El Gran Bonete

 

El canciller boliviano Rogelio Mayta exhibió, en una conferencia de prensa el viernes 9 de julio, una misiva de agradecimiento del entonces jefe de la Fuerza Aérea de su país al embajador argentino en La Paz por el envío de balas de goma y granadas de gases lacrimógenos. La carta tiene fecha del 13 de noviembre de 2019. Un día antes aterrizaba el Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina que transportaba a once gendarmes destinados a la protección de la embajada argentina, en el marco de la situación de crisis social generada por el golpe cívico-militar que ungió a Jeanine Áñez como Presidenta de facto. Uno de los primeros gobiernos en reconocer a la administración golpista fue el argentino, a cargo de Mauricio Macri.

El ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Gonzalo Terceros, aseguró que la firma estampada en el agradecimiento fue falsificada, pero no negó que el envío se haya producido durante la etapa en que estaba al mando de dicha fuerza. Terceros se mantuvo en funciones hasta el día 13, cuando fue despachada la carta. Por su parte, quien ocupaba el cargo de canciller boliviana en ese periodo, Karen Longaric, consideró que existe una incongruencia cronológica, dado que la asunción de Áñez se produjo el 12 de noviembre. Dicha aseveración aparece por lo menos como problemática, dado que la destitución de Evo Morales –y el exilio al que se vio forzado– se produjo el 10 de ese mismo mes, suficiente tiempo para solicitar la colaboración que el macrismo parece haberle brindado con la carga declarada en el plan de vuelo del Hércules C-130, que aterrizó el 13 de noviembre en la plataforma militar del Aeropuerto Internacional de El Alto (SLLP, por su sigla de IATA).

 

 

El periodista Ramón Indart consultó a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sobre la denuncia realizada por el canciller Mayta. La respuesta de la bolsonarista local fue que “el envío de material es pedido a la Fuerza Aérea, no a Gendarmería. Y por el Ministerio (de Seguridad) no pasó”. Sugirió, además, que dicha transferencia podía haber sido girada por el Ministerio de Defensa, liderado en 2019 por Oscar Aguad. Lo concreto es que Carlos Miguel Recalde, director en la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional, informó que los agentes de la Agrupación Fuerzas Especiales Alacrán transportaron cajas con pertrechos bélicos y represivos cuyo traslado y utilización no estaban justificados. Según el actual responsable de la cartera, Agustín Rossi, el avión partió del aeropuerto de El Palomar el 12 de noviembre a las 23:50 y llegó a las 4:40 de la madrugada del 13 al aeropuerto de la Fuerza Aérea de La Paz.

 

Gato escondido

Ayer, 10 de julio, la ministra Sabina Frederic informó sobre algunas graves inconsistencias halladas en los informes encontrados en el Ministerio de Seguridad en la etapa de Bullrich. Además, exigió a las cuatro fuerzas que lleven a cabo un pormenorizado relevamiento de los sucesos vinculados con el caso.

Hasta el día de ayer se constató la autorización del viaje de los once gendarmes con el único objetivo de proteger al “Señor embajador argentino, su residencia, las instalaciones diplomáticas, como así también el personal que se encuentre dentro de la misma”. El 11 de noviembre de 2019 la Agencia Nacional de Materiales Controlados, ANMaC –conocida años atrás como RENAR, Registro Nacional de Armas– autorizó por 90 días corridos el traslado de los gendarmes y los siguientes pertrechos:

• 10 pistolas semiautomáticas
• 2 escopetas de repetición
• 5 carabinas automáticas
• 2 ametralladoras
• 2 fusiles de repetición
• 12 chalecos antibalas
• 12 cascos balísticos
• 2 escudos balísticos
• 2 visores nocturnos
• 8.820 municiones de distintos calibres

 

El mismo día de la partida del vuelo, llamativamente, se incorporó por nota adjunta la suma de:

•  70.000 cartuchos antidisturbios producido por Fabricaciones Militares
• 100 spray de gas pimienta
• 661 granadas de mano de gas hostigamiento

 

En el informe elevado por las autoridades aduaneras bolivianas, encargadas de consignar los ingresos de los pertrechos al Aeropuerto de El Alto, no figuran como ingresados los 100 spray ni las 661 granadas. Tampoco coincide el número de los 70.000 cartuchos antidisturbios autorizados con el monto registrado: sólo figuran 1.350. Otra incongruencia se manifiesta en el registro –en suelo boliviano– de una “manta antibomba” que habría sido trasladada en el Hércules sin que haya sido autorizado por el Ministerio de Seguridad.

A pesar de que la autorización era por 90 días corridos, los gendarmes permanecieron en suelo boliviano hasta junio de 2020. Y en un informe de la Gendarmería fechado el 15 de julio de 2020 se consigna que la Agrupación Fuerzas Especiales Alacrán de la Gendarmería llevó a cabo “ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro con el armamento que fuera llevado en la comisión”. En dichas instrucciones se emplearon la cantidad de 70.000 cartuchos calibre 12,70 MM. Un entrenamiento muy intensivo para una fuerza que no está capacitada para operaciones antidisturbios. Ese rol, en la Gendarmería, lo cumplen los Destacamentos Móviles Antidisturbios. El informe elaborado por Frederic señala que dicho grupo Alacrán no está entrenado en la utilización de ese tipo de municiones, sino que maneja armamento letal.

Las sospechas cada vez más firmes indican una cesión de parte de los pertrechos represivos como parte de acuerdos políticos que los oficiales de Gendarmería no pudieron gestionar por sí mismos.

Pocos meses antes, en septiembre, la hija de Donald Trump, Ivanka, el subsecretario de Estado, John J. Sullivan, la viceministra de Defensa, Lisa Hershman, y el jefe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) –dependiente del Pentágono–, Mark Green, visitaban Jujuy, valoraban la importancia del litio y se mostraban confiados de la derrota del MAS en las elecciones bolivianas. En julio de 2020, el empresario multimillonario Elon Musk, demandante de baterías de litio, respondió ante una acusación respecto a su participación en el golpe contra Evo Morales: “Nosotros derrocaremos a quien queramos”.

 

 

La referencia de varios de los gendarmes refiere a que en dicho avión se transportaron cargas que no quedaron asentadas en los registros que exige la normativa militar argentina, hecho que de por sí supone un delito. Las autoridades argentinas señalaron, además, que los pertrechos embalados en las cajas fueron transportados sin “ningún soporte legal”, motivo por el cual su contenido deberá ser develado en el marco de la instrucción judicial dispuesta por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFI-ARM). La pesquisa preliminar fue decidida por el fiscal general adjunto, Gabriel González Da Silva, quien ya solicitó los informes respectivos para determinar si existió o no una exportación ilegal de material bélico y/o represivo. El 9 de julio, Rossi subrayó: “Si no hay un registro de la salida del material bélico a Bolivia, es tráfico ilegal”. El fantasma del contrabando de armas del menemismo a Ecuador y a los Balcanes volvió a franquear, el último viernes, el Edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor Conjunto.

Una copia de la carta exhibida por el canciller Mayta, en la que se le agradece al gobierno argentino el material represivo, fue hallada también en la embajada argentina, luego de ser detectada por el actual representante diplomático argentino, Ariel Basteiro. En la conferencia de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores boliviano comparó la reciprocidad entre Macri y Áñez con el Plan Cóndor, acuerdo con que los gobiernos dictatoriales de la década del ´70 coordinaron las actividades genocidas. La denuncia del gobierno boliviano es, además, contemporánea de un caso de corrupción por el que está detenido un ex ministro de Áñez en Estados Unidos desde el 21 de mayo. El proceso se conoce –coincidentemente– como el escándalo de los gases lacrimógenos. La Corte de Justicia de Miami imputó por sobornos y lavado de dinero al ex jefe de gabinete del gobierno golpista, Arturo Murillo, luego de descubrirse que tres ciudadanos estadounidenses, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, abonaron 600.000 dólares en sobornos para que la dictadura adquiriera gases lacrimógenos.

 

Complicidades

 

 

Pocos días después del aterrizaje del Hércules C-130, el 15 de noviembre, miles de manifestantes que repudiaban el golpe de Estado en San Pedro de Sacaba fueron reprimidos con el resultado trágico de 11 personas asesinadas por las fuerzas policiales. El 19 de noviembre la masacre se repitió en Senkata, municipio de El Alto, lugar en el que fueron ejecutadas otras 11 personas. A mediados de diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difundió un demoledor informe en el que se califica a las violaciones de derechos humanos del gobierno de Áñez como “masacres” perpetradas sobre la base de “ejecuciones extrajudiciales” asimilables a los mecanismos instaurados por el terrorismo de Estado. La CIDH constató que, desde la segunda vuelta del 20 de octubre, con los prolegómenos de la actividad golpista, fueron asesinadas 36 personas. Pero el gobierno macrista no consideró elevar una condena luego de recibir dicho informe.

Frente a la trascendencia de la denuncia realizada por el canciller boliviano y el pedido de disculpas del Presidente Alberto Fernández, el ex embajador en La Paz, Normando Álvarez García –actual ministro de Trabajo del carcelero de Milagro Sala– justificó su accionar diplomático durante la crisis de 2019 y detalló los salvoconductos a los funcionarios del MAS perseguidos por la represión golpista de Áñez, hoy detenida en el penal de Miraflores, acusada de las masacres de Senkata y Sacaba. En un párrafo de su defensa pública, en la que niega haber recibido la carta de Jorge Gonzalo Terceros, desliza un hecho de gravedad institucional ignorado: el haber solicitado “a diferentes dirigentes y funcionarios argentinos autorización (que no fue concedida) para que el avión de Evo Morales pudiera aterrizar en la Argentina”.

Mientras los ex funcionarios macristas intentaban despegarse de este nuevo escándalo, en una semana plena de traiciones internas de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales envió un WhatsApp al grupo nominado "Correligionarios" –compartido por más de medio centenar de dirigentes radicales– en el que dio muestras del momento implosivo que vive la alianza de la derecha doméstica: “Hola correligionarios. Para su conocimiento el accionar de nuestro embajador en Bolivia Dr. Normando –Chiqui– Álvarez García de quien los radicales Jujeños estamos orgullosos. Además les cuento que a quien pidió Chiqui la autorización para que dejen aterrizar a Evo Morales en Argentina fue a mí, y de inmediato le pedí a nuestro ex presidente Mauricio Macri quien me negó el pedido. En esos momentos peligraba la vida de Evo por eso hicimos el pedido por que nuestros valores reafirman la defensa de los derechos humanos que desconocen muchos dirigentes del PRO”.

No los une ni el amor, ni el espanto. Sólo el hechizo por la codicia personal y los supuestos brillos del privilegio. Quizás también el apego, disimulado o explícito, por las represiones repetidas contra los sectores populares.

 

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