En nuestro país, la dictadura cívico-militar de 1976 vino a terminar con el modelo de industrialización y sustitución de importaciones para imponer uno de acumulación subordinado a la valorización financiera, basado en el extractivismo agropecuario-exportador. Dicho modelo procura mediante la apertura externa, comercial y de capitales, subordinar a la economía nacional a la mundial. Para garantizar que eso suceda en todas las naciones periféricas, se creó el Consenso de Washington [i], que lidera el Fondo Monetario Internacional (FMI). Era necesario que las naciones se endeudaran y, después, no pudieran pagar.

 

La deuda externa

No cabe duda que la deuda es un mecanismo de dominación. Así lo hicieron en la Argentina con Jorge Rafael Videla-José Alfredo Martínez de Hoz y los gobiernos que la continuaron y perfeccionaron, legitimándola y utilizándola para comprar a precio vil valiosos activos públicos. El kirchnerismo –con todas sus limitaciones– les puso un freno. El mecanismo se reanuda en el gobierno de Cambiemos, que incrementó la deuda externa en más de 100.000 millones de dólares. Cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, le preguntó al empleado de Clarín, Marcelo Bonelli, dónde se había ido esa deuda, la respuesta fue obvia: se fugó. Esa deuda, sin ser observada por el FMI, pasó a engrosar el capital que los ricos del país tienen en el exterior. Sin embargo, pretenden que lo pague el pueblo argentino sacrificando su vida.

La deuda con el FMI, que forma gran parte de la deuda tomada por el gobierno de Cambiemos, es de 32.200 DEG [ii], unos 45.400 millones de dólares. El préstamo del FMI se hizo para condicionar al nuevo gobierno. Por ese motivo, el organismo no le hizo ninguna observación, aun sabiendo que esos dólares que ingresaban al país se fugaban. Podemos extender el razonamiento al acordar que el total de la deuda se pueda pagar en tres años como se le hizo firmar al gobierno de Cambiemos. El FMI no es una entelequia y es funcional a los países que son sus mayores aportantes y, con ello, a los capitales y capitalistas de esos países.

Por lo planteado se debe suspender la negociación con el FMI, como lo demuestra acabadamente el estudio “Formación de activos externos 2015-2019”, realizado por el Banco Central de la República Argentina. Allí se afirma que fueron casi siete millones de personas físicas y jurídicas las que compraron 86.200 millones de dólares en la gestión de Cambiemos, pero los cien primeros compradores lo hicieron por 24.679 millones de dólares. Por ende, se debe llamar a los titulares de esas cien firmas y decirles: “Señores, ustedes no pagaron el impuesto a las ganancias por el monto de dólares que compraron. ¿De dónde extrajeron esa suma?”, con lo cual, además de recuperar en parte esa deuda, se logra hacer un avance sobre las contabilidades paralelas y la evasión tributaria. Se recuperaría gran parte de esos fondos y se amortizaría gran parte de la deuda con el organismo internacional.

En la nota “Los Cien de Macri” publicada el 24 de mayo de 2020 en El Cohete a la Luna, aparecen como los dos principales fugadores durante ese gobierno Telefónica Argentina S.A., con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía S.A., con 903,9 millones de dólares. En ambas empresas tiene participación accionaria el fondo de cobertura BlackRock que es, a la vez, nuestro principal acreedor, al poseer la mayor cantidad de títulos de deuda argentinos.

La disputa entre el ministro Martín Guzmán y el Subsecretario de Energía Federico Basualdo (cuando el primero quería aumentar las tarifas eléctricas un 30% y el segundo respondió que no existen razones económicas ni de costos para que eso suceda y que con un 7% de ajuste es más que suficiente), debe leerse porque el principal accionista de Transener S.A. –la concesionaria de servicio público que opera y mantiene en forma directa el 85% de la red de alta tensión y supervisa el 15% restante de todo el territorio nacional argentino– es el grupo Pampa Energía. Esta sociedad está presidida por Marcelo Mindlin, tiene como uno de sus directores a Joe Lewis [iii] y es un grupo sobre el cual Larry Fink, CEO de BlackRock, reconoce tener fuerte participación.

 

 

Igualmente puede entenderse en la insistencia del gobierno nacional de proseguir con el decreto 949/2020 de volver a privatizar nuestro Río Paraná y extender la concesión de su balizamiento y dragado a empresas privadas. Como afirma el escritor Mempo Giardinelli: “El río Paraná tiene 20 puertos exportadores que no son territorio argentino, y no es una cuestión de patriotismo. Esos puertos tienen policía propia, tienen frontera propia, tienen acceso al exterior por vías absolutamente sin control y lo único que hacemos los argentinos es dragar el río. Pagamos el dragado para que ellos utilicen nuestro río en función de un comercio exterior del cual no tenemos la menor idea”. Los dueños de esos 20 puertos son ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfusy Glencore –las cinco con casa matriz en Estados Unidos– más COFCO, Aceitera General Deheza (asociada con Bunge en la Terminal 6 de Rosario, Santa Fe), y ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas).

 

 

Restricción externa

La Argentina pudo tener problemas de estrangulamiento del sector externo en algunos años del siglo XX por falta de ingresos genuinos, que se debían a una tasa sostenida de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual provocó que crecieran más las importaciones que las ventas al exterior. Pero eso no sucede en el siglo XXI. Si tomamos desde el año 2000 hasta el 2020 inclusive, las exportaciones superaron a las importaciones en 171.000 millones de dólares. Estas divisas se emplearon para pagar deuda y fugarla y eso explica que residentes argentinos tengan más de un PIB (unos 480.000 millones de dólares) en el exterior y que la deuda externa pública sea de de 323.065 millones de dólares al 31 de diciembre de 2019.

Los números son contundentes: un país en que los ricos tienen más de un PIB anual en el exterior no tiene un problema de ahorro o de falta de recursos, sino una clase empresaria rentista y parasitaria que no invierte lo suficiente y fuga capitales.

 

 

Reticencia inversora

Más allá de los indicadores que se empleen, se corrobora la afirmación del párrafo anterior. La elevada ganancia obtenida siempre ha superado a la inversión. Lo demuestra palpablemente la fuga de capitales.

Los grandes empresarios que operan en el país permanentemente contemplan la posibilidad de que la situación de ganancias extraordinarias se frene. Por esta razón, las inversiones están atadas fundamentalmente a la demanda de corto plazo, que por definición son limitadas y no implican cambios tecnológicos ni ampliación del capital. En un modelo extractivista agropecuario-exportador, la industria se reconvierte para ser funcional al modelo, o directamente se prioriza la inversión en la extracción o en la producción agropecuaria. Por lo tanto, se torna imprescindible para superar definitivamente dicha restricción que se genere otro modelo que acumule capital en base al trabajo y a la producción industrial. Para ello es necesario que se incremente y diversifique la sustitución de importaciones y la canasta exportadora con un sesgo a favor de la producción de bienes industriales no tradicionales y con mayor contenido tecnológico local, ya sean nuevos o aquellos que surgieran de internalizar procesos de la cadena productiva que actualmente se realizan en los países destino.

En el marco del modelo extractivista agropecuario-exportador, las pymes y micro empresas no tienen –y no pueden tener– capacidad de tejer una red productiva y distributiva independiente de las características antedichas de apropiación de rentas de los grandes empresarios, por lo que lejos está la posibilidad de constituir la mítica “burguesía nacional”.

El cuadro referido exige de un preponderante rol del Estado y de las políticas que debe llevar a cabo, principalmente la de sustitución de importaciones. También la de mejorar la composición de las exportaciones en sus dos aspectos: uno como fuente de demanda o incrementando la productividad global de la economía (que depende de un conjunto de características estructurales de nuestro país), y el otro, como proveedores de financiamiento por la vía de obtención de divisas o por permitir sustituir con producción local las importaciones (ahorro de divisas), con el objetivo de superar, definitivamente, la limitación que implica la falta ocasionada por la fuga.

En lo que respecta a los déficits estructurales, con sólo ver nuestra infraestructura (vial, ferroviaria, marítima, de aviación, de riego, de utilización de los ríos o de uso de los desechos químicos e industriales), se explica el peso negativo que tienen los mismos en la red de producción, distribución y calidad de vida de la población. Los sectores dominantes pretenden que todo el costo de invertir y modernizar la infraestructura del país esté a cargo del Estado y/o se pague con el bajo precio de nuestra mano de obra y de los productos de los pequeños y medianos empresarios, mientras ellos se dedican a beneficiarse de la diferencial entre los precios que fijan y los costos que pagan.

No puede haber un destino nacional y común con el grado de pequeñez, de prebendarismo y de miopía de la burguesía que tenemos. Sólo un Estado consciente, con un plan y con la participación de la población (a través de los canales y los instrumentos respectivos), puede ponerle los límites y obligarlos a cumplir las leyes, a la vez que debe ser capaz de conducir a una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria. Eso ha sucedido pocas veces en nuestro país. La mayoría de los gobiernos han sido impuestos por los grandes empresarios o funcionales y temerosos del poder económico.

 

En síntesis

Se necesita de un plan económico, de un Estado que lo lleve adelante y discipline a las grandes empresas y que se apoye en el pueblo: que lo convoque y que lo haga partícipe, para que seamos una República democrática y soberana.

 

 

 

 

[i] Sus ejes son: 1. Disciplina fiscal; 2. La inflación como parámetro central de la economía; 3. Prioridades en el gasto público; 4. Aumentar los ingresos tributarios; 5. Tasas de interés determinadas por el mercado; 6. Tipo de cambio; 7. Política comercial. La liberalización de las importaciones; 8. Favorecer la inversión extranjera Directa (IED). 9. Privatizaciones, que la empresa privada es más eficiente que la estatal. 10. Desregulación.

[ii] DEG es una moneda que nace de la canasta de monedas de los países miembros del FMI según su aporte a ese organismo. Actualmente se estima que 1 DEG = 1,41 dólares.

[iii] Joe Ted Lewis es un empresario inglés que vive en Lyford Cay, Bahamas. Se estima que su fortuna total ronda los 5.300 millones de dólares. Es la séptima persona más rica de Inglaterra y en el ranking de la revista Forbes figura en el puesto 277 entre los más ricos del mundo. En la Argentina tiene su estancia Hidden Lake que usufructúa el lago Escondido en la provincia de Río Negro.

 

 

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