El verde no es PRO

 

La emergencia ambiental con relación a la escasez de espacios verdes públicos no es nueva ni surgió con la pandemia del Covid-19.

En 1993, el por entonces Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la Ordenanza 46.229, que estableció una intangibilidad de los espacios verdes públicos en cuanto a su carácter público y a su superficie. Dispuso, hace casi treinta años, que está prohibido “otorgar concesión, cesión, transferencia de dominio, tenencia precaria, permiso de uso ni cambio de destino de todo espacio destinado a parque, plazas, plazoletas y de todo otro espacio verde de uso público, se encuentre parquizado, jardinizado o no, perteneciente al dominio público”.

En 1996, la Constitución de la Ciudad ratificó y elevó a la máxima jerarquía del consenso social y ambiental la protección de los espacios verdes y dispuso el mandato de establecer políticas ambientales orientadas al perpetuo incremento de estos espacios hasta llegar a niveles adecuados a la densidad constructiva y demográfica de la ciudad.

La preocupación por la escasez de los espacios verdes se mantuvo a lo largo de todas estas décadas y también fue receptada por el Plan Urbano Ambiental (Ley 2.930), la norma jurídica más importante de la ciudad luego de la Constitución.

Lamentablemente, los últimos gobiernos desconocieron por completo esta emergencia ambiental y los mandatos legales. Desde el año 2008 hasta el presente se perdieron como mínimo 150 hectáreas de espacios verdes públicos en la Ciudad.

 

 

La importancia de los espacios verdes en pandemia

¿El GCBA tomó conciencia de la necesidad de más espacios verdes por la pandemia?

La pandemia por Covid-19 ha profundizado las desigualdades urbanas y ha visibilizado la importancia de los espacios públicos para garantizar una calidad de vida adecuada a sus habitantes.

Los espacios verdes desempeñan un rol fundamental en el ambiente urbano ya que brindan un conjunto de servicios ambientales, entre los que podemos mencionar su función como elementos mitigadores de contaminación, sumideros de dióxido de carbono, amortiguadores del impacto de las precipitaciones y ámbitos de sociabilización y disfrute del conjunto de la ciudadanía.

Los datos oficiales revelan que los valores medios de superficie verde por habitante en la Ciudad de Buenos Aires se encuentran muy por debajo de los estándares recomendados. Mientras la ley de ordenamiento territorial de la Provincia de Buenos Aires establece como saludable 10 metros cuadrados de superficie verde por habitante y reconocidos estándares internacionales recomiendan entre 10 y 15, la Ciudad de Buenos Aires en promedio cuenta con 6 metros cuadrados de superficie verde por habitante.

Este indicador ambiental no se distribuye de manera uniforme en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, resultando extremadamente crítico en los barrios populares, donde alcanza valores 100 veces menores a los recomendados.

Durante 2020 la ciudadanía porteña tomó más conciencia de la falta de espacios verdes públicos en la ciudad. A partir de allí, cierta razonabilidad de las políticas urbanas debería haber llevado a la gestión del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a concentrar los esfuerzos en incrementar los espacios públicos y, entre ellos, los espacios verdes, ya no sólo como una medida ambiental sino también sanitaria.

Pero está ocurriendo todo lo contrario. Se está avanzando con micro privatizaciones de los espacios públicos para que sean explotados comercialmente por restaurantes y bares. Resulta entendible la medida de autorizar a poner mesas en la vía pública (veredas y calles) para colaborar con el sector gastronómico. Pero su implementación se está realizando sin ningún protocolo que permita atender a los conflictos de convivencia que se generan con las familias residentes por este nuevo uso comercial a cielo abierto de los espacios públicos. Los sectores más afectados y que realizaron reclamos comunitarios fueron el casco histórico, sectores del Abasto, de Palermo, etc. También nos preguntamos: ¿por qué estos espacios públicos con mesas no son de acceso público? Recordemos que no se paga un solo peso por esos espacios y quedan bajo el uso exclusivo del interés económico de los comercios gastronómicos.

También podemos hablar de micro privatizaciones al referirnos al creciente uso privado económico del espacio público en plazas y parques porteños. Los espacios verdes cada vez más se llenan de clases pagas de gimnasia, deporte o baile. La Ciudad tampoco se ha ocupado de regular esta nueva situación. Mientras tanto, las plazas se achican para quienes no quieren o no pueden pagar por estos servicios. Quizás esto no sea un problema en el Parque Tres de Febrero, pero sí lo es en los barrios que no superan el metro cuadrado por habitante.

Generó también un fuerte debate el convenio firmado por la Comuna 14 y el dueño del restaurante Don Julio, por el cual se autorizó a cambiar el destino de la Plazoleta “Luna de Enfrente” para que Don Julio pueda tener una huerta urbana esponsorizada. Detalles menores, el convenio debió tener autorización de la Legislatura antes de la construcción de la huerta, pero esas formalidades ya sabemos que no son relevantes para esta gestión. Esperemos que lo sean para la Justicia ya que la cuestión se encuentra judicializada.

 

 

Sin construcciones, suelo desperdiciado

La gestión del PRO ha considerado que los espacios verdes constituyen una subutilización del suelo urbano porque no generan rentabilidad. Por este motivo, es una constante su voluntad de avanzar con emprendimientos inmobiliarios o edificios públicos en estos espacios o privatizarlos para explotaciones comerciales a través de concesiones.

1. En esta dirección se inscribe la voluntad férrea de Rodríguez Larreta por vender el predio conocido como Costa Salguero, ubicado en la Costanera Norte de la Ciudad de Buenos Aires, para que privados construyan una muralla de edificios. Luego de que el 98% de las personas que intervinieron en la audiencia pública (más de 2.000 oradoras y oradores) se expresara en contra, el GCBA continuó como si nada hubiese ocurrido contratando consultoras y destinando dinero para la infraestructura de este futuro mega emprendimiento inmobiliario.

 

 

Esta semana, el 27 de abril, el juez Martín Leonardo Furchi, resolvió hacer lugar a la acción de amparo (impulsada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el IPYPP, la Defensoría de Laburantes, la Fundación Ciudad y la diputada Gabriela Cerruti) y declaró la inconstitucionalidad de la Ley 6.289, que había autorizado la venta de Costa Salguero, por ser contraria a los artículos 63, 89 incisos 4 y 6, y 90 de la Constitución de la Ciudad (no respetó el procedimiento constitucional de sanción de leyes).

Imaginemos que el Presidente Alberto Fernández remitiera un proyecto de ley al Congreso. Sabiendo que no conseguirá los votos necesarios en el Senado, decide promulgar el proyecto de ley con la simple aprobación de la Cámara de Diputados y lo publica en el Boletín Oficial como ley. Como mínimo se estaría pidiendo su juicio político y se convocarían a grandes concentraciones públicas a pesar de la pandemia.

Esto es lo que en forma análoga hizo Rodríguez Larreta y lo que acaba de reconocer la Justicia. El oficialismo salteó la convocatoria de dos audiencias públicas e hizo pasar como ley un proyecto que sólo tuvo una sanción cuando necesitaban dos por parte de la Legislatura (técnicamente se conoce como procedimiento de doble lectura). A nivel institucional no sucedió nada y Rodríguez Larreta continúa siendo el adalid de la república y el federalismo. Por cierto, no es la primera vez que esto ocurre y la Justicia suspendió y anuló varias leyes de esta gestión por estos mismos motivos.

2. El 25 de marzo, el juez Lisandro Fastman decidió rechazar una medida cautelar que peticionaba la suspensión de la construcción del “Centro Cultural del Sur” (conjunto de edificios gubernamentales destinados a la cultura) en el Parque España (Comuna 4). Esta decisión no fue tratada en ningún momento por la Legislatura porteña, pero al GCBA no le importó la prohibición de construir edificios públicos o privados en parques de la ciudad. Al juez tampoco le pareció relevante esta prohibición ya que ni siquiera lo trató en su sentencia dictada en el expediente 9213-2019/0, caratulado “Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad c/ GCBA s/ Amparo Ambiental”.

3. A principios de abril, se conoció que el GCBA cedió parte del Parque Sarmiento al club privado Belgrano Athletic para la construcción de tres canchas de rugby. Para el GCBA, el Parque Sarmiento es un suelo ocioso más que un parque público. Entonces, todos estos años se ha ocupado de ir fragmentándolo en partes para destinarlo a diversas concesiones. Se permitió la instalación del “Circo Ánima” de Flavio Mendoza, se entregaron a la administración del ex futbolista Sebastián Battaglia las canchas de fútbol 5, y varias canchas de tenis se encuentran concesionadas.

4. Cuando se estableció el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, en la ciudad se cerraron los parques públicos. Luego abrieron, con excepción del Parque de Agronomía, que desde hace un año que está vedado al público general por decisión de la Universidad de Buenos Aires. Históricamente, la UBA fue aprovechando oportunidades para ir cerrando entradas o enrejando partes del predio. Su gran argumento es que el predio le pertenece, pero soslaya que hace más de 40 años dicho predio está zonificado como Urbanización Parque (UP). Es decir, la planificación urbana de la ciudad, decidida en los ámbitos democráticos del parlamento, dispone que este predio debe estar abierto a la ciudadanía para que realice un uso social y ambiental.

 

 

La excusa actual dada por la Facultad de Agronomía es que el Rectorado prohibió el ingreso de público en los edificios e instalaciones de la universidad. La asamblea “Movimiento Agronomía Abierta” está solicitando un protocolo sanitario acorde a la realidad del parque de agronomía y que el control se realice en la puerta de los edificios y no en la entrada del parque. El GCBA brilla por su ausencia y carece de voluntad para ejercer su poder de policía y defensa de la planificación de la ciudad.

5. En la Legislatura se autorizó la cementación de los pulmones de manzana para poder construir estacionamientos con el argumento de que la cementación con mecanismos de retención es más eficaz que el suelo absorbente para mitigar las inundaciones.

 

 

 

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