La desigualdad sanitaria

 

La pandemia de Covid-19 o coronavirus ha provocado una profunda crisis mundial del orden económico y social. Se ha demostrado la incapacidad del neoliberalismo para resolver los problemas fundamentales de la humanidad, ya que ni siquiera ha producido y distribuido los recursos necesarios para garantizar la vida de los seres humanos.

Desde los ‘90 nos han repetido que la economía de mercado estaba en condiciones de solucionar todos los males. Sus efectos ya estaban a la vista antes de la pandemia: crecimiento de la desigualdad entre los países, rentabilidad del capital sin límites normativos ni sociales, reducción de los derechos de los trabajadores y sectores populares, un sistema monetario internacional al margen de cualquier regulación estatal y la retracción de los Estados a su mínima expresión.

A la fecha, el Covid-19 registra más de 170 millones de casos a nivel mundial y ha causado aproximadamente 3.700.000 fallecidos. Hay 130 países, los más pobres del planeta, que no han recibido una sola vacuna. Es indudable que el neoliberalismo no ha aportado los medios necesarios para impedir el incremento de las víctimas: desde la negativa de algunos gobiernos a reconocer la existencia de la pandemia (los casos de Donald Trump en Estados Unidos y de Jair Bolsonaro en Brasil – ambos con la mayor cantidad de víctimas mortales en la actualidad), hasta la falta de solidaridad con los países que no tienen acceso a las vacunas y carecen de recursos para combatir al virus y proteger la vida de su población.

En este contexto, el problema de la soberanía nacional ha dejado de ser un problema particular e interno de los Estados para convertirse en un problema general e internacional.

En los pactos y declaraciones internacionales se habla de la igualdad de las naciones. Se reduce el concepto a un problema jurídico, encubriendo que un grupo de países vive a expensas del despojo de los recursos de la mayoría de las naciones. Para ello utiliza como mecanismos de dominación los organismos internacionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, además de los bloqueos económicos, las guerras y la destrucción de los países que no se ajustan a las condiciones impuestas por el imperialismo. La defensa de la soberanía nacional no puede desligarse del problema general del dominio del capital financiero sobre la mayoría de los pueblos del mundo.

La conducta de los países dominantes durante la mayor catástrofe sanitaria de la historia confirma que la igualdad y la solidaridad entre las naciones están excluidas de sus objetivos fundamentales. La Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido están entre los países que más dosis de vacunas han adquirido, incluso en cantidades muy superiores a sus necesidades.

En febrero de 2021, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, hizo un llamado urgente a acordar un plan de vacunación mundial que revierta el acaparamiento de las vacunas y la distribución desigual e injusta de las mismas. Ha señalado que mientras 130 países aún no reciben una sola dosis, diez naciones han aplicado el 75 por ciento de las inoculaciones.

 

 

Todos los lugares donde se han concentrado la mayoría de los fármacos son países desarrollados. De acuerdo con los datos de vacunación internacional de la Universidad de Oxford, que elaboró una de las vacunas en asociación con la farmacéutica AstraZeneca, en el curso de este año los países con más dosis acumuladas, por cada cien personas, son: Israel, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido, seguidos de la Unión Europea, que alberga a 27 naciones [i].

 

 

La producción de vacunas propias

Nuestro país ha desarrollado la campaña de vacunación más importante de América Latina. No concentró la adquisición a través de contratos con laboratorios privados, sino mediante acuerdos con la Federación Rusa y la República Popular China. Ello hizo posible que el 25 por ciento de la población se encuentre vacunada, al menos con una primera dosis.

El proyecto de producción de la vacuna de AstraZeneca en nuestro país, a partir del laboratorio mAbxience del empresario argentino Hugo Sigman –en conjunto con el mexicano Liomont– tiene como objetivo producir de 150 a 250 millones de dosis para la Argentina, México y toda América Latina. Se retrasaron los envíos durante todo 2021 en razón de que Estados Unidos bloqueó la exportación de los filtros necesarios para fraccionar y envasar el producto. Recién el 31 de mayo llegó a nuestro país la primera partida de más de 2.100.000 dosis de dicha vacuna.

Como resultado de un acuerdo entre la Argentina y la Federación Rusa, en junio se iniciará el proceso de producción de la vacuna Sputnik V en la planta de Laboratorios Richmond. Tiene como objetivo inmediato fabricar dos millones de dosis mensuales, con la posibilidad de escalar a cinco millones. Existe el proyecto de instalar una nueva planta durante 2022 con el fin de producir 500 millones de dosis al año, destinadas a cubrir las necesidades de nuestro país y a exportar a los países de América Latina, Europa y el Sudeste Asiático.

 

 

La fabricación de vacunas para combatir la pandemia de Covid-19 a través de la industria farmacéutica propia constituye una necesidad ante el bloqueo impuesto por los países dominantes. Resulta un desafío a los monopolios farmacéuticos que se oponen a liberar las licencias de las vacunas y que realizan campañas en contra de la producción propia de los países dependientes y de su derecho a realizar todos los acuerdos entre naciones que consideren convenientes.

 

 

El “caso Pfizer”

Una muestra de ello es la escandalosa campaña a favor del laboratorio estadounidense Pfizer desarrollada por los voceros de los medios hegemónicos y replicada al unísono por legisladores de Juntos por el Cambio, convertidos en “visitadores médicos”, al decir del jefe de gabinete Santiago Cafiero. Estas conductas no son más que una expresión indisimulable de la estrecha alianza entre los sectores de la derecha antinacional y los intereses contra la soberanía sanitaria de nuestro país vinculados a dicho laboratorio.

No es casual que estos sectores se manifiesten incondicionalmente a favor de Pfizer, cuyo accionista principal es el fondo buitre BlackRock. Este megabanco gestiona bienes por un valor de 6 billones de dólares, monto varias veces superior a nuestro Producto Bruto Interno (PBI) y al de la inmensa mayoría de los países del mundo. Sus inversiones abarcan casi todos los sectores de la economía mundial (banca, energía, químicos, farmacéuticos, entre otros).

BlackRock domina gran parte del sector financiero en Europa Occidental (es el principal accionista de los Bancos de Bilbao y Vizcaya, Santander y Sabadell en España), oponiéndose a cualquier forma de regulación de ese sector. Asimismo, es un firme partidario de la privatización del sistema de seguridad social en el viejo continente, promoviendo un sistema mixto como en Estados Unidos, como vía de transición hacia la privatización total.

Ha sido el fondo buitre que con mayor empeño intentó hacer fracasar la renegociación de la deuda privada de nuestro país, que finalmente fue concluida con éxito por el gobierno de Alberto Fernández y su ministro Martín Guzmán.

La adhesión incondicional de la derecha local a los intereses de los holdouts no es novedosa. Así como el gobierno de Mauricio Macri –a través de su ministro de Hacienda, Alfonso de Prat Gay– pagó a los fondos buitres un monto superior al determinado en su sentencia por el recordado juez municipal de New York Thomas Griesa, la clase dominante y la retrógrada derecha local vuelven a alinearse con los monopolios farmacéuticos internacionales y para ello no vacilan en utilizar cualquier medio: las fake news, las falsas imputaciones y el descrédito de funcionarios.

En la inusual convocatoria del Congreso a los laboratorios privados a fin de que brinden explicaciones sobre las negociaciones y contratos celebrados con el Estado, realizada el 8 de junio, el gerente de Pfizer, Nicolás Vaquer, negó que el gobierno nacional hubiera realizado pedido de pagos indebidos y la existencia de intermediarios en las negociaciones con dicho laboratorio. Tales afirmaciones dan por tierra con las declaraciones mediáticas de Patricia Bullrich acerca de la supuesta existencia de “retornos” e “intermediarios”.

 

 

Pero la desautorización de estos dichos por parte del representante de Pfizer no desalentó a los diputados de Juntos por el Cambio, que plantearon que era necesaria una modificación de la Ley de Vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19 (N° 27.573). El único fundamento fueron las afirmaciones del funcionario de Pfizer respecto a las exigencias de su representada: que “hoy el marco legal no es compatible con algunos de los aspectos contractuales propuestos por Pfizer” (…) “tiene que ver con la indemnidad y otras protecciones que son parte del marco contractual”.

Uno de los más exaltados defensores de Pfizer, el diputado Mario Negri, llegó a decir que el gobierno era “responsable por acción u omisión” por no haberse llegado a un acuerdo y que el laboratorio debería haber sido llamado para confeccionar la ley, como si se tratara de un legislador más.

Tanto el legislador cordobés como los demás integrantes del bloque de Juntos por el Cambio han olvidado que hace pocos meses, el 6 de noviembre de 2020, votaron la Ley de Vacunas. Su artículo 4° determina: “Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Salud, a incluir en los contratos que celebre y en la documentación complementaria para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la Covid-19, conforme al procedimiento especial regulado por el decreto 260/20, su modificatorio y la decisión administrativa 1721/20, cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.

De la lectura de las excepciones a la “indemnidad patrimonial” surge cuál es la modificación pretendida por Pfizer. El artículo 4° establece como excepción a dicha indemnidad la negligencia del laboratorio, lo que implica la posibilidad de que sea demandado por daños y perjuicios en los casos en que se produjeren muertes o daños físicos o psíquicos como consecuencia de una acción u omisión negligente en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. El monopolio farmacéutico y los legisladores a su servicio pretenden que se elimine dicha excepción, lo que equivale a una indemnidad patrimonial absoluta. En otras palabras, la irresponsabilidad del laboratorio por los daños causados a la población como consecuencia de su conducta negligente. La aceptación de esta exigencia significaría apartarse de las normas jurídicas que regulan los contratos y conferir injustificados privilegios a una entidad privada, violando el bloque de constitucionalidad federal.

La continuidad de las negociaciones parecen depender de una modificación de una ley dictada por el Congreso de la Nación, es decir, la sanción de una “ley especial para Pfizer”, lo que supondría la sumisión del Estado a las exigencias de un laboratorio privado extranjero.

Pero la oposición de derecha no sólo es reactiva a la ética, sino a cualquier idea de Derecho. Como afirma claramente el jurista italiano Ugo Mattei: “Desde hace años, los observadores más críticos denuncian que la presente degeneración neoliberal se basa en la edificación de un “anti-derecho”, que –utilizando el lenguaje economicista de la eficiencia tecnocrática– en realidad desarma las bases de la justicia democrática, instituyendo una verdadera ley del más fuerte” [ii].

 

 

La soberanía sanitaria: un objetivo posible

La crisis económica, social y sanitaria provocada por la pandemia tendrá un reflejo en la superestructura política y jurídica estatal.

Los grupos económicos dominantes, Estados Unidos y la Unión Europea tratarán de que –desaparecida o controlada la pandemia– no existan cambios sustanciales en la sociedad y en el Estado, concentrado en sus funciones de garantizar la hegemonía de la clase dominante y de reprimir a quienes puedan poner en peligro la continuidad del sistema capitalista.

Por el contrario, los trabajadores, los sectores populares y sus organizaciones políticas y sociales lucharán por la destrucción de las bases políticas e ideológicas del régimen neoliberal y la realización de los cambios necesarios para construir un nuevo Estado y una nueva sociedad.

Es cierto que la post-pandemia parece lejana e imprevisible, pero existen dos actividades fundamentales en las que la “mano libre del mercado” ha demostrado un fracaso absoluto: la salud pública y la industria farmacéutica. El riesgo de que un Estado planificador decida finalmente liberar al país del control de los grandes laboratorios aterroriza a la derecha neoliberal y a los medios hegemónicos que pugnan por defender estos intereses y desgastar al gobierno de Alberto Fernández.

Para el capital financiero internacional y sus aliados locales existe un modelo de país que no puede ser modificado: nada que altere el concepto de Estado-gendarme debe existir. No se admite un Estado social, intervencionista, ni siquiera regulador. Ni la actividad científica y espacial, ni el desarrollo ferroviario y la fabricación de vagones, ni los astilleros y las centrales hidroeléctricas son aceptadas como funciones propias del Estado.

Estos sectores manifestaron en las formas más diversas –incluida la denuncia de “envenenamiento” contra el Presidente de la Nación– su oposición a los acuerdos soberanos que hicieron posible la provisión de la vacuna Sputnik V. No es sorprendente, entonces, que nieguen, oculten o resten importancia al comienzo de la producción de vacunas contra el Covid-19 en nuestro país (cualquiera fuera su origen), así como al diseño y preparación de vacunas propias que actualmente desarrollan –entre otros– nuestros científicos del Conicet y de la Universidad Nacional de San Martín.

 

 

[i] “La ONU denuncia que diez países han acaparado el 75% de las vacunas contra el Covid-19”, France 24, 18/02/2021.

[ii] Ugo Mattei, Contro riforme, Giulio Einaudi editore, Torino, 2013, pág. 86.

 

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