Los intermediarios del hambre

 

En una nota publicada el año pasado en El Cohete a la Luna denunciamos el negocio de los intermediarios en el servicio de alimentación en las escuelas públicas porteñas. Recordemos que esta prestación, destinada a alumnos de establecimientos educativos de gestión estatal, se encuentra privatizada desde hace más de veinte años en la ciudad de Buenos Aires. Esta continuidad, lejos de basarse en la excelencia del servicio brindado por las empresas, responde a un entramado legal e institucional elaborado por el propio gobierno porteño que le garantiza impunidad frente a las denuncias de las cooperadoras y la permanencia en cada renovación de la concesión.

La última licitación (550-0047-LPU18) fue aprobada por el decreto 33/18. Mediante la resolución 1988-GCABAMEGC/18 resultaron adjudicadas las empresas: Carmelo Antonio Orrico S.R.L.; Servicios Integrales de Alimentación S.A.; Lamerich S.R.L.; Díaz Vélez S.R.L.; Compañía Alimentaria Nacional S.A.; Friends Food S.A.; Enrique Tavolaro S.R.L.; Arkino S.A.; Spataro S.R.L.; Alfredo Grasso; Treggio S.R.L.; Rodolfo Ferrarotti S.R.L.; Dassault S.A. e Hispan S.A. – U.T.E.; Sucesión de Rubén Martin S.A. – Siderum S.A. U.T.E. ; Alimentos Integrados S.A. ; Servicios Integrales Food And Catering S.R.L.; Bagala S.A; Caterind S.A. y Servir C.S.A.

El año pasado, al establecerse el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) con el objeto de evitar la propagación del Covid-19, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) consideró que no resultaba posible continuar con el servicio alimentario en las mismas condiciones en las que se brindaba habitualmente en épocas prepandémicas a través de los comedores escolares. Mediante la resolución 90/SSGEFYAR/20 se estableció como nueva modalidad, a partir del 1° de abril de 2020, la Canasta Escolar Nutritiva en sus tres variantes (desayuno, almuerzo y refrigerio), compuesta por alimentos frescos (frutas y verduras), secos y enlatados equivalentes a diez días hábiles de servicio o a diez raciones (se entrega cada quince días calendario).

En aquel contexto, informamos que las empresas concesionarias habían pactado con el GCBA el monto de $1.575 por cada Canasta Escolar Nutritiva (desayuno y almuerzo). En la estructura de costos, el propio GCBA reconocía que el costo real de la canasta, a precio minorista, no superaba los $750. El resto se iba en costos de distribución, de mano de obra y en las ganancias de las empresas. El GCBA pagaba $1.575 por canasta, pero las familias recibían efectivamente la mitad de dicho valor en comida. ¿Quién se quedaba con la otra mitad? Las diecinueve empresas concesionarias que desde hace veinte años lucran con la comida de las y los estudiantes.

Este año, a pesar de que se volvió a clases a través de una presencialidad reducida (combinada con burbujas que se aíslan en caso de contagio, estudiantes con virtualidad completa y ahora con un sistema de bimodalidad en la secundaria), se mantuvo la prestación del servicio alimentario a través de la Canasta Escolar Nutritiva. A tales fines, se prorrogó la concesión que venció en 2020 a través de la resolución 24-2021-GCABA-SSGEFYAR. Para el 2021 las raciones ascenderían a 86.502.902 para los tres servicios (desayuno, almuerzo y refrigerio), equivalentes a un total de 8.650.290 canastas escolares nutritivas.

De acuerdo con la última redeterminación de precios aprobada, el GCBA está pagando ahora $1.923 por cada Canasta Escolar Nutritiva (desayuno y almuerzo). El resultado es un mercado cautivo de estómagos que mueve actualmente alrededor de $6.390 millones de pesos por año. A este valor hay que sumarle los $1.654 millones que el GCBA paga por los productos lácteos que se incorporan a la Canasta a través de otra licitación (licitación pública 545-1638-LPU19). En total son $8.044 millones de pesos por año.

De acuerdo a la estructura de costos, el 35% corresponde a la mano de obra, el 7% a los insumos, el 5% a gastos de distribución, el 5% a gastos generales y el 48% a la materia prima. En las licitaciones de servicios públicos no suele aparecer el rubro ganancias de la empresa ya que, evidentemente, es información que no quieren transparentar. En relación con este punto, otro ejemplo notorio es el servicio de subte, donde Metrovías-Roggio no declara cuál es su ganancia. Aunque la jueza Elena Liberatori obligó a que lo informaran en una audiencia pública, no cumplieron con el mandato judicial.

De la estructura de costos de la licitación se deriva que de los $1.923 gastados por canasta, las concesionarias sólo gastan efectivamente $923 en comprar alimentos. Si el GCBA transfiriera directamente a las familias el mismo monto que gastan las concesionarias en comprar los alimentos, se ahorraría aproximadamente el 50% ($4.022 millones). O bien, desde otra perspectiva más acorde a la emergencia económica y sanitaria que vive la ciudad, con sólo eliminar los intermediarios, el GCBA podría transferir el monto total de lo que ahora gasta directamente a las familias para que estas compren el doble de alimentos.

En esta línea, a mediados de abril del año pasado, Santiago Roberto, conjuntamente con otros legisladores, presentó el proyecto de ley 1017-D-2020 para que el monto destinado a la compra de estas canastas fuera directamente entregado mes a mes a las familias mediante una tarjeta magnética. Por supuesto, el proyecto no fue tratado por la Legislatura.

El negocio de las empresas intermediarias “fleteras” de bienes y servicios esenciales, que acumulan enormes ganancias precarizando las políticas públicas, es parte del déjà vu porteño. En la pandemia hemos contemplado como estas empresas, por sólo trasladar agua en camiones, alimentos a granel o barbijos, generan brutales sobrecostos al Estado.

 

 

 

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