Brasil, país violento
La tasa de homicidios hace estragos entre la juventud negra y mestiza y cada vez es más fácil conseguir armas
Las imágenes del ejército y la policía operando a gran escala en las favelas son cada vez más frecuentes y viralizadas. El flash del asesinato a mansalva de la dirigente feminista Marielle Franco, en marzo del 2018, marca aún el cotidiano de los movimientos sociales brasileños.
Brasil es uno de los países más violentos del continente sudamericano. Latinoamérica, a la vez, es una de las regiones más violentas del mundo y acapara casi 1 de cada 2 víctimas —en realidad el 42 %— de los homicidios a escala planetaria, según datos de las Naciones Unidas de 2019.
La violencia en Brasil, además de fenómeno social, se expresa con ciertas particularidades. Por ejemplo, impacta principalmente sobre los jóvenes negros. Así lo destaca el informe Violencia armada, violencia policial y comercio de armas, elaborado por el Instituto brasilero Sou da Paz y las ONG Terre des hommes (Tierra de Hombres) de Alemania y de Suiza, difundido esta primera semana de junio.
Según los investigadores, en 2019 Brasil alcanzó una tasa de 21.6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si bien significa una baja con respecto a los datos del 2017, que fue un año pico, el impacto de la violencia sigue siendo muy alto. El estudio, por el momento solo publicado en alemán, analiza esas particularidades, presenta casos emblemáticos y articula conclusiones y recomendaciones dirigidas tanto al Estado brasileño como a la comunidad internacional, fuente de aprovisionamiento de una parte de las armas que circulan en el país. (https://www.tdh.de/was-wir-
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su informe de julio de 2019, señalaba que países como Argentina, Uruguay, Perú, y Chile estaban en la parte baja de la tabla de porcentajes en Sudamérica. Y subrayaba que Brasil, entre 1991 y 2017, acumuló la cifra récord de 1.200.000 homicidios (https://www.unodc.org/unodc/
Los más golpeados
Los jóvenes y las personas negras son las principales víctimas de esta violencia. En 2019, el 79% de los homicidios que se produjeron corresponde a la franja etaria de 15 a 29 años. Ese mismo año, el 74% de las víctimas fue gente de color, ya sea negros o mestizos. El 99% son hombres.
Se muestra, también, de forma evidente, la responsabilidad institucional en esta violencia. El Anuario Brasileño de Seguridad Pública devela que una de cada diez muertes violentas —exactamente el 13 % de los casos— ha sido, en 2019, resultado de la intervención policial. En algunos Estados particularmente conflictivos, como Río de Janeiro, llega hasta el 30%. Tendencia en aumento, sin pausa, desde 2013 hasta la actualidad.
Más del 70% de los homicidios se produjeron con armas de fuego. Lo que conduce a los responsables del estudio a subrayar la importancia de analizar “las dinámicas internas de circulación de armas” en el país. Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública se contabilizaron 106.000 armas incautadas por parte de los diferentes cuerpos policiales en 2019. En su mayoría: revólveres, pistolas y rifles. El 6% de las mismas proviene de diversos países europeos.
Dato fundamental del informe es la baja tasa de esclarecimiento de los homicidios en el país, que según el Instituto Sou da Paz puede representar solo el 11% de los casos en algunos Estados. Esta impunidad se ve alimentada por “discursos políticos populistas que relativizan o, incluso, incentivan al uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del Estado”, enfatiza el estudio difundido esta semana.
Impunidad, no investigación de los hechos, e incluso ocultamiento de pruebas, son algunas de las inquietudes que en estos últimos meses repiten diferentes representantes de la comunidad internacional.
El mes pasado, por ejemplo, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su particular preocupación por la operación policial antinarcóticos en la favela de Jacarezinho, en la zona norte de la ciudad de Río de Janeiro. La ONU denunció entonces posibles intentos de las fuerzas de seguridad cariocas para impedir que se lleve a cabo una investigación independiente sobre los hechos.
"Hemos recibido informes preocupantes según los cuales, tras lo ocurrido, la policía no tomó las medidas necesarias para preservar las pruebas en la escena del crimen, lo que podría dificultar la investigación de esta trágica y letal operación", señaló entonces Rupert Colville, portavoz de la institución. La ONU pidió en ese momento que se lleve a cabo una investigación independiente e imparcial sobre este hecho, teniendo en cuenta las normas internacionales.
Al menos 25 personas —entre ellas un agente de la policía— perdieron la vida en esa operación, la más cruenta en la historia de Río de Janeiro. Según informaciones oficiales, la redada policial tuvo por blanco una banda que reclutaba a niños y adolescentes para el tráfico de drogas, robos, secuestros y asesinatos. La favela es base del Comando Rojo, principal grupo de narcotraficantes de la ciudad.
La oficina de la ONU señaló que la operación confirma "una prolongada tendencia al uso innecesario y desproporcionado de la fuerza en las favelas, barrios pobres y marginados habitados predominante por población afrobrasileña”.
Estado liberaliza la circulación de armas
El gobierno federal, aprovechando una etapa de cierta inestabilidad en la regulación del mercado de armas, publicó entre 2019-2020 veinte decretos sobre el tema. Los mismos facilitaron el aumento en un 65% de las armas registradas, que llegaron a 1.100.000 de unidades. En ese periodo fue significativo el incremento de armas registradas por civiles, las que pasaron de 346.000 a 595.000. También aumentó en un 58% —de 351.000 a 556.000— el registro de los cazadores, coleccionistas o tiradores deportivos. Un tirador deportivo puede comprar hoy hasta 60 armas de fuego y 180.000 municiones por año en el país sudamericano.
Según el informe elaborado por el instituto brasileño y las ONG europeas, la situación es todavía más preocupante debido a que esa flexibilización en el registro se acompañó de “retrocesos en los mecanismos de fiscalización y control de circulación de armas y municiones y de los mecanismos para enfrentar el crimen organizado”.
No menos importante en el informe presentado esta primera semana de junio es el análisis del “discurso autoritario” que se ha venido intensificando desde la llegada de Jair Bolsonaro al gobierno. El actual Presidente afirmó en diversas ocasiones en su carrera política y en su campaña presidencial que había que matar a los criminales y relativizó prácticas como la tortura, señala el informe.
El “Paquete Anticrimen”, elaborado por el entonces ministro de Justicia y Seguridad, Sergio Moro, proponía ampliar la lista de circunstancias por las cuales los policías podían ser exentos de cualquier castigo por causa de una muerte. Sugería, incluso, reducir a la mitad las penas por uso excesivo de violencia policial en circunstancias de “sorpresa o violencia emocional”. La intensa movilización de la sociedad civil y de sectores parlamentarios contra esta propuesta determinó su rechazo legislativo. Sin embargo, en el Congreso Nacional están en curso de debate iniciativas semejantes.
Responsabilidad internacional
El Foro Brasileño de Seguridad Pública contabilizó en 2019 más de 106.000 armas en posesión ilegal recuperadas por las fuerzas de seguridad pública, lo que representa la cifra más baja de los últimos 3 años – en 2015 fueron 130.000. El informe de Sou da Paz y Terre des Hommes subraya “que la presencia de armas extranjeras es relevante, en especial entre las de mayor potencia ofensiva como fusiles y subametralladoras”.
De las unidades secuestradas cuyo origen pudo ser individualizado –algo más de un tercio del total— las armas provenientes de Europa constituyen entre un 6 y un 7%. Las originarias de Estados Unidos representan el 5.3%. De Argentina llega el 1.9%.
Austria, con un 5.1% de las armas secuestradas que pudieron ser rastreadas, constituye el país europeo más proveedor. De Turquía llega el 1.7% y de Italia el 1.3%. Aunque con porcentajes menores, hay unidades provenientes de Alemania, República Chica, España, Bélgica, Montenegro, Rusia, Francia y Suiza.
El informe concluye con recomendaciones claras y exigentes. A los representantes extranjeros —gobiernos, empresas y organizaciones en general— les recuerda que la circulación de armas tiene un impacto directo en la cantidad de homicidios y en la violencia social. Lo que aumenta la violación del derecho a la vida, sobre todo en sectores específicos de la población: personas negras, adolescentes y jóvenes.
Por tal motivo Sou da Paz y las ONG Terre des Hommes de Alemania y de Suiza, llaman a un mayor control de todo lo que se refiere al comercio internacional de armas que involucre a Brasil. Incorporando en toda transacción una profunda evaluación de riesgo y de los impactos negativos eventuales que podría conllevar esa actividad o negocio en el respeto de los derechos humanos.
Para matar a mansalva a Marielle Franco, dirigente feminista negra, referente LGBT y lideresa de la oposición, en marzo del 2018, en Río de Janeiro, el sicario usó una subametralladora alemana Heckler y Koch MP5. El homicidio requiere un medio. Los más usados son las armas de fuego. Las industrias armamentistas europea, norteamericana y latinoamericana las producen, las venden y facilitan su acceso, también, en países como Brasil. Todos somos responsables de todo, alegato conclusivo –tácito— de esta radiografía sobre la violencia brasileña.
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