Vacas negras

Evasión, subfacturación y concentración de los frigoríficos: los fenómenos detrás de los aumentos de la carne

Por Sebastián Premici

 

El pasado 17 de mayo, el Estado de Israel publicó en su cuenta oficial de Twitter ocho líneas/renglones con el ícono de un cohete. Era el inicio de una nueva guerra contra Palestina. Como una broma de mal gusto, Confederaciones Rurales Argentina (CRA) hizo algo similar el día en que la Mesa de Enlace anunció un nuevo lockout patronal. En su cuenta de twitter publicó otro llamado a la guerra, pero en vez de misiles utilizó tractores.

 

Cohetes de Israel, inspiración para los empresarios del campo.

 

Es innegable que el precio de la carne no obedece simplemente a la evolución de la inflación, ya que los incrementos de algunos cortes son muy superiores a la variación de precios difundida por el Indec. Por un lado, impacta el valor internacional del maíz, que encarece el forraje, pero además hay una presión de los exportadores que privilegian los mercados internacionales por sobre el consumo local.

Entre 2015 y 2020, el consumo de carne vacuna pasó de 60 kilos por cabeza a 50 kilos. Pero los precios nunca dejaron de subir. La estructura de concentración de los frigoríficos explica también parte de este escenario. Solamente 10 frigoríficos exportadores concentran el 75% de las ventas al exterior. Entre ellos sobresale la brasilera JBS de Joesley Batista, visitante de Mauricio Macri en Olivos y uno de los responsables de la caída de Michel Temer en Brasil luego de una “delación premiada” (ver La cocina de Olivos). Otro frigorífico del país vecino es Marfrig, firma que a su vez es dueña de la marca Quickfood SA.

“Ahora comienza un paquete de medidas. Si no responden (a nuestras demandas), vendrán otras medidas de protesta. Que no suene esto a una amenaza. Tenemos una estrategia”, sostuvo Jorge Chemes, titular de CRA, durante una conferencia de prensa.

 

 

¿Por qué las patronales se pintaron la cara para ir a la guerra? En público dirán que el Estado es “poco solidario”, que no se respetan las reglas de juego y otras sandeces. Pero hay un dato del que no se harán cargo nunca y que explica, en parte, el actual contexto.

En febrero de este año, el Ministerio de Agricultura inició una investigación sobre una serie de frigoríficos que no estaban incorporados al Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA). De esa pesquisa surgieron empresas fantasmas –gracias a que el macrismo habilitó a que cualquiera pudiera constituirse en exportador– que triangulaban operaciones a China vía Uruguay.

Tal como narró El Cohete el 25 de abril, la maniobra era la siguiente: al país vecino vendían –de manera contable– a 1.000 dólares la tonelada (un valor a modo de ejemplo) y desde ahí se simulaba la venta a China por 3.000 dólares. La diferencia eran dólares negros que ingresaban vía contado con liquidación o no ingresaban directamente.

Además de vulnerar a las reservas del Banco Central, este proceso de subfacturación de exportaciones impactaba en el mercado local. ¿De qué manera? La diferencia que ganaban por no declarar el valor real de lo vendido les permitía pagar un poco más por los animales a faenar en el Mercado de Liniers. Es decir, corrían el piso de lo que se fijaba en el Mercado Concentrador y así se movían todos los precios.

Por ende, no es ilógico que los productores de CRA y la Sociedad Rural quieran ir a la guerra porque ellos mismos se beneficiaban de la ilegalidad cometida por algunos frigoríficos truchos. Les pagaban más por sus vaquitas.

 

Investigaciones

El proceso de subfacturación de exportaciones es seguido de cerca por la AFIP y la Inspección General de Justicia (IGJ). El pasado 18 de mayo, la Aduana publicó un listado de frigoríficos que presentaron diferencias considerables entre los valores de referencia para la exportación y lo realmente declarado.

Cuando el organismo detecta estas diferencias, se inicia un proceso administrativo donde los frigoríficos deben aportar documentación que justifique los valores declarados.

De no ser satisfactoria su respuesta, la Aduana puede proceder a cobrar la diferencia y, si amerita, iniciar una investigación más profunda sobre posible subfacturación de exportaciones, lo que podría implicar la apertura de una instancia penal.

En su última resolución apareció la empresa Huachana SRL, radicada en Santiago del Estero, que es la misma que estuvo bajo investigación del Ministerio de Agricultura por las maniobras de triangulación. Es más, en 2016, el Banco Central le prohibió a esta sociedad operar en el mercado de cambio.

El 17 de mayo, la IGJ publicó una resolución para iniciar una investigación sobre una serie de frigoríficos, muchos de los cuales ya habían aparecido en los listados de la Aduana con irregularidades en los valores declarados de exportación (en relación a los valores de referencia). Algunas de esas empresas son Agrop Negocios SAS (creada bajo el régimen simplificado del macrismo, cuya titular es María Alejandra Rojas), Encarne SRL, Grain FED SAS. En total son 13 firmas donde se repiten los directores.

“(El quite de regulaciones y controles para la exportación de carne) derivó en un posibilitador o plataforma de lanzamiento pro evasión impositiva, en un impacto alcista significativo en los precios internos o locales de los productos cárnicos en general”, puede leerse en la resolución de la IGJ. Es decir, las maniobras de estas sociedades tuvieron un impacto en el mercado local. Hay frigoríficos que presentaron diferencias de casi 1.000%, como fue el caso de Login Food SA, también señalado por la AFIP y la IGJ.

“Todo permite colegir, en una primera aproximación evaluativa, que las personas humanas relacionadas con las personas jurídicas referenciadas han podido utilizar estas como meros instrumentos de fraude en el tráfico mercantil que acometieron, efectuando ello bajo el antijurídico amparo de omisiones informativas, que derivaron en opacidades societarias y económicas exorbitantes”, agregó el organismo presidido por Ricardo Nissen, quien solicitó también el involucramiento de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Uno de los supuestos empresarios que maneja cinco frigoríficos, Cristian Diego Costanzo, también posee una empresa radicada en Florida, Estados Unidos, bajo el nombre Tornio.

En la resolución de la Aduana de abril aparecieron con diferencias entre el valor declarado y los importes de referencia empresas como La Anónima, de la familia Braun, Friar (Vicentin) y Coto, que también reapareció en el listado de mayo junto a Quickfood.

 

Alternativas

El gobierno cerró las exportaciones de manera temporal para ordenar la situación en el Mercado de Liniers. La dispersión de precios y la baja del consumo local (por aumentos sistemáticos y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios) frente a exportaciones que crecen, son datos objetivos.

“Extender un cierre de las exportaciones sería un fracaso”, indicaron a El Cohete desde Agricultura. Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, estuvo reunido el viernes con los integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino, quienes tienen casi listo un proyecto de ley que, entre otras medidas, apuesta a potenciar las inversiones en la ganadería.

Una propuesta que se empieza a pensar desde el gobierno apunta a que, por ejemplo, sólo se prohíba la venta al exterior de aquellos cortes que se incluyan en los acuerdos de precios. La idea es seguir fomentando la producción, la faena y, por ende, el stock para el consumo interno pero desacoplando el valor internacional de algunos cortes en particular. Es una iniciativa que está bajo consideración.

Jorge Ruiz es productor ganadero del norte de Entre Ríos y militante histórico de la Federación Agraria. “Si queremos seguir hablándoles como Pugliese, con el corazón, te van a responder con el bolsillo. Te van a liquidar”, expresó en relación a los formadores de precios del sector cárnico.

Bajo este escenario, Ruiz considera que el Ministerio de Economía podría redistribuir una parte del excedente de las retenciones a la soja –teniendo en cuenta que hoy cotiza cerca de 600 dólares, el doble del cálculo realizado para el Presupuesto– para subsidiar algunos cortes destinados exclusivamente al mercado interno. Y además incentivar la suba del peso de faena.

Se vuelve a tirar sobre la parrilla la necesidad de una mayor presencia del Estado no ya como regulador sino como un jugador del mercado. Pero si esta fuese una batalla que el gobierno no pretende dar, otra opción podría ser el fortalecimiento de las cooperativas como mecanismo de regulación del sector. Así lo esboza Juanchi Otero, productor agropecuario y representante de la Asociación de Productores Lecheros (APLA).

“El Estado tiene que fortalecer el sistema de cooperativas. Contrariamente a lo que se piensa, en Estados Unidos el sector del agro es manejado por las cooperativas. Esto a mediano y largo plazo –planteó Otero en diálogo con el programa A las Fuentes, de Radio Nacional–. Y en el corto plazo, el Estado tiene las herramientas para decir ‘esto se exporta y esto no’. ¿Si no, para qué tenemos un Estado? El Estado debe defender a los débiles dentro de esta cadena”.

 

 

 

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