La experimentación mafiosa

 

La criminalidad organizada de tipo mafioso implica el acaparamiento privado de bienes públicos. Un ejemplo escabroso es el constituido por el Correo Argentino S.A., firma concesionaria del servicio postal y perteneciente al grupo empresario del ex Presidente, a la famiglia Macrì (con acento para reponer lo que una ventisca entre las palabras puede borrar: una historia de 200 años). Historicemos: a los seis meses de haber asumido la conducción del Estado nacional, en junio de 2016, el gobierno cambiemita dispensó a la famiglia Macrì del pago de la casi totalidad de la deuda que Correo Argentino S.A. venía arrastrando con el Estado nacional. En febrero de 2017, la fiscala de Cámara Gabriela Boquín mostró a través de sus investigaciones que en junio de 2016 el gobierno de Macrì y el Correo Argentino S.A. habían licuado en un 98,87% la deuda contraída con el Estado nacional (este es el acaparamiento privado de bienes públicos) y se inició una causa penal contra del propio ex Presidente, los funcionarios y los ejecutivos que habían aprobado el acuerdo. La deuda del grupo Macrì por el canon del Correo en el momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner –cuando se decidió la reestatización en 2003– era de 296 millones de pesos. En función del dictamen de la fiscala Boquín se hicieron distintas denuncias. Una de ellas corrió por cuenta de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y dio origen a una causa judicial a cargo del juez Ariel Lijo, en la que está imputado entre otros el entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. En ella se investiga si los funcionarios públicos que representaban al Estado nacional durante el gobierno cambiemita y los representantes del Correo Argentino S.A. cometieron delitos. El juez Lijo en 2020 le encargó un estudio del Correo a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), que depende de la Corte Suprema. La parte más significativa del estudio es aquella referida a los aspectos económicos y financieros de la firma. El conjunto de expertxs –integrado por contadorxs, actuarixs, abogadxs, entre otras disciplinas– combinó diferentes tasas de interés y de coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito. El objetivo del estudio consiste en establecer cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo Argentino S.A. durante el gobierno cambiemita. Como consta en las precisas investigaciones de Alejandra Dandan (Papeles que son fuego, 21/2/2021), lxs expertxs hicieron 126 combinaciones posibles y resultó que la quita fue de al menos el 92%, cifra muy cercana a lo que había calculado Boquín en 2016. En abril de 2019, la fiscala denunció que el Correo Argentino S.A. había desviado al menos 35 millones de pesos hacia estudios jurídicos, consultoras y empresas de publicidad vinculadas a funcionarios de gobierno de la Alianza Cambiemos y –al mismo tiempo– al directorio de la empresa: una vez más, acaparamiento privado de bienes públicos. En ese entonces, la jueza de primera instancia, Marta Cirulli, no consideró pertinente avanzar en la investigación desplegada por Boquín y su posición repercutió en maniobras dilatorias a favor de las empresas de la famiglia. Dicho de otro modo: la postura de la jueza coincidió en ese entonces con los planteos de Correo Argentino S.A., que a fines de abril de 2019 se negó a que fueran “revisados los libros contables de Socma y Sideco, y presentó un recurso para pedirle a la Corte Suprema que impida esa pesquisa” (Irina Hauser, Una jueza que no investiga el curreo de los Macri, 14/5/2019). Esto quiere decir que es falso –vaya novedad– lo que sostiene Clarín: “Durante la instrucción de caso de la quiebra [la jueza Cirulli] siempre se paró del lado de la fiscal Boquín, quien también rechazó las propuestas de la empresa y siempre se alineó con las posturas del kirchnerismo” (Quién es la jueza que decretó la quiebra del Correo Argentino, 5/7/2021). Para el hegemonismo comunicacional clarinesco, un despliegue ético del propio trabajo es sinónimo de kirchnerismo.

El lunes 5 de julio, la jueza Cirulli decretó la quiebra de Correo Argentino S.A. y su fallo abre un pequeño tajo en un tejido espeso constituido por capas superpuestas de maniobras, tretas y operaciones dilatorias que a lo largo de casi 20 años le evitaron pagar a la firma de la famiglia una deuda millonaria con el Estado argentino (el pueblo argentino) y con una serie de acreedores. La temporalidad de 20 años –que para el tango no es nada– demuestra dos dimensiones correlativas e inversas: la perspicacia de los abogados de la famiglia y la morosidad en la que incurre una porción significativa de la Justicia argentina. Correo Argentino S.A., sin embargo, a fines de marzo recapacitó, reconoció su “desliz”, estirado a lo largo de casi dos décadas, y bondadosamente propuso pagar la “deuda total”, autocalculada en 1.011 millones de pesos. El leve detalle, solapado, es que según la fiscala Boquín esa cifra es cinco veces menor al volumen de la deuda total que Correo Argentino S.A. le debe al Estado: al pueblo argentino. Según Carlos Zannini, la cifra correcta es del orden de los 300 millones de dólares. Moraleja: en la quiebra del Correo Argentino S.A. se cifra la quiebra de la propia Argentina descerrajada por un poder oscuro y muy enérgico. Podríamos decirlo así: el poder de la experimentación mafiosa sobre las existencias, que zamarreó este país entre 2015 y 2019, que ahora vuelve a disputar la escena electoral y se prepara de cara al 2023.

En Plaza de Mayo esta semana se llevó a cabo un acampe, pues el jueves 8 Milagro Sala cumplió 2.000 días de prisión arbitraria. Primera presa política del macrismo y del carcelero jujeño Gerardo Morales, quien además tuvo complicidades con el golpe último en Bolivia. En la figura de Milagro se cifra una persecución que arrancó en 2016 con la experimentación mafiosa sobre las existencias y que afecta también a otrxs integrantes del campo popular: Amado Boudou, Luis D’Elía, Julio De Vido, entre otrxs. Esa persecución debe ser resuelta como imperativo categórico para evitar que vergüenzas y oprobios ajenos se vuelvan propios. Paradójicamente (o no tanto), desde el aciago verano europeo, un día antes del fallo de la jueza Cirulli, quien se presentó como un “perseguido” fue Macrì. Son las paradojas propias de las inversiones que sabe desplegar la razón mafiosa. Con motivo de la causa del Correo, Macrì le explicó a la “opinión pública”: “El gobierno busca venganza. Buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos. Ese acto lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. De eso se trata el caso del Correo Argentino S.A. [...] no solo está en juego la integridad de mi familia, sino la idea misma de justicia. [...] Ahora, el procurador Carlos Zannini, actuando en contra de los intereses del Estado y de la gente, rechazó cobrar el 100% de lo adeudado. En lugar de ello, excediendo sus facultades, exige sanciones y la quiebra de la empresa. ¿Por qué Zannini hace esto? [...] ¿Y por qué quiere pedir la quiebra? Porque mis hijos fueron accionistas. Esa es la razón. Es la forma de atacarlos para atacarme. Esta es la verdad. No es justicia, es persecución y venganza”. La retórica autorrepresentativa del “perseguido” se puede apreciar en esta carta de gran despliegue estilístico.

El “perseguido” que no se cansó de hostigar y perseguir a otrxs –a través de servicios de inteligencia, comunicólogos regimentados, de la mesa judicial y apretadores seriales– “no pide privilegios, pide justicia” desde el cruel destierro europeo, donde fue –así nos dice– a presentar su libro.

Cuando una organización con comportamientos mafiosos se legaliza a través de una herramienta política –un partido o una alianza– y gana una elección nacional, dicta “valores” desde el aparato del Estado. Y cuando una organización despliega lógicas mafiosas desde dicha estructura la independencia de la Justicia se ve comprometida. En la Argentina esto es más que evidente con la emergencia del lawfare con componentes mafiosos. Esa palabrita en inglés –que al ser dicha en otro idioma aminora su agresividad– es el nombre de una utilización de parte del Poder Judicial, indica un uso abusivo de procedimientos judiciales, legales sólo en su superficie: una flecha dirigida a estimular el repudio popular contra una subjetividad construida como enemigo público. Esa utilización de parte se apoyó sobre los medios de creación de opinión –libros, periódicos, revistas, emisoras de radio y de televisión, cátedras, fundaciones, tertulias, redes sociales– que a lo largo de la temporalidad cambiemita articularon sistemáticas campañas de desprestigio de adversarixs de la experimentación mafiosa. La acción mafiosa ha sido instrumentada en contra del kirchnerismo: de sus cuadros, cuando revistaban como opositores, y de sus familiares, que no tenían vínculo con la vida político-institucional y que no ocupaban lugares dentro del entramado colectivo representativo: Florencia Kirchner, las hijas de la ex procuradora general Alejandra Gils Carbó, la familia de Alejandro Vanoli, ex presidente del Banco Central.

Cuando Macrì en su carta hace referencia a la integridad de su familia y a sus hijos, que serían víctimas de persecución política, formula tres operaciones simétricas. La primera constituye una externalidad respecto de la carta y consiste en una intimidación. Un elemento característico de las asociaciones de tipo mafioso es el método mafioso, cuyo resorte es la intimidación. Más preciso: la fuerza de la intimidación del vínculo asociativo. Pepín Rodríguez Simón o Marcelo D’Alessio no intimidaban en nombre propio sino en representación de un poder superior: ese es el vínculo asociativo. Y de la intimidación derivan el sojuzgamiento y la omertà (ley de silencio, sordera y ceguera) de sus víctimas. La intimidación de la carta de Macrì está dirigida a la jueza Cirulli. Las otras dos operaciones son interiores a la propia carta. Macrì miente, puesto que sus hijos no figuran en el expediente judicial y además despliega la lógica de la negación, que desarrollamos aquí con motivo de Rodríguez Simón, el operador judicial de Horacio Rodríguez Larreta y de Macrì. Los integrantes de una cultura mafiosa suelen negar la existencia de las estructuras de poder que habitan para refractar sobre otrxs la existencia secreta de la criminalidad organizada. La lógica de la inversión tiene por objetivo golpear a un adversario o al menos esquivar una acusación. Es el caso que tratamos aquí: se dice “perseguido” por la Justicia cuando una parte sustantiva de este poder durante la experimentación mafiosa sobre las existencias fue convertida en una herramienta al servicio de la venganza y de pasiones oscuras. La lógica de la negación conlleva la imagen del espejo invertido: no somos nosotros, son los otros, lo que hicimos, nos lo hacen lxs otrxs y, en este orden de cosas, el verano europeo se metamorfosea en una cruel cárcel jujeña, Ezeiza, Melchor Romero o Marcos Paz, un perseguidor en perseguido, una intimidación en presunto acto de justicia y las formas de la ilegalidad se anudan con las formas de la legalidad.

Las mafias generan conflictos de carácter violento y delictivo que lesionan los derechos y libertades de las personas. Y el poder mafioso responde siempre a una doble declinación: una parte es visible y tiene visos de legalidad; la otra es opaca, ilegal y se activa para resolver cuestiones significativas que no pueden mostrarse ni ser procesadas por los mecanismos alisados de la legalidad. Cuando la opacidad se activa en la vida social y política, en sus instituciones y se despliega un continuum entre lo legal y lo ilegal, se suspenden los fundamentos de la democracia, del estado de derecho y se descalabran los propios preceptos de la legalidad: visibilidad, controlabilidad, publicidad, reconocimiento. La vida popular argentina precisa amasar conocimientos para elaborar una conciencia colectiva acerca de la razón mafiosa, esa que implica la dialéctica del opresor y el oprimido. Las mafias tienden a oprimir zonas del poder económico, del poder político, del poder judicial, del poder comunicacional, hasta colonizarlos. Conciencia popular y acción institucional: científica, jurídica, política.

 

 

 

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