Year Progress

 

La semana que arrancó con la visita a la Cámara de Diputados del ministro de Justicia, Martín Soria, cerró con un golpazo: la denuncia por enriquecimiento del procurador interino Eduardo Casal. Se trata de un nuevo round en la pelea por la regularización de la Procuración General de la Nación, que salpica además la disputa judicial por el esquema de cuidados sanitarios en las escuelas del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA). Todo eso se vivió en los últimos días de abril y preanuncia el voltaje que tendrá la lucha electoral y lo que se juega en estos comicios.

La votación de medio término siempre se lee como termómetro del curso del gobierno. Hay mil interpretaciones de “los mensajes de las urnas”, pero en este año además se somete a valoración la gestión de la pandemia, un fenómeno inesperado e indomable que cambió radicalmente las prioridades y que a muches dio “un baño de realidad”. Las desigualdades en el capitalismo están a la vista, y cómo gestionar los mínimos recursos que dejó en pie el vendaval macrista exige habilidad y sobre todo astucia.

Desde fines de 2020 la puerta que divide la Cámara de Senadores de la de Diputados se asemeja más a un agujero negro, donde los proyectos parecían no encontrar la salida rumbo a su aprobación definitiva, que a una separación física de dos recintos. La secretaría parlamentaria de la cámara alta envió, con mayoría de votos de todos los bloques, la prórroga del régimen de biocombustibles (próximo a vencer) y etiquetado frontal; también la reforma del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, sumada a la ampliación de la Justicia Federal con asiento en Comodoro Py, que sólo tuvieron votos del oficialismo y que Juntos por el Cambio cuestiona y rechaza. Pero esta última semana de abril los expedientes tomaron impulso.

El puñado de proyectos que se mueve entrelazado, al que se sumó en marzo el respaldo al Consenso Fiscal, va de despacho en despacho y se amontona en los escritorios, físicos y virtuales. De un lado de la puerta se despliega una dinámica aceitada: debates, audiencias, modificaciones, dictamen, recinto, media sanción, su ruta. La mayoría holgada pero no absoluta del bloque oficialista impulsa la mecánica que camina sin mayor dificultad bajo la atenta administración de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Con pocas fisuras, cada proyecto que ingresa se trabaja minuciosamente, se citan expertes, se reescriben artículos, se retoman incluso propuestas de bloques opositores, se ponen todas a la vistas. La misión es remitir un texto lo más redondo posible pero no necesariamente cerrado, para “dar certeza del lineamiento político del proyecto”, dicen desde el oficialismo. Del otro lado, atravesando Pasos Perdidos, todo es cuesta arriba.

Si bien el oficialismo desde que asumió está construyendo mojones donde apoyarse y avanzar en discusiones cuando se empantanan con Juntos por el Cambio, cada debate es una negociación con muchísimos sectores, que consumen tiempo y energía en el trabajo político para llegar al recinto y garantizar la aprobación. En Diputados se negocia todo. No hay garantizado ni quorum, ni resultado de antemano. La única certeza de lo que se revisa es que el texto volverá al Senado con modificaciones y que habrá que incluirle cambios. Algo que todes entienden y con lo que juegan sus fichas. En los pasillos del palacio se sabe que “un proyecto llega al recinto si hay un acuerdo político”. Caso contrario, se busca hasta alcanzarlo antes de que baje a la sesión. El texto en definitiva es la materialización de esos consensos y negociaciones que se cierran en las conversaciones tras bambalinas.

 

 

A río revuelto…

El protocolo de funcionamiento mixto y remoto de Diputados se renueva mensualmente y acaba de vencer. Eso desembocará inevitablemente en una semana de negociaciones y condicionamientos sobre la agenda de temas que llegarán al recinto. ¿Podrá salir airoso el oficialismo y conseguir los proyectos que necesita antes del recambio electoral?

Hace meses que Juntos por el Cambio insiste en la presencialidad y por eso hoy sólo están exceptuados de participar de cuerpo presente en la sesión los grupos de riesgo; quien no se conecta desde su banca aparece como ausente, sin poder votar ni debatir. Ya en septiembre del año pasado, con la curva de contagios amesetada mucho más abajo, con menos casos y muertes por Covid-19, judicializaron la renovación del protocolo que se había firmado con el resto de la oposición: 23 bancas divididas en 9 monobloques y 6 bloques –con dos a tres integrantes cada uno– agrupados mayoritariamente en dos interbloques. En esa sesión, en la que Cambiemos no participó ni votó, se aprobó la asistencia económica de emergencia para el sector del turismo.

Como consecuencia de esa disputa judicial se sumó una mayor presencialidad y por eso hoy son casi 200 los diputados y diputadas que se trasladan de todas las provincias para ocupar sus bancas. En lo que va de la pandemia, por lo menos una docena tuvo que aislarse varias veces y hasta votar o debatir con asistencia de oxígeno. Pudieron hacerlo a la distancia por la virtualidad, que hoy sólo se garantiza para un grupo minoritario de legisladores; el resto va y viene para cada sesión, transportándose la mayoría en avión o en coche.

Las críticas de Juntos por el Cambio en el recinto y en la televisión a quienes firmaron aquella renovación de las sesiones mixtas, o acompañan proyectos del oficialismo, fueron mellando el diálogo con la mayoría de los pequeños bloques. Algunos incluso manifiestan por lo bajo que se vieron manipulados a fines de marzo a participar en una sesión que tuvo que hacerse en minoría, porque “no garantizaron ni siquiera la totalidad de los propios”.

La realidad que impuso la pandemia suscitó cambios e incorporaciones en la dinámica parlamentaria, asumiendo cierta flexibilidad en los traslados y la circulación, y con ello el diálogo permanente para garantizar el trabajo parlamentario. Por eso se sostienen los encuentros virtuales de comisión y se avanza en el estudio de proyectos en reuniones informativas que no requieren quorum. Para dictaminar son necesarios acuerdos entre las autoridades de la comisión, que muchas veces ocupan diputades de Cambiemos, impidiendo que se firme de forma virtual, por lo que se debe convocar a reuniones presenciales para validar dictámenes. Mientras tanto, el oficialismo toma nota de los reclamos o demandas que podrían ser atendidas para negociar acuerdos.

La oposición no cambiemita no solamente firmó el protocolo de funcionamiento mixto y remoto sino que en general participa en la formación del quorum de 129 presentes para validar la sesión. Si bien su comportamiento no es homogéneo, el oficialismo precisa que por lo menos 11 se conecten para sumar a sus 118. De las 23 bancas opositoras que no forman parte del bloque de Cambiemos hay por lo menos cuatro monobloques que generalmente se pliegan a la conducción del radical Mario Negri; algunos incluso pertenecían antes a ese espacio. Esto reduce bastante el margen de maniobra del oficialismo, obligado a negociar con 19 diputades sobre los que recae, sin quererlo, el peso de definir en cada sesión.

 

 

Enganchados

Los proyectos que impulsa el oficialismo en la Cámara baja son leídos entrelazados. No solamente porque impactan en las economías regionales sino también para juntar los votos.

Biocombustibles es un régimen de promoción industrial (Ley 26.093) que se inició durante el gobierno de Néstor Kirchner en 2006, cuando la Argentina tenía excedente de granos y aceite de soja que no lograba exportar. El panorama internacional de entonces colocaba la disputa por el petróleo en el centro de la geopolítica y los commodities comenzaban a escalar su valor tímidamente. Recién había entrado en vigencia el protocolo de Kyoto y se hablaba poco de huella de carbono. Tampoco en ese tiempo estaba la grieta que se cavó con la resolución 125 y el voto no positivo de Julio Cleto Cobos. En 2008 se amplió la Ley 26.093 a la caña de azúcar para producir bioetanol, prorrogando el régimen hasta mediados de 2021.

Con su vencimiento inminente, el próximo 12 de mayo, la industria que emplea a miles de trabajadores y que desarrolló 55 plantas en diez provincias tiene sectores que quieren mantener el status quo y otros que buscan cambiarlo. La oportunidad se abrió con los enroques en la Secretaría de Energía y la judicialización que interpuso en diciembre un sector agropecuario que responde a Cambiemos, exigiendo aumentos de los precios, y que condiciona el régimen vigente.

La promoción establece cuotas de corte de biocombustible obligatorios en las naftas, que generalmente no se alcanzan y atan el precio de surtidor al valor de exportación. El desarrollo del complejo industrial concentró fuertemente la producción de agrocombustibles que además se exportan a Europa, haciendo abuso de un régimen que apuntaba a promover a las pymes y la industrialización del trabajo agrario.

El tic tac del reloj tiene al oficialismo en apuros. El panorama en Diputados presenta dos alternativas: aprobar/rechazar la media sanción del Senado, o un nuevo régimen. Pero no es fácil ninguno de los dos caminos. Hay interpretaciones del reglamento que podrían ser un impedimento.

En simultáneo, en plenario de comisiones se viene debatiendo hace más de seis encuentros –y con amplios consensos– un proyecto para promover la alimentación saludable y el derecho a la información de les consumidores. El texto del etiquetado frontal busca advertir con un sello negro octogonal, que además tiene que estar muy visible, los excesos de azúcares, grasas y sodio en los paquetes de alimentos procesados y ultra procesados. Del Senado salió rechazado sólo por tres senadoras que repararon en el impacto en industrias de Tucumán y La Rioja que se derivarían de los cambios de hábitos alimenticios que disminuyen el consumo de azúcar.

Ante este panorama, el oficialismo busca alternativas para armonizar el efecto que estas modificaciones podrían tener en las economías regionales y sobre todo en el empleo. Desde la Patagonia alzan la voz y reclaman una revisión integral del sistema energético. El arribo del neuquino Darío Martínez a la Secretaría de Energía freno en seco la prórroga y aceleró los cambios en el régimen. El proyecto que ingresó días atrás, encabezado por el diputado oficialista por Santa Fe, Marcos Cleri, otorga un mayor margen de maniobra a la autoridad de aplicación para fijar valores y ajustar los porcentajes de cortes obligatorios en las naftas. Incorpora la segmentación de la producción según tamaño y volumen de producción. También incluye diferenciaciones por tipos de insumos (maíz, azúcar, soja) según capacidad exportable.

Ya en el debate del Senado, a fines de octubre, se anticipó que se estaba trabajando en un nuevo proyecto, pero en aquel entonces el presidente del bloque José Mayans no podía anticipar para cuándo.

Como en la reunión informativa que se inició esta semana quedó expuesto que la mayoría de los sectores vinculados al agro se oponen a cualquier cambio, la negociación por los votos apunta ahora a las provincias productoras de hidrocarburos. Además de las patagónicas se suman Mendoza, La Pampa y Buenos Aires, donde las refinerías se multiplican y consolidan. También La Rioja y Tucumán son propicias para buscar votos sueltos para compensar el impacto de etiquetado frontal y en busca de estimular la reconversión de los ingenios azucareros.

 

 

Típico de Machirulo

Los efectos del informe sobre las relaciones impúdicas entre espías y algunos fiscales siguen rebotando en las reuniones parlamentarias. Se lo escuchó al Ministro de Justicia repudiar el “llamado al orden” que el procurador interino hizo a un grupo de fiscalas por aportar mejoras a la media sanción del proyecto que modifica el Ministerio Público Fiscal (MPF) y de la Defensa; el episodio derivó también en denuncias que impulsan diputadas y senadoras del oficialismo y que van a presentar ante la comisión. Se hizo sentir un enojo generalizado ante el abuso de poder por parte de un funcionario que ocupa su cargo de forma interina, sin el acuerdo del Senado que establece la Constitución Nacional, irregularidad que impide desde hace más de tres años el correcto funcionamiento del organismo. Quieren citar al procurador para que responda en la comisión por el tratamiento desigual hacia mujeres y varones en el organismo que el conduce.

 

 

La reactivación de un debate que parecía sepultado bajo siete llaves, condicionado a la voluntad de Cambiemos –que exigía para la inclusión del tema en la agenda la renovación del protocolo–, convoca el interés de algunos de los sectores que no forman parte de esa oposición y que saben que hay una oportunidad de incorporar mejoras. El propio Rodolfo Tailhade, que preside la comisión de Justicia donde se discute y que denunció el enriquecimiento desproporcionado de Casal, sostuvo en declaraciones televisivas que la ausencia de Graciela Camaño en la presentación del ministro Soria “no implica un rechazo a la iniciativa”, a diferencia de la posición tajante que difundió Cambiemos.

La media sanción impulsa cambios en los plazos del mandato y la forma de designación/remoción; también fortalece el rol de control del Congreso en los concursos y tribunales de enjuiciamiento. El texto original surgió en el Senado de proyectos presentados por el radical Martín Lousteau y la neuquina Lucila Crexell, a los que se incorporaron cambios promovidos incluso por asociaciones de fiscales.

En su presentación, Soria dijo que venía recopilando propuestas de todos los sectores que se verán afectados por los cambios y que no son parte del parlamento. “Muchos –dijo–cambiaron de parecer frente a las irregularidades reveladas por el informe de la Bicameral de Inteligencia”; incluso la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, acercó sus propuestas de lo que podría mejorarse. Eso abrió la puerta para que de uno en uno y sin apuro se vayan acercando voluntades.

 

 

 

 

 

El cuadro de situación

Un sobrevuelo por las 23 bancas que se ubican en el centro del recinto ayuda a ir desgranando su composición para entender los movimientos que pueden darse. El Interbloque Federal agrupa 11 bancadas y está presidido por el justicialista bonaerense Eduardo “Bali” Bucca. Se agrupan tres del lavagnismo; cuatro de Córdoba; un justicialista de La Pampa, un socialista y un progresista de Santa Fe. No son los más homogéneos en su comportamiento y tampoco comparten necesariamente los mismos intereses.

En relación al proyecto de biocombustibles, les cuatro de Córdoba rechazan las modificaciones de los cortes e impulsan su propio proyecto. Apoyan etiquetado frontal y Consenso Fiscal, pero no definen sobre MPF. En general el lavagnismo es crítico de los proyectos del oficialismo, pero insiste en debatir. Replican en esto la posición del bloque cordobés pero advierten que las modificaciones al sistema judicial requieren amplios consensos. Mientras que los diputados por Santa Fe desestiman que sea momento de “intervenir en la Justicia” y abogan por la prórroga para los biodiésel. Los peronistas Bucca y Andrés Zottos aportan para constituir el quorum mucho más seguido que sus compañeros de interbloque.

Si de sumar voluntades se trata, en Unidad Federal para el Desarrollo el oficialismo consigue receptores a las propuestas de debate. Conducido por el mendocino José Luis Ramón, suman seis bancadas muy preciadas para sesionar. Tres representan a Misiones y votan de forma unánime –salvo en el aborto–, a los que hay que sumar una de Río Negro y otra de Buenos Aires. La diversidad de miembros garantiza la tracción de votos a partir de acuerdos sectoriales. Según pudo saber El Cohete, apoyarían con modificaciones ambos proyectos, en la “búsqueda de incluir mejoras a las medias sanciones del Senado”.

Esos dos interbloques suman 17 bancas. Las 23 que ocupan todos los opositores que no forman parte de Cambiemos se completan con seis que valen oro. En representación del Movimiento Popular Neuquino, Alma Sapag alza su voz crítica a la prórroga de biocombustibles y nada dice sobre el resto de los temas. Nicolás del Caño (PTS) y su par Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista) junto con el riojano Felipe Álvarez y el santacruceño Antonio Carambia, mayoritariamente aportan el quorum. La tucumana Beatriz Ávila, que cerraría el cuadro de situación, queda envuelta en el dilema de “lo que sea mejor para la provincia”.

Así se presenta el tablero para los próximos días, que con la inercia de una semana cargada de debates políticos intenta sostener el ritmo de trabajo mientras se agudiza la pandemia. Algo que puede activar rápidamente la concreción de una próxima sesión es el calendario electoral. Hay un proyecto que requiere la urgente aprobación: la suspensión hasta fin de año de dos causales de caducidad de los partidos políticos (la no realización de elecciones partidarias o la imposibilidad de mantener una afiliación mínima), de modo que no impidan a los 640 partidos provinciales y a los 44 nacionales competir en la contienda electoral que se avecina.

 

 

 

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