CARTA CERTIFICADA

 

Gerardo Morales, Elisa María Avelina Carrió y Patricia Bullrich lo habían anticipado y apenas dos décadas después la Justicia en lo comercial lo confirmó: la famiglia Macrì, comandada en forma sucesiva por Franco, Maurizio y Gianfranco, violó durante el más extenso concurso de acreedores y quiebra, toda la legislación vigente, mediante medidas defraudatorias a expensas del interés general.

Un proceso normal, de acuerdo con la ley de Concursos y Quiebras 24.522, dura entre uno y dos años según las épocas, los juzgados, la complejidad de la causa, la cantidad de acreedores. En este caso la dilación se produjo en la primera instancia, pero también en la Cámara de Apelaciones, que actuó casi como si fuera director del proceso, con márgenes de discrecionalidad que no le corresponden.

 

 

 

Debe reconocerse a los líderes de la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica Libertadora y el PRO que hayan puesto los puntos sobre las íes de las trapisondas inconcebibles de la empresa cuyos principales accionistas son el holding Sociedades Macrì (SOCMA) y la constructora SIDECO Americana. Sin embargo, no se los ve contentos por la confirmación de sus denuncias. No han dicho esta boca es mía.

Los veinte años transcurridos son un suspiro comparados con los 45 que mediaron entre el apagón del ingenio Ledesma de julio de 1976 y la resolución de la Corte Suprema de Justicia del jueves último, por la cual se dispuso que el principal responsable, Carlos Pedro Tadeo Blaquier, su esbirro Alberto Enrique Lemos y una decena de policías y penitenciarios, todavía no queden a salvo de un juicio oral y público por los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos: homicidio, privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de 26 personas, que fueron transportadas en camionetas de la fábrica de azúcar.

El simulacro judicial argentino finge inclinarse según la dirección del viento político. Suprema ironía, la Corte que demoró seis años en revocar la decisión de los infaltables casadores Gustavo Hornos, Don Eduardo Riggi y Juan Gemignani, afirma que las actuaciones deben conducirse del modo más rápido posible. Pero en vez de disponer que cesen las dilaciones y comience ya el debate, remiten el grueso expediente una vez más a la Cámara de Casación para que con otros jueces resuelva si elevarlo o no a juicio. Una burla solemne, en un proceso en el que el imputado está por cumplir 94 años, con la tranquilidad de saber que morirá impune. Distinto es el trato para los militares, que ejecutaron los designios del poder económico y que son descartables. La decisión fue adoptada por Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Votó en disidencia Carlos Fernando Rosenkrantz y se abstuvo de opinar  Ricardo Lorenzetti.

En 2017, Carrió sostuvo en un tuit que el entonces presidente de la Corte integraba con varios jueces federales la Logia Roque Pérez, por el fundador y Gran Maestre de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. Aunque la heroína radical no lo dijo entonces, se sabe que Blaquier fue su presidente. La inadmisible opacidad de la Corte Suprema impide saber si Lorenzetti se excusó y si ése fue el motivo, o simplemente no se le dió la real gana votar en esta causa.

La protección de los jueces supremos al gran capital no es un fenómeno exclusivo de la Argentina, aunque aquí se trate de eventos trágicos. En Estados Unidos acaba de publicarse una investigación del ex editor del New York Times y columnista de la revista Time Adam Cohen, titulada Supreme Inequality. The Supreme Court’s Fifty-year Battle for a More Unjust America. En un análisis de los principales fallos desde Nixon hasta el presente, Cohen afirma que la Corte garantiza los privilegios del 1% de la población, contra los del 99% restante. Para la editora de Slate, Dahlia Lithwick, Cohen demuestra que el más alto tribunal creó un sistema de protección legal para los poderosos intereses corporativos y uno de segunda clase para los pobres y la clase media. Al limitar los esfuerzos de la Corte Warren (1953-1969) para proteger a los trabajadores, los estudiantes, los imputados en el sistema penal y los derechos de los votantes, mientras inventaba nuevos resguardos para los aportantes millonarios, las grandes empresas y los contaminadores, la Corte contribuyó en forma decidida a la trágica desigualdad que está vaciando el sistema de Justicia de los Estados Unidos”. En esas condiciones, no es extraño que esos intereses económicos incluso accedan por vía electoral a la conducción del Estado, con Trump allí, con Macrì aquí.

 

 

Una quiebra extensa

La jueza Marta Cirulli escribió que la sindicatura de la fallida (como se llama en la jerga a las empresas quebradas) debe informar al juzgado en breve plazo “la existencia de situaciones que justifiquen la promoción de las acciones de extensión del estado falencial a terceros y/o acciones de responsabilidad, proponiendo en su caso las medidas cautelares conducentes para asegurar el resultado de estas”. Es decir que, antes de que la Procuración del Tesoro anunciara que lo pediría, la jueza dio a entender que la quiebra podría extenderse a las naves insignia del grupo.

En 2003, Morales, con el patrocinio letrado de su amiga Titina De Langhe de Falcone, denunció a las empresas de Maurizio Macrì por el vaciamiento del Correo Argentino, en defensa del consumidor, por el pago del canon, daños y perjuicios y responsabilidad de funcionarios públicos y reclamó la ejecución de la garantía. Morales sostuvo que los Macrì  no realizaron las inversiones comprometidas, que causaron daño patrimonial al Estado al no pagar el canon. Sumando todos los rubros determinó una deuda de 610.319.781,1 pesos/dólares y solicitó que esos montos se reintegraran al Estado y se revocara la concesión.

Cuando Maurizio Macrì acusa a Carlos Zannini de perseguirlo con ánimo de venganza, confiesa sin querer que así actuó él. Además, omite que el actual Procurador del Tesoro sólo reclama la actualización de una deuda de 300 millones de pesos/dólares de entonces, la mitad de lo que calculó Morales, quien tuvo un oportuno rapto de amnesia y no volvió a hablar del tema, a cambio de que Macrì le permitiera consumar su venganza personal contra Milagro Sala. Titina de Langhe pasó de ser denunciante contra Macrì a presidenta del Superior Tribunal de Justicia provincial para que garantizara la detención de la fundadora de la Organización Barrial Túpac Amaru, que no ha cesado 2.000 días después.

Tan vengativo no será Zannini, si decidió perdonarle el 50% de la deuda estimada por Morales, quien como contador debe entender más de números que el abogado cordobés. La idea de la persecución fue elaborada por el más próximo asesor de Macrì, Darío Nieto, a quien el ex Presidente procura aforar en alguna lista electoral. En el cuerpo 21 del enorme expediente instruido en Lomas de Zamora por la asociación ilícita constituida para espiar ilegalmente en la AFI de Macrì por el grupo denominado Super Mario Bros, figuran las anotaciones halladas en el teléfono de Nieto. El secretario privado le aconseja declarar que las causas judiciales en su contra obedecen a una persecución política. Macrì sobreactuó la recomendación y escribió que Zannini busca vengarse en sus hijos, que fueron accionistas del Correo. Fueron, pero ya no son, porque las acciones que el ex Presidente les cedió se las vendieron al tío Gianfranco, quien según el tío Mariano es el testaferro de papá Maurizio.

 

 

 

El mismo año 2003, Patricia Bullrich contó que, durante su desempeño como ministra de Trabajo de Fernando De la Rúa, Maurizio Macrì (Maurizio, no Franco) “me vino a ver para pedirme que el Correo no pagara el canon. Puedo atestiguar que en octubre de 2001 estaba recorriendo despachos oficiales en nombre del Correo Argentino, no sé si como parte del directorio o como lobbista contratado”

En uno de los debates preelectorales de 2003, Bullrich denunció a Macrì como corrupto y calculó que si pagara el canon adeudado por el Correo, “levantamos dos veces la cantidad de casas que se necesitan para la villa 31”.

 

 

 

 

Durante la campaña electoral de 2003, Carrió dijo que Macrì era un contrabandista y celebró su derrota frente a Aníbal Ibarra, porque “no sabía cómo iba a explicarles a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar”.

 

 

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Marketing al palo

Macrì tiene un ojo en el expediente y otro en la opinión pública. Uno de sus argumentos es que el Estado se quedó con todos los bienes del Correo, lo cual le impide hacer frente a sus compromisos. Macrì inició cuatro juicios distintos por daños y perjuicios contra el Estado. Oculta así que el servicio postal no se privatizó, sino que fue otorgado en concesión y que esos bienes no eran para incorporarlos al patrimonio de la famiglia sino medios para la prestación del servicio que, revertida la concesión por los incumplimientos constantes, siguen siendo utilizados por la empresa estatal que se hizo cargo de la prestación. Desde España, siguió arguyendo que lo persiguen porque en la Argentina no hay libertad. También ha afirmado que se trata de las empresas de su padre. Pero Maurizio Macrì no sólo fue vicepresidente ejecutivo del grupo, sino también accionista. Las actas de las asambleas generales de SOCMA y del Correo prueban que “la familia Macrì detenta la totalidad del capital accionario de SOCMA Americana SA, controlante de SIDECO Americana SA, que a su vez posee el control accionario de Correo Argentino SA” y que recién en 2009 “el entonces jefe de gobierno porteño y actual Presidente se desprendió de su participación accionaria transfiriéndola a nombre de sus hijos”, los monotributistas Agustina, Gimena y Francisco Juan Macrì, escribió en 2017 la fiscal general Gabriela Boquín.

Los recursos de Macrì son inagotables también en tribunales. Como El Cohete viene anunciando desde hace meses en notas del juez del tribunal fiscal de la Nación Juan Manuel Soria Acuña, el invento más reciente ha sido erigir al tribunal superior porteño como instancia de apelación para las resoluciones de las Cámaras Nacionales, para lo cual utilizaron la causa del pintor León Ferrari contra el comerciante Gabriel Isaías Levinas, GIL, quien se llevó quince cuadros y sólo devolvió cuatro. El resto dijo haberlos vendido en negro a una persona de la cual sólo recordaba vagamente el apellido y gastado el dinero en atención médica de urgencia. GIL fue el primero que intentó el bypass hacia la corte porteña, cosa que la Cámara Civil no acepta. Tampoco la Cámara Comercial, en el caso del Correo, porque ninguna ley instituyó esa imaginaria pirámide.

Las juezas de la Cámara Comercial María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, junto con la jueza de primera instancia Marta Cirulli, son quienes permitieron durante dos décadas las maniobras dilatorias de Macrì. Hasta que, con el cambio de gobierno, en diciembre de 2019, modificaron su temperamento. Rechazaron la recusación a la fiscal Gabriela Boquín y a la propia jueza Cirulli que intentó Macrì, intervinieron el Correo y dieron los pasos necesarios para llegar a la declaración de quiebra, que Cirulli firmó el 5 de julio. Esta vez contaron con la solidaridad del conjunto de los jueces nacionales que se resisten a subordinarse al tribunal municipal e incluso las apoyó el fiscal que desde hace tres años ocupa en forma interina la Procuración General, Eduardo Casal, cuya solidaridad corporativa prevalece sobre la conveniencia del ex Presidente, porque los hombres pasan pero las instituciones quedan.

 

Ficciones

La decisión de Cirulli desmonta las ficciones de Macrì:

• Niega que el Estado se haya constituido en un acreedor hostil, por lo que debería excluírselo del concurso, cosa que tampoco está contemplada en la legislación.
• Refuta que el Correo haya ofrecido el pago íntegro y oportuno de su deuda de dos décadas con el Estado Nacional. Se trata de “un ofrecimiento vacío de contenido”, ya que hace ya 19 años el primer juzgado interviniente estableció que Macrì debía “aplicar al capital nominal el incremento para reparar la depreciación monetaria más un 15 % anual no capitalizado”. Es absurdo que dos décadas después esos 300 millones de dólares de la convertibilidad pretendan saldarse con 1.000 millones de pesos de hoy.
• Desmiente que Macrì haya ofrecido pagar la totalidad de la deuda que le reclaman las distintas categorías de acreedores, más los intereses correspondientes. Establece que en ninguna de esas categorías se alcanzó la doble mayoría requerida por la ley, de cantidad de personas y de capital.
• Objeta la propuesta de pagar las deudas laborales en diez cuotas anuales y otra adicional un año después “de intereses calculados con la magra tasa pasiva del Banco de la Nación”. Los trabajadores “deberían aguardar no menos de once años más para percibir sus acreencias. Si sumamos ese lapso a los veinte transcurridos, es claro que para cobrarlas habrían esperado treinta y un años”.
• Ratifica que tal como establecieron los auditores, el patrimonio del Correo es negativo.
• Sólo cinco ofertas se presentaron para hacerse cargo de esa cáscara vacía, una de Ramón Puerta, otra de Héctor Colella, el heredero de Alfredo Yabrán, que las retiraron antes del momento decisivo. Sólo permaneció hasta el final la propia sociedad Correo Argentino.

 

 

De Boquín a Cirulli

La jueza Cirulli no puede omitir varias de las constataciones realizadas por la fiscal general Boquín, sobre el modo tramposo con que Macrì reunió las mayorías necesarias de acreedores dispuestos a acordar una solución. Según su dictamen, hubo una insolvencia planificada de la sociedad en perjuicio de los acreedores. La mayoría de personas se simuló, mediante la cesión de créditos y/o el otorgamiento de poderes irrevocables. De 375 acreedores computables, 361 aprobaron el acuerdo. Pero 231 de ellos tenían créditos verificados que iban de 1.000 a 4.000 pesos. “No es creíble que todos estuvieran de acuerdo en cobrar sus créditos por montos insignificantes en un plazo de 34 años desde la presentación en concurso, lo que equivale a una renuncia. El costo de la instrumentación de la conformidad en muchos casos superó al monto del crédito y algunos de los apoderados estaban vinculados con la concursada o con el estudio que la patrocina”, dijo Boquín. Cirulli menciona el caso del abogado Miguel Martín Mac Cormack, quien figura como apoderado de 24 cesionarios que dieron las conformidades, que “desconozco por ser ellas absolutamente falsas y ajenas a mi persona”. La jueza reconoce que “en anteriores ocasiones admití la validez del voto favorable dado por los cesionarios o subrogantes de créditos concursales”. En este caso, sin embargo, se trata de un fraude y un abuso de la ley.

La mayoría de capital estaba en manos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Río y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (CFI). Pero tanto el BID como la CFI cedieron sus créditos al Meinl Bank. Fundado en Viena hace un siglo y medio, es la cabeza de un grupo económico que provee todo tipo de servicios financieros y que ha pasado parte de la última década litigando en los tribunales que investigaron sus negocios. Tiene una filial en la guarida fiscal de Antigua & Barbuda, cuyo gobierno se ejerce en nombre de la reina de Gran Bretaña.

Cirulli consigna que el Meinl Bank Aktiengesellschaft hoy se convirtió en Anglo Austrian AAB Bank AF, y está quebrado. Pero no dice que las investigaciones judiciales del Lava Jato brasileño determinaron que la mayoría accionaria de esa filial caribeña del Meinl Bank pertenece a la constructora Odebrecht. De este modo, se desinteresa por el inverosímil caso de una entidad bancaria que compró créditos por 400 millones con la expectativa de recuperar apenas 8. Según Boquín, esta decisión “equivale a la renuncia al cobro de su crédito”. El Meinl Bank también otorgó créditos a los principales accionistas del Correo, SOCMA, SIDECO e INVERSID, todas del Grupo Macrì, con garantía de acciones.

Un tema de principalísimo interés para la Argentina sería conocer quién firmó en el BID y en la CFI un quebranto tan ruinoso, cómo fue la negociación, si hubo casos similares u otro pago de algún codeudor. Pero la Secretaría de Asuntos Estratégicos, a cargo de Gustavo Béliz, se especializa en perder votaciones por la presidencia del BID y de la Corporación Andina de Fomento, con grave deterioro para la posición internacional del país, que debió padecer hasta el voto adverso de sus socios en el Mercosur, Brasil, Uruguay y Paraguay, y sin costo alguno para el sigiloso funcionario.

Esta operación encubre la íntima asociación entre Odebrecht y Macrì sobre la que informé hace ya cuatro años, el 6 de agosto de 2017: el Grupo Macri es socio de Odebrecht en el fondo de inversión Blackwood Group, creado en 1998, cuando Maurizio Macrì era vicepresidente ejecutivo del holding familiar Sociedades Macri (SOCMA). Blackwood es un grupo internacional que manejó diversos fondos de inversión y uno especializado en energía y comunicaciones, con inversiones en todo el mundo. Pese a la abundancia y precisión de los datos el gobierno de Macrì hizo silencio, que ningún otro medio del país perturbó. Fue una de las últimas cosas que pude escribir en Página/12, que decidió censurarme para impedir que fuera detenido su principal accionista, Víctor Santa María.

 

 

La ruta de los sobornos

Al mismo tiempo, el actual columnista del Cohete Aleardo Laría Rajneri recogió las declaraciones formuladas al diario español El País por el ex abogado del Grupo Odebrecht, Rodrigo Tacla Durán, quien hasta 2016 trabajó en la unidad de negocios especializada en canalizar el pago de sobornos. Desde allí salía el dinero para financiar campañas electorales, regalos a los políticos y hasta fiestas con prostitutas. Tacla Durán confesó que el Meinl Bank había sido adquirido por Odebrecht con la exclusiva finalidad de ocultar la ruta de los sobornos. Su sede en Sao Paulo estaba en el consulado del país caribeño y contaba con solo tres empleados. Ese era el centro neurálgico desde el que se hacían los pagos irregulares. Desde allí se transfería dinero a otros bancos, como la Banca Privada de Andorra –cerrada en 2015 por corrupción— y de este modo se evitaba dejar rastros de los destinatarios finales de los fondos, agregó Rajneri. Según el abogado hispano-brasileño, Odebrecht había entregado tres millones de euros en enero de 2016 al primer ministro Gastón Browne, para garantizar que Antigua y Barbuda no comunicara a las autoridades judiciales de Brasil los movimientos y transferencias realizadas a través del Meinl Bank.

Por más que todos los velos hayan caído y Macrì haya quedado al desnudo, sería un error subestimar sus recursos. Aun si la emboscada de la corte porteña fracasara, a Macrì le queda aún la Corte Suprema federal, donde no siente que actúe como visitante.

 

 

Caballos

Desde España, Macrì eludió cualquier referencia a la denuncia sobre el cargamento de agresivos químicos que su gobierno envió a la Fuerza Aérea de Bolivia, para reprimir las manifestaciones contra el golpe que derrocó a Evo Morales en 2019. Mientras, aquí, su alter ega Patricia Bullrich, quien también fingió demencia sobre aquella intromisión en la vida de un país vecino, llegaba a caballo a la módica concentración en San Nicolás de la Asociación Argentina de Autoconvocados (AAPA), que se declaró independiente de las estructuras partidarias y pidió a todos los espacios políticos, tanto oficialistas como opositores, que se mantuvieran al margen de la convocatoria. Pero el 3 de junio estuvieron reunidos con Patricia Bullrich, cuando aún pensaban llegar al Obelisco, para lo que no les alcanzó la nafta. Como ellos mismos dicen, no hablaron sólo de carne, sino también de política.

 

 

Al llegar a la concentración, Bullrich dijo que no venía como dirigente política sino como ciudadana. Es parte del mismo libreto que recitó en el Congreso Mario Negri, cuando dijo que no era como político sino como simple ciudadano que se preguntaba qué más pudo hacer "para evitar que se salvaran más vidas" (sic) de la pandemia. Las consignas expuestas:

• menos impuestos,
• menos protección laboral,
• eliminación de las retenciones y de cualquier cupo a las exportaciones,
• reducción del gasto público y sobre todo del gasto político,
• la propiedad considerada como un derecho absoluto,
• educación presencial y
• cumplimiento estricto de la Constitución.

coinciden con los planteos de la oposición y de las cámaras patronales, ya sean la UIA, la AEA o la santurrona ACDE. Un bloque que, como expresó Macrì en Madrid, se ilusiona con regresar al poder en 2023.

 

La música que escuché mientras escribía

 

 

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