Del submarino perdido a la guerra híbrida
El estado de la Defensa Nacional
La tragedia del ARA San Juan desató, entre otras repercusiones, un debate sobre la situación de la defensa nacional, largamente desatendida. No era para menos. Sometidas la Fuerzas Armadas a un prolongado proceso de desarme de hecho, la desaparición de aquel remitió –casi como un reflejo condicionado— al descuido, a la escasez de mantenimiento, de adiestramiento y de inversión que permeó por años el quehacer de las instituciones castrenses. Pero dejó también un margen para la duda: a varios observadores civiles de la cuestión militar nos dio la impresión de que la información presentada por la Armada no estaba completa. Dicho en corto, nos pareció que había "gato encerrado”. Los relevos y las solicitudes de retiro ocurridos en la cúpula de la jerarquía naval mostraron una pugna y unos enfrentamientos internos casi nunca antes vistos. Y nos hicieron pensar que ese retaceo en la comunicación probablemente provenía del hecho de que la atribución de responsabilidades sobre la desaparición del submarino y de su tripulación era un asunto muy espinoso al que nadie quería quedar pegado. Y en buena medida fue así pero no fue todo, como se verá más adelante.
Por otra parte, una serie de acciones y de informaciones posteriores a la tragedia provenientes del oficialismo echaron un balde de agua fría sobre esa incipiente discusión en curso. Habían hecho ya su aparición posiciones muy sensatas –como las de José Manuel Ugarte (“ARA San Juan: reflexiones necesarias”, Clarín, 24/11/2017) y otros— que procuraban examinar la problemática de la defensa nacional tomando como referencias el estado del mundo, el cuadro de situación de la seguridad internacional, el modelo más adecuado para el desenvolvimiento del país en ese marco, la penuria presupuestaria del sector vis a vis las dificultades económico-financieras actuales y las presiones derivadas de agendas externas –como la proveniente del Comando Sur de los Estados Unidos— que procuran imprimir su sello sobre nuestra posibilidad de decisión soberana, entre otras dimensiones relevantes. Pero de manera concomitante, una desordenada, asistemática y poco sustancial seguidilla de hechos producidos por dirigentes del oficialismo y noticias propaladas por medios de comunicación afines embarraron la cancha de tal modo que ese debate perdió impulso y se fue empantanando.
Veamos. Desde el comienzo de la gestión Macri se desarrolló un incesante parloteo sobre la posibilidad de fusionar las misiones de seguridad y las de defensa, que la legislación vigente separa con pulcritud. Mostró como estandarte –a poco de asumir el nuevo presidente— la sanción de la llamada “ley de derribo” que permite la intercepción y eventualmente el abatimiento de avionetas del narcotráfico renuentes a identificarse y/o obedecer órdenes. (Esta norma disuelve la antedicha separación entre seguridad y defensa, pues las aeronaves empeñables en esa tarea son las de la Fuerza Aérea). Pero a partir de la desaparición del ARA San Juan –noviembre de 2017— hubo un nutrido y asombroso florecimiento de declaraciones e iniciativas referidas a los dos asuntos que se acaban de mencionar y a otros concomitantes. Entre otras novedades, desde fuentes oficiales u oficiosas se informó: de la intención de crear una fuerza de cibedefensa autonomizada del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea; del redespliegue del Ejército; de la recuperación de la formación de reservistas; de la estructuración de una fuerza de despliegue rápido de apoyo (logística) a las fuerzas de seguridad; de la modificación de la ley de personal militar como punta de lanza de una reforma más general; de la creación de una fuerza de tareas (task force) con la DEA con sede en Misiones, para atender a la Triple Frontera especialmente en lo referido a narcotráfico y terrorismo internacional; de la solicitud de los ministros Bullrich y Aguad de apoyo al Comando Sur para que este cubriera la seguridad de las reuniones del G20 en Buenos Aires, en lo concerniente al terrorismo internacional; y de la extraña demanda que Bullrich hizo a la misma agencia norteamericana –en Key West— para que se desarrollara una doctrina específica en materia de narcotráfico para los países que no eran ni México, Colombia y Perú, pues sus realidades eran distintas. Finalmente hizo su aparición muy recientemente la guerra híbrida, concepto general que de aquí en más debería orientar el accionar en el campo de la defensa, que fue objeto de recientes tratamientos por una revista especializada y de comentario por parte de expertos cercanos al oficialismo, en ambos casos elogiosos. Rápidamente definida, aquella designa las contiendas que se libran entre adversarios asimétricos en términos de poder militar. Bajo esta condición, el más débil recurre a operaciones y medios ajenos a la guerra convencional: guerrilla, terrorismo, acciones ideológicas, extorsiones, secuestros, sabotaje, etc. Pero a la postre, el más fuerte se ve inducido, también, a adoptar esos procederes. Se produce así un tipo de enfrentamiento sin frentes precisos, en el que se desenvuelven tanto fuerzas regulares como irregulares, así como campañas mediáticas, de agitación social o propagandística, entre otros recursos y protagonistas empeñados por ambas partes.
El concepto de hibridez bélica fue elaborado por los países occidentales más poderosos y ha sido incorporado por la OTAN; sus enemigos –entre otros el terrorismo de fundamento islámico, como el talibán o ISIS— no lo usan. Pero cultivan, a su modo, las ventajas de la asimetría (que es el obvio antónimo de la guerra simétrica o convencional, en la que serían rápidamente aniquilados por aquellas potencias).
Ahora bien, hay un hecho que también debería haberse incluido en el listado anterior pero conviene examinar por separado: la embrollada referencia sobre la misión adjudicada al ARA San Juan contenida en el último informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, al Congreso de la Nación. Presenta dos temas destacables: uno es que el submarino tenía una explícita misión de avistamiento y vigilancia de naves de guerra británicas y de pesca en general, en una zona próxima a Malvinas, asunto del que no se informó adecuadamente a la opinión pública hasta la antedicha intervención de Peña (aquí el “gato encerrado” mencionado al comienzo); el otro es que las correspondientes coordenadas cartográficas para esa misión estaban mal formuladas y fueron enmendadas a mano. Respecto de esto último la propia Armada reconoció que había allí un error y que esa hoja no debió haber sido enviada. Este por demás descuidado manejo es absolutamente impropio de la dignidad del Congreso; es verdaderamente alarmante que el almirantazgo y la Jefatura de Gabinete hayan incurrido en semejante falta de consideración. Por su parte, el escamoteo de información sobre el avistamiento y vigilancia de un espacio marítimo sobre el cual Argentina postula soberanía es incomprensible (a menos que la búsqueda de opacidad no estuviera referida a nuestro soberano pueblo sino a la reina Isabel). El control jurisdiccional es completamente válido y del todo pertinente desde el punto de vista de la defensa nacional; en el área malvinense obviamente también si se lo hace con tino y prudencia, habida cuenta del poderío militar británico desplegado en la zona y de que hay allí una disputa. Conviene aclarar, sin embargo, que esta función de vigilancia y control tiene poco que ver con la guerra híbrida, que parece estar en tren de ser convertida en fundamento de nuestra concepción defensista. Es, al contrario, lo que se debería estar haciendo en un espacio geopolíticamente complejo como es el del Atlántico Sur, en el que hay sendas e importantes bases militares británicas y norteamericanas que movilizan armamento nuclear; que alberga significativos recursos naturales como la pesca y el petróleo; que contiene dos pasos interoceánicos: con el Indico y con el Pacífico; que es surcado por rutas comerciales no poco considerables; y es una de las puerta de entrada a la Antártida.
En fin, la alucinante cabalgata emprendida por el gobierno desde que se perdió contacto con el ARA San Juan, que se ha procurado retratar precedentemente, compone una ensalada de difícil digestión y escasa congruencia. Solo faltaría, para completarla, que mañana o pasado Argentina procurara actualizar su congelada condición de aliado extra-OTAN en nombre de la hibridez.
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