Estrategias de camaleón

 

La trayectoria de Tompkins Conservation (TC) en Chile permite revisar un modo particular de inserción de capitales trasnacionales en Sudamérica desde la primera etapa del neoliberalismo, con la (re)creación de condiciones para la incorporación al mercado desregulado de amplios espacios de alto valor medioambiental y escasa población local. Con un conjunto de fundaciones y sociedades anónimas (algunas radicadas en paraísos fiscales), logró que sus proyectos conservacionistas se convirtieran en política de Estado de las democracias recuperadas, sin que en el debate público se los identificara como una variante de mercantilización de la naturaleza. La práctica de donación de tierras privadas forzó el aporte de otras de propiedad fiscal para la creación de parques y reservas y, al mismo tiempo, moldeó a la naturaleza como commoditie en una variante de reprimarización de la economía para la inserción subordinada de nuestros países en el mercado global. Estos son apuntes provisorios para una lectura del modelo de acumulación económica y de poder que TC construyó en 30 años en la región.

TC comenzó a operar en Chile en plena aplicación del modelo neoliberal y la apertura total de mercado. Hernán Büchi era el ministro de Hacienda, egresado de la Universidad Católica con posgrado en la de Chicago. Con The Conservation Land Trust (TCL) y el aporte financiero de otros dos extranjeros, hizo la primera compra de tierras en 1989, hacia el final de la dictadura pinochetista. Un bosque de pehuén (araucaria) de 524 hectáreas ubicado cerca de Pucón, donde se formó la reserva privada El cañi. En la Argentina había iniciado su actividad empresarial seis años antes. En 1990 compró un campo unos kilómetros al sur, en Pumalín, que desató un fuerte movimiento de propietarios de tierras interesados en vender, describieron fuentes locales. “Un gringo con plata compra campos” fue el rumor que recorrió todo el sur. Se hizo con 290.000 hectáreas en Pumalín entre 1990 y 1998; 290.000 hectáreas en 1994 para el parque Corcovado; y en 1998 casi 39.000 de la estancia Yendegaia de Tierra del Fuego –con acceso al Beagle– de acuerdo a la información volcada por TC en Ética de la Tierra.

 

 

Las economías locales atravesaban una crisis severa, de la que la ganadería para carne y lana no se recuperaron más. La industria textil local agonizó con el aluvión de las importaciones asiáticas y la producción de carne sufrió lo propio con el ingreso de Chile al Mercosur. Así, los propietarios de tierras no pudieron sostener las producciones tradicionales. Muchos vendieron, algunos se reciclaron al turismo, relató Andrés Gillmore, propietario de un complejo de cabañas para el turismo en Puerto Guadal, junto al lago Carrera, en la comuna de Chile Chico. Él reconvirtió la producción de su campo con la caída abrupta del precio de la lana en el ‘92. Se deshizo de la hacienda y se inició en la pesca con mosca. Esa fue la coyuntura en que se expandió Tompkins, que invirtió capitales propios y canalizó otros de terceros. En ese contexto se conformó la Corporación Costa Carrera en 1994, con pobladores y prestadores turísticos para defender el desarrollo sustentable y el sello verde de origen, institución que integra Gillmore desde su fundación.

Sectores de la política local no acordaron en que el neoliberalismo desatara la venta de tierras. En 1995, la Cámara de Diputados solicitó a la Presidencia “disponer a la brevedad una adecuada asesoría jurídica a los colonos de la provincia de Palena y estudiar la implementación de programas económicos y sociales que promuevan el poblamiento y un desarrollo integral de esa zona”.

 

Comprar / donar / ampliar

Según la propia TC, desde 1989 compraron 500.000 hectáreas en distintos puntos del sur de Chile. Donaron buena parte de esa superficie para la creación de parques y áreas protegidas. Con ese fin, El Bosque Pumalín Foundation (después transformada en TCL) firmó en 1997 un acuerdo inicial con el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Esos años fueron de debate y conflictos hasta trabar las alianzas políticas que finalmente posicionaron los proyectos conservacionistas como políticas de Estado. Esas alianzas supusieron dos grandes frentes: el de los partidos políticos tradicionales y los sucesivos gobiernos nacionales, y el de la sociedad civil local, especialmente entre las ONG´s ambientalistas locales y los propietarios de tierras tradicionales. Así es que Douglas Tompkins, su esposa Kristine McDivitt y su equipo necesariamente trabaron relación con las administraciones de Patricio Aylwin (1990-1994), Frei (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006), Michelle Bachelet (2006-2010), Sebastián Piñera (2010-2014), segundo período de Bachelet (2014-2018) y el presente segundo mandato de Piñera.

Según el periodista Andrés Azócar, autor del trabajo biográfico El millonario verde, el año más difícil del proyecto fue 1995, cuando parte del empresariado local y de la derecha confrontaron con Pumalín. Ese revés lo revirtió aportando fondos a la campaña presidencial de Lagos (dos millones de dólares, según algunas fuentes), quien en el gobierno ratificó los acuerdos previos. En diciembre de 2003 firmó un acuerdo complementario con el gobierno nacional, que se debatió y ratificó en el Congreso nacional al año siguiente. En 2005 se materializó la primera donación y creación de un santuario de la naturaleza. Se declaró parque nacional en 2018, con algo más de 400.000 hectáreas en la Región de Los Lagos, lo que da cuenta del proceso político-institucional. Bachelet y MacDivitt anunciaron, al mismo tiempo, la creación de la Ruta de los Parques, iniciativa ambiciosa a la medida del mercado internacional que requiere de un financiamiento que no puede afrontarse con fondos públicos.

 

 

Desde el Estado, el diseño del proyecto estuvo a cargo de la Corporación para la Conservación y Preservación del Medio Ambiente que opera como una consultora ambiental. Entre sus proyectos se encuentran los planes para el desarrollo de Pumalín (2000-2004), del Parque Tantauco de Sebastián Piñera (2005-2007) y de Conservación Las Margaritas (2011), de Andrónico Luksic.

 

Escenario del sur

Uno de los proyectos conservacionistas era el Parque Patagonia en la región de Aysén, que Tompkins imaginó de carácter binacional, por lo cual compró tierras simultáneamente a ambos lados de la cordillera de los Andes. Por eso se plegó inmediatamente al rechazo al proyecto de explotación industrial HidroAysén por parte de capitales españoles, que preveía la construcción de dos represas en el río Baker (el más caudaloso de Chile) y tres en el Pascua. En 1990, la empresa energética Endesa recibió gratuitamente y a perpetuidad los derechos de agua de los ríos Ibáñez, Pascua y Baker. Aysén venía de estar movilizada en oposición a la instalación de una explotación industrial de salmones, experiencia victoriosa sobre el que el movimiento social local se dispuso a confrontar nuevamente.

TC financió y encabezó la campaña internacional contra la construcción de centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua, según un relato minucioso que nos hizo Gillmore, quien participó de ese proceso. Contrató a Patricio Rodrigo (ingeniero agrónomo del Partido por la Democracia, PPD) para hacer una consultoría sobre la forma de enfrentar a HidroAysén, que derivó en la creación del Consejo de Defensa de la Patagonia y el lanzamiento de la campaña “Patagonia sin represas”. Rodrigo ya había trabajado en Pumalí y asesorado para superar el enfrentamiento con Frei y otros sectores políticos. La acción de Rodrigo incluyó a “Chile Ambiente, corporación que fue receptora de cuantiosos fondos desde Estados Unidos, los que habrían sido conseguidos por Tompkins. Como el Consejo de Defensa de la Patagonia no tenía personalidad jurídica, las distintas ONGs que la conformaban manejaban sus propios fondos, los que eran utilizados para financiar la millonaria campaña que posicionó el rechazo a HidroAysén en todo el país. Los documentos de la Foundation for Deep Ecology, que presidía Tompkins en Estados Unidos, registran transferencias por 200.000 dólares para Chile Ambiente en 2007 a través del Tides Foundation, especializada en intermediar donaciones para organizaciones sin fines de lucro. En los años siguientes no se precisa el destinatario final, pero los reportes de Tides dan cuenta de que entre 2007 y 2009 se transfirieron 740.000 dólares a Chile Ambiente para financiar la defensa de la Patagonia”, según una investigación sobre financiamiento de funcionarios públicos que incluye a Rodrigo.

 

 

 

 

La crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos golpeó las finanzas de Tompkins, quien retiró el financiamiento a la campaña y se concentró en su proyecto propio de los parques, según Gillmore. Ese movimiento repercutió en el escenario de las ONGs locales y debilitó la base social de la crítica a la explotación industrial de las aguas. Los capitales españoles propietarios de los derechos de aguas del proyecto revendieron a capitales de origen italiano. Finalmente, en 2014, el Comité de Ministros de Bachelet rechazó el proyecto hidroeléctrico.

A fines de 2015, Tompkins murió y McDivitt fortaleció las tratativas con Bachelet. A días de finalizar su mandato de gobierno, en 2018, la Presidenta firmó en un solo día una serie de decretos que permitieron la creación del proyecto más ambicioso, la Ruta de los Parques de la Patagonia, que suma más de 4 millones de hectáreas con 17 unidades enlazadas. La Contraloría General de la República advirtió errores que la gestión Piñera subsanó con un recurso de alcances todavía no advertidos en toda su magnitud, al menos desde la Argentina. En la donación de tierras fiscales para el Parque Patagonia, la administración Bachelet incluyó irregularmente tierras de veranada de pobladores de la zona de Mallín Grande, aledaña a Chile Chico, y otras de particulares. El gobierno retiró esas tierras del parque e incluyó en compensación otras, que incluyen un área minera adjudicada a la trasnacional de origen australiana Equus Mining, anunció el gobierno desde el pequeño pueblo de cordillera. La megaminería del oro es tan incompatible con un parque como HidroAysén, interpretó Gillmore.

El proyecto de oro y plata aprobado está dentro de la cuenca hidrográfica del lago Carrera (llamado Buenos Aires del lado argentino), considerada la quinta reserva mundial de agua dulce. Su protección y conservación está comprendida en acuerdos binacionales firmados en los ‘90. Si el proyecto megaminero es un caballo de Troya que pone en duda cualquier pretensión conservacionista, resta establecer quién y cuándo permitió su ingreso y qué alcances tiene tanto sobre la cuenca hídrica como respecto a la minera en el espacio territorial bajo jurisdicción argentina.

El caso de TC en Chile muestra los ajustes y reajustes del neoliberalismo en relación a los bienes de la naturaleza, tanto por parte de los capitales como de los gobiernos locales.

 

Javier Grosso, geógrafo investigador de la Universidad Nacional del Comahue, realizó la cartografía para esta nota.

 

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