Lo que hay que cambiar

 

Mi amiga Lucía va a tener un bebé. Estamos debatiendo apasionadamente las cosas vinculadas a esa criatura. Por ejemplo, su nombre. Yo no entiendo por qué debatimos, si está claro que debería llamarse Gracianito. Pero bueno, que debatan el segundo nombre todo lo que quieran. Siempre que combine con Graciano, va a estar bien.

Mientras jugamos en esa vena y yo tejo para el alien precioso que se ve en las ecografías, salió a la luz el dictamen de la fiscala Gabriela Baigún sobre la causa “Qunitas”. Allí reclama el sobreseimiento de todos los imputados, por inexistencia de delito.

Hagamos un poco de memoria. La causa Qunitas se inició a raíz de una denuncia de la diputada nacional Graciela Ocaña, en la que cuestionaba el programa nacional Qunitas, que consistía en un kit para recién nacidos que el gobierno nacional entregaba a las mamás de sectores vulnerables durante el año 2015.

La idea había surgido de un joven diseñador llamado Santiago Ares. El disparador se dio cuando Santiago se enteró de que el mayor índice de mortalidad infantil en zonas marginales de nuestro país se debía a la práctica de colecho, relató su padre. Y luego de una ardua investigación, Santiago y su equipo de trabajo diseñaron un moisés para que el bebé recién nacido pudiese dormir cerca de su madre, pero sin correr riesgos. Santiago se comunicó con la entonces Presidenta Cristina Fernández y le contó la idea. Y desde el gobierno nacional se enamoraron del proyecto y comenzaron a producir y distribuir un kit que no solo incluía el moisés para recién nacidos, sino un ajuar para el bebé (muda de ropa, pañales, etc.) y cosas que podían ser de utilidad para su mamá.

Yo recuerdo la alegría de las mamas con su kit, que además de útil, preservaba la vida del bebe. Santiago Ares llegó a ver materializado el programa Qunitas, antes de morir a los 25 años. Pero fueron pocos l0s bebés nacidos en la Argentina que tuvieron acceso a su cunita y su ajuar.

Entonces, como la bruja malvada de los cuentos, apareció la denuncia de Graciela Ocaña, por presuntas ineficiencias del kit y sobreprecios e irregularidades en su adjudicación. Para que la denuncia prosperase, Ocaña contó con la inestimable colaboración de otro hechicero, el juez federal Claudio Bonadio. Que tenía cara de abuelito bueno pero resultó ser bastante malvado. Tanto, que en el año 2016 decidió suspender la entrega del kit Qunitas e incluso intentó quemar los ejemplares confiscados a raíz de la denuncia de Ocaña.

Ejemplo paradigmático de armado judicial de causas, Bonadio anuló incluso una pericia que había ordenado para poder procesar a los acusados por Ocaña, entre ellos Aníbal Fernández y Daniel Gollan.

Hace poco Aníbal Fernández contó durante una entrevista que, cuando se dictó el procesamiento, Claudio Bonadio –a quien, señalo, Aníbal consideraba un amigo— le dijo que él no debía estar en esa causa y que esperaba que la Cámara lo sacara de ella. El episodio señala que, además de un pésimo juez, Bonadío también dejaba que desear como amigo. No sólo procesó a Aníbal, sino que cuando la Cámara confirmó los procesamientos, elevó la causa a juicio.

Me impresiona mucho algo que publicaron varios periodistas del dictamen de la fiscala. La denuncia de Ocaña se presenta como un cachivache mal hecho, que sólo prosperó por la voluntad de perseguir funcionarios kirchneristas que tuvo el Poder Judicial. Pero esto me resulto sustancial: “En último término, corresponde poner de resalto una cuestión que estuvo invisibilizada durante el trámite del presente expediente. Es que este proceso se inició para investigar una licitación pública en la que el Estado Nacional habría sido presuntamente perjudicado, es decir, con el objetivo de verificar la existencia de lo que, en ese momento, se presentaba como un daño patrimonial meramente potencial. Sin embargo, nunca se practicaron medidas conducentes y concretas para despejar ese interrogante. Por el contrario, en la búsqueda de ese perjuicio potencial se irrogaron perjuicios reales a las arcas públicas, tales como que se haya omitido distribuir los kits según la finalidad pública que era perseguida (cfr. fs. 33, 75/76, 108/118, 136, 139, 143, 167/170 y 171/175 del Incidente nro. 13), que se hayan vencido elementos perecederos que lo integraban, conforme lo destaqué oportunamente (cfr. fs. 179/183 y 206/208 del Incidente nro. 14), y que se hayan afrontado los gastos derivados del depósito de todos esos kits durante un plazo innecesariamente prolongado (cfr. fs. 123 y 136 del Incidente nro. 13, fs. 479/480 del Incidente nro. 14 e Informe de la Jefatura del Gabinete de Ministros ante la Cámara de Diputados de la Nación nro. 101). En definitiva, descartada –como lo fue en este dictamen– la existencia de ese daño potencial que durante la instrucción intentó procurarse, lo único que queda es el perjuicio real efectivamente causado a las arcas del Estado por esos motivos, y no por los imputados de autos”.

Una causa sin pruebas, sin pericias y sobre todo sin justicia, resultó en dos perjudicados claros, amen de los involucrados artificiosamente en la causa. Por un lado el Estado nacional, que debió y debe afrontar los gastos resultantes de una denuncia absurda hecha por Graciela Ocaña. Por el otro, los miles de chicos que nacieron dentro familias que realmente necesitaron esos kits y que no pudieron tener acceso a ellos.

Mi amigo Sebastián Fernández –a.k.a. Rinconet—, con excelente criterio señala que el plan Qunitas no solo debe ser restituido a la población, sino que es absolutamente compatible con la ley 27611, que todos conocemos como “ley de los 1.000 días” y establece en su articulo 1° que se debe fortalecer “ el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y las niñas en la primera infancia, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, y de sus hijos e hijas, con el fin de reducir la mortalidad, la mal nutrición y la desnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral, y prevenir la violencia”.

Casos como el de Qunitas me hacen preguntarme si no es tiempo además de que quienes realizan denuncias vacías y quienes dentro del Poder Judicial las impulsan, sean considerados responsables de esas conductas, cuanto menos en los perjuicios patrimoniales que provocan. Porque para que la causa Qunitas llegara a la instancia de elevación a juicio, intervinieron en ella no solo Bonadío y el fiscal, sino tres jueces de Cámara, el fiscal de cámara, otros tres jueces y el fiscal de casación. Esto es: al menos ocho personas que conocen derecho y que saben leer. Ninguna de ellas reparó en la barbaridad que estaba sucediendo. Nadie controló la arbitrariedad en la que incurría Bonadío, nadie se fijó en qué prueba había y sobre todo en qué prueba no había, y nadie pero nadie reparó o se detuvo siquiera un segundo a pensar en los miles de chicos de familias vulnerables que carecían de esas herramientas.

Puedo entender el odio de una persona. Pienso en una oscura asistente social llamada Marta Ezcurra, fundadora de la juventud de la Acción Católica en 1931 y que luego de la Revolución Fusiladora tuvo a su cargo intervenir, desmantelar y disolver toda la obra de la Fundación Eva Perón. Entre las cosas que hizo la ignota Marta, ordenó el secuestro y destrucción de todos los pulmotores que tenían placas metálicas con las palabras “Fundación Eva Perón”.

Que el odio destruye lo sabemos todos. Pero que el Poder Judicial, que debería velar para que no triunfe la sinrazón, se convierta en herramienta del odio, es un problema de verdad. Para todos los argentinos.

Y el Poder Judicial como herramienta del odio durante el gobierno anterior tuvo una suerte de cristalización en lo que llamamos “la mesa judicial macrista”. Esas reuniones periódicas de funcionarios y operadores judiciales variopintos donde se decidía el resultado de las causas judiciales y los destinos de jueces, fiscales e imputados. Desde esa mesa judicial armaban causas, presionaban a los jueces, operaban con los servicios de inteligencia, con algunos periodistas, con algunos jueces, con la Unidad de Información Financiera y con la Administración Federal de Ingresos Públicos, como señaló hace poco el presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, el senador  Martín Doñate.

Días atrás Gustavo Sylvestre mostró en televisión el registro de entradas y salidas de la Casa Rosada y de la quinta de Olivos, vinculadas a la causa Correo Argentino; ese concurso eterno de la familia Macri mediante el cual Mauricio Macri intentó autocondonarse una deuda millonaria. Lo que se mostró en C5N fue cómo jueces y otros funcionarios se reunían en despachos oficiales a solucionar el problema de Macri con Correo Argentino.

Algunos de los nombres que aparecen en esas visitas son muy reveladores. Imagino a Raúl Plée, por ejemplo, sospechando la verdadera razón por la que no fue propuesto como procurador por parte de Macri. Simplemente había nombres más útiles.

También en estos días hubo una noticia que impactó sobre este concurso, aunque no se refirió a Correo Argentino específicamente.

En mi nota del domingo pasado relaté el fallo desquiciado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el cual ese tribunal pretendía intervenir en el concurso de Correo Argentino, a los fines de apartar a la jueza de ese concurso, dándole ordenes a la Cámara Nacional Civil y Comercial. Señalé que la intentona del Tribunal Superior no era novedosa y que ya había sido realizada en otras oportunidades. Y conté la causa de Gabriel Levinas y los herederos de León Ferrari, donde el TSJ había intentado hacer lo mismo y había sido rechazado en el intento por la Cámara Nacional, básicamente porque el TSJ de la Ciudad es incompetente (en toditas las acepciones del término) para darle ordenes a una Cámara Nacional.

Estos días el autopercibido procurador permanente Eduardo Casal dictaminó en la causa Levinas y señaló que el TSJ podía irse a freír espárragos con su idea de ordenarle cosas a la Cámara Nacional. Supongo que no tenía muchas chances de opinar algo distinto. No por apego a las normas, sino porque de haberle dado la razón a los abogados de Levinas hubiese puesto en pie de guerra a todos los jueces nacionales de la ciudad. Que le hubiesen dicho a Casal muchas cosas no precisamente bonitas.

Cuando leí el dictamen de Casal sobre el caso Levinas me acordé de un viejo amigo que era juez y alguna vez trató de explicarme lo básico del funcionamiento del Poder Judicial. “Grace —me decía—, si a un juez le pega la política, puede resistir e incluso reciclarse… pero si a un juez le pegan otros jueces, esta frito”. Supongo que la premisa aplica igualmente a jueces y a fiscales.

Este episodio me lleva a reiterar una reflexión. Para que no pasen ciertas cosas, basta con que los funcionarios judiciales ejerzan el necesario control: aun por motivos egoístas, pero que controlen. Cuando los funcionarios judiciales cumplen con su obligación controlar, ciertas cosas simplemente no pasan.

Es hora de diseñar un sistema de justicia donde las diversas instancias ejerzan sus facultades de control, las ejerzan de verdad. Porque con controles, muchas de las cosas que pasaron estos años no volverán a pasar. Casos como Qunitas pasaron porque un montón de funcionarios judiciales no hicieron lo que estaban mandados por ley a hacer.

Pienso en los casi nulos controles que existieron en la Justicia Federal Penal durante el reinado nefasto de la “mesa judicial”, cuya función básicamente era desincentivar los controles, para que nadie mirase si se cumplían las garantías o se respetaban los principios rectores de los procesos. Salió la ley por la ventana y por la puerta principal entró, ensoberbecida, la arbitrariedad. Y pocos se acordaron de controlar.

Sería más fácil decir que todo fue culpa de Bonadio, pero no sería sincero. Yo creo que fue un mal juez, pero los malos jueces no se dan o no prosperan sin un sistema judicial que no funciona en su misión de controlar. Nada se arregla de verdad con chivos expiatorios. No se trata de jueces o fiscales, se trata del sistema de justicia. Y los controles de ese sistema. Eso es lo que hay cambiar.

 

 

 

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