Cómo confundir Defensa con Seguridad

La Alianza Cambiemos incrementó el presupuesto nacional por decreto en vez de someter la cuestión al Congreso, que está sesionando. La mayoría de los análisis destacaron la ampliación de las partidas para el pago de intereses de la deuda pública, por un monto equivalente al que perderán los jubilados si se aprueba la resistida reforma, que el gobierno llevará de nuevo al recinto mañana, con la ilusión de conseguir el quórum que le faltó el jueves. Menos atención se prestó al incremento de las partidas destinadas a los Ministerios de Defensa y de Seguridad y a la Inteligencia, que sitiaron el Congreso con casi 2.000 efectivos de las distintas fuerzas y desataron el caos en la ciudad en su intento de disolver una gigantesca manifestación popular. Su magnitud fue imposible de cuantificar porque estuvo durante horas en movimiento.

El miércoles y el jueves el gobierno estrenó alguno de los juguetes bélicos a los que dedica una porción significativa de esa ampliación de presupuesto: blindados, hidrantes, lanzadores de granadas de gas a 60 metros de distancia que los operadores manejan parapetados detrás de altas rejas también blindadas y con uniformes de Robocop que sólo dejan a la vista una línea del cuello y parte de las manos, con lo que quedan fuera del alcance de cualquier respuesta. La doctrina al uso es impedir que se documenten los atropellos y negar información sobre el operativo y las personas detenidas para difundir el miedo y crear incertidumbre. Suena familiar, ¿no?

La música con que escribí esta nota

El anexo al artículo 1º del decreto habla lisa y llanamente de Servicios de Defensa y Seguridad, como si fuera lo mismo. La militarización de las fuerzas de seguridad, el espionaje político y la ilegal licencia para matar por la espalda en supuesta legítima defensa, protegida de la revisión judicial, o para disparar a quemarropa sobre trabajadores de prensa y/o reporteros gráficos cuando son detectados, no excluye la fantasía de asignar tareas de seguridad interior a las Fuerzas Armadas. El jueves ya aparecieron camiones del Ejército trasladando a represores policiales. Y no fue un especialista en seguridad sino un brigadier retirado de la Fuerza Aérea quien diseñó el operativo, con el desfile de las unidades de Gendarmería y Policía en formación castrense, como si se tratara de un Ejército de ocupación.
El brigadier (R) Vicente Luis Autiero, designado subsecretario de Coordinación en la Secretaría de Fronteras del Ministerio de Seguridad, es el asesor de Patricia Bullrich que inspiró el despliegue bélico que molestó incluso a la diputada macrista Elisa Carrió. Veterano de Malvinas, fiscal general de Cambiemos en Merlo en la última elección presidencial, Autiero redactó el protocolo de derribo de aeronaves, que permite aplicar la pena de muerte a meros sospechosos, sin juicio previo. Formó parte del equipo de la Fundación Pensar, que proyectó la política de Defensa y Seguridad durante la campaña electoral. También lo integraban el contralmirante Carlos Ernesto Cal y los coroneles Hugo Patricio Pierri y Jorge Raúl García Mantel. A diferencia del Brigadier que fue a Seguridad, los dos coroneles fueron designados en Defensa: Pierri como subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar, dependiente de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares; García Mantel, como director de Planeamiento. Ya en 2013, Patricia Bullrich reclamó al entonces ministro Agustín Rossi por no haber incluido en la lista de ascensos a Pierri, quien debió pasar a retiro. Pierri y García Mantel están vinculados con el ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena, el gran inspirador de esta confusión de roles.

La violencia institucional desatada sobre quienes manifestaban contra la legislación que procura esquilmar a los jubilados, a las madres que reciben la Asignación por Hijo, a los veteranos de Malvinas, a los pensionados por discapacidad, para hacer una transfusión de esa abundante liquidez a la provincia de Buenos Aires, clave de la ilusión reeleccionista del presidente Maurizio Macrì, conduce a un camino sin salida. El gobierno intenta explicar que no afectará la situación de los jubilados. Pero esto es desmentido por la insistencia de Macrì en la inmediata sanción de la ley, o por un inconstitucional DNU. A un “individuo con el que estaba hablando” (Luis Majul dixit) le explicó que si no se aprueba la reforma “el gasto social se transformará en una bola de nieve que hará explotar a la economía”. Lo único que aceptó es compensar con un bono en abril la brecha en el empalme entre una fórmula y otra, pero no resigna los casi 100.000 millones de pesos que dejarán de percibir los jubilados. El principio lógico de no contradicción, bien gracias.
Si aún “las organizaciones y los dirigentes sabios y prudentes que han mantenido su fuerza orgánica” debieron salir a la calle el jueves para que la historia no les pasara por encima y amenazar con un paro general si se sanciona la ley mañana o se la contrabandea en un decreto presidencial, la dificultad que encontrará el gobierno para cumplir sus planes sólo irá en aumento.
El jueves se evidenció en la calle lo que hasta entonces sólo revelaba el análisis político: el 40 por ciento de Cambiemos en las elecciones de octubre sólo mejora un 2 por ciento la peor elección histórica del antiperonismo, en 1973 cuando Perón volvió a la presidencia con el 62 por ciento de los votos. El espejismo del país amarillo se disipa.

Antes de seguir, ¿de dónde proviene la frase encomillada sobre los dirigentes que preservaron sus organizaciones?

1. Carl Schmitt (Teología política, 1922, comentando la marcha de Mussolini sobre Roma).
2. Juan Perón (discurso asestado a los imberbes que gritan el 1º de mayo de 1974).
3. Juan Carlos Schmidt (dirigiéndose a Hugo Moyano al asumir la conducción tripartita de la CGT).

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¿Cuál es el blanco?
La militarización de las fuerzas de seguridad va acompañada con el proyecto de encargar a las Fuerzas Armadas tareas de tipo policial, con lo cual se desvirtúan las funciones de unas y otras, y con la expansión del espionaje político, que el decreto de ampliación presupuestaria menciona como “interceptación y captación de las comunicaciones”, al que se destinan 2.823 millones de pesos más. A eso hay que sumar otros 2.416 millones para “operaciones complementarias de Seguridad Interior”.
El blanco no es un enemigo externo ni la delincuencia común o sofisticada, sino el malestar social y los reclamos que lo expresan y que no pueden desligarse de las decisiones políticas de endeudar en forma vertiginosa al país. El argumento oficial es que para contener la inflación debe reducirse el déficit fiscal y que los prestamistas externos permiten hacerlo en forma gradual, sin una conmoción colectiva. El problema es que lejos de reducir el déficit el gobierno lo incrementa y que la forma en que lo hace provoca esa conmoción que quisiera evitar. Ni por un minuto debe olvidarse que éste no es el gobierno de cualquier tipo de hombres de negocios sino de los provenientes del capital financiero internacional. El déficit es la única justificación posible para el negocio de la deuda, del que participa la plana mayor ministerial. Raúl Scalabrini Ortíz escribió que el primer gran empréstito contraído hace dos siglos por la Argentina, con la banca inglesa Baring, la encadenó a la rueda del interés compuesto. Como el anterior gobierno demostró que es posible romper esas cadenas, el actual las ha reemplazado por otras más poderosas, lo cual condicionará la vida política y social por mucho tiempo.
Durante los meses en que el Poder Ejecutivo quedó en forma interina a cargo del senador Eduardo Duhalde, hace ahora 15 años, su ministro de Defensa Horacio Jaunarena avanzó con un proyecto que ya había presentado al Congreso durante la presidencia de Fernando de la Rúa: fusionar la Armada y la Prefectura Naval en una nueva fuerza con funciones mixtas. El de la primera Alianza fue el gobierno posterior a la dictadura en el que más ciudadanos perdieron la vida por la violencia institucional, desde su primer día, en el puente de Corrientes, hasta los últimos, en la plaza de Mayo y en distintos puntos del país.
Jaunarena también propuso amalgamar al Ejército y a las diversas policías en un superministerio de Defensa y Seguridad que contemplaría la intervención castrense en el conflicto social, el control de la criminalidad callejera, la documentación personal, las aduanas y las migraciones. Una de las justificaciones suena conocida: la conveniencia de racionalizar el gasto sin duplicar estructuras. Jaunarena, para quien las Fuerzas Armadas constituyen “un elemento fundamental en la cohesión nacional”, hizo esos anuncios en un seminario organizado por Eduardo Menem y Roberto Dromi. Entonces, Carlos Menem apoyó el recurso a las Fuerzas Armadas porque, dijo, “las calles están en manos de delincuentes y marxistas”, una letanía que vuelve a escucharse en estos días. No era cierto entonces ni lo es ahora.
Esos diseños de Jaunarena fueron rebautizados por sus críticos como la Armadura y la Pirámide Verdeazul, expresiones inspiradas en el especialista en Ser Nacional Roberto Fontanarrosa.

 

Para los autores de la iniciativa sólo se trataba de introducir un mínimo de racionalidad en la asignación de recursos cada día más escasos, reformulando fuerzas que, de otro modo, se extinguirían en un futuro no muy lejano por la ineludible desinversión en material y mantenimiento. La Armadura se concentraría en el edificio Libertad y permitiría vender el “Guardacostas”, en el paraíso inmobiliario de Puerto Madero. El proyecto se frenó en el Senado (ver Hasta el mellizo marino se opuso).

El Hemisferio Occidental

El origen del engendro fue el Comando Sur, que guarda la seguridad de los Estados Unidos en un área que va desde México hasta la Antártida, a la que llaman el Hemisferio Occidental. Para ello deben conseguir que las víctimas asuman como propio ese objetivo que les es ajeno. Forma parte de una constelación en la que se destaca la teoría de las Nuevas Amenazas, que sucedió a la sencillez binaria de la guerra fría. También llamadas nuevos desafíos, incluyen la pobreza extrema, la superpoblación y las migraciones masivas, el terrorismo internacional, el narcotráfico, el fundamentalismo religioso, las luchas étnicas y raciales y el populismo radical, que revalorizarían “el poder militar dentro de las estructuras de las naciones, al tener que asumir nuevos roles”. La definición más reciente se refiere a las redes de amenazas transregionales.

En abril de este año, en su exposición anual ante el Congreso de Estados Unidos el almirante Kurt W. Tidd, jefe del Comando Sur, explicó que ninguna región del mundo está más vinculada que América Latina y el Caribe “con nuestra propia sociedad, prosperidad y seguridad. Estamos ligados en forma inseparable por nuestra cultura y valores compartidos y por el rápido flujo de bienes, servicios, personas e información. Además de la proximidad geográfica esas interconexiones indican que ningún problema es sólo latinoamericano y caribeño. Dicho con palabas simples, con toda probabilidad los desafíos de seguridad en la región se convertirán en desafíos a la seguridad nacional de los Estados Unidos”.
Por eso no quieren dejarnos solos.
“Las redes que nos amenazan cruzan las fronteras, incluyendo las nuestras, y mueven cualquier cosa y alimentan el delito violento en las calles de Tegucigalpa y Tucson. Personas de todo el mundo (algunos que escapan del conflicto y la inseguridad, otros en busca de oportunidades económicas y algunos con posibles lazos con el terrorismo) pueden explotar las vulnerabilidades de la región para intentar su ingreso ilegal a los Estados Unidos”. José Martí se refirió a lo que Estados Unidos llama Hemisferio Occidental como Nuestra América. Cada uno puede usar la denominación que prefiera.
Con una flexibilidad que sus críticos no siempre reconocen, el Comando Sur adapta su receta magistral a las posibilidades de cada región y país. Su hoja de ruta va desde la intervención castrense directa en el día a día de la seguridad callejera en varios países de Centroamérica, hasta el reentrenamiento de soldados para destinarlos a las policías, como Macrì hizo en la ciudad de Buenos Aires. Si se trata de proteger a Estados Unidos todo es válido y si se encargan los militares y los policías de otros países, es más barato (para el Comando Sur). “La integración con nuestros socios”, agrega Tidd, “no es cuestión de altruismo sino de interés nacional”, porque “nos ayuda a crear capas de seguridad de nuestra Patria”. Esta paranoia organizada permite afirmar que la Túpac Amaru de Jujuy fue adoctrinada por la organización maoísta peruana Sendero Luminoso, como hace la denominada experta en narcotráfico y crimen organizado, Laura Etcharren. La dificultad es cronológica: Sendero desapareció en 1992 con la caída de sus líderes, encabezados por Abimael Guzman, y la Túpac recién surgió a fines de esa década. Los senderistas también habrían penetrado en las villas porteñas, añade.
Esta doctrina importada se expande en todas las direcciones. El Procurador interino Eduardo Casal dispuso los pasos preliminares para crear una futura Procuraduría contra el terrorismo, es decir aquello que el Congreso rechazó cuando el Poder Ejecutivo quiso crearla por ley. También apareció esa doctrina en el fallo del doctor Glock por el que dispuso la detención de la ex presidente CFK y su ministro Héctor Timerman. Glock sostiene que ya no rige la definición tradicional de guerra. Internándose en el terreno de las Nuevas Amenazas, asimila terrorismo con guerra. Así, todo vale. A sus 75 años, cumplidos el mes pasado, Jaunarena no es tenido en cuenta para volver al ministerio que desempeñó bajo las presidencias de Raúl Alfonsín, Fernando De la Rúa y Eduardo Duhalde.

 

Agua en las baterías
Hasta que las baterías del submarino no fallaron, el discurso de Macrì sobre Defensa sólo cambió el tono, de ácido a meloso, y entre sus tareas incluyó la lucha contra el narcotráfico, por ahora sin precisiones ni presupuesto, mientras el acento de su gestión estuvo puesto en la Seguridad Interior, tal como la concibe Cambiemos.
Julio Martínez fue el ministro del primer gabinete que menos pudo ver al presidente. Oscar Aguad tiene otra relación, pero no por razones vinculadas con la Defensa: como ministro de Comunicaciones fue servicial con Macrì en la liquidación de sus deudas con el Estado por el vaciamiento del Correo Argentino. Patricia Bullrich ha desempeñado un rol más importante que ambos y sus dichos y sus hechos han sido refrendados por Macrì y Marcos Peña Braun, desde el protocolo antipiquetes que firmó al asumir, por el cual los manifestantes intimados sólo tenían 5 minutos para obedecer la orden de dispersarse antes de ser reprimidos, hasta su pretensión de que todo lo que digan y hagan las fuerzas de seguridad está bien. Es cierto que cuenta con una claque significativa. El jueves a las ocho de la noche, mientras sus tropas continuaban la cacería de transeúntes y los periodistas heridos eran atendidos de los cohetazos que les dispararon generosamente, la ministra brindó con los periodistas de FOPEA en el hotel Howard Johnson de Florida 944, entre ellos su vocero oficioso Daniel Santoro, de camisa azul en la foto.Nunca sonó tan artificial el discurso de Peña Braun que cuando dijo que los periodistas fueron agredidos por los manifestantes. Hasta el gremio de los patrones de diarios, ADEPA, lo refutó.

La valoración presidencial se refleja menos en el discurso que en las adquisiciones de material: chatarra voladora apenas maquillada por el fabricante francés para disimular las malas noches transcurridas en 35 años, que se las disputan marinos y aeronautas, pero sofisticado instrumental antidisturbios y cibernético israelí que Bullrich conoció gracias a su antiguo jefe Mario Montoto, y que se exhibió generosamente en las calles de la ciudad durante la reunión de la Organización Mundial de Comercio y el debate previsional en el Congreso.
La distinción entre Seguridad y Defensa es anacrónica y quienes la sostienen sólo piensan en el pasado, razonan Macrì y Peña Braun, siguiendo la línea del Comando Sur y de Jaunarena. El ex ministro confesó incluso que durante 18 años y en tres gestiones distintas eludió reglamentar la ley de Defensa porque siempre se había opuesto, lo cual equivale a una admisión de incumplimiento de sus deberes. La reglamentación recién la realizó Kirchner con el decreto 727 de 2006, el que ahora se propone modificar Macrì, para que el poder de fuego de las Fuerzas Armadas pueda dirigirse no sólo contra la agresión armada de un Estado extranjero, sino hacia cualquier fantasma de ocasión, convocados a un aquelarre trasnacional donde los kurdos perseguidos por Turquía se cruzan como máscaras de Ensor con Daesh o ISIS, las FARC de Colombia y los ayatollahs persas.

“Pedirle a las Fuerzas Armadas que se hagan cargo de la seguridad interior si las fuerzas policiales y de seguridad son desbordadas, pero no permitirles que se entrenen y capaciten para ello es como decirle a un cirujano que debe operar pero sin dejarle que se ejercite”, adujo Jaunarena. En realidad, la ley de seguridad interior establece que las Fuerzas Armadas pueden actuar en materia de seguridad interior en tres situaciones:

• dentro de la propia “jurisdicción militar” en caso de una agresión armada, como ocurrió en 1989 en el regimiento de La Tablada;
• prestando apoyo logístico a las operaciones de seguridad interior, a pedido del Comité de Crisis y por disposición del Ministerio de Defensa.
• con unidades de combate, y previa declaración por el Congreso del estado de sitio, ante algún hecho excepcional que desborde al sistema de seguridad interior policial. Aun así, este empleo subsidiario de las Fuerzas Armadas se considerará “excepcional” y no incidirá en la “doctrina, organización, equipamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas” dice la ley. Es decir, no se trata del médico que debe operar, sino de los bomberos que vienen a rescatar a médico y paciente si se incendia el hospital.

La idea que el gobierno se propone retomar en cuanto decrezca la prioridad que desde las elecciones han tenido la reducción de los haberes jubilatorios y el recorte de derechos laborales, permitiría poner también en la mira a enemigos más evanescentes. Al mismo tiempo, México está tratando un proyecto de ley de seguridad interior que permitiría militarizar no sólo la represión de los comerciantes de drogas prohibidas, que ya ha tenido un altísimo costo en vidas humanas sin una reducción apreciable del negocio, sino también la seguridad ciudadana.
La degradación que los propósitos del gobierno nacional acarrearía a la función castrense no es una hipótesis abstracta. Las Fuerzas Armadas ya la padecieron el siglo pasado, como constató la comisión interfuerzas que investigó lo sucedido en el Atlántico Sur en 1982.

El desborde
La exhibición de parafernalia bélica en la Ciudad de Buenos Aires ante una movilización pacífica con finalidad política es más elocuente que las palabras.
En la Argentina nadie podría afirmar con seriedad que esas fuerzas estén desbordadas y, en los términos de la ley, se requiera la intervención castrense. Por el contrario, lo que se advierte es un desborde de los efectivos contra ciudadanos en distinto tipo de conflicto, y el aval que estos desmadres reciben de la logorrea oficial:

• la legitimidad de los actos de cualquier uniformado se prueba con su sola palabra (Bullrich),
• el beneficio de la duda debe darse a las fuerzas de seguridad porque ejercen el monopolio de la violencia (Gabriela Michetti),
• es imprescindible un cambio de cultura (Macrì y Peña Braun).

Para Peña Braun “las fuerzas de seguridad no pueden estar siempre bajo un halo de sospecha o reproche, como sucedía en el anterior gobierno”. Como aspiración es legítima, pero después de dos muertes jóvenes durante operaciones entre fuerzas de absoluta asimetría y de la agresión incluso a diputados en las puertas del Congreso, es una abierta convalidación de la barbarie. El propio Macrì se enojó con Bullrich cuando le contó que antes de abrir fuego en Bariloche los prefectos consultaron si podían disparar con plomo. Dijo que era una locura que no ocurría en el resto del mundo ni volvería a suceder aquí. Sería necesario conocer en detalle las comunicaciones cursadas entre las fuerzas operativas y la conducción política, pero ante cada consulta el gobierno marca con una cruz el casillero No sabe/No contesta.
Durante el anterior gobierno también hubo violencia institucional en casos contra personas que reclamaban por derechos. Las fuerzas públicas y sus colaboradores causaron muertes (tres en el Parque Indoamericano, una durante un corte de vías contra la tercerización laboral, otra en la comunidad Qom La Primavera, de Formosa). Lo que no hubo fue una justificación de esos actos por el Poder Ejecutivo Nacional ni una renuncia al control de la actuación de las fuerzas, como ocurre ahora. En este sendero es fácil entrar, pero no se sabe qué se encontrará en el trayecto ni mucho menos cómo salir. El país ya lo experimentó décadas atrás y otras naciones en el presente, con resultados tenebrosos.

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