Fronteras infinitas

 

El último jueves, el Presidente de Estados Unidos Joe Biden ordenó a las 16 agencias de inteligencia dependientes de su gobierno la elaboración de un informe relativo a los orígenes de la pandemia Covid-19. En su encargo solicitó específicamente que se dilucide el origen de la pandemia como el producto de causas naturales –contacto humano con animales infectados– o como resultado de la propagación accidental de un vector proveniente de un laboratorio de investigaciones virológicas ubicado en Wuhan.

La orden ejecutiva insiste en las acusaciones difundidas por su antecesor Donald Trump, quien buscó responsabilizar de la pandemia a Beijing en el marco de su declarada guerra comercial, denominando al virus como peste china. La nueva andanada se produce en tiempos en que la diplomacia de las vacunas continúa acrecentando la reputación global de Beijing y Moscú, mientras los países occidentales, protectores de sus laboratorios trasnacionales, se niegan a liberar las patentes. En el mismo lapso en el cual Xi Jinping y Vladimir Putin implementan programas de asistencia a los países más pobres —mediante la distribución de cientos de millones de dosis producidas por sus laboratorios estatales o mixtos—, los proveedores occidentales continúan incumpliendo los compromisos asumidos con esos mismos Estados.

El publicitado pedido de Biden remeda la petición realizada por George Bush (hijo) a las mismas agencias de inteligencia en 2002, cuando reclamó a su Comunidad de Inteligencia la certificación de armas de destrucción masiva, supuestamente en poder del entonces primer mandatario iraquí Sadam Husein. Las conjeturas aportadas por las agencias de inteligencia sirvieron para legitimar la invasión, en marzo de 2003. Pero las armas de destrucción masiva nunca fueron halladas, pese a la presencia de las fuerzas militares de Washington durante una década.

El intento de culpabilizar a China se enmarca en la guerra comercial, económica y tecnológica declarada por Estados Unidos ante la evidencia del crecimiento persistente del gigante asiático, que se proyecta como primera potencia mundial para fines del presente decenio. Este ascenso –que inquieta a Estados Unidos desde hace dos décadas– se ha edificado en forma pacífica, sostenido sobre la base de una planificación estatal, el desarrollo científico-tecnológico, la innovación productiva y la cooperación internacional. Beijing cuenta con 1.550 millones de habitantes, alrededor del 18% de la población mundial, y en la actualidad es la segunda economía del mundo, por detrás de Washington.

Las exportaciones del Mercosur a China representaron el 2% del total en el año 2000. Dos décadas después, esa tasa alcanzaba un cuarto del total de las exportaciones. Beijing es el destino más relevante de dichas exportaciones, superando a quien fuera el máximo socio comercial de la región, la Unión Europea. En ese marco, la administración de Biden ha decidido darle continuidad a las políticas de Trump de contener –e incluso dañar– los crecientes vínculos entre China, América Latina y el Caribe (ALC). Con ese objetivo, el Congreso de los Estados Unidos debate el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, designado como Estrategia de competencia 2021, también conocido como Ley de fronteras infinitas (Endless Frontier Act). La normativa es un programa que prevé recursos por 2.000 millones de dólares en la primera etapa y se orienta a ampliar las capacidades tecnológicas para enfrentar a China y socavar sus vínculos, inversiones y convenios estratégicos, sobre todo con ALC, región que clasifican como de su incumbencia directa.

La normativa enviada al Senado –cuya aprobación se considera asegurada, dado que cuenta con apoyo de los republicanos– instituye una Dirección Federal de Tecnología e Innovación para mejorar la competitividad de las empresas estadounidenses en inteligencia artificial, semiconductores, computación cuántica, robótica, tecnología de las comunicaciones, biotecnología, genómica, biología sintética, ciberseguridad, almacenamiento, desarrollo de baterías y gestión de datos. Todas las dimensiones priorizadas son aquellas en las que China disputa el liderazgo y en las cuales ha formado recursos humanos dispuestos a producir innovaciones revolucionarias.

 

 

La cuña

 

 

En el articulado del programa y en sus fundamentos, volcados en las actas del Senado, aparecen seis parágrafos destinados específicamente a ALC, en los que se exhiben sin pudor los objetivos perseguidos en la región. En la sección 3219J –esa es la codificación utilizada en las actas de sesiones del Capitolio– se estipula que los resultados de la Ley de fronteras infinitas deberán contribuir, en un lapso de 10 años, a un aumento en un 200% del valor de las exportaciones de los Estados Unidos hacia ALC. La sección 3248 estipula que el mejoramiento de la competitividad de Washington en la región deberá restringir las capacidades de planificación y orientación brindadas por los Estados de ALC, a expensas de la lógica del mercado. Para ese cometido formula la necesidad de “identificar y mitigar los obstáculos al crecimiento económico impulsado por el sector privado” reduciendo el rol del Estado como regulador de la economía (exactamente lo opuesto a lo que plantea la Endless Frontier Act respecto a las políticas económicas y tecnológicas de los Estados Unidos).

Esa sección propone además promover la exclusión de las empresas chinas de la región mediante investigaciones jurídicas orientadas a develar las tramas de corrupción que –afirma la fundamentación del programa– caracterizan la actividad comercial de China. En un alarde de liberalismo explícito proponen, entre otras medidas, (a) coartar la expansión de la empresa Huawei en ALC, (b) limitar la exportación de productos hacia China que puedan ser utilizadas para generar actividades de ingeniería reversa y (c) relevar la venta de productos chinos en los sectores médicos y farmacéuticos, para ofrecer alternativas provistas por Estados Unidos.

En la sección 3249, como parte de las tareas dispuestas para la aplicación del programa contenido en la ley, le encomiendan al Departamento de Estado y a la Dirección Nacional de Inteligencia la presentación de un informe sobre los vínculos de China en la región, las actividades diplomáticas, los acuerdos tecnológicos, las actividades espaciales compartidas, los programas militares de educación y entrenamiento, los convenios y las actividades relacionadas con la tecnología nuclear. El informe deberá presentarse 90 días después de promulgada la norma, y en su elaboración deberá participar la Agencia Central de Inteligencia (CIA). La exposición será brindada ante ambos comités de inteligencia del Congreso (Cámara de Representantes y Senado) e incluirá un pormenorizado análisis de “la estación de control satelital y espacial de la República Popular China construida en la Argentina”.

En la sección 3250, el programa de competitividad económico-tecnológico se focaliza en el sistema financiero y los nocivos préstamos otorgados por China a diferentes países de ALC. Los senadores argumentan que dichos créditos “influyen en forma negativa en los Intereses de los Estados Unidos en el hemisferio occidental”. Para impedir su continuidad, se propone el reemplazo de Beijing –como soporte crediticio– capitalizando al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante un aporte de 80.000 millones de dólares durante los próximos cinco años. La sección 3251 se concentra en debatir las problemáticas de defensa y seguridad de ALC considerando la necesidad de aumentar los aportes del Departamento de Estado para los programas de educación y capacitación militar y de seguridad pública para el cuatrienio que va de 2022 a 2026. En su fundamentación se aclara que “se deben desarrollar la modernización de los servicios de seguridad aportando competencias para su tarea y ofreciendo comprensión sobre los valores estadounidenses”.

Uno de los apartados más explícitos se encuentra contenido en la sección 3252, donde se postula la necesidad de lograr un compromiso con la sociedad civil en relación con la necesaria “rendición de cuentas de los gobiernos”. Se prevé un importante aporte del Departamento de Estado para formar periodistas dispuestos a investigar y denunciar la corrupción gubernamental dentro de ALC. En ese apartado además se estipula la colaboración con las ONG para enfrentar los riesgos de la vigilancia generalizada por parte de la Inteligencia Artificial (IE) china y el fomento de los derechos humanos.

Algunas de las propuestas específicas son:

• Ofrecer recomendaciones y formas de mitigar los riesgos planteados por las TICs chinas en la región.
• Asociar la tarea de la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) a las ONG locales y regionales para contribuir a la reducción de la influencia china.
• Formar a periodistas y ONG en técnicas de relevamiento e investigación útiles para que los gobiernos rindan cuentas ante la sociedad.
• Brindar capacitación para relevar prácticas corruptas y prácticas comerciales opacas –tanto productivas como comerciales– relacionadas con Beijing.

Los analistas internacionales más rigurosos muestran cómo el centro económico y tecnológico global se desplaza desde el Atlántico hacia el sudeste asiático, a pesar de los denodados esfuerzos de Washington para interrumpir ese proceso. El programa de competitividad tecnológica pretende desconectar a ALC de esa dirección estratégica, mediante formas injerencistas que violan los principios de soberanía, incrementando la aversión de las mayorías populares a las políticas del Departamento de Estado y sus representantes locales, los medios concentrados, los CEOs de las empresas transnacionales, los agentes financieros y las elites políticas y jurídicas adiestradas por las embajadas. El auge de China a nivel económico y de Rusia en términos geoestratégicos ha modelado un cambio que Washington se resiste a asumir. Se ha pasado del unilateralismo a la tripolaridad en sólo dos décadas y ALC vuelve a contar con potenciales niveles de autonomía que puede aprovechar.

El 27 de agosto de 1819 el General en Jefe del Ejército de los Andes, don José de San Martin, dictó a uno de sus oficiales la siguiente sentencia: “Si somos libres, todo nos sobra”.

 

 

 

 

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