El cajón supremo

 

Hace más de ocho años, Carlos Pedro Blaquier, empresario y dueño del ingenio Ledesma, fue procesado por la privación ilegal de la libertad de 29 trabajadores y referentes sociales en Jujuy entre marzo y julio de 1976. En 2015, la Cámara de Casación Penal revocó esa medida y dictó la falta de mérito de Blaquier y de Alberto Lemos, administrador de Ledesma, bajo el argumento de que ambos desconocían los fines para los que se usarían los camiones que su empresa le había prestado a las fuerzas represivas: secuestrar personas. El fallo de Casación fue apelado ese mismo año ante la Corte Suprema. Seis años después, el máximo tribunal aún no se expidió.

El proceso contra Blaquier es el más visible de los muchos casos por delitos de lesa humanidad que están planchados en la Corte. Unas sesenta sentencias por crímenes cometidos durante el Terrorismo de Estado, con numerosas ramificaciones por recursos individuales, esperan resolución definitiva de los supremos, según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (Proculesa). Hoy, de 254 causas que tienen sentencia, sólo un tercio se encuentran firmes. El tiempo promedio desde el requerimiento de elevación a juicio hasta el último fallo de la Corte es de cinco años y dos meses, y la mayor demora se produce en las instancias recursivas. El máximo tribunal despejaría el problema si pusiera a los juicios de lesa humanidad en su agenda. No existe ningún impedimento jurídico para que lo haga. Pero tampoco existe ningún apuro para Sus Señorías: la Corte Suprema se maneja sin plazos.

Desde fines del año pasado corren versiones de una inminente definición del máximo tribunal sobre el caso Blaquier. En los últimos días de 2020 el expediente se movió desde la vocalía del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, hacia la secretaría penal. Eso ocurrió casi en simultáneo a que se conociera otro fallo de la Corte que benefició a dos civiles, los hermanos Emilio y Julio Méndez, por su actuación en el Terrorismo de Estado en Tandil. En la Justicia federal hay quienes se preguntan si el beneficio a los Méndez fue un globo de ensayo lanzado desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales previo a lo que vendrá en el caso Blaquier, que por cierto dio que hablar debido a las denuncias de ligazones entre el entorno personal de Rosenkrantz y la familia del dueño de Ledesma, que le valieron un pedido de juicio político al presidente del tribunal.

La resolución sobre Blaquier urge por dos motivos. Primero porque es un caso emblemático de responsabilidad civil y empresarial en la represión ilegal, tema sobre el que aún hay un vacío de jurisprudencia del máximo tribunal, con un efecto en cadena hacia tribunales inferiores que tramitan causas contra empresarios como “Mercedes Benz” y “La Fronterita”. Segundo, porque probablemente no queda mucho tiempo para hacer justicia: Blaquier va camino a cumplir 94 años.

 

 

El problema de los reenvíos

Además de las causas frenadas en sus cajones, la Corte viene contribuyendo a la demora en los juicios de lesa humanidad con la costumbre de los “reenvíos”: fallos que por cuestiones procesales se devuelven a las instancias anteriores, sin definir sobre las cuestiones de fondo. Los reenvíos también son frecuentes al nivel de la Casación y suelen ser la puerta a una burocrática y extensa dilatación de los procesos.

“No existe ningún seguimiento a los reenvíos –advierte la fiscal Ángeles Ramos, titular de la Proculesa–. Cuando la Corte o la Casación devuelven una sentencia para que se revise, ¿quién controla que eso se haga? Las causas terminan paralizadas, porque los tribunales están ocupados en gestionar causas nuevas y las reenviadas quedan en una zona gris. Automáticamente la estrategia de los abogados defensores es plantear la incapacidad sobreviniente de los acusados; entonces, antes de que se dicte una nueva sentencia se hace un trámite de incapacidad y la resolución se vuelve eterna. Es como un manualcito que se creó en torno a este tema”.

El recurso de los reenvíos ha eximido a los jueces de la Corte de dar respuesta a planteos de fondo sobre temas que componen una agenda integral de los organismos de derechos humanos para los juicios, como los delitos sexuales de los represores, la responsabilidad civil y empresarial o la represión ilegal en los años previos al golpe de 1976. “Le están sacando el cuerpo a fijar doctrina y a consagrar criterios sobre cuestiones centrales –dice un juez federal que tramita causas de lesa humanidad–. Hace mucho tiempo que la Corte no se expide sobre algún tema importante en materia de lesa humanidad. Está claro que dejó de ser parte de su agenda”.

Las causas “Jefes de Área” o “Masacre de Trelew” son algunas de las que sufrieron reenvíos. En el caso de Trelew, clave para pensar la violencia estatal antes del golpe, la Corte demoró seis años en dictar un fallo, y cuando lo hizo en diciembre pasado tomó una decisión meramente formal: en lugar de tratar punto por punto el recurso extraordinario de la defensa del represor Carlos Marandino, anuló la resolución de la Casación que había concedido ese recurso y regresó el tratamiento a los casadores, que deben definir nuevamente sobre la interposición de la defensa para que el expediente vaya otra vez a la Corte y se trate el reclamo de fondo. Ya pasaron nueve años desde el juicio oral y público por Trelew. Dos de los tres condenados murieron en el ínterin.

“Con Trelew, la Corte podría haber entrado en la cuestión de fondo pero eligió no hacerlo –dice Sol Hourcade, coordinadora del área de Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)–. Cuando la Corte quiere meterse con algo, lo hace. En este caso decidió derivar el problema a la Casación. Y luego hay un problema estructural ligado al funcionamiento de la Corte: sus jueces no tienen plazos para resolver recursos y a veces quedan en las vocalías por años. Como cabeza de uno de los tres poderes del Estado, la Corte debería imponerse a sí misma la obligación de avanzar”.

Antes de que la Corte les reenviara la causa por Trelew, los jueces de la Sala III de Casación habían visto circular un memo según el cual el máximo tribunal evaluaba dar vuelta el criterio de que la masacre de 1972 constituía un crimen de lesa humanidad. Al final los supremos optaron por la maraña procesal.

 

Desconexión interpoderes

El diagnóstico de los organismos de derechos humanos sobre los tiempos de los juicios es crítico. Hay problemas en todos los niveles del proceso penal. “Cuando se eleva la causa a juicio y hasta que comienza el debate, muchos tribunales no están integrados y jueces y juezas cubren subrogancias en diferentes tribunales orales federales en el país. Cuando se integran los tribunales, por esta última cuestión, las audiencias se realizan con poca frecuencia –advierte el CELS–. Actualmente las causas por delitos de lesa humanidad no tienen prioridad y muchos tribunales eligen otras causas que tienen mayor cobertura en los medios de comunicación masiva. En algunas jurisdicciones se acumula una gran cantidad de expedientes que esperan la fijación de fecha de juicio oral. En la mayoría de los juicios en curso hay múltiples imputados, decenas de víctimas y sólo se realiza una audiencia semanal de pocas horas de duración”.

El ámbito natural para plantearle esas dificultades a la Corte debería ser la Comisión Interpoderes para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, un espacio creado en 2008 a instancias del máximo tribunal, que hasta 2014 dinamizó la coordinación entre los tres poderes del Estado para avanzar en el juzgamiento del terrorismo de Estado. Durante el macrismo y en épocas del 2x1 a los represores, la Comisión jamás fue convocada. A fines de 2018 Rosenkrantz asumió la presidencia del tribunal. Entre 2019 y 2020 ignoró todos los pedidos de los organismos para reactivar la Comisión. Hasta que, en octubre del año pasado, la reunión se hizo de apuro y en un contexto en el que su convocatoria se leyó como una maniobra política del presidente de la Corte.

Ni la Secretaría de Derechos Humanos en nombre del Ejecutivo, ni algunos organismos ni los representantes legislativos acudieron entonces a esa primera reunión por video llamada de la Comisión Interpoderes. La ruptura de algunos actores con la Corte parece irreparable. “Nos preocupa muchisimo la demora por parte de la Corte Suprema de Justicia en muchas causas emblemáticas –dice Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos–. Claramente hay un sesgo ideológico en sus decisiones. Los jueces de la Corte hacen política constantemente, pese a no haber sido elegidos por el voto popular”.

Incluso actores institucionales que intentan mantener puentes con el máximo tribunal, como la Proculesa, perciben que en los últimos meses se cortó cierta fluidez en el intercambio con la Corte, al punto de que les cuesta acceder a información sobre la actuación de los supremos. El CELS, por su parte, elaboró una lista de reclamos concretos a la Corte: una secretaría específica de crímenes de lesa humanidad para agilizar los trámites; una acordada que instruya medidas concretas para agilizar los juicios; publicar la agenda completa de las audiencias; asegurar el cumplimiento de los juicios durante la pandemia; e instruir a los tribunales inferiores en materia de preservación de pruebas.

Después del encuentro virtual de octubre pasado, la Comisión Interpoderes –con la sola presencia de actores del Poder Judicial– volvió a reunirse otras tres veces para sesiones de trabajo con distintas áreas. La última de ellas fue poco antes del 24 de marzo. En las reuniones, Rosenkrantz tomó nota de problemas arrastrados desde hace tiempo: falta de recursos para garantizar el control de las prisiones domiciliarias; necesidad de integrar los tribunales orales para los juicios; procesos trabados en la etapa de indagatorias por falta de personal; discusión sobre la forma de llevar a cabo las pericias del cuerpo médico forense en plena pandemia. El presidente de la Corte escuchó y, en algunos casos, convocó a funcionarios de las áreas intervinientes.

“El problema es que la Comisión pierde sentido si no están todos los actores que pueden tomar medidas para concretar lo que se discute –dice Ramos, quien asistió a casi todos los encuentros virtuales–. Lamento que la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia se hayan retirado porque es un espacio necesario para avanzar en una etapa en la que ya tenemos muy poco margen. Los imputados mueren o se incapacitan y las víctimas también”.

Además de Trelew y Blaquier, hay recursos presentados en otras causas emblemáticas que esperan fallos de la Corte, como el crimen de Floreal Avellaneda, la Masacre de Capilla del Rosario o la Masacre de San Nicolás, un caso en el que los supremos deben resolver acerca del sobreseimiento de un juez acusado de complicidad en la apropiación de un niño. Más allá de esos juicios con alta visibilidad pública, la Proculesa advierte que sigue habiendo decenas de casos aún no judicializados y de imputados con procesos en trámite y sin sentencia en tribunales inferiores: una agenda judicial estancada. Una señal desde arriba podría ayudar.

 

 

 

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