Los poderes salvajes

 

En el año 2011 el jurista italiano Luigi Ferrajoli publicó un breve opúsculo titulado Pottere salvaggi, la crisi della democrazia italiana en el que formulaba una serie de reflexiones sobre la degradación experimentada por la democracia italiana bajo Silvio Berlusconi, que ostentaba en ese entonces la presidencia del Consejo de Ministros de Italia. Las consideraciones de Ferrajoli pueden trasladarse a la Argentina para obtener algunas claves interpretativas sobre la degradación que ha sufrido nuestra democracia durante el gobierno de Mauricio Macri. Entre los gobiernos de Macri y Berlusconi existen notables semejanzas, no sólo porque ambos eran empresarios adinerados que provenían del mundo del fútbol (Berlusconi fue propietario y presidente del AC Milan en la misma época en que Macri dirigía los destinos de Boca Juniors). Ambos dirigentes compartieron también una estética chabacana de la política y cayeron en un ejercicio personalista de la representación que ostentaban, demostrando poca afección por las formas democráticas. Favorecieron una polarización de la sociedad simplificando la complejidad y demonizando al adversario político como forma de ocultar los verdaderos intereses representados. Adoptaron las mismas políticas de seguridad de la derecha mundial, basadas en el populismo punitivo, movilizando el miedo y el racismo para instalar la sospecha y la desconfianza hacia los diversos. Fueron fieles representantes de los intereses del establishment económico y compartieron idéntica predilección por los postulados ideológicos del neoliberalismo. Incurrieron en las mismas prácticas patrimonialistas al promover sus intereses empresariales aprovechando el manejo del Estado. Y last but not least, ambos contaron con un apoyo novedoso, asociado a la emergencia y consolidación de una nueva e incontrolada forma de poder, consecuencia de la concentración en manos privadas de un enorme aparato de comunicación social.

En opinión de Ferrajoli, como consecuencia de esa sinergia cada vez más estrecha entre poder económico, poder político y poder mediático, una parte esencial de la esfera pública se ha convertido en objeto de apropiación privada por unos poderes desregulados y salvajes que controlan la información y la formación de la opinión pública. La expresión “poderes salvajes” la utiliza Ferrajoli en alusión a la “libertad salvaje y sin ley” de la que habla Kant como poder del más fuerte, no sujeto a límites ni reglas por la ausencia de regulaciones aprovechando algunas indeseadas lagunas del Estado de Derecho. Al quedar el aparato cultural de información en manos de medios privados, la propiedad devora la libertad de expresión y la reduce a la libertad de los propietarios. El poder empresarial se impone sobre la libertad de opinión e información, la engloba y la aplasta. Según Ferrajoli, “la concentración de la propiedad de los medios de información no sólo equivale a un poder privado –el poder del propietario–, capaz de limitar la libertad de expresión. También es un poder político, probablemente el poder político más eficaz e insidioso, que se utiliza para promover intereses de parte mediante la desinformación y la propaganda”.

 

 

Dos paradigmas del Estado de Derecho

Antes de avanzar en el análisis de las consecuencias que genera la concentración en manos privadas del aparato de comunicación social, conviene hacer una breve presentación del pensamiento político de Ferrajoli. En opinión del jurista italiano, el modelo de Estado de Derecho se ha desplegado en la tradición del pensamiento liberal como un sistema de límites oponibles al poder político. Denomina a este modelo Estado liberal de derecho concebido como un “Estado mínimo” garante de los derechos y libertades individuales que pueden ser vulneradas por el poder político. Frente a esa concepción, en la segunda mitad del siglo XX se fue consolidando otro modelo concebido como sostén de una serie de derechos sociales dirigidos a satisfacer las necesidades vitales de las personas, como la salud y la educación, dando así lugar a la formación del Estado social de derecho. Sin embargo, tanto el paradigma liberal del Estado de derecho como el paradigma del Estado social no han desarrollado todavía un constitucionalismo de derecho privado, dirigido a regular los poderes privados. La expresión “Estado de Derecho” ya indica que es sólo el Estado, como poder público, el destinatario de las reglas y prohibiciones dirigidas a impedir los abusos que afectan a los derechos fundamentales. Se parte del presupuesto erróneo de que la sociedad civil y el mercado serían el reino de las libertades que deben ser resguardadas frente a los abusos y excesos de los poderes públicos. Esta concepción, en opinión de Ferrajoli, se torna ya insostenible pues está conectada a la idea errónea de que no existen poderes privados.

Es necesario detenerse aquí un momento para aclarar dos confusiones conceptuales que han respaldado interpretaciones opuestas pero simétricas en su significado. Una es la propiciada por el pensamiento liberal que otorga a la propiedad y a la libertad contractual de mercado el mismo rango que las libertades y derechos fundamentales de las personas. La otra ha sido la desvalorización, en la versión estalinista del marxismo, de las libertades políticas reducidas a “derechos burgueses” equivalentes al derecho de propiedad. Un error en el que todavía incurre cierta izquierda que ha demonizado las “libertades burguesas” sin comprender la abismal diferencia entre el “liberalismo político” y el “liberalismo económico”. Una distinción que el recordado Silvio Frondizi siempre defendía en sus clases en la Universidad de La Plata como cultor de un humanismo marxista basado en las enseñanzas de Rodolfo Mondolfo y que ha tenido continuidad en la corriente de pensadores italianos como Norberto Bobbio o Luigi Ferrajoli. Si bien esta última confusión ha desaparecido a partir de la caída de los regímenes comunistas, la confusión liberal expuesta en primer término se mantiene en todo su vigor al confundir derechos fundamentales con derechos patrimoniales. Esta equiparación, según Ferrajoli, es imposible porque mientras los derechos fundamentales son universales, dado que corresponden a todos en cuanto personas o ciudadanos, los derechos patrimoniales son derechos particulares que se asignan a cada uno con exclusión de los demás. Mientras que los primeros se basan en la igualdad jurídica, los otros operan sobre la desigualdad y han favorecido el absolutismo del mercado. Por consiguiente, si el paradigma garantista del Estado de derecho ha sido elaborado únicamente en referencia a la relación vertical Estado/ciudadano, hace falta todavía elaborar una teoría del Estado de Derecho en relación con los poderes privados comparable a la elaborada para contener a los poderes públicos. Como señala Ferrajoli, “Estado de Derecho, en esta noción ampliada, equivale a la sujeción a la ley de todos los poderes, no sólo públicos sino también de los poderes privados y a su limitación y funcionalización para la tutela de los derechos fundamentales”.

 

 

En opinión del jurista italiano, en la actualidad “estamos asistiendo a fenómenos endémicos en todos los ordenamientos democráticos en los que resulta cada vez más fuerte la relación entre dinero, información y política: dinero para hacer política e información; información para hacer dinero y política; y política para hacer dinero e información, según un círculo vicioso que se resuelve en el creciente condicionamiento anti o extra representativo de la acción de gobierno”. De este modo la separación entre poder económico y poder político se desvanece y da lugar a una deformación del sistema político y de la democracia incomparablemente más grave que las formas delincuenciales de la corrupción. Se trata de una corrupción mayor, basada en el intercambio político con los lobbies corporativos mediáticos, lo que da lugar a un uso abusivo de la libertad de expresión, que vulnera el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz, no condicionada por relaciones de subordinación a los intereses de las corporaciones. Cuando los medios de comunicación están concentrados en pocas manos, “el pensamiento, la opinión y la información, más que derechos fundamentales son mercancías, cuya producción se decide y gestiona por la propiedad: son bienes patrimoniales abandonados a las dinámicas del mercado y de la política”. Por consiguiente, Ferrajoli formula las siguientes preguntas: “¿La libertad de prensa y de información es una variable dependiente del mercado, o bien un principio y un derecho fundamental constitucionalmente establecido? ¿Es sólo un problema de antitrust o también, incluso antes, un problema autónomo de libertad y democracia?” Por lo tanto enfrentamos un desafío no resuelto por la tradición liberal: el derecho a recibir información veraz aparece sometido y subordinado a la propiedad de los medios de comunicación. Un derecho fundamental de todos queda mediatizado por un derecho patrimonial de los propietarios de los grandes medios.

 

 

Derecho a recibir una información veraz

Antes de proseguir conviene aclarar algunos conceptos para evitar interpretaciones aviesas. Es obvio que no existe en democracia la posibilidad de establecer ningún sistema de censura previa. El respeto a la libre expresión de las ideas, una vieja y legítima reivindicación que arranca con la Ilustración, debe ser siempre preservado. Sin embargo, dice Ferrajoli, también existe un derecho negativo frente a las desinformaciones y la manipulación de las noticias que se apoya también en la tradición liberal que reclama el derecho a que la propia conciencia no sea manipulada en torno a cuestiones de interés público. Si consideramos al lector como un consumidor, los ciudadanos podrían reclamar el derecho a la no desinformación y a la no manipulación de las noticias, del mismo modo que exigen no recibir mercancías o alimentos averiados. La libertad de expresión no puede ser invocada como excusa para eludir obligaciones implícitas en un Estado de Derecho. La libertad de información incluye dos derechos distintos que no tienen nada que ver con la propiedad: por un lado la libertad para manifestar el propio pensamiento y para brindar información; por el otro el derecho a recibir información veraz y lo menos manipulada posible. La garantía del primer derecho está recogida en todas las constituciones que impiden la censura. La garantía del otro derecho es consecuencia implícita de la necesidad de conservar la pluralidad en una sociedad abierta. Ambos derechos, la libertad de información y el derecho a la información pueden ser suprimidos de dos formas: el primero mediante la apropiación o cierre de los medios de información privados que es el procedimiento de los gobiernos autoritarios. El segundo puede ser suprimido mediante la concentración económica y el control político de los medios de comunicación para emitir un pensamiento único. Por consiguiente, estamos ante un problema práctico-jurídico que el legislador deberá resolver haciendo compatibles la libertad de expresión con la libertad de conciencia frente a la desinformación, basado en el interés público de que los ciudadanos reciban en una democracia una información veraz, libre e independiente, no manipulada por intereses corporativos.

Ferrajoli ofrece algunas ideas para resolver estas aporías. Se apoya en el artículo 82 del Tratado de la Comunidad Europea, que prohíbe “la explotación abusiva por parte de una o más empresas de una posición dominante en el mercado común”, para sugerir la prohibición a cualquier grupo privado de ostentar la propiedad de más de un diario o de una red televisiva, como modo de asegurar un cierto pluralismo informativo. En base a estas directivas muchos parlamentos europeos están analizando actualmente la relación entre los medios de comunicación y las plataformas digitales Google y Facebook por su dominio de la publicidad online. En Australia se ha desatado una batalla entre Facebook y el gobierno  que ha terminado en tablas, al establecerse un ente independiente que deberá arbitrar cuando existan desacuerdos en el valor de las cifras económicas con las que las grandes plataformas deben compensar a los medios por el uso de información. De modo que nadie debería sorprenderse si los férreos defensores actuales de la libertad de prensa y de mercado reclamaran en un futuro próximo la intervención estatal para protegerse de las grandes plataformas digitales.

Ferrajoli sugiere otras iniciativas concurrentes. Considera que las infraestructuras necesarias para la difusión televisiva o comunicaciones deberían encomendarse a la esfera pública, como la red de carreteras o la ferroviaria. Añade que la prohibición de la concentración de medios sería una medida insuficiente si no fuera acompañada de otras iniciativas dirigidas a regular, mediante estatutos adecuados, los derechos de los periodistas y de los lectores como modo de reducir el poder de la propiedad. De hecho, ya existen medios que regulan la participación decisiva de las redacciones en el nombramiento de los directores de las cabeceras. En los países europeos existen, dentro de las instituciones democráticas, los Consejos Audiovisuales concebidos para garantizar que los contenidos que emitan los periódicos, las radios y las televisiones respeten los derechos fundamentales de la ciudadanía, vigilando los excesos de los medios cuando incurran en comportamientos patológicos. En Francia el legislador ha creado un dispositivo legal para proteger el principio de presunción de inocencia frente a los juicios paralelos y los excesos de la prensa en esta materia, contemplando tipos penales para los autores materiales de las informaciones abusivas y un cauce civil de reparación de daños. Por otra parte, y en forma paralela, sería loable que los gobiernos encomendaran la administración de la televisión pública a organismos autónomos de integración plural para garantizar la independencia de los periodistas y estimular la máxima calidad informativa. Gran Bretaña con la BBC y España con el sistema de RTVE ofrecen actualmente prestaciones de calidad informativa superiores a las televisiones y radios privadas.

En la Argentina, la pérdida de neutralidad informativa por parte de los medios tradicionales del establishment, que en otras épocas intentaban cultivar una cierta imagen de independencia, puede alimentar un justificado escepticismo. Es evidente que los grandes medios se han lanzado a una campaña de “acoso y derribo” del gobierno de Alberto Fernández, tal vez porque todavía no han asimilado el fracaso electoral del proyecto encarnado por Mauricio Macri, con el cual se sentían ideológicamente vinculados. Este posicionamiento se produce en un momento en que el periodismo mundial está atravesado por un fenómeno similar y que los expertos en comunicación Pierre Rimbert y Serge Halimi interpretan como un cambio de paradigma. En el período anterior, cuando los periódicos se apoyaban en la publicidad comercial, buscaban un público masivo y lo cuidaban con simulacros de objetividad. Pero en la actualidad, con el trasvase a medios electrónicos, basados en el apoyo de los suscriptores, los medios de comunicación prosperan fomentando “guerras culturales”, dirigidas a unas audiencias polarizadas y sectarias. Según estos analistas “la exacerbación de las divisiones políticas –y sobre todo culturales– alimenta las audiencias, moviliza a los lectores y genera beneficios”.

Sin embargo, subsisten algunas opiniones tradicionales acerca del rol del periodismo. En una reciente entrevista, Joseph Oughourlian, nuevo presidente del Consejo de Administración del Grupo Prisa en España, propietario del diario El País, defendía la idea de que “el valor de los medios viene dado por su independencia”. Este francés de origen armenio, a través del hedge found Amber Capital, se ha convertido en el primer accionista del grupo editor de El País al haber logrado desplazar al Banco Santander que venía controlando indirectamente ese medio. Bajo la dirección del banco español, la línea editorial se había politizado reflejando las posiciones más conservadoras de Felipe González enfrentado en la interna socialista con el actual Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según Oughourlian, “si quieres crear valor con un periódico o con los medios en general tienes que ser completamente independiente. Si no, el medio se convierte en una basura de periódico y a lo mejor consigues algunos favores, pero esos favores nunca te van a compensar la pérdida de lectores”. Considera que un mundo de fake news es una oportunidad fantástica para la prensa de calidad, porque le da al medio una gran oportunidad de mostrar al lector que aporta valor frente lo que puede encontrar en las redes sociales. Por ese motivo, afirma, “no podemos tocar nunca ni la profesionalidad, ni la independencia, ni la calidad del producto”. Es todavía pronto para saber quién saldrá airoso de este debate que envuelve a los empresarios periodísticos. Pero lo cierto es que tanto en España como en la Argentina están surgiendo emprendimientos periodísticos artesanales, basados en las nuevas tecnologías, que buscan atraer a un público plural ofreciendo información contrastada, objetiva e independiente. De modo que los medios tradicionales que se han lanzado al “periodismo de guerra”, cuando se recuperen de este sarampión infantil, se encontrarán con la novedad de que habrán perdido definitivamente a aquellos lectores que no militan en partidos políticos, que huyen de la propaganda y que desean acceder a columnas que les ayuden a construir una opinión autónoma y razonada. Tal vez acontezca con el periodismo lo que enuncia la “ley de Gresham”: que de manera creciente los ciudadanos desprecien y se alejen de la mala moneda y prefieran colocar sus ahorros –y su tiempo– en la buena moneda.

 

 

 

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