NO VA MÁS

 

El jueves termina el salvataje. Concluye el plazo de cinco días hábiles para que los acreedores acepten o rechacen la oferta del Correo Argentino SA presentada el lunes pasado. Entre ellos debe hacerlo la Procuración del Tesoro presidida por Carlos Zannini en representación del Estado. Aceptar no parece un escenario posible. La empresa del ex Presidente Mauricio Macri mejoró la oferta de 2016 con desembolso de 1.011 millones de pesos en un sólo pago pero es una quinta parte de los 5.000 millones de pesos esperados por el Estado nacional sobre la base del cálculo de la fiscal de Cámara Gabriela Boquín con informes de sus técnicos. La jueza Marta Cirulli deberá, entonces sí, declarar la quiebra de la deudora del servicio de correo postal de los años '90. Un proceso que representa el fantasma más temido por el ex Presidente. La quiebra quitaría la dirección de los juicios contra el Estado, prácticamente único capital. Y lo peor, puede extenderse a Socma y Sideco, compañías insignias del Grupo Macri.

El Grupo resiste. Tiene recursos en la Corte Suprema. Y en febrero abrió una insólita vía en el Tribunal Superior de Justicia porteño donde recusa a la fiscal y a la jueza por parcialidad. El TSJ es jurisdicción ajena al fuero civil y comercial donde se dirime el pleito, pero es territorio amigo del ex Presidente: de hecho ya obtuvo la avocación de los supremos y puede conseguir más.

En octubre de 2020, el TSJ tomó intervención por primera vez en un caso de jurisdicción nacional en un expediente destinado a adelantar este escenario. En aquel momento revirtió una condena de primera instancia confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que obligaba al marchand Gabriel Levinas a pagar once dibujos de León Ferrari, reclamados por sus herederos y valuados en 88.000 dólares. Levinas no pagó. El fallo está en discusión en la Corte pero dejó en suspenso la medida, lo que significa que lo mismo podría suceder con Macri. Los jueces introdujeron un párrafo fuera del caso que discute jurisdicción de concursos. “Los concursos han sido puestos a cargo de jueces locales no por decisión del constituyente sino por decisión del legislador”. Es por eso que la quiebra es lo que sigue pero la rueda puede volver a rodar.

El lunes se celebró la audiencia de salvataje. La Sala B de la Cámara Comercial había abierto el procedimiento en diciembre de 2019 con el cambio de gobierno. Técnicamente permite a terceros presentarse a adquirir la compañía y sus deudas. Y la ley también le permite presentarse a los deudores. En agosto de 2020, la jueza abrió el registro en el que se inscribieron seis aspirantes: OCASA con Héctor Colella, Transporte Chimiray de Ramón Puerta, MV Cargo SAS, Valuaciones SA cuyo rubro principal es el inmobiliario y Jorge Alberto Anselmi que es un ex comisario inspector de la Policía Federal cuya empresa de seguridad privada atravesó un concurso de acreedores, como contó Emilia Delfino. En octubre de 2020, la jueza pidió la valuación de la compañía de Macri a un estudio contable que determinó el valor en cero pesos. Socma recusó a la jueza y a la fiscal en ese contexto, primero ante la Cámara de Apelaciones y luego ante el STJ porteño. Mientras tanto, llegó la hora de la audiencia que se realizó el lunes pasado donde Correo SA fue la única que se presentó. En ese sentido, la audiencia no resultó una sorpresa. Quienes siguen la causa sabían que los candidatos eran actores de reparto que montaron un show para otorgarle más tiempo al Correo pero sólo lo acompañaron hasta la puerta del cementerio.

 

La oferta

Correo SA presentó un escrito inusualmente largo, 38 fojas ardorosamente adjetivadas. El escrito tenía propuesta de pago “atípica, concluyente e irresistible” “para poder finalizar este desgastante proceso”. No mencionó monto, pero dijo que era un pago íntegro de la deuda y de una sola vez, por un cálculo que establecieron en 1.011 millones de pesos según la evaluación de la sindicatura concursal objetada por la Fiscalía.

La sindicatura siempre estuvo patrocinada por Julio Cesar Rivera, que no firma escritos desde el escándalo de 2016 cuando los síndicos que patrocina quedaron imputados en la causa penal. Sin embargo, siempre fue abogado de los síndicos de Correo y no renunció. Civilista conocido, abogado de Macri en el divorcio con Isabel Menditeguy de 2005, integrante del poderoso estudio Marval, O'Farrel y Mairal, también es uno de los nombres que aparece en las comunicaciones de Fabián Pepín Rodríguez Simón.

En la presentación, Correo SA ofreció lo que definió como pago integro y abrió fuego contra el Estado. Lo consideró como un acreedor hostil y exigió al juzgado que le quite poder de veto de la oferta si no acepta esta propuesta. Correo SA sostiene que un rechazo mostraría una vez más que el Estado nacional no quiere cobrar la deuda sino que busca la quiebra de la compañía con el único objeto de un revanchismo político (sic) sobre el ex Presidente. Gran parte de las 38 fojas trabajan esa línea. Hay abundantes citas de antecedentes judiciales con casos de acreedores maliciosos y de jueces que los apartan del proceso. Uno de los párrafos del escrito más belicosos dice:

“El Estado Nacional, para el caso que, actuando abusivamente, y con hostilidad y mala fe manifiestas, no aceptare la propuesta de pago íntegro que le formula esta parte, claramente estaría buscando algo mucho peor que la 'libra de carne' a la que refiere Barreiro, sino que perseguiría un innegable revanchismo político contra un ex Presidente de la Nación y uno de los actuales líderes de la oposición al gobierno vigente”.

El problema, sin embargo, no es el Estado Nacional. Lo que la compañía de Macri denomina pago íntegro es una ínfima parte de lo que espera cobrar el Estado: “Mil millones de pesos no es para nosotros un pago integro –señalan fuentes consultadas—, sino una quinta parte de la deuda y para sostenerlo no nos basamos en una cuenta caprichosa, tramposa o tendenciosa. Es lo que también sostuvo el Ministerio Público Fiscal, respaldado en números de su área técnica”.

Por eso, no es sólo el Estado. La misma postura sostuvo la DAFI (Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero del Ministerio Público Fiscal), la PIA (Procuraduría de Investigaciones Administrativas), los fiscales Pedro Zoni y Gerardo Pollicita de la causa penal, la Dajudeco de la Corte Suprema y ahora un estudio evaluador contable. En ese sentido, no es que el Estado no quiere cobrar. Si lo hace en estos términos repetiría el escenario de 2016 con el fantasma de imputaciones que dentro y fuera de la gestión todo el mundo recuerda. Por otra parte, el Correo acercó números más altos a los 500 a 600 millones que ofreció pagar a 20 años en 2016. La pregunta que sigue es si esta es la última oferta posible cuando lo que tiene enfrente es el escenario de quiebra.

 

La mano del Síndico

La discusión por el monto de la deuda es capítulo viejo en la causa. Lo nuevo es el monto íntegro. La deuda del Correo verificada judicialmente es de 296 millones de pesos/dólares a 2001. El único número no controvertido. Lo que discuten las partes es el modo de actualizarla: valor del dinero, interés por mora y ahora también la extensión del período y si un salvataje es un escenario semejante a la quiebra que permite recalcular números o no.

Para todas sus cuentas Correo SA usa la Tasa vigente al momento del contrato de concesión, la Libor, que es una tasa baja pensada para mercados con moneda dura o paridad cambiaria como lo era aquel escenario. La aplicación de esa Tasa contemplaba multiplicador por punitorios. Pero no más. Los representantes del MPF y del Estado, usan en cambio la Tasa Activa del Banco Nación considerada equitativa debido al paso del tiempo. Por eso, el Correo sólo admite una deuda de mil millones de pesos. Y el Estado la calcula en 4.000 millones que se eleva a 5.000 millones por la mora.

Esta discusión volvió a actualizarse días antes del salvataje. Correo decía que la liquidación de la compañía debía basarse en el monto verificado judicialmente. Y de corresponder algún tipo de ajuste en ningún caso podrían tener tratamiento diferente o superior al contrato y la sentencia verificada. Vía articulo 202, señalaron que los acreedores con verificación de deudas no deben volver a verificar nada. Y en esos casos, el Síndico procederá a recalcular el crédito según su estado. Eso dio lugar al cálculo que preparó el síndico concursal. Y luego presentó el Correo. Sin embargo, es un cálculo objetado por el estudio evaluador designado por sorteo de listas oficiales. Allí dice: “Puede advertirse la maniobra relativa a la liquidación del crédito del Estado Nacional cuando pide a la Sindicatura General que informe a cuánto asciende la deuda con el Estado Nacional a días de la celebración de la audiencia informativa de salvataje del 29 de marzo”.

El estudio considera el salvataje equiparable a la quiebra. Y por lo tanto, con recálculo de la deuda desde el cese hasta la apertura del salvataje, con Tasa Activa del Banco Nación: “un monto que si bien no surge expresamente de la ley, (está permitido porque) puede advertirse que el instituto se ha desnaturalizado tomando en cuenta que este concurso preventivo se ha extendido durante más de 17 años cuando el tiempo promedio es de 18 meses a dos años”. Si de lo que se trata, dijo, es entender el sacrificio de los acreedores no parece que tal sacrificio termine en la presentación de la quiebra sino que debe ser extendido hasta la fecha del dictamen para determinar el verdadero valor presente. La resolución fue apelada por Socma, que también planteó nulidad. La jueza no concedió el recurso por inapelable, tampoco la nulidad. Socma irá en queja ante la Corte.

 

La extensión

Actualmente la firma de Macri está intervenida. La fiscal Boquín pidió la intervención primero en 2017, 2018 y la reiteró en 2019 junto al desplazamiento de los administradores que respondían a Socma. En febrero de 2020, el pedido sumó a la Procuración del Tesoro. Recién en marzo de 2020, la jueza Cirulli la ordenó. Boquín imputó vaciamiento, obstrucciones al acceso de información y desvío de dinero a la controlante Sideco y Socma. Hoy esas son las razones por las que la quiebra puede extender el pedido a Socma y a Sideco.

Ese capítulo comenzará el jueves próximo. Pero, ¿la jueza Cirulli puede o debe declarar la quiebra? Debe, dice una experta. “Si la oferta no consigue el acuerdo de los acreedores, la jueza debe declarar la quiebra. Si no consigue la conformidad, debe hacerlo. Acá ya no hay más vueltas: el Correo ahora está tratando de generar otra discusión sobre el modo de liquidar el dinero para impedir la quiebra pero no creo que la jueza dé lugar a esa posición”.

–¿Después de la quiebra quién debe tomar el control de la compañía: síndico o interventor?

– El Correo prefiere el síndico que hasta las últimas semanas hizo cálculos que beneficiaban a la empresa y autorizó todas las actuaciones de estos años. Por eso, si se inicia este procedimiento, parte de la nueva discusión será quien quede a cargo de la representación de los intereses del Estado.

 

 

Cosa nostra

Una operadora judicial dice que durante los procedimientos de quiebra suele encontrar mucho de la cultura argenta, empresarios coimeros y ventajeros. Incluso el caso reciente de una organización que abrió procedimiento de quiebra para no pagar daños y perjuicios a una niña abusada sexualmente dentro de la institución. Sin embargo, el Correo es otra cosa. Tiene la escala de código de mafia. La fiscal Gabriela Boquín recibió el caso en 2016. Una semana después le abrieron el baúl del auto para sacarle papeles: ¿cuáles? De Correo SA. El fiscal de la investigación del robo no hizo nada, luego miró las imágenes de las cámaras, llamó a Boquín y le dijo que eran servicios profesionales. Preguntó si ella estaba dispuesta a seguir. Ella dijo que no era querellante, y que la investigación debía hacerla el fiscal. Hasta ahora la causa sigue como estaba. Semanas después mataron a uno de sus gatos domésticos que apareció tendido frente a la casa. Luego se inició una persecución contra ella al interior del Ministerio Público Fiscal. En paralelo, desde 2016 la causa muestra de manera más estructural el mecanismo de cruce entre lo legal y lo ilegal con el que el filósofo calabrés Rocco Carbone caracteriza el funcionamiento del Estado macrista. Primero, la condonación de 2016. Luego el desplazamiento de los fiscales que imputaron a quienes lo habían negociado. Y ahora el Superior Tribunal de Justicia.

Presidido por Inés Weinberg, candidata a Procuradora del ex Presidente, el STJ está integrado por Santiago Otamendi, ex viceministro de Justicia de Macri. Weinberg no jugó al padel en Olivos. Ni acudió en 15 ocasiones, pero estuvo dos veces. Una en abril de 2017. Todavía no había renunciado Alejandra Gils Carbó. La segunda el 9 de julio de 2018 cuando Weinberg recibía impugnaciones a su candidatura desde los organismos defensores de derechos. Ese día ingresó a una reunión con el Presidente, con ellos estuvo el entonces jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas.

 

 

 

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí