REDIMIR LA FRUSTRACIÓN NACIONAL

 

Coyuntura y objetivo principal

Recientes revelaciones sobre el último golpe en Bolivia y la amenaza del Primer Ministro Boris Johnson de “defender” militarmente Malvinas, confirman el renovado interés por la región del disminuido imperio británico.

Desde fines del siglo XIX el mundo ha presenciado guerras por el petróleo, ahora también está presenciando guerras por el litio, mineral indispensable para la fabricación, por ejemplo, de teléfonos celulares y automóviles eléctricos. El historiador Mark Curtis y el periodista Matthew Kennard accedieron a documentos desclasificados del Ministerio de Relaciones Exteriores británico -Foreign Office- que muestran que Londres participó activamente en la organización del sangriento derrocamiento del presidente Evo Morales, tras las apetecidas reservas de litio bolivianas (1). Asimismo, al poco tiempo de haberse producido el golpe, quedó al descubierto -una vez más- la utilidad que presta al imperio dominante ese aparato del sistema interamericano llamado OEA.

Mientras tanto, el lawfare bajo conducción general del Departamento de Estado y los procesos de endeudamiento controlados por el FMI, completan el conjunto de dispositivos de dominación que no dejan dudas acerca de la vigencia del invariable objetivo norteamericano de someter a nuestros países, con graves consecuencias para sus pueblos.

En este contexto me pregunto, ¿es importante considerar la dinámica coyuntural? La respuesta es sí, pero no debería ser excluyente.

Aquí y en todas partes se sigue de cerca la evolución de la pandemia, por convicción de los gobiernos o por imposición de la realidad. En la Argentina estamos también obligados a enfocarnos, entre otros problemas,  en la renegociación de la deuda por los impresionantes recursos con los que el Fondo intentó sostener a Macri por mandato norteamericano, y en el incremento -también impresionante- del precio de los alimentos en fresco.

No obstante, tan importante como prestar atención permanente a la coyuntura es explicitar y prestar atención al objetivo principal y razón de ser de toda estrategia nacional-popular, que no es otra que consolidar un proceso de desarrollo autónomo. Llama la atención que en el debate público esté ausente esta cuestión fundamental: para una porción nada despreciable de economistas que sostienen posiciones heterodoxas parece que la economía termina en el análisis de aspectos macroeconómicos como el déficit fiscal o la mismísima “restricción externa”, como si en estos asuntos anidaran fines y no medios. Se entiende que los militantes de la ortodoxia neoclásica no hablen de un proyecto de país: PROmueven un plan de subdesarrollo -y negocios- que si explicaran -confesaran- públicamente ganarían el repudio de las mayorías y perderían la capacidad de engañar que aún conservan; pero es inadmisible y políticamente torpe que quienes defienden los intereses populares no expongan en la arena pública las políticas orientadas a recuperar gradualmente la soberanía que aquellos entregaron.

Tal anomalía priva al pueblo en general, a los militantes e incluso a algún/a funcionarix inadvertidx de calibrar la importancia de ciertas decisiones que conllevan gran trascendencia geopolítica y económica, y por lo tanto social. Por ejemplo, en los días que corren se presentaron los casos del Paraná y del canal Magdalena en los que se juegan aspectos clave de nuestra soberanía, de la envergadura de aquellos que reveló Scalabrini Ortiz en relación con los ferrocarriles. Sin embargo hubo altos funcionarios que le dieron un tratamiento cual si se tratara de asuntos meramente administrativos (2). Aparentemente no todxs han comprendido que desafíos como la recuperación del efectivo control estatal de los puertos marítimos y fluviales y del tráfico de mercancías en nuestros ríos, deben tener el carácter de hitos irrenunciables para el gobierno del Frente de Todos.

Un aspecto crucial a encarar para lograr el necesario apoyo popular en la tarea de desarmar los instrumentos utilizados por la alianza oligárquico-imperial para mantener al país en estado de dependencia crónica, es el esclarecimiento de la composición y funcionamiento de estos mecanismos.

 

Terrorismo de Estado modelo XXI

Si bien se ha hablado mucho del lawfare, el trabajo realizado por la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia que preside el diputado nacional Leopoldo Moreau, y la investigación que llevó a cabo el juez Alejo Ramos Padilla en la causa que incriminó al falso abogado Marcelo D’Alessio, han permitido dilucidar cómo funcionó este método que, con especificidades en cada país y monitoreado por las respectivas Embajadas, se constituyó en el arma principal para el descrédito, la persecución y la eliminación política y civil de líderes populares y dirigentes que han resistido el proyecto imperial estadounidense en el continente, como atestiguan los casos de Lugo, Lula, Dilma, Correa, Evo y Cristina, entre otros.

Aquí pudo confirmarse que, aunque el espionaje y la persecución ilegales se practicaban antes de Macri-Trump, con la llegada del macrismo a la Casa Rosada se sistematizaron y estatizaron: se usaron todos los recursos del Estado integrando y coordinando distintos organismos estatales en lo que sin duda configuró un plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política, sin precedentes en tiempos de vigencia de la Constitución. Más aún, según ha explicado el diputado Moreau, se comprobó que había una analogía con el plan de exterminio instaurado en 1976, con la diferencia de que éste se propuso la desaparición física de militantes y dirigentes opositores y el de Macri la desaparición política, civil y social.

La AFI -Agencia Federal de Inteligencia- fue el centro de coordinación y hacía espionaje ilegal, además de dar forma jurídica a los datos correspondientes a los casos que continuaban con una denuncia en sede judicial; la AFIP hacía espionaje fiscal ilegal; la Dirección de Migraciones proporcionaba información sobre movimientos migratorios; la UIF hacía espionaje financiero ilegal; y el Servicio Penitenciario hacía espionaje ilegal a los presos políticos y a sus abogados defensores. Toda la información iba a parar a la llamada “mesa judicial”, donde se decidía el destino de lxs espiadxs. Este asunto, como la reposera, era uno de los que Macri no delegaba en testaferros, lo manejaba él.

Una originalidad argentina consiste en que una parte de la judicatura y el conjunto de medios dominantes, dos de los pilares del lawfare, siguen operando como tales hasta hoy en pleno mandato del gobierno popular. Se trata de una situación cuya gravedad es difícil de exagerar, no sólo porque continúan las persecuciones, permanecen presxs quienes fueron opositorxs políticxs y sociales y hace muy difícil el imprescindible esclarecimiento masivo de esta realidad, sino porque se mantiene intacta su capacidad de amedrentamiento a funcionarixs flojxs de convicciones o atrapadxs por el miedo, bajo la lógica “te subordinás a nuestros intereses o mirá lo que te espera”.

 

 

Dependencia económica modelo XXI

Otro dispositivo que debe ser públicamente explicado es el del endeudamiento como fuente de dependencia. Cuando se habla de capitalismo financiero, interlocutorxs de las más variadas condiciones sociales e ideologías suelen expresar una especie de falta de comprensión o incredulidad, como si se tratara de una abstracción o una entelequia.

El proceso de financiarización de la economía mundial comienza en la década de los 70 del siglo pasado, cuando el sistema financiero internacional empezó a desregularse al mismo tiempo que se cubría con una creciente opacidad. Así se fue configurando un andamiaje fuertemente jerarquizado cuya asimetría muestra un claro dominio de Estados Unidos sobre los sistemas financieros y monetarios nacionales.

En este escenario proliferaron las guaridas fiscales que promueven la elusión y evasión fiscal en todo el globo, y la conformación de grupos financieros ilícitos. No hablo sólo de las islas del Caribe sino de los grandes centros financieros emplazados en los países centrales. Asimismo, esta dinámica es altamente volátil  e inestable, lo que provoca crisis recurrentes que perjudican a los países financieramente dependientes y benefician a los centrales.

En nuestro caso, la llamada restricción externa se asoció históricamente al fenómeno del estrangulamiento productivo, al incremento de la demanda de divisas que generaba el crecimiento de la industria, que -a su vez- provocaba un aumento de las importaciones; es decir, al déficit de la balanza comercial. Fue en las últimas décadas cuando se verificó una profundización de la dependencia financiera, en la medida en que se ejecutaban políticas neoliberales.

Se comprende entonces que la afirmación que atribuye a la falta de ahorro doméstico los impedimentos al desarrollo es una falacia: el grueso del excedente se fuga hacia las principales plazas financieras globales en lugar de destinarse a  engrosar las reservas internacionales o a incrementar los niveles de inversión interna. Es así como se genera en la actualidad la restricción externa, como déficit de la balanza de pagos. En otras palabras, la fuga de capitales es actualmente el principal mecanismo generador de dependencia económica y, por lo tanto, política.

En el último turno de la oligarquía la huida se aceleró fuertemente con lo que quedó en evidencia la falsedad de otros postulados de la ortodoxia, como el que sostenía que la apertura cambiaria y la liberalización financiera iban a generar una desaceleración de la fuga, o el que aseguraba que la “integración de la Argentina al mundo” iba a provocar una lluvia de inversiones. No hace falta agregar que ocurrió todo lo contrario: el modelo de apertura, valorización financiera y agroexportación generó crisis cambiaria y -a continuación- crisis bancaria, que se manifestó en una salida de depósitos por miles de millones de dólares.

En este esquema, el FMI y otros organismos como el Banco Mundial juegan un rol fundamental al servicio de los intereses de EE.UU. El accionar del Fondo es un caso de manual de la más pura tradición gramsciana: como publicista de la ideología económica dominante convence a las burocracias a cargo de la economía de los países dependientes, en colaboración con las principales universidades norteamericanas; ésta es la fase del consenso, constitutiva de toda hegemonía, que opera sobre las superestructuras de nuestros países desde donde se “derrama” hacia las capas medias. La fase represiva es ejecutada con la imposición de los planes de ajuste que impactan directamente en la base económico-social.

Entonces, es fundamental entender que la relación con el FMI no se reduce al intercambio convencional entre un deudor y un acreedor: implica la imposición de un conjunto de políticas económicas que persiguen el objetivo nunca declarado de garantizar las relaciones de poder externas e internas. De nuevo Gramsci: son las políticas que exige la alianza entre las clases dominantes locales subordinadas a las clases hegemónicas de los países centrales. Una prueba está en que hasta hoy nunca se han registrado quejas de los grandes empresarios locales cuando los gobiernos “acordaron” con el Fondo, sino todo lo contrario.

Desde esta perspectiva, Macri no fracasó: cuando anunció que el país volvería al Fondo estaba poniendo la frutilla a la torta de los intereses de la clase a la que pertenece y que en ese momento representaba. En apenas 4 años lograba condicionar a largo plazo la economía nacional según la lógica neoliberal: hoy nos debatimos entre un “acuerdo de facilidades extendidas” a 10 años o un acuerdo análogo pero a 20 años. Equivale a decir que en el mejor de los casos estaríamos vinculados al FMI hasta 2040, pero siempre bajo la amenaza letal del precio del dólar: un ataque contra el peso no se le niega a nadie.

Lo dicho hasta aquí permite apreciar la trascendental importancia de la decisión con la que el presidente Néstor Kirchner liberó al país del yugo del FMI.

Así, los antecedentes históricos no autorizan a suponer que con la sola cordialidad entre el ministro Martín Guzmán y la directora gerente Kristalina Georgieva alcanza para una negociación favorable a los intereses argentinos; enseñan, en cambio, que con o sin cordialidad lo que se necesita es firmeza.

 

 

Procesos necesarios

Se deduce que para impulsar un proyecto de desarrollo autónomo es indispensable encarar dos transformaciones estructurales: para desarrollar la economía, la ciencia y la tecnología en función del interés nacional debe cambiarse la estructura productiva, y cambiar esta base material supone una transformación de la estructura de clases: he aquí un desafío, típicamente intraburgués.

Por otra parte, la estructura económica argentina está estrechamente vinculada a las cadenas de valor globales conducidas desde los países centrales, y ámbitos de la superestructura estatal -sectores del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal- están cooptados por sus pares del Estado hegemón. Esto implica que en ambos casos se da la integración a una estructura de clases internacionalizada; por lo tanto, el genuino desarrollo económico-social exige la ruptura de estas alianzas internacionales. Esto significa replantear el lugar que nuestra economía ocupa en el (des)orden global y quebrar esa relación viciosa de ciertos sectores de la judicatura.

Aparece entonces la cuestión de la relación de fuerzas. La historia muestra que las transformaciones socio-económicas importantes no siempre se han concretado y mantenido a partir de una ecuación de poder favorable a sus impulsores, sino al revés: tomar decisiones oportunas con base en fuertes convicciones ha modificado muchas veces una relación de fuerzas hasta ese momento desfavorable. Tal el caso del desplazamiento de la Corte menemista por Néstor Kirchner.

 

• “Revealed: The UK supported the coup in Bolivia to ‎gain access to its ‘white gold’”, Matt Kennard, Daily ‎Maverick, 8 de marzo de 2021.

• “La Hidrovía Paraguay-Paraná fue concesionada en 1995. Desde entonces, pasaron 25 años y varios gobiernos y nos toca a nosotros confeccionar los pliegos de una nueva licitación cuyo llamado será dentro de treinta días, sin que esté prevista una prórroga de la actual concesión”. Mario Meoni, Télam 03/02/2021.

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