Rosca en el Poder Judicial

 

La política estatal y partidaria para la cobertura de cargos en el Poder Judicial despliega lógicas que, en general, se advierten en los hechos consumados al mediano y largo plazo. En Neuquén, Río Negro y Chubut los máximos tribunales provinciales tienen vacantes por cubrir, cuya cobertura es objeto de intensas negociaciones en estricta reserva. De tanto en tanto la crisis social desde abajo pone el foco en el Poder Judicial, que responde institucionalmente con los concursos de cargos de jueces y las escasas posibilidades de la sociedad civil de intervenir de algún modo en esas designaciones. Tallan aquí actores de las clases dominantes locales prácticamente desconocidos para las grandes mayorías: los colegios de abogados y magistrados y los estudios jurídicos más fuertes.

En Neuquén, el año pasado renunciaron para acceder a su jubilación Oscar Massei, juez del Superior Tribunal de Justicia, y Ricardo Cancela a la Defensoría General de la Provincia. El gobernador Omar Gutiérrez (Movimiento Popular Neuquino) tiene demorado el envío de propuestas y pliegos a la Legislatura, donde esta semana una legisladora pateó el tablero al rechazar la designación de una jueza cuestionada por el movimiento anti-patriarcal.

En Río Negro también se juegan dos vacantes con las renuncias de Adriana Zaratiegui (de Viedma) y Enrique Mansilla (de Bariloche). Allí el proceso está más avanzado y por definirse en pocas semanas; el 30 de junio cierra el plazo para respaldos e impugnaciones. Intervienen tanto los intereses de la actual gobernadora Arabela Carreras como el de su antecesor, el senador nacional Alberto Weretilneck. Actúan fuerte los intereses corporativos de los colegios de abogados, especialmente los que no pueden colocar su ficha ahora pero dejan planteado el juego para la próxima vacante.

En Chubut, el máximo tribunal funciona con cuatro vacantes. La crisis institucional de la provincia desaconseja cubrirlas en esta coyuntura y con la actual Legislatura.

 

 

Emirato pampa

Fruto de acuerdos gestados por el ex gobernador Jorge Sapag en su primer período, accedieron a la cúpula del Poder Judicial neuquino Massei en 2008 y Cancela en 2012, ambos de extracción peronista. Formado en estudios jurídicos en Buenos Aires y en el despacho del senador Elías Sapag, su hijo inició la construcción de poder en la Justicia local en acuerdo con el Frente para la Victoria. Impuso la práctica del MPN de tener dos vacantes para negociar con el peronismo un lugar en el tribunal. La propuesta en la Legislatura debe conseguir los dos tercios de los votos, para lo que necesariamente la administración Gutiérrez debe acordar con el Frente de Todos. Así es que hay por lo menos dos espacios de negociación, el del MPN y el del FdT.

En el partido de gobierno local, Gutiérrez no puede evitar negociar con el ex gobernador Sapag, quien postuló a tres de los cuatro vocales actuales, y al fiscal general José Gerez. La tensión interna excede el destino del Poder Judicial, ya que incluye el futuro político de Gutiérrez y su candidato a sucederlo en la gobernación. En tanto, en el FdT se terminó la hegemonía del senador Oscar Parrilli como único interlocutor del peronismo en la provincia. De todos modos, el gobierno nacional habría sido claro con Gutiérrez respecto a los roles: Darío Martínez es el interlocutor legitimado en los temas de energía, Parrilli en los del Poder Judicial, como presidente de la comisión de Justicia en el Senado, según indicó una fuente legislativa. De todos modos, Martínez impulsaría un candidato propio que entorpecería las propuestas de Parrilli, por lo que son importante los consensos que se tejan en el bloque legislativo. La cocina chica de las candidaturas quedó trastocada con el fallecimiento de Horacio Pechi Quiroga (intendente de Neuquén, principal figura de Cambiemos en la provincia), sumada a los vaivenes de los proyectos liderados por Ramón Rioseco, el referente surgido de Cutral Có.

Aunque los plazos institucionales están más que vencidos, los nombres ya estarían definidos con la intención de que se apruebe la nueva composición del TSJ antes de las próximas elecciones, interpretó otra fuente vinculada al Poder Judicial.

 

 

Femicidios y vacantes I

El Poder Legislativo es un excelente aliado de la corporación judicial, cómodo en su tablero de doble entrada con representación en el Consejo de la Magistratura y voto decisivo en la aprobación (o rechazo) de los pliegos en los concursos para vacantes. La semana pasada se trató y aprobó por mayoría la designación de Adriana Luna como jueza de Familia de un juzgado de la capital provincial. Luna era la coordinadora de las Oficinas de Violencia (OV) del Poder Judicial para todo el interior, organismo al que acudió Guadalupe Julieta Curual, la joven víctima de femicidio fallecida hace sólo tres meses en pleno centro de Villa La Angostura. Abogadas y grupos de mujeres denunciaron e impugnaron ante el Consejo de la Magistratura su candidatura, pero evidentemente la crisis política del régimen patriarcal no llega a ese recinto, que insistió con el pliego. Solamente cuatro legisladores neuquinos votaron en contra en la última sesión, intentando Soledad Martínez (FdT, Zapala) ser portavoz de la severa crisis que hizo visible el movimiento “Ni Una Menos”.

 

 

“Tenemos una responsabilidad institucional en el funcionamiento general del servicio de justicia. No somos una mera instancia burocrática para la designación de jueces. Hay una fuerte demanda social, especialmente de los distintos colectivos que ven vulnerados sus derechos y sufren el derrotero burocrático de los organismos públicos en busca de protección oportuna”, reflexionó. Reconoció que ella misma no había tomado la práctica política de seguir y discutir los pliegos de candidatos, pero evaluó indispensable abrir el juego a las organizaciones y espacios que “en definitiva, acompañan a las víctimas. Hay que evaluar resultados”. Al fundamentar el rechazo a la designación de Luna pretendió patear el tablero pero sus pares no parecieron acusar recibo, a juzgar por el voto mayoritario. Esa disciplina corporativa habrá que tenerla presente al momento que voten y traten las candidaturas para el TSJ.

Martínez insistió en que hay que revisar la integración y funcionamiento del Consejo de la Magistratura desde la reforma a la Constitución Provincial y el rol de la propia Legislatura. “Todavía no hay una definición de los perfiles de los cargos a cubrir, hay una evaluación tecnócrata de los pliegos”, puntualizó. Los jurados de enjuiciamiento revelan también la incapacidad corporativa de juzgarse a sí mismos, como lo revelan los pocos casos en que fiscales y jueces son sancionados por escándalos público de hechos ajenos a su función propia, como el robo en un supermercado o machismo verbal en respuesta a una periodista.

Los femicidios obligaron a dar algún tipo de respuesta, aunque nada aporta la creación de una comisión interpoderes en la que los legisladores no convocaron a organizaciones ni especialistas en perspectiva de géneros, señaló la diputada.

 

 

 

Femicidios y vacantes II

El impacto institucional del femicidio de Guadalupe alcanzó a la estructura burocrática del Poder Judicial así como a buena parte de sus trabajador@s. El Consejo de la Magistratura salvó el ropaje del juez que intervino en las denuncias por violencia de género realizadas por Guadalupe en todo el año previo al crimen; aceptó su renuncia al cargo, evitó el eventual jury de enjuiciamiento y cargos penales por parte de la familia de la víctima. A la vez, creó un juzgado nuevo y llamó a concurso para cubrir dos cargos, el nuevo juzgado de Familia y el lugar del renunciante Jorge Videla.

Considerando el caso de la nueva jueza Luna, puede ser provechoso seguir de cerca estos dos concursos para VLA, que dan cuenta de la respuesta política e ideológica del poder dominante para esta etapa del conflicto. Para el juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia se presentaron 17 aspirantes, sobre quienes se resolverá en agosto.

Hace menos de un año se formó la agrupación Memoria, Pensamiento y Articulación (MPA), espacio dentro de lxs trabajadorxs judicialxs provinciales cuyo aporte al movimiento social de base es importante en la crisis desatada con el femicidio de Guadalupe.

 

 

En un último documento cuestionaron a la Asociación de Funcionarios y Magistrados que llamó públicamente “la muerte” desconociendo la figura de femicidio en el caso de Guadalupe, así como que “se plantea la necesidad de cambiar leyes sin reparar en la aplicación de las ya vigentes y los mecanismos burocráticos por los que transitan las víctimas en el sistema judicial”. Al igual que la legisladora Martínez, MPA cuestionó que “el MPN, al frente de los tres poderes del Estado, pretende a través de la aprobación de una ley que crea una comisión interpoderes auto-revisar sus propias falencias en la protección a las víctimas de violencia por razones de género”. Añadió que queda fuera de ese análisis “un sistemático desfinanciamiento del Poder Ejecutivo en todo lo referido al trabajo de violencia de género en el territorio, la precarización laboral y la escasez de equipos técnicos”.

El MPA respaldó a lxs trabajadores de la IV Circunscripción judicial donde se expresó parte de la crisis institucional y callejera de febrero y marzo, cuando las pintadas y algún vidrio roto fue lo anecdótico. Reclamaron la “designación de magistradxs íntegrxs y con real perspectiva de géneros”.

En la grilla a aspirantes a los dos cargos en juego para VLA, emergen otros intereses, de acuerdo a los antecedentes conocidos de algunxs de ellxs. Para el juzgado de Familia se postuló Vanina Sobisch, sobrina del ex gobernador Jorge Omar Sobisch, quien en los ‘90 formó parte del equipo jurídico de la Fiscalía de Estado que instrumentó un plan masivo de remates de tierras fiscales en beneficio de empresarios y profesionales exitosos. En el otro concurso es aspirante María Carolina Amarilla, titular de la secretaría única del Multifueros a cargo del renunciante Videla, también con intervención y responsabilidad en los expedientes de Guadalupe.

And all that jazz.

 

 

 

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