Prohibido investigar

 

Esta semana, por orden de Gerardo Morales, se eliminó la fiscalía del Tribunal de Cuentas que estaba a cargo de Nicolás Snopek, quien denunció haber sufrido amenazas por parte del gobernador luego de promover que se investigue si eran incompatibles los negocios que realizaron el presidente del PJ local y diputado provincial Rubén Rivarola, y Liliana Fellner, ambos titulares del laboratorio L.A.C. Norte, que durante la pandemia fue contratado de manera directa por el Estado para realizar tests PCR. Semanas atrás, la legisladora Alejandra Cejas fue suspendida de la Cámara de Diputados por 90 días con los votos de radicales y peronistas que responden a Rivarola, justamente después de pedir que el gobierno transparente la pauta publicitaria que le otorga al diario El Tribuno, también propiedad de Rivarola. El jueves 8 de julio, Milagro Sala, que históricamente denunció los acuerdos entre la UCR y el PJ en la provincia, cumplió 2.000 días como presa política. En tierras del emperador, investigar es la puerta al ostracismo.

Tanto la creación de las nuevas fiscalías en el Tribunal de Cuentas en 2019 como su eliminación esta semana están vinculadas a la necesidad de Gerardo Morales de evitar cualquier tipo de investigación sobre el manejo de las cuentas públicas y los negocios que se realizan desde el gobierno provincial, a pesar de que en su discurso público se llena la boca hablando de transparencia.

En 2019 el propio Morales, acostumbrado a mayorías automáticas en la legislatura jujeña, promovió el juicio político contra la titular del Tribunal de Cuentas, Nora Millone, y lxs vocales Mariana Bernal y René Barrionuevo, a quienes no controlaba de manera directa, para reemplazarlos por otros afines a sus intereses. Sin embargo sufrió entonces una de sus primeras y escasas derrotas políticas y tuvo que dar marcha atrás con esa iniciativa. Fue entonces que promovió la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y creó una serie de vocalías, a ocupar por funcionarios oficialistas, y de fiscalías, entre ellas la que quedó a cargo de Nicolás Snopek. El proyecto se aprobó en sesión especial y sin haber pasado por la comisión respectiva, según denunciaron algunos legisladores de la oposición en ese momento.

Desde entonces todo transcurrió sin problemas, hasta que el 15 de septiembre del año pasado la fiscal adjunta del Tribunal de Cuentas, Flavia María Hubeid, y Snopek en su carácter de fiscal abogado de vocalía del Tribunal de Cuentas, se presentaron ante la Oficina Anticorrupción para que investigara si la contratación directa por parte del Estado provincial a la empresa L.A.C. Norte –propiedad  de los legisladores Rivarola y Fellner– para la realización de tests de detección del Covid-19 constituía una infracción a la Constitución provincial y a la ley de Ética Pública de Jujuy.

Antes del pronunciamiento de la Oficina Anticorrupción, Snopek recibió un llamado del propio gobernador. En ese momento estaba conduciendo y le devolvió la llamada poco después. Furioso, Morales le cuestionó esa presentación. También lo acusó de haber formulado una denuncia penal en contra suya, de Fellner y Rivarola. El fiscal negó ese hecho. La comunicación duró tres minutos en los cuales el gobernador intimó e insultó al fiscal.

A las pocas semanas llegó la respuesta de la Oficina Anticorrupción afirmando que no había ningún tipo de incompatibilidad. Sin embargo, en su respuesta omitió mencionar el artículo 64 de la Constitución provincial, que establece: “Queda prohibido a todo agente público recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones, franquicias o adjudicaciones celebrados u otorgados por el Estado. Tampoco podrán prestar servicios remunerados o no, asociarse, administrar, asesorar, patrocinar o representar a personas físicas o jurídicas que gestionen o exploten concesiones o privilegios, o que sean proveedores o contratistas de la administración pública del Estado”. Quizá la Oficina Anticorrupción no considere a los legisladores como agentes públicos.

Esta semana, Snopek presentó ante la fiscalía federal una denuncia contra el gobernador Gerardo Morales por la amenaza sufrida el año pasado. Consultado sobre la demora en presentarla, aseguró que en la provincia no hay seguridad jurídica y que resolvió, finalizado el proceso electoral, presentar la denuncia ante la fiscalía federal, por entender que hay jurisprudencia que establece que las cuestiones vinculadas con la pandemia son de orden federal.

En tiempo express, a dos días de presentada la denuncia contra el gobernador, la legislatura de Jujuy derogó la ley aprobada en 2019 y que promovió el propio Morales. De esta manera eliminó la fiscalía que estaba a cargo de Snopek.

Con el control del Poder Judicial, con la mayoría absoluta de la que gozará a partir del próximo 10 de diciembre en la legislatura –que igual controla con el apoyo del PJ en manos de Rivarola– y con los medios hegemónicos a sus pies, la duda que queda es quién se atreverá a investigar los manejos de los fondos públicos que hace el gobierno provincial, que están muy lejos de ser transparentes.

 

 

 

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