en 2009: “Metían más camas en celdas unipersonales y así aumentaban la capacidad”. También sugirieron una compensación para las personas privadas de la libertad por “las condiciones ilegitimas de detención sufridas” y una modificación procesal para poner límites precisos a la prisión preventiva, mejorar las medidas alternativas como la probation y las conciliaciones.
De lo contrario, concluye la defensora marplatense, seguirá intacta la fórmula letal: “Penas más altas, menos egresos y más aplicación de la prisión preventiva. Y todo nutrido por el desmadre que venimos viendo, el aumento de las aprehensiones policiales”.
Duro con lxs débiles
Aunque el Ministerio de Seguridad bonaerense no fue invitado a la audiencia por el fallo Verbitsky II, su aporte resulta determinante en la saga. La planilla de la Superintendencia de Análisis Criminal de las aprehensiones policiales de 2019, 2020 y el primer cuatrimestre de este año suma casi 723.000 intervenciones. La mayoría están en el rubro “otros” (515.928) y en la aplicación de ley de drogas (101.623) centrada en los delitos asociados al consumo desde 2005, cuando la provincia adhirió a la ley de desfederalización sin recibir fondos de Nación por la transferencia.
Los “otros” delitos no son ni los robos (42.650) ni los hurtos (26.203) ni la sustracción de automotores (18.918) ni los asaltos a mano armada (12.768) ni los homicidios (2.112) ni el abuso sexual con acceso carnal (1.368) ni el cuatrerismo (1.026) ni los piratas del asfalto (336). Según el anexo de la planilla, en “otros” se mezclan, por ejemplo, homicidios culposos, abusos sexuales simples, amenazas, daños, tenencia de armas, estafas, suicidios, usurpaciones, violaciones de domicilio, encubrimientos, privaciones ilegítimas de la libertad, atentados y resistencia a la autoridad y tentativas de delinquir.
Esta tasa exorbitante de aprehensiones viene subiendo desde 2012. Ayuda la persistencia de figuras como la averiguación de identidad, que suele conllevar una requisa ilegal y aporta clientela a las comisarías. De hecho, entre las víctimas de la masacre de la comisaría de Esteban Echeverría había un pibe encerrado por tenencia de drogas y otro por la supuesta tentativa de robo de una cortadora de pasto. Esos calabozos habían sido clausurados siete veces y tenían “cupo” para 10 personas, aunque había 26 detenidos.
El entonces ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo despidió a los diez jóvenes fallecidos a su manera: “Los prefiero amontonados antes que libres”. Todavía no fue indagado en la causa que investiga esas muertes.
“El Estado argentino está siendo condenado por el hacinamiento y las detenciones arbitrarias. No sale gratis. Están entrando más detenidos y saliendo menos porque se conceden pocas libertades asistidas y condicionales. Estamos en el peor escenario”, afirmó Juan Pablo Gomara, de la Defensoría ante la Casación bonaerense. Una minuta que presentó junto con la defensora Ana Julia Biasotti durante la audiencia del lunes pasado refleja la otra cara de las aprehensiones: la suba de la tasa de encarcelamiento, que pasó de 198 personas por cada 100.000 habitantes en 2012 a 336 en 2019, es decir, aumentó un 69%.
Aún si se hubiera mantenido estable la tasa de 2012, se debería contar todos los años con una nueva unidad carcelaria para 600 detenidos aproximadamente, sostiene la minuta presentada por la Defensoría de Casación: “Esto demuestra lo que ya había advertido la Corte Suprema en el fallo Verbitsky (I) en cuanto a que la carrera por construir cárceles como solución al problema de superpoblación estaba perdida de antemano”.
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