Sin registro de los sin techo

 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) realizó el censo anual de personas en situación de calle que le impone la legislación porteña. El relevamiento es cuestionado por subregistrar la cantidad de individuos sin techo para que la cifra final sea lo más baja posible. En 2019 contabilizó 1.147 personas, un número seis veces menor respecto al censo popular realizado por 40 organizaciones sociales, que registró 7.251.

Para lograr ese subregistro, en los días previos al censo, agentes de Espacio Público porteño desalojaron ranchadas con golpes y manguerazos de agua fría. Al mismo tiempo, funcionarios de la Gerencia Operativa del programa Buenos Aires Presente (BAP) repartieron dinero para que personas sin techo alquilen una pieza en algún hotel durante esa jornada. “El día del censo no había casi ninguna de las ranchadas que visitamos todas las noches”, apunta Mónica Coro, integrante de Amigos en el Camino, una agrupación que ayuda a personas en situación de calle.

Trabajadores del BAP revelan que la información que ellos recogen para ayudar a las personas sin techo es usada como material de inteligencia que llega a las oficinas de Espacio Público para saber con precisión dónde están las ranchadas y cuántas personas hay en ellas. Una metodología que años atrás denunció la Defensoría del Pueblo, pero que aún sigue intacta.

 

 

Con fuego o con agua

“Marcelo tenía que tramitar su pensión por invalidez. Luego de varios meses, había logrado reunir casi toda la documentación necesaria. Sólo le faltaba un papel que le tenían que dar en el Hospital Ramos Mejía. Pero llegaron los de Espacio Público, le desarmaron el lugar donde estaba y le prendieron fuego esos papeles. No había hecho nada malo. Estos tipos vienen con una violencia tremenda. Mojan todo con una hidrolavadora o directamente queman las cosas, como ocurrió en este caso”. La escena ocurrió el 3 de mayo de este año y la relata Antonio Favatella, coordinador del programa Sopa de Letras de la organización social Acción Comunitaria, que desde hace 12 años ayuda a personas en situación de calle en el sur de la ciudad. Pide no citar dónde sucedió el hecho ya que puede ser perjudicial para esa persona.

“Julio estaba en una ranchada ordenada, ubicada a pocas cuadras del Parque Lezama. Nos acercamos tres personas del programa Buenos Aires Presente para conocer su situación y hacer los informes. Al otro día volvimos a la zona y nos contó que a la noche habían pasado los de Espacio Público y se habían llevado todo brutalmente. Le tiraron el colchón y sus cosas arriba de una camioneta amarilla. Fue durante los últimos días de abril”, cuenta un trabajador que desde hace seis años está en el BAP.

Los casos de Marcelo y Julio son dos ejemplos de decenas de abusos ocurridos en las últimas semanas, advierten desde varias organizaciones sociales. Estos atropellos se incrementaron debido a la necesidad del GCBA de reducir la cantidad de personas en la vía pública el martes 11 de mayo, cuando se hizo el censo de gente en situación de calle. El relevamiento es una obligación legal impuesta por la ley 3.706/11. En esta ocasión, la recolección de datos se implementó a través de dos planillas. En la primera se registró la cantidad de individuos en situación de calle y la segunda fue una encuesta no probabilística para conocer la historia de cada persona.

Según los relevamientos oficiales, en 2017 había 1.055 personas en situación de calle; en 2018 aumentó a 1.091 y el año pasado trepó a 1.146, un incremento de tan sólo 50 personas por año. Eso motivó que más de 40 agrupaciones junto a la Defensoría del Pueblo, la Auditoría General de la Ciudad y el Ministerio Público realizaran dos censos populares, en 2017 y en 2019, cuyos resultados indicaron que había 5.872 y 7.251, respectivamente. Entre ellas, 871 niñas, niños y adolescentes.

 

 

La diferencia entre las cifras oficiales y las relevadas por las organizaciones se explica por determinadas políticas y acciones impulsadas por la Ciudad los días previos al censo. Dos trabajadores del BAP detallaron a El Cohete a la Luna en qué consisten estas estrategias.

 

 

 

El legado de la UCEP

Uno de los mecanismos es la violencia pura. Los trabajadores del BAP asisten a una persona en situación de calle que observan en alguna de sus recorridas o directamente van a un punto que les indica la Coordinación Operativa tras un llamado de algún vecino a la línea 108. En otras ocasiones su intervención es solicitada por diversos funcionarios desde “arriba”. Los trabajadores del BAP dan asistencia y tratan de ganarse la confianza de quienes están en la calle. Sin embargo, al otro día, cuando vuelven a esas ranchadas, esas personas ya no están porque pasó por allí un “operativo” de Espacio Público.

Según describe una testigo, los agentes de Espacio Público abren la carpa o lona y rompen la estructura. El diálogo casi siempre es violento. Los echan a los manguerazos con agua fría de una hidrolavadora.

“En más de un bajo autopista, como en la Avenida 9 de julio o en Paseo Colón, sacaron a la gente brutalmente para poner un macetero luminoso de cemento, que a su vez lo protegen con rejas para que nadie pueda hacer uso de ese espacio”, apunta una de las trabajadoras del BAP. “Existen algunas excepciones de gente de Espacio Público que le piden a las personas que se corran, sacan la foto del lugar vacío y después dejan que esa persona se vuelva a instalar. Pero son excepciones. La mayoría actúa violentamente a pesar de la indefensión de quienes están allí”, agrega.

 

 

 

 

Espacio Público depende del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana que conduce la abogada Clara Muzzio. Es el mismo ministerio al que pertenecía la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP) en 2010, aquel grupo parapolicial integrado por empleados del gobierno porteño y barrabravas de San Lorenzo y Huracán que apaleaba a gente en situación de calle, se llevaba sus colchones y otras pertenencias que eran subidas a un camión de basura blanco y luego arrojadas cerca de la Costanera Sur. Este escuadrón violento era coordinado por Fabián “Pepín” Rodríguez Simón –quien luego cobraría notoriedad como integrante de la mesa judicial de Cambiemos– y por Matías Lanusse, hoy titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad, un organismo que acumula decenas de críticas por abusos y violencia contra vendedores ambulantes y senegaleses.

Uno de los rasgos que caracterizaron a la UCEP era la precisión de sus movimientos. Ya entonces, los trabajadores del BAP señalaban que la información que recogían era derivada a este grupo para saber dónde estaba la gente a desalojar, cuántos eran y qué pertenencias tenían. “Actualmente sucede lo mismo”, coinciden en señalar organismos de la sociedad civil y los actuales trabajadores del BAP. “Es muy evidente que quienes realizan esos desalojos violentos cuentan con información demasiado precisa. Los hemos visto en acción y es llamativa la exactitud del destino al que se dirigen. No es que van circulando por la Ciudad y de repente ven gente en la calle, sino que van directo al punto. Siempre tienen suficiente cantidad de gente para hacer frente a cualquier atisbo de resistencia ante la violencia de sus desalojos. Nosotros entregamos nuestra información y sabemos que sube, pero en algún momento le perdemos el rastro. Por eso, muchas veces hemos resguardado esa información. La recolección de datos que hacemos se transforma en 'material de inteligencia' para las oficinas de Espacio Público”, coinciden los trabajadores del BAP consultados.

Ya en 2009, ante un pedido de informes realizado por la Defensoría del Pueblo al gobierno porteño acerca de los 444 operativos de la UCEP, su titular Jorge Polini reconoció “la interacción con el BAP”. Los integrantes del escuadrón llegaban a las ranchadas con datos tales como: “indigente con colchón y otra pertenencia”, “grupo de indigentes de alta peligrosidad” o “intrusada de indigentes”.

Ante las denuncias de hechos violentos que padecen las personas en situación de calle, El Cohete a la Luna se comunicó con la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteña, María Migliore, quien evitó referirse a las metodologías violentas de Espacio Público. “Sinceramente no nos constan esas denuncias. Todos los operadores y las operadoras del BAP son muy cuidadosas en el trato con las personas en situación de calle. Hay trabajadoras sociales, psicólogas y demás profesionales. Tienen un trato casi cotidiano con ellos. De hecho, uno de los objetivos y las claves de nuestro abordaje es que los operadores entablen un vínculo de confianza con la persona que está en la calle”, señaló.

 

 

 

 

Dinero en mano

Otra maniobra usada los días previos al censo es la aceleración de “ayudas económicas” para que las personas en situación de calle vayan a hoteles. Un funcionario de la Gerencia Operativa del BAP, que suele ser un cuadro medio del oficialismo porteño, les gestiona un hotel con “dinero en mano”. “Este año se usó mucho esa estrategia en la zona de Constitución”, reveló un trabajador del BAP, testigo de esa operatoria.

Al mismo tiempo, pocas semanas antes del censo se incrementó el subsidio habitacional, después de casi dos años de estar congelado. El monto pasó de 8.000 pesos para una familia de por lo menos cuatro integrantes a 13.000 pesos. Hoy el precio de plaza de una habitación en un hotel, cuyo estado es muy deficiente, ronda entre 14.000 y 21.000 pesos. Históricamente la mafia hotelera sube el precio de las habitaciones cada vez que hay aumento en los subsidios. De esta manera, quien recibe el dinero podrá dejar de dormir en la calle sólo por unas semanas, las suficientes para no ser registrado por el censo.

Las críticas también apuntan a aspectos metodológicos de la encuesta con la finalidad de subregistrar. La gente que va a los Centros de Integración Social o Paradores, 32 en total, no es incluida en la categoría “situación de calle”. “No tiene ningún sentido decir que alguien que está en un parador dejó su situación de calle. Se sabe que tienen una capacidad limitada y que si una persona no llega a tiempo cuando se abre, esa noche dormirá en la calle. Para que una persona salga efectivamente de esa situación tienen que haber pasado por lo menos seis o siete meses. En realidad, no es una cuestión de tiempo, sino de lograr la revinculación de esa persona. Eso no ocurre si va y viene a un parador”, agrega Favatella, de Sopa de Letras. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño señalaron que sí hicieron el relevamiento de personas en los paradores. Sin embargo, los anotaron en otra planilla, diferente al relevamiento general. Habrá que ver al momento de publicar los datos cómo consideran a las personas que duermen en paradores.

Otro cuestionamiento tiene que ver con el tiempo que dura el relevamiento. En esta ocasión se hizo durante sólo una noche. Quienes trabajan con personas en situación de calle señalan que es imposible lograr una cifra precisa de esa manera, dado que para cubrir un territorio como el de la ciudad de Buenos Aires se requieren, por lo menos, cuatro o cinco jornadas diurnas y nocturnas. Ante esta crítica, Migliore señaló: “Para nosotros no hay forma de garantizar la no duplicidad de los datos con la metodología que las organizaciones proponían”.

 

 

El acuerdo que no fue

Para esta edición del censo, a diferencia de años anteriores, desde el Ministerio de Desarrollo Humano se abrió una mesa de diálogo con las organizaciones que trabajan la temática y lograron firmar un acuerdo en diciembre de 2020. Sin embargo, el 27 de abril el diálogo se rompió. “A pesar de eso, a lo largo del proceso fueron más los puntos de acuerdo que los de desencuentro. Estamos convencidos que el trabajo que iniciamos con las organizaciones es muy positivo. Abrimos la metodología para que hicieran sus aportes y en el censo retomamos muchos puntos que propusieron ellos”, apunta Migliore.

Diametralmente opuesta es la percepción de las organizaciones sociales y de la sociedad civil. Entidades como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entre otras, señalaron en un comunicado que “el Ministerio ha incumplido con lo acordado en diciembre de 2020, obstaculizando la participación y, por ende la incidencia, de los integrantes de la mesa de trabajo en el diseño de los instrumentos metodológicos, y decidiendo de manera unilateral la fecha y los términos” del censo. La misma actitud crítica tomó la Defensoría del Pueblo, unas horas antes del inicio del relevamiento.

“No sé qué habrán discutido en esa mesa de diálogo”, señala un trabajador del BAP que participó del censo, y agrega: “Pero lo cierto es que el martes a la noche hubo poca gente en la calle. Espacio Público pudo ‘limpiar’ a muchas de las ranchadas para que no se las vea, para que no estén allí”.

Para que sigan siendo invisibles en las estadísticas y en las políticas del gobierno porteño.

 

 

 

 

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