Injerencismo de toga

 

La Corte Suprema argentina no es la única institución que se afana por proteger a los poderes concentrados e impedir la consolidación de proyectos soberanos. Todos los países de América Latina y el Caribe (ALC) sufren de forma sistemática la cooptación de magistrados y fiscales al servicio de intereses corporativos afines a los requerimientos trazados por el Departamento de Estado.

En el caso de Colombia, donde los organismos de seguridad y el ejército han generado durante las últimas semanas una centena de asesinados y heridos, el Poder Judicial se mantiene indiferente frente a los luctuosos sucesos. Sin embargo, se mantiene muy activo en salvaguardar a los responsables políticos y militares de las masacres mientras funge de ser el socio más afín de Washington en la región. El 4 de agosto de 2020 se libró una orden de detención domiciliaria contra el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez –jefe político del actual mandatario Iván Duque Márquez– bajo la acusación de mantener vínculos con el narcotráfico y de intento de soborno contra testigos.

Mientras las acusaciones contra Uribe merecían el repudio de su amigo Marco Rubio –senador republicano de Miami y referente de los sectores más extremistas de los enemigos de la Revolución cubana–, el procurador encargado de tramitar la causa contra el ex Presidente, el fiscal Gabriel Jaimes Durán, adelantó que solicitará la prescripción de la causa dado el tiempo transcurrido desde que se produjeron los hechos investigados. La defección de Jaimes Durán se produjo luego de la visita a Miami, donde mantuvo conversaciones con funcionarios de la Homeland Security Investigation (HSI), agencia dependiente del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

Jaimes Durán participó a principios de abril, en el Estado de La Florida, de “reuniones con representantes de las agencias internacionales en Estados Unidos con el fin de afianzar los lazos de cooperación contra la delincuencia trasnacional”. Mientras se desarrollaba la masacre en diversas ciudades colombianas, Marco Rubio se expresó a través de Twitter. “Detrás de gran parte de la violencia que está ocurriendo en Colombia esta semana hay un esfuerzo orquestado por los movimientos narcoguerrilleros de izquierda y sus aliados marxistas internacionales para desestabilizar a un gobierno elegido democráticamente ”.  El mensaje fue replicado por su cofrade y aliado Álvaro Uribe.

Las operaciones judiciales que vinculan a Miami y a Bogotá también fueron detectadas en la investigación sobre el financiamiento de la campaña electoral de 2018, que motivó la elección de Iván Duque. Audios filtrados a medios de comunicación revelaron el apoyo de una red de narcotraficantes conectados con la secretaria de Álvaro Uribe –conocida como “Caya” Daza– quien presurosamente abandonó el país con destino a Estados Unidos. En los mensajes interceptados de WhatsApp se identificaron los aportes monetarios de varios narcotraficantes, entre ellos los de José Hernández Aponte, alias “Ñeñe”. El caso es conocido como “ñeñepolítica”, pero los funcionarios judiciales encargados de las investigaciones han sido impugnados e incluso detenidos con la obvia intención de amedrentarlos y de impedirles la continuidad de la tarea. Según integrantes de la fiscalía, la Drug Enforcement Administration (DEA) –dependiente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos– estaría abocada a resolver el caso.

Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la producción de cocaína en Colombia se duplicó en el último lustro convirtiéndose en el mayor recurso de exportación de ese país. El informe señala que la producción actual es superior a la generada en tiempos del auge del Cartel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar Gaviria. Washington aportó alrededor de 15.000 millones de dólares desde 2001 a través de diferentes fuentes de financiamiento englobados en el denominado Plan Colombia, orientados a reducir la producción de cocaína y reprimir a los grupos insurgentes, sobre todo las FARC.

El caso de Perú también posee aristas coincidentes con las relaciones tóxicas que expande Washington en su formato judicial. Luego de la victoria de Pedro Castillo en la primera ronda electoral, el Ministerio Público Fiscal anunció una investigación contra uno de los congresistas electos de la agrupación política de Castillo, Perú Libre, por nominar entre sus candidatos a Guillermo Bermejo (alias “el Che” Bermejo), por su presunta participación en la organización terrorista Sendero Luminoso. El martes 27 de abril, la Segunda Sala Penal Transitoria Especializada en Crimen Organizado adelantó que el 18 de mayo dará inicio al juicio contra el congresista electo, apenas tres semanas antes de la segunda vuelta electoral. Cuatro días antes, Castillo había anunciado la decisión de expulsar a la DEA de Perú en el caso de alcanzar la presidencia.

Según los periodistas limeños especializados en temas jurídicos, las audiencias podrían ocupar la tapa de los diarios –comprometidos con Keiko Fujimori– las semanas previas a los comicios. El detalle sugestivo del caso es que la instrucción se inició a partir de las denominadas “declaraciones de colaboradores eficaces”, cuyos informantes arrepentidos mantienen estrechos vínculos con la DEA. Entre los integrantes del jurado que dictaminará sobre Bermejo figura un magistrado acusado de proteger a integrantes del ejército responsables de la denominada masacre de Accomarca, en la que fueron asesinadas 69 personas, incluidos niñxs, mujeres y ancianos.

El miércoles 5 de mayo se desarrolló en Miami un foro titulado “Defensa de la democracia en las Américas” del que participaron líderes de la derecha de América Latina y el Caribe. Entre sus expositores figuraron el secretario general de la OEA Luis Almagro, el ex Presidente argentino Mauricio Macri y los actuales primeros mandatarios Sebastián Piñera de Chile, Iván Duque de Colombia y Lenin Moreno de Ecuador. La organización de la conferencia corrió por cuenta del Interamerican Institute for Democracy, cuya jefatura ejerce Carlos Sánchez Berzain, ex ministro de defensa del gobierno boliviano de Gonzalo “Goñi” Sánchez de Lozada. Tanto Berzain como Lozada se asilaron en Miami luego de ser acusados como responsables de la masacre de octubre de 2003, en la que fueron asesinadas 67 personas que se habían movilizado en la Ciudad de El Alto para evitar la exportación de gas (a precio vil) a Estados Unidos, a través de puertos chilenos.

 

 

 

Difamar y juzgar

 

 

Carlos Sánchez Berzain fue uno de los funcionarios fugados de Bolivia que celebraron el golpe de la hoy detenida Jeanine Añez, y es quien repudió la labor de dos investigadores del Massachusetts Institute of Technology, John Curiel y Jack R. William, quienes  en febrero de 2020 –luego de un relevamiento estadístico pormenorizado– negaron la existencia de fraude generado por el partido de Evo Morales, el MAS. En una cobertura reciente del portal The Intercept se exhiben los correos electrónicos (filtrados) que funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos envían a los dos investigadores del MIT con la clara intención de amedrentarlos y extorsionarlos antes de las elecciones en las que volvió a imponerse el MAS.

Las pistas sobre el grupo de tareas judiciales del Departamento de Estado se observan con claridad también en Ecuador, cuyos magistrados han colaborado de forma eficiente en la descalificación permanente de Rafael Correa y la detención de su ex Vicepresidente Jorge Glas, en el marco de la megacausa conocida como Odebrecht. Las evidencias utilizadas en el juicio para condenar a seis años de cárcel a Glas –y luego para solicitar la captura internacional de Correa– fueron aportadas en forma desinteresada por el DOJ, con sede en el Robert Kennedy Building de Washington. Uno de los magistrados encargados de instruir la causa contra Correa y solicitar en su contra una pena de ocho años de prisión, bajo la imputación de cohecho, fue el juez Iván Saquicela Rodas, quien fue premiado con el nombramiento de presidente de la Corte Nacional de Justicia. En simultáneo, la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Justicia estadounidense, entregó como donación a dicha Corte Nacional de Justicia la infraestructura informática que le permitirá a Rodas –y a sus socios– el acceso a la totalidad de las causas tramitadas por los magistrados ecuatorianos.

Los tentáculos judiciales de Washington también se observan en Paraguay. En mayo de 2019, el egresado de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por su sigla en inglés), fiscal René Milcíades Fernández Bobadilla, fue premiado por sus aportes a la investigación del Lava Jato, pesquisa asociada al caso Odebrecht. En julio de 2019,  Bobadilla, fue promovido al cargo de Ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC). En forma simultánea a su asunción mediada por las felicitaciones de la embajada de Estados Unidos en Asunción, se inició una campaña mediática destinada a involucrar al ex Presidente y actual senador Fernando Lugo en el entramado del Lava Jato.

El 28 de abril el Ministerio de Justicia guaraní, donde Bobadilla almuerza con colegas egresados de ILEA, anunció el inicio del programa destinado a diseñar y elaborar el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025 de la Corte Suprema de Justicia. Dicha iniciativa cuenta con el financiamiento del National Endowment for Democracy (NED), una organización estadounidense fundada en 1983 a iniciativa del Congreso estadounidense para costear proyectos orientados a defender los intereses de las corporaciones estadounidenses, los principios neoliberales y la lucha contra el populismo. El NED cuenta con un presupuesto de 200 millones de dólares, y el destino de esos fondos se orienta a remunerar programas de formación jurídica, política y policial en América Latina, el Caribe y los países limítrofes con Rusia y China. En forma paralela, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través del Programa de Democracia y Gobernabilidad (PDG), colabora con la Corte Suprema de Justicia para mejorar la efectividad de la misión institucional.

Poco tiempo antes del golpe contra Lugo, en 2012, la embajadora de Estados Unidos en Asunción, Liliana Ayalde, envió un cable a Washington que fue filtrado tiempo después por la plataforma de Julian Assange, WikiLeaks: “Tener amigos en la Corte Suprema es oro puro (…) la presidencia y la vicepresidencia de la Corte son fundamentales para garantizar el control político…”. Poco tiempo después de que este cable fue despachado desde la embajada, la Corte Suprema de Justicia avaló la destitución de Lugo.

 

 

Washington contra el multilateralismo

 

 

Uno de los proyectos financiados por el NED, con un aporte de medio millón de dólares, se titula “Combatiendo el capital corrosivo” en América Latina. Su objeto es dotar de herramientas jurídicas y de información útiles para evitar el ingreso de “capitales corrosivos [provenientes] de estados no democráticos” como China y Rusia.

Meses atrás los senadores estadounidenses Marco Rubio y Bob Menéndez presentaron un proyecto de ley denominado Promoción de la Competitividad, la Transparencia y la Seguridad en las Américas (ACTSA, por sus siglas en inglés), destinado a limitar las actividades económicas, políticas y de inteligencia del gobierno de la República Popular China en la región. Uno de los capítulos centrales de la ACTSA incluye la asistencia técnico-jurídica para compatibilizar los estándares de Washington con el resto de la región, regulados por la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés).

La ACTSA incluye la necesidad de “ampliar los informes de inteligencia sobre las actividades económicas, políticas y de seguridad” de China en las Américas, y exige que en todas las embajadas y consulados en América Latina y el Caribe se designe a un oficial de inteligencia con formación jurídica, encargado de relevar todos los aspectos vinculados con los lazos de Beijing en la región. Además propone el financiamiento de proyectos para formar periodistas de investigación dispuestos “a promover la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos”. Según prevé la normativa, que tiene amplias posibilidades de aprobarse debido a que es una iniciativa bipartidista, el Secretario de Estado en coordinación con el Departamento de Justicia dispondrá los compromisos diplomáticos para alentar y facilitar la adopción de normas por parte de los gobiernos de América Latina y el Caribe.

Rubio es el presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental y de la Comisión Ejecutiva del Congreso dedicada a China (CECC). Además fue uno de los anfitriones del foro en el que Macri, Duque, Piñera y Almagro cuestionaron a los gobiernos que postulan senderos soberanos. En el hotel Biltmore de Miami se insistió además en la necesidad de que los poderes judiciales limiten las capacidades de quienes postulan políticas populistas.

“Hacete amigo del juez”, recomendó José Hernández en Martín Fierro.

 

 

 

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