EL PAGARIOLA EMPRESARIAL

 

“Los ricos no quieren ser Scannapieco”. Esta frase retumba en los pasillos de Tribunales y sirve para entender cómo se mueve el verdadero poder económico en la Argentina, para quienes la opacidad es la regla y el anonimato, una constante.

Alejandro Scannapieco es uno de los ejecutivos que obtuvo una cautelar favorable para retrasar el pago del Aporto Solidario. Durante muchos años fue directivo de Globant, una empresa que ofrece servicios tecnológicos y antes tuvo una formación en el mundo de las finanzas. Incluso pasó por Ernst & Young como auditor externo entre 1990 y 1994. No por casualidad, este es el estudio jurídico que lo patrocinó en la demanda que inició contra la AFIP.

Lisick-Litvin, KPMG, Beccard Varela y Marval O’ Farrell y Mairal son los otros estudios que trabajan para quienes presentaron cautelares. También representan a la crema del poder económico, los “empresarios fantasmas”.

El organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont tiene en la mira aproximadamente 1.000 contribuyentes que de un día para el otro pretendieron aparentar que se quedaron sin patrimonio. Es decir que no presentaron sus declaraciones juradas de 2019, cuando años anteriores sí habían informado la cuantía de su fortuna.

Son 1.000 contribuyentes que pretenden mantenerse en las sombras, “un indicio indubitable de un ardid tendiente a eludir el pago del Aporte”.

Hay algunos popes empresariales que durante la semana se mostraron molestos con la estrategia elegida por los pocos millonarios que presentaron cautelares. “Los argumentos fueron endebles”, señalaron. Se intuye que un número importante de contribuyentes alcanzados por el aporte estaban esperando a que finalizara el plazo establecido por la AFIP para accionar judicialmente.

Para el organismo encargado de la recaudación están los hombres y mujeres de negocios que pagarán a regañadientes, aquellxs que iniciarán acciones declarativas de certeza una vez que venza el plazo para el pago del aporte y lxs que se mantienen en la sombra.

Si bien es complejo saberlo a esta fecha, se estima que habrá 800 personas que, si bien presentaron su declaración jurada con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, iniciarán acciones declarativas luego del 16 de abril, nueva fecha para el vencimiento del Aporte.

La extensión del plazo llegó luego de que la UIA, la Cámara de la Construcción y la Cámara de Comercio solicitaron una prórroga a través de distintas cartas dirigidas a la AFIP. La hipótesis es que si estas patronales solicitaron un nuevo plazo es porque reconocen la vigencia y legalidad del Aporte.

“Patalean, se enojan, pero igual van a pagar”, sostienen desde la Casa Rosada. Marcelo Mindlin, dueño del Grupo Pampa Energía, habría sido uno de los que se quejó en persona con Alberto Fernández. Una actividad diametralmente opuesta al saberse beneficiado por la enorme transferencia de recursos que recibió directamente de lxs usuarixs energéticos durante los cuatro años de la Alianza Cambiemos. El Grupo obtuvo una rentabilidad neta de 1.086 millones de dólares.

 

Idas y vueltas

“El Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia” se convirtió en ley (27.605) en diciembre del año pasado, transcurridos nueve meses desde el inicio de la cuarentena impuesta por la pandemia del Covid-19 y cuando en el horizonte aún no se vislumbraba una campaña de vacunación masiva.

Fue un proyecto presentado por el diputado del Frente de Todos Carlos Heller y contó con el apoyo del titular del bloque oficialista en la Cámara baja, Máximo Kirchner. Tras meses de idas y vueltas, obtuvo media sanción de Diputados en noviembre y fue aprobada por el Senado un mes después. En el medio, el lobby de la UIA y demás cámaras patronales para modificar la norma.

Según informó Jorge Elizondo en El Cohete a la Luna, la recaudación a obtener se calcula en 335.000 millones de pesos aproximadamente. Sólo 252 personas aportarán el 50%, lo que demuestra el grado de concentración de la riqueza en el país.

La recaudación se destinará a la compra de equipamientos de salud para atender la pandemia, a la urbanización de barrios populares, al respaldo de las pymes con subsidios y créditos, al equipamiento de YPF para la producción y envasado de gas natural y al relanzamiento del Plan Progresar para que los jóvenes puedan continuar sus estudios.

Uno de los férreos opositores al proyecto había sido el banquero Jorge Brito, titular del Banco Macro, quien había augurado una “rebelión fiscal”. Brito falleció luego de accidentarse en su helicóptero cuando volaba sobre Salta, tras una reunión con el gobernador de esa provincia Gustavo Sáenz.

 

Argumentos

Esta semana, la Justicia se pronunció sobre el aporte extraordinario de las grandes fortunas con resoluciones opuestas: por un lado, la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Cecilia Gilardi Madariaga de Negre eximió (por el momento) a dos empresarios de pagar y por el otro, el juez federal de Bell Ville, Córdoba, Sergio Pinto, rechazó una acción declarativa de un productor agropecuario que pedía eximirse del pago del aporte.

Este magistrado tuvo en cuenta, para argumentar su negativa, que la legislación vigente impide que los jueces decreten toda medida cautelar que “afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los recursos propios del Estado”.

En su resolución, dictada el 23 de marzo, Pinto sostuvo que no se vislumbraba en la demanda de Prado Lardizábal el “peligro en la demora” y añadió que el productor agropecuario no acreditó en el expediente “el o los perjuicios de irreparable reparación ulterior o el daño inminente que le producirá el pago” del aporte con alícuotas que varían entre 2% y 3,5% para los bienes que se radican dentro del país, y de 3% a 5,25% para aquellos que se encuentran en el extranjero.

Para pronunciarse, el juez tuvo en cuenta los argumentos del representante legal de la AFIP que valoró que tal contribución fue creada “con la finalidad de morigerar los efectos adversos generados por la pandemia de Covid-19” que requirió “mayor participación estatal” para asignar recursos al sistema sanitario.

El productor agropecuario –un sector que durante el tratamiento legislativo insistió con la idea de que el Estado confisca la rentabilidad del “campo”– dijo que no se estaba cumpliendo con el principio constitucional de igualdad ante la ley.

La AFIP le respondió que “debería indicar y demostrar qué norma de la ley 27.605 está en colisión con este precepto de modo tal que implique un tratamiento arbitrario con respecto a su situación fiscal en relación al universo de contribuyentes”.

“Pretender que no se le apliquen las disposiciones de la ley, equivale a vulnerar la aplicación del principio de igualdad con respecto a los sujetos pasivos del aporte que lo ingresaron”, dice el abogado de la AFIP en relación con el universo de otros 13.000 contribuyentes que serán alcanzados por este aporte.

En el organismo recaudador saben que la mayoría de los que decidan pagan lo harán sobre el cierre del plazo establecido (el 16 de abril). Hasta ahora, hubo 200 millonarios que adelantaron el pago.

El juez Pinto también echó por tierra el argumento sobre la confiscatoriedad. Manifestó que para argumentar en esa línea, Prado Lardizábal “debería llevar a cabo una acabada etapa probatoria de la que surja con nitidez que el aporte solidario absorbe una parte sustancial de su renta o capital”.

Este puede ser un argumento clave frente a futuras demandas. ¿Cuántos empresarios de los intimados por la AFIP estarán dispuestos a blanquear la totalidad de su capital?

 

Una de cal, una de arena

Mientras que en Córdoba la justicia federal le dijo que no al productor agropecuario que buscaba eludir el pago del Aporte, en Capital Federal los empresarios Alejandro Scannapieco, de Globant y Nicolás José Mc Loughline, quien se presenta en su LinkedIn como Gerente E-commerce en Exologistica - Grupo ITL, tuvieron mejor suerte.

La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Cecilia Gilardi Madariaga de Negre hizo lugar a sus amparos y le ordenó a la AFIP que por un plazo de tres meses, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, se abstuviera de cobrarles.

Scannapieco sostuvo que el aporte se trata “de un verdadero impuesto amén del subterfugio legislativo utilizado por los legisladores (sic) al denominarlo de esa manera con fines claramente elusivos de su real naturaleza”.

El empresario, que se encuentra radicado en Uruguay, postuló que el aporte “se exige sin contraprestación, en forma coercitiva, no es voluntario u optativo, está destinado a financiar el gasto público” y añadió que se ve afectado su “derecho de propiedad”.

La jueza Gilardi Madariaga de Negre consideró que se encontraba configurado el “peligro de la demora” por la fecha de vencimiento del pago del aporte extraordinario, originalmente prevista para el 30 de marzo.

“Atento las especiales circunstancias del presente caso, existe mayor riesgo en denegar la medida que en concederla”, consideró la magistrada, aunque aclaró que “la concesión de la cautelar no consuma a favor de la actora ninguna situación que no pueda ser revertida si la pretensión de fondo fuera rechazada”.

La magistrada en lo Contencioso Administrativo Federal dio un plazo de tres meses de vigencia de la medida y además impuso una caución de 100.000 pesos a Scannapieco. En el mismo sentido dictaminó en el amparo a favor de Mc Loughlin.

Fuentes de la AFIP confirmaron que ambos fallos fueron apelados. El Cohete intentó comunicarse con Gilardi Madariaga de Negre pero cerca de ella dijeron que la magistrada “habla por sus sentencias”, vieja consigna de jueces y fiscales a la hora de explicar o dar precisiones sobre sus fallos. O mejor dicho, de eludir cualquier explicación más terrenal.

En tanto, fuentes del fuero Contencioso Administrativo Federal confirmaron a El Cohete que hay otros amparos de súper millonarios dando vueltas en algunos de los doce juzgados de primera instancia. La fuente también remarcó el plazo de la medida: 90 días. Transcurrido ese tiempo, la Justicia debe pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.

Los jueces del fuero también deben responder si el amparo es la vía adecuada de resolución o corresponde encauzar el tema de otra manera, como ser ante el Tribunal Fiscal de la Nación, un organismo autárquico que entiende en la resolución de recursos interpuestos por los contribuyentes contra actos dictados por la AFIP.

 

Casta

El latiguillo de toda la casta empresarial del país es que la presión tributaria hace inviable sus planes de inversión (que nunca parecen llegar). El año pasado, cuando la Unión Industrial Argentina (UIA) presionó para conseguir cambios en el dictamen del Aporte Solidario de Emergencia publicó un documento que hoy podría ser esclarecedor.

Desde 2016, sentenció la patronal fabril, se derrumbó el número de empresas activas en el país. Se perdieron 40.300 sociedades, de la cuales, 6.070 fueron industriales. Durante el macrismo, se redujeron varios impuestos, entre ellos Ganancias para empresas –se pasó de una alícuota del 35 al 25%– y Bienes Personales. En cambio, hubo un salto en la cantidad de trabajadores y jubilados que empezaron a pagar Ganancias (23% del total).

A su vez, hubo reducción y eliminación de los derechos de exportación para el sector agropecuario y se borraron de un plumazo todas las regulaciones de la cuenta capital. Así y todo, no hubo mayores inversiones. Todo lo contrario. El período estuvo signado por la enorme fuga de capitales, tal como describió el Banco Central en su informe del año pasado y en la denuncia penal de la Oficina Anticorrupción por el préstamo con el FMI.

A los integrantes de la UIA que les tocará pagar el Aporte Solidario no les hace mella esta erogación de dinero. Su lobby más sistémico, hasta ahora contenido en parte por las autoridades nacionales, apunta a la reducción estructural de lo que llaman “el costo laboral” y llevar al Estado a su mínima expresión.

El empresario sojero Gustavo Grobocopatel, con residencia fiscal en Uruguay, lo dejó bien claro esta semana en una entrevista con Ernesto Tenembaum. “La desazón no es por la cantidad de plata que hay que poner sino porque la mayoría cree que no servirá para resolver el problema. Yo voy a pagar, no es un tema que me preocupa”, sostuvo el rey de la soja.

En esa misma entrevista dijo que tendría que vender su casa para abonar el aporte extraordinario, afirmación que no resiste mayor análisis. En cambio, valdría la pena puntualizar otra idea vertida por el empresario rural: “Es muy difícil que un empresario pueda hacer algo que cambie algo, desde la política sí. El diagnóstico es que hemos gestionado mal lo público”. Traducción: la casta empresaria nunca parece ser culpable ni responsable de nada.

El verdadero poder económico, algunos más ocultos, otros cómodamente instalados en un semi paraíso fiscal, juegan otras partidas.

 

 

 

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