Promesas inconclusas

 

Las rutas que prometieron tampoco las terminaron. Guillermo Federico Heinecke fue gerente de Proyectos y Obras de la Dirección de Nacional de Vialidad Nacional (DNV) entre febrero de 2016 y el mismo mes de 2018. En una de las últimas audiencias del juicio Vialidad, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, ratificó que las obras de la ruta nacional 3, en el tramo Caleta Olivia-Comodoro Rivadavia, no concluyeron durante la gestión de Javier Iguacel como administrador de Vialidad. La construcción de kilómetros de asfalto había sido una repetida promesa en la campaña de Mauricio Macri a la presidencia.

La historia data de septiembre de 2006. En ese momento se inició la primera licitación para los trabajos en el tramo de la ruta 3 que une Caleta Olivia (Santa Cruz) con Comodoro Rivadavia (Chubut). Se presentaron cuatro empresas: Esuco, Kank y Costilla, Austral Construcciones y Petersen. Ganó Austral, de Lázaro Báez. Tiempo después comenzaron las obras. En enero de 2016, en cuanto asumió en Vialidad Nacional, Iguacel rescindió los contratos con la compañía e inició una auditoría interna sobre las obras en un único distrito (la provincia de Santa Cruz) que derivó en una denuncia penal que instruyó el juez Julián Ercolini y que dio pie a este juicio.

 

 

El proceso, que comenzó en mayo de 2019, tiene 13 imputados: Cristina Fernández de Kirchner, Julio Miguel De Vido, José Francisco López, Nelson Guillermo Periotti, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Antonio Báez, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibañez y Abel Claudio Fatala. Los acusadores (el Ministerio Público Fiscal, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera) señalan que hubo sobreprecios y cuestionan la “redeterminación” indefinida de precios.

A fines del año pasado declaró Justo Pastor Romero, quien estuvo al frente de la auditoría ordenada por Iguacel. Para ello se trasladó durante tres semanas a la provincia de Santa Cruz durante el verano de 2016. Afirmó que fue un momento de “gran convulsión”. “Había piquetes y el personal de Austral protestaba por la falta de pagos de la compañía”, precisó. Por temor a sufrir agresiones, Pastor y su colega ingeniero Martín González Oria pidieron que los autos en los que se trasladaban no tuvieran identificación de Vialidad.

Las rutas que auditaron fueron las nacionales (3, 40, 281 y 288) porque la DNV no tiene jurisdicción sobre las provinciales. Heinecke se refirió a las obras en la ruta 3 en su declaración ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. “Fue un testigo técnico, ofrecido por la Oficina Anticorrupción, que cuando le preguntaron por la causa repitió el relato mediático”, sostuvo un abogado defensor.

Heinecke ingresó a trabajar en Vialidad en febrero de 2016. Hasta la llegada de Macri a la presidencia, la obra de la ruta 3 se estaba ejecutando por convenio de Vialidad Nacional con la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz. Pero tras la rescisión del contrato dispuesta por Iguacel, las obras quedaron paralizadas. “Vialidad licitó el saldo de obra pendiente para dejar la autovía en condiciones de ser utilizadas”, aseguró el ex funcionario. La relicitación quedó en manos de la empresa CGC, que para fines de 2017 tampoco había terminado las obras. El ingeniero apuntó que la no finalización se debió a “problemas administrativos y financieros que le impidieron continuar con el desarrollo del contrato”, aunque rescató el haber presentado un presupuesto 19 por ciento por debajo del oficial.

Los abogados se detuvieron en este dato.

–¿Que la oferta fuera por debajo del presupuesto implica que estaba inflado? —consultaron.

–No necesariamente. En las obras viales hay una incidencia de los equipos, los materiales y la mano de obra. Las decisiones empresarias pueden llevar a subvaluar los valores de los equipos, por la amortización. Los materiales y mano de obra son fácilmente determinables. Pero hay variables que uno puede utilizar para determinar precio mayor o menor. También están los beneficios y otros gastos y decisiones empresariales que pueden llevar a que se arme presupuesto por abajo o por arriba de la licitación —aseguró Heinecke.

El ex funcionario, quien declaró durante casi tres horas, admitió que durante la administración Iguacel hubo otras obras que quedaron inconclusas dentro de la provincia de Santa Cruz, como el tramo Tres Cerros-Puerto San Julián, que se encontraba en ejecución pero luego se paralizó y no se volvió a licitar.

Heinecke, con experiencia en el sector privado, tenía a su cargo dos subgerencias. El trabajo se dividía en regiones: sur, centro y norte. Cada uno de los 24 distritos del país reportaba a esas áreas. Una de las características que buscó imprimirle a su trabajo fue sistematizar el control de las obras que se licitaban y ejecutaban en la red vial nacional. Indicó que hasta febrero de 2016 “se delegaban funciones” en organismos provinciales. Ante la pregunta del tribunal admitió que “en la práctica era posible ejercer ese control” con el modo de trabajo que tuvo lugar hasta diciembre de 2015.

 

 

Certificados

Cuando se tomó la decisión de relicitar el contrato por el tramo de la ruta 3 que cubre Caleta-Comodoro, Heinecke viajó a recorrerlo y vio los obradores. Se reunió con quienes supervisaron las obras y constataron el estado de las mismas, entre ellos la ingeniera Paola Kiernan, inspectora de una parte de la obra. A los otros, dijo, no se los pudo ubicar. No recuerda haber viajado con nadie más de Vialidad.

Hacia fines de 2020, el ingeniero Pastor relató ante el Tribunal que Vialidad pagó 400.000 pesos a la consultora Consulbaires por un trabajo que finalmente fue realizado con personal y equipos de la DNV. Sostuvo que se limitaron a tomar notas y no hicieron ensayos con los materiales que habían llevado a dicha provincia. Heinecke admitió que Consulbaires participó de procesos licitatorios pero negó que fuera en la provincia de Santa Cruz.

–¿Los inspectores le comentaron de algún certificado de obra que no se hubiera cobrado? –le preguntaron a Heinecke.

–Paola Kiernan me corroboró que lo que estaba ejecutado era lo que ellos habían certificado –respondió. Kiernan era inspectora de la Administración Provincial Vialidad Provincial (AGPV) y controlaba, en la obra de la ruta 3, el tramo Caleta Olivia-Rada Tilly.

–¿Cuál era el porcentaje de lo ya hecho cuando se licitó la obra otra vez?

–Cada uno de los tramos tenía distinto porcentaje de avance. En algún tramo había mayor cantidad de asfalto ejecutado, en otro tramo mayor cantidad de terraplenes. Tendrían un avance del orden del 40 / 60% en distintos ítems de obra.

–¿Cuántos finales de obra se entregaron en los años que estuvo en la DNV?

–No muchos. Muchas obras estaban inconclusas cuando llegamos, algunas continuaron pero no terminaron –admitió el ex funcionario macrista.

El fiscal Diego Luciani quiso saber para qué sirven los adelantos financieros. Los acusadores lo señalan como una de las herramientas que les generan suspicacias. “Algunos pliegos estipulan la posibilidad de un adelanto financiero, no todos. Depende de la magnitud de la obra, de si hay que adquirir insumos y de otros factores”, respondió en modo técnico.

–Las vedas climáticas, ¿cómo debe acreditarse? –inquirió.

–Quien licita puede estudiar, en base a información precedente, la afectación de la lluvia y el frío en la obra. Hay niveles estadísticos que hacen presumir la cantidad de días útiles.

–Quien ejecuta la obra, ¿tiene que aportar documentación para acreditarlo?

–Sí, en los libros de órdenes de servicio y en las notas de pedido, que son las notas que el constructor eleva a quien controla la obra.

 

 

Kank y Costilla

Entre 2006 y 2008 se licitaron las obras para la ruta 3 en el tramo Caleta Olivia-Comodoro Rivadavia, una distancia de poco más de 70 kilómetros. En ese momento se presentaron a la licitación las empresas Kank y Costilla, Esuco, Austral Construcciones y Petersen. Luego, la primera fue adquirida por Austral. El fiscal Luciani le preguntó al testigo si era “usual que empresas del mismo grupo compitan en la misma licitación”. Heinecke respondió que no. El abogado de Báez se opuso a la pregunta. Luciani redobló la apuesta:

–¿Qué sucede cuando una empresa de un mismo grupo se presenta a una misma licitación?

–Tienen la misma información. Afecta la competencia –sostuvo Heinecke, y señaló que las empresas tienen que tener un certificado que las habilite a participar.

Sobre este punto, Villanueva le preguntó al ingeniero cómo sabía que Kank y Costilla había sido adquirida por Austral. Heinecke afirmó que lo supo a través de información periodística. Villanueva señaló que el 4 de septiembre de 2006, cuando comenzó la primera licitación, Austral aún no había adquirido Kank y Costilla.

 

 

Desde (el) cemento

En la primera licitación se propuso que se usara asfalto convencional para ese tramo de la ruta 3. Heinecke declaró que en la segunda licitación su equipo propuso que se utilizara asfalto con polímeros o cemento asfáltico. Los proveedores de dicho material son YPF, Shell y Petrobras, que tienen sus plantas en La Plata y Campana. No hay plantas en Santa Cruz ni en toda la Patagonia. El cemento asfáltico se transporta desde las refinerías en transportes tanque y los fletes tienen que estar calefaccionados. Esto tiene incidencia en el precio final que varía en función de la distancia de la planta a la obra.

Ante la pregunta de un abogado, Heinecke detalló que el asfalto modificado es más caro porque se le incorporan polímeros que mejoran las características de durabilidad y elasticidad, lo cual permite que las mezclas tengan mejores condiciones para los usuarios. Sin embargo, cuando se le consultó sobre qué asfalto se había utilizado a partir de la relicitación de 2017, dijo no recordar.

El ex funcionario también se refirió a las deudas. El fiscal adjunto Sergio Mola le preguntó por reuniones que mantuvo con empresas con las que Vialidad tenía importes pendientes. Su respuesta fue que él no tuvo ningún encuentro con Austral ni con Kank y Costilla pero que Vialidad, en el período en el que estuvo trabajando, debía más de 16.000 millones de pesos.

 

 

Conexión Ausol

El abogado Villanueva le preguntó a Heinecke cómo ingresó al cargo de gerente en Vialidad. El testigo afirmó que lo convocó Juan Campana a través de Marta Arancibia. Campana fue su “jefe directo” y con Arancibia trabajó directamente. “A Campana no lo conocía de antes. Previo a su paso por Vialidad tuvo una consultora y después fue asesor de empresas vinculadas (al sector)”, señaló. En tanto, aseguró que Arancibia trabajó para la unión transitoria de empresas (UTE) constructora, propiedad de los Macri, que desarrolló obras para Autopistas del Sol.

 

 

Qué puede aportar este juicio

En febrero último Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero. El Tribunal Oral Federal 4 se dividió en la consideración respecto a dónde obtuvo el dinero que envió a cuentas bancarias en Suiza. Para la mayoría del tribunal (integrada por Néstor Costabel y Adriana Palliotti) fue tanto de los fondos de la obra pública como de las facturas truchas que presentó para justificar gastos de sus empresas que nunca se hicieron. Para la jueza María Gabriela López Iñíguez fue sólo del delito tributario de las facturas. El juicio “Vialidad” es clave para el empresario. Si de este proceso surgiera una decisión firme que dictamine que no hubo delito en la obra que recibió el dueño de Austral Construcciones en Santa Cruz, los abogados defensores tendrán la posibilidad de apelar el fallo del TOF 4.

 

 

 

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