TOCADO

 

A un año de la denuncia, el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy finalmente imputó a Pablo Baca por el delito de “abuso sexual con acceso carnal”. Los hechos ocurrieron en agosto de 2019. El entonces presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy citó en su estudio a la directora Provincial de Estadísticas y Censos, Ana Juárez Orieta, quien hizo pública su denuncia en El Cohete a la Luna. En el marco de la investigación preparatoria, el fiscal Gustavo Araya realizó inspecciones al estudio jurídico, compraró la disposición geo-referenciada de los teléfonos moviles. Y ahora aguarda resultados de pericias psicológicas que serán realizadas a ambas partes. En esas condiciones, Baca podría iniciar el camino a juicio oral. Y según la contundencia de las pruebas reunidas, también podría ser detenido. La noticia sorprendió dentro de la escena de Jujuy: el MPA comenzó a moverse mientras vuelven a recrudecer críticas al sistema de justicia.

Cuando Ana Juárez Orieta realizó la denuncia recién se conocían los primeros casos de Covid-19. Baca se tomó licencia de su cargo supremo mientras resistía las revelaciones que lo acorralaban. Entre otras, los audios en los que él afirmaba que Milagro Sala permanecía presa por "conveniencia" y que él “formaba parte del equipo” liderado por el gobernador Gerardo Rubén Morales, según sus propias palabras.

Tras la imputación, Baca queda al borde del juicio oral. «Estamos a la espera de la realización de las pericias psicológicas y psiquiátricas», precisó a El Cohete a la Luna Hernán Elías, abogado representante de Ana Juárez Orieta, quien explicó que dichas pericias se harán sobre las dos partes y podrían estar a cargo de peritos de la Corte Suprema de la Nación en un futuro no muy lejano.

En su entrevista con El Cohete, Ana describió parte de la situación. "Me tiró en el sillón y me golpeé la cabeza con el borde de madera de ese sillón. Y le dije: ‘¡Pablo!, me lastimaste. Calmate. No sos así’. Y me agarró del pelo, me levantó del sillón y me puso en el piso. Y con una mano me tenía agarrada del pelo, me arrancó el pelo, y me puso de rodillas, y con la otra mano se soltó el cinto, y se bajó la bragueta. Y me llevó la cara".

Baca y Juárez Orieta habían tenido una relación amorosa entre 2016 y 2018, cuando ella decidió interrumpir el vínculo porque él estaba casado. Tras la ruptura, el magistrado comenzó a tornarse “violento y amenazante”, dijo ella. Cinco meses después del hecho, ella logró acercarse a hacer la denuncia en la Comisaría de la Mujer, donde fue recibida por un hombre que, según su relato, la obligó a repetir tres veces lo sucedido hasta que empezó a tomar nota de los detalles, y le preguntó por qué había tardado tanto en denunciarlo. La respuesta, es obvio decirlo, tenía que ver con el miedo. Es que Baca la había amenazado. "Me dijo: si vos hablas, te voy a hacer cualquier denuncia o vas a aparecer flotando en el dique", relató la ex funcionaria.

Cabe recordar que Baca había formulado una denuncia penal contra Ana Juárez Orieta y de su hermana Débora, actual legisladora provincial por el Frente de Todos, por el delito de “coacción”. Afirmó que ellas habrían señalado que harían públicas grabaciones u otros materiales para perjudicarlo.

«Tomamos conocimiento de la imputación a Baca hace un mes, cuando nos citaron para presentar el celular de Ana para hacer una pericia, porque no habíamos sido notificados», relató el abogado Elías. Sobre las pruebas, dijo que les pareció «extraño, porque con eso estarían investigando a la víctima, y no corresponde». Es que, según su conocimiento, no hay constancia de que se haya hecho una pericia similar sobre el móvil de Baca.

“Ellos habían pedido que hiciéramos entrega del celular de Ana, pero ella tenía dudas por todo lo que se está hablando, de supuestas intervenciones de teléfonos y otras dudas que despierta la actuación del Poder Judicial de la provincia, entonces queríamos hacerlo con un perito de parte, como corresponde», detalló. Aclaró que no fue una medida ordenada por el juez de control Gastón Mercau sino una petición voluntaria del fiscal. «Pusimos a disposición el celular, pero no queríamos entregarlo sin saber qué iban a hacer. No nos opusimos. Dijimos que cuando lo determinen, nos acercabamos con un perito de parte y se hacía la apertura para que ellos vieran lo que necesitaban del teléfono. Pero no íbamos a dejar el aparato y quedar librados a que aparezca algo o se pierda algo. Pero finalmente quedó en la nada».

Lo que sí se hizo con los celulares fue verificar que ambos estaban en el mismo lugar y a la misma hora, en coincidencia con lo que relató Juárez Orieta en su denuncia. Entre otras medidas, en los últimos meses se realizó una inspección ocular en el estudio de Baca, que fue donde ocurrió la violación «para ver las circunstancias de modo, tiempo y lugar, si coincidían con el relato de Ana», detalló Elías. Las pericias psicológicas, que está previsto que se realicen esta semana en Buenos Aires, son clave. El abogado sostiene: “Es muy importante porque va a determinar si hubo o no un delito. Y entonces el fiscal estará en condiciones de elevar a juicio”.

Con estas actuaciones, la investigación preliminar llegaría a su etapa final. Con las pericias, todo indica que el fiscal pediría la elevación a juicio. ¿Llegará Baca al juicio en libertad? “Si surge alguna prueba contundente, puede ser detenido antes”, afirmó Elías. El Cohete a la Luna le envió al fiscal Gustavo Araya una serie de preguntas por WhatsApp: ¿Sobre qué bases se decidió la imputación? ¿Qué falta para elevar la causa a juicio? ¿Baca podría ser detenido antes del juicio? ¿Qué pena le correspondería si se lo encontrara culpable en el juicio oral?

No hubo respuesta.

 

 

 

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