Contra la violencia institucional

 

Esta semana, en el marco del plenario de las comisiones de Seguridad y de Derechos Humanos, se obtuvo dictamen del proyecto de ley de Abordaje Integral de la Violencia Institucional en Seguridad y Servicios Penitenciarios que desde el bloque del Frente de Todes hemos presentado en la Cámara de Diputados de la Nación.

En términos normativos, el proyecto propone sumar herramientas institucionales para seguir desarrollando política pública en materia de seguridad democrática, y en términos políticos busca dar una señal inequívoca desde todo el arco político con representación en el Congreso Nacional: el Estado argentino no está dispuesto a tolerar más violaciones a los derechos humanos por parte de los miembros de sus fuerzas policiales, de seguridad y de los servicios penitenciarios.

La violencia institucional no es propia de un gobierno o de otro, sino que es una deuda que nuestra democracia tiene y que podremos saldar si partimos del pilar fundamental sobre el que ha sido fundada: el repudio generalizado al terrorismo de Estado. Sobre ese pilar necesitamos construir un gran acuerdo, no sólo entre los diferentes espacios políticos —a los que convocamos a que acompañen el proyecto con su voto—, sino centralmente con los diferentes sectores de nuestra sociedad. El cambio que necesitamos para consolidar ese gran acuerdo por una seguridad democrática en nuestro país supone una transformación cultural profunda que nos comprometa a la defensa irrestricta de los derechos humanos por sobre todas las cosas.

Por eso, la propuesta de ley no es coyuntural para nosotros sino que es la consecuencia de la coherencia de nuestro proyecto político que, siempre que le tocó gobernar, hizo de la defensa de los derechos humanos política de Estado.

Es una iniciativa que construimos colectivamente con la participación de quienes vienen luchando desde hace muchos años: las madres y familiares de víctimas como las madres en lucha, sindicatos de trabajadores de prensa, organizaciones LGBTIQ+, la Coordinadora de Cromañón, la marcha de la gorra, centros de estudiantes de secundarios, organizaciones que trabajan con personas en situación de calle como la Asociación Civil Isauro Arancibia, trabajadoras sexuales, trabajadores de la economía social. También han contribuido organismos de derechos humanos como el CELS, Amnistía Internacional, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia Distintas instituciones del Estado se involucraron en esta construcción; que finalmente  se enriqueció por el debate democrático generado con los bloques de la oposición. A partir de ese proceso pudimos integrar en el texto de la norma las diferentes miradas y experiencias que creemos que aportan a definir criterios de actuación de las fuerzas de seguridad y del servicio penitenciario que contribuyan a prevenir, sancionar y reparar la violencia institucional.

Entendemos que es necesario que haya reglas y criterios claros que delimiten el accionar de las fuerzas para garantizar, por un lado, que sus prácticas estén siempre guiadas por el respeto a los derechos humanos de toda la población y por otro, sirvan para brindar protección a los funcionarias y funcionarios de las fuerzas de seguridad y del servicio penitenciario que muchas veces se encuentran expuestos y expuestas a situaciones riesgosas, entendiendo que esas reglas aportan claridad para el desarrollo de sus tareas, sin quedar sujetos solamente a las definiciones de quien ocasionalmente gobierna, y que no siempre están guiadas por el bienestar común.

Si bien la violencia institucional cometida por las fuerzas de seguridad ha sido un flagelo de todos los gobiernos en democracia, existe un sector del arco político que pregona una política de seguridad basada en la lógica de ley y orden, que siembra el miedo e instala la mano dura como resolución de todos los problemas contemporáneos. Impulsando medidas y construyendo discursos que estigmatizan a la juventud, la pobreza, la población migrante, la diversidad, el colectivo travesti-trans, etc.

Sin ir más lejos, durante el gobierno anterior se desarrolló una gestión de la política de seguridad que se alejaba de los estándares internacionales en materia del uso racional de la fuerza y que llegó a legitimar las acciones ilegales propiciándolas a partir de la ya conocida “doctrina Chocobar”. Políticas que se implementaron no sólo en desmedro de la población que sufrió las consecuencias por el aumento de la violencia, sino también de las propias fuerzas de seguridad que empeoraron su calidad institucional.

Para resaltar los ejes centrales, el proyecto propone la creación del Programa Nacional Contra la Violencia Institucional de Asistencia en Formación, Capacitación y Reentrenamiento en Derechos Humanos y en Regulación del Uso de la Fuerza que tendrá participación central de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la elaboración de estos programas junto con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia. También establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales y de la intervención en manifestaciones públicas, cumpliendo con los estándares internacionales.

Se dedica un capítulo a establecer los criterios de actuación de las fuerzas con perspectiva de género y de derechos humanos. Afianza políticas de bienestar policial para garantizar la protección de su integridad psicofísica e impulsar protocolos de buenas prácticas como medidas preventivas de la violencia institucional. Establece la creación de centros de denuncias para casos de violencia institucional que serán atendidas por personal civil ajeno a las fuerzas, capacitada según dispone la Ley Micaela y con facilitadores interculturales para las jurisdicciones que exista población originaria. Además, refuerza los derechos de las víctimas de este tipo de violencia: el derecho a un acompañamiento psicosocial, a la asistencia jurídica integral, a medidas de protección efectivas y al respeto a la identidad de género autopercibida y la orientación sexual.

Asimismo, se propone adaptar los sistemas disciplinarios de las fuerzas para que ante un hecho de violencia institucional se deba separar preventivamente al personal involucrado. Luego, en cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en la solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Ricardo Javier Kaplún y familia”, el proyecto plantea la prohibición del patrocinio jurídico institucional de las fuerzas para los y las agentes que se encuentren imputados/as en delitos graves en contexto de violencia institucional. También plantea que en las investigaciones penales en las que se encuentre sospechada la participación de un miembro de las fuerzas debe darse inmediata intervención de otra fuerza para garantizar la imparcialidad en la investigación judicial. Habilita la vía administrativa para iniciar un reclamo indemnizatorio cuando un hecho de violencia institucional derivara en el homicidio, desaparición forzada o lesiones gravísimas de una persona.

En último término, crea un Observatorio Nacional de Violencia Institucional, cuya función fue pensada centralmente para generar insumos e información que permita tener un diagnóstico real de la problemática y desde allí impulsar políticas públicas acorde ese diagnóstico. Resulta una herramienta sumamente necesaria, en cuanto no existen cifras o estadísticas completas que versen sobre los hechos de violencia institucional a nivel nacional.

Es una oportunidad histórica para dar un debate profundo y honesto de todo el arco político en ambas Cámaras del Congreso de la Nación y de cara a nuestro pueblo. Tenemos la convicción, el compromiso y una historia a la que queremos honrar. Por todo eso vamos a seguir trabajando para que pronto pueda convertirse en ley.

 

 

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