El zapatófono neoliberal
Ramificaciones argentinas de Cambridge Analytica
Dos de las empresas ligadas con el fraude electoral de Cambridge Analytica (CA) han tenido presencia en Argentina y ambas han sido recibidas y/o contratadas por importantes referentes de la Alianza Cambiemos. La semana pasada, Christopher Wylie, ex integrante de Cambridge Analytica, denunció ante el parlamento británico que Palantir y Black Cube fueron socias de CA, adscriptas a la tarea de manipular voluntades electorales tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, en ocasión de los triunfos de Trump y del Brexit.
El canadiense de 28 años, que fuera director de investigación de CA, afirmó ante la Comisión de investigaciones electorales de la Cámara de los Comunes que Cambridge interactuaba con Palantir y Black Cube, y que él mismo participaba de las reuniones en las que se compartían Big-Data y conglomerados de información utilizable para orientar o tergiversar voluntades políticas y/o de mercado.
El 19 de marzo pasado el canal de TV británico Channel 4 difundió una cámara oculta en la que el CEO de CA, Alexander James Ashburner Nix, se jactaba de sus éxitos en diferentes campañas electorales alrededor del mundo, entre las que nombró explícitamente a la Argentina. Los servicios ofrecidos por CA –alegaba en dicho informe Nix— iban desde la manipulación de orientaciones políticas hasta la suplantación de perfiles en redes sociales. El menú de disponibilidades también ofertaba la utilización de fotos comprometedoras (con prostitutas ucranianas) para destruir la imagen de un candidato, o mantenerlo entumecido mediante la contínua amenaza pendiente de difusión de dichas imágenes comprometedoras, o comunicaciones telefónicas privadas.
El lunes 26 de marzo El Cohete a la Luna describió los lazos de CA en Argentina a través de los vínculos de Nix con dos polistas, su sede en la calle Arenales 951, quinto piso 'A' y sus lazos con Juan Pepa. También se consignaba la admisión, por parte de funcionarios de la Jefatura de Gabinete, de los vínculos con esa consultora. Las denuncias contra CA también motivaron la presentación de la diputada Graciela Camaño, jefa del bloque del Frente Renovador, quién comprometió su acusación ante la justicia penal --y en el fuero electoral— por la realización de negociaciones incompatibles con las leyes nacionales para orientar las elecciones legislativas de 2017.
Una de las reuniones organizadas por el ministerio de modernización con CA se llevó a cabo –según un funcionario de dicha área— en las oficinas de la Jefatura de Gabinete en junio de 2017. De ese encuentro participaron el director de Política Global de Cambridge Analytica, Mark Turnbull, Marcos Peña y Gustavo Arribas, titular de la AFI. La participación de Arribas –denunciado en Brasil como participe del entramado de coimas de Odebrecht— enmarca ese cónclave como una clara violación de la Ley 25.550, de Inteligencia Nacional, promulgada el 3 de diciembre de 2001.
Algunos de los párrafos de dicha regulación son taxativos en relación con la prohibición de “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”. La misma ley proscribe la posibilidad de “influir de cualquier modo en la situación institucional (…) en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo”.
Campaña sucia
La combinación de perfiles privados provenientes de redes sociales provistas por CA, articuladas con las bases de datos de organismos oficiales (que el gobierno nacional “incorporó” a través de un convenio firmado con la ANSES en 2016) y los potenciales “carpetazos” que Nix expone como oferta de sus servicios electorales, supone un cóctel que empañaría un poco más la discursividad republicana que la diputada Carrió ha blandido como orgullo de Cambiemos los últimos años.
Las confesiones realizadas por Christopher Wylie incluyen la explícita mención de dos “consultoras” que colaboraban con las tareas de CA. Por un lado, Palantir y por el otro Black Cube. La primera de ellas toma el nombre de las piedras místicas reseñadas por Tolkien en El señor de los anillos. Su sede está en Palo Alto, California y sus oficinas son conocidas como “La Comarca”. Wylie afirmó en su declaración que él mismo participó de reuniones –siendo aún jefe de investigación de CA— en la sede de Palantir en Londres, donde se operaban procesos electorales. El CEO y fundador de Palantir es Peter Thiel, quien, junto a Alex Karp, Joe Lonsdale, Stephen Cohen y Nathan Gettings fundaron la empresa en 2004. Uno de los aportes iniciales al fondo de la Start-Up, consistente en 2 millones de dólares, fue aportado –según un informe del 31 de mayo de 2014 del New York Times— por el fondo In-Q-Tel íntegramente perteneciente a la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Palantir se hizo presente en Argentina en una licitación vinculada –llamativamente— a la digitalización de los documentos vinculados a la causa judicial del atentado a la AMIA. El 13 de abril de abril de 2017 un importante directivo de Palantir hizo una presentación de sus servicios a la Unidad Fiscal de Investigaciones AMIA (UFI AMIA). Uno de los fiscales presentes en esa reunión transmitió tiempo después su consternación al comprobar que la Palantir era la misma organización a través de la cual el Reino Unido desarrolló un sistema de espionaje sobre Argentina –a partir de 2010— orientado a evitar la recuperación de las Islas Malvinas. Para dicho cometido se promovía –entre otros dispositivos de engaño y tergiversación— la identificación política del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con la República Islámica de Irán, con el objetivo de limitar la capacidad diplomática necesaria para imponer negociaciones con el Reino Unido.
El periodista Eddie Fite, del portal The Intercept, conocido por divulgar documentos de Snowden afirmó que “se empieza a hablar de Irán y la Argentina como si fueran la misma cosa” a partir de iniciarse “las negociaciones por el memorándum con Irán”. Mas adelante subraya que el trabajo del proyecto consistía en que “Argentina pase a ser tratada en materia de espionaje junto con Irán”. Años después Palantir reaparece en Buenos Aires exponiendo acerca de las ventajas de su contratación para intervenir en la investigación por el atentado. La iniciativa de contratar a Palantir, según el ex titular de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA Mario Cimadevilla, le incumbía al ministerio de Modernización, a partir de un acuerdo suscrito con el Ministerio de Justicia.
La información sobre las tareas de espionaje de Palantir durante el gobierno de CFK fue conocida a partir de la filtración de documentos del ex funcionario de la CIA y del Consejo de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense, Edward Snowden, quien inició su divulgación en 2013. En junio de ese año, Snowden hizo público, a través de los periódicos The Guardian y The Washington Post, la primera serie de filtraciones que incluía el conocimiento de los programas de vigilancia masiva PRISM y XKeyscore con sede básicamente en EE. UU., de los cuales participaba Palantir. Filtraciones posteriores mostraron las características de la “Operación Quito”, contratada por el JTRIG (Joint Threat Research and Intelligence Group), Grupo de Búsqueda e Inteligencia contra Amenazas –por su traducción del inglés—, de la central de inteligencia del gobierno británico, que fue operativizada en nuestro país por Palantir.
El ex titular de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA, quien recientemente denunció al ministro de Justicia Germán Garavano por encubrimiento, declaró que la “licitación para la contratación de Palantir corre por cuenta de Modernización y de Garavano”. La organización APEMIA, formada por familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA, realizó un pedido de información sobre el expediente que tramitaba la licitación. Justicia informó que la contratación alcanzaba la suma de US$ 1.900.000 y que estaba orientada a un “servicio de investigación, análisis, consultoría, capacitación y soporte” sobre el caso AMIA.
Entre quienes recibieron la capacitación de Palantir el 14 de abril de 2014 no quedaban dudas acerca que el Ministerio de Modernización regido por Andrés Ibarra había sido plenamente consciente de los antecedentes de la empresa con sede en California. Los desorientados espectadores de Palantir no fueron solo los integrantes de la UIF AMIA. También fueron testigos de exposiciones similares los funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Ciber espionaje
Según un ex empleado del área de Tecnología y Ciberseguridad perteneciente al Ministerio de Modernización, los vínculos insondables con diversas empresas privadas extranjeras dedicadas a la minería de datos explican la eliminación reciente del área gubernamental dedicada al control y seguimiento de la temática: el día 5 de marzo de 2018 se publicó el decreto 174 por el cual Ibarra prescinde dentro del organigrama de su Ministerio de Modernización del área de “Tecnología y Ciberseguridad”. Ibarra es quien dirige el esquema de recursos humanos dentro del gobierno macrista y es quien menores recortes de personal se ha auto-infringido. Sin embargo, la ciberseguridad es la única área que dependía de su ministerio que suprime, dada la profesionalidad, independencia y autonomía de los empleados que la conformaban.
La otra organización denunciada por Wylie fue Black Cube (BC). La consultora israelí fue fundada por Meir Dagan, quien fuera director del Mossad entre 20002 y 2011. Su presencia en la Argentina es relativamente reciente. El 18 de enero de 2016, a poco más de un mes de asumido el gobierno de Macri, el Financial Times dio cuenta del inicio de los contactos con BCF con la participación del coronel Uzi Moskovitz, referente de ciberseguridad del ejército de Israel, en una conferencia en Buenos Aires. El segundo encuentro data de julio de 2016 y se llevó a cabo durante un seminario de ciberseguridad en Buenos Aires.
Al finalizar el seminario la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, afirmó ante su House Organ, el diario Clarín: “Respecto a la vigilancia de la web estamos más atrás y necesitamos el apoyo de otros países. Ahora estamos comenzando a trabajar en un centro de inteligencia en ciberdelito y ciberterrorismo, con el objetivo de seguir todas las hipótesis” En esa misma nota la ministra afirma: “También estamos trabajando con la Dirección de Comunicaciones de la Corte (la ex OJOTA, encargada de las escuchas telefónicas) en el establecimiento de protocolos. El otro tema al que nos estamos dedicando fuerte es el de la creación de un protocolo unificado de emergencias. El diputado Waldo Wolff lo está trabajando con expertos de distintos lugares en el mundo, para saber qué hacer y cómo operar para que no se colapsen las comunicaciones y la logística…”.
Un paso previo a este encuentro de articulación fue la designación del diputado Wolff en la “Comisión bicameral de seguimiento de temáticas de la seguridad interior” en mayo de 2016. El tercer capítulo de la saga tiene fecha en noviembre de 2016, cuando Patricia Bullrich y Waldo Wolff —en representación del Congreso Nacional (¿?)—, participan de la IV Conferencia de Internacional Israel HLS & Cybersecurity, realizada en Tel Aviv. El último capítulo, el que le pone el moño al vínculo, se pone en evidencia con el desembarco de Black Cube, junto a Bibi Netaniahu en septiembre de 2017.
Marta Peirano: ¡¿Por qué me vigilan?¡
Los antecedentes de Black Cube son merecedores de esa acogida por parte del gobierno de Macri. Según Christopher Wylie, el denunciante ante el parlamento británico, Black Cube es la empresa responsable de hackear al presidente de Nigeria Muhamadu Buhari. Es además socia de CA y Palantir y fue contratada por el productor de Hollywood Harvey Weinstein para desprestigiar las mujeres abusadas para desprestigiarlas. Dos de los agentes de BC, Dan Zorella and Avi Yanus, fueron encarcelados en Bucarest en abril de 2016 por espiar y extorsionar a la Procuradora Nacional Anticorrupción, Laura Codruța Kövesi. Nada grave. Solo contratos del PRO con buenos muchachos.
--------------------------------Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí