LOS LÍMITES DE LA GRIETA

 

Esta semana comenzó el juicio oral por los crímenes de lesa humanidad cometidos por un grupo de tareas militar-empresarial entre 1977 y 1979. Los procesados ante el Tribunal Oral Federal 5 de la Capital son sólo dos: Raúl Guglielminetti y Juan Alfredo Etchebarne, porque del resto se fue encargando la biología: José Alfredo Martínez de Hoz, los generales Carlos Suárez Mason, Francisco Obdulio D'Alessandri y Raúl Gatica, el coronel Roberto Roualdes, el gendarme Víctor Rei murieron procesados. Los jueces Daniel Obligado, Adrian Grunberg y Adriana Pallioti recibieron el expediente elevado a juicio por el juez federal Daniel Rafecas, quien sigue realizando una exhaustiva investigación sobre los crímenes cometidos bajo la conducción del Cuerpo I de Ejército, que va desglosando por campo clandestino de concentración.

 

 

 

 

Uno de los primeros juicios correspondientes a esa jurisdicción, conocido como circuito Camps, se realizó en La Plata y culminó hace nueve años con la condena, entre otros, del comisario Miguel Etchecolatz, del cura Christian von Wernich y del ex ministro de Justicia de la dictadura Jaime Lamont Smart. Entre los querellantes en aquel proceso estuvieron los hermanos Héctor y Javier Timerman y Horacio y Augusto Rodríguez Larreta, por el secuestro de sus respectivos padres, el periodista Jacobo Timerman y el dirigente desarrollista y empresario petroquímico Horacio Rodríguez Larreta. Esos secuestros fueron parte de la persecución desatada por Suárez Mason y el entonces coronel Ramón Camps, por entonces jefe de la policía bonaerense, contra los herederos del fallecido empresario judío David Graiver. Rodríguez Larreta fue arrancado de su domicilio en la madrugada del 3 de abril de 1977 por Raúl Antonio Guglieminetti, alias mayor Guastavino. Los militares buscaban en PASA petroquímica dinero de los Graiver, que atribuían a Montoneros. Rodríguez Larreta estuvo secuestrado una semana en el Pozo de Banfield. Según sus hijos, lo dejaron en libertad porque era presidente de Racing y su ausencia del estadio más de un domingo levantaría sospechas.

En su libro Caso Timerman, punto final, de 1982, Camps agradece al entonces director de La Prensa, Alberto Gainza Paz, al arzobispo platense Antonio Plaza, a los miembros del gobierno bonaerense "que colaboraron en la investigación": el ministro de Gobierno Smart; los subsecretarios de Gobierno, Juan Torino; de Justicia, Héctor Munilla Lacasa; y de Asuntos Institucionales, Edgardo Frola; el fiscal de Estado, Alberto Rodríguez Varela; el fiscal adjunto, Roberto Durrieu, y el presidente del Banco Provincia, Roberto Bullrich. Medios de Comunicación, Judiciales, eclesiásticos y banqueros. ¿Suena familiar?

 

 

Una siderúrgica menos

El proceso iniciado esta semana se circunscribe al campo clandestino que funcionó en la cárcel de encausados de la guarnición militar de Campo de Mayo y el caso central que se trata es el secuestro de un grupo de empresarios del Banco de Hurlingham y de Industrias Siderúrgicas Grassi. El abogado que representó a René Grassi fue Alberto Ángel Fernández. Por esa tarea suya, a la que recién renunció cuando fue elegido Presidente, nos conocimos en la sala de audiencias del juicio contra las Juntas Militares, en 1985. La denominada lucha contra la subversión era un pretexto para la búsqueda del botín, que el grupo de tareas procuraba saquear, pero también para la consecución de logros más sofisticados. Industrias Siderúrgicas Grassi era la tercera empresa mundial en el mercado de ferroaleaciones y la principal competidora de Acíndar, cuyo presidente fue José Alfredo Martínez de Hoz, hasta el golpe de marzo de 1976, y el general doctrinario de la guerra contrarrevolucionaria Alcides López Aufranc a partir de entonces.

Martínez de Hoz designó a otro ejecutivo de Acíndar, Juan Alfredo Etchebarne, al frente de la Comisión Nacional de Valores, y le asignó la misión de desbaratar Industrias Siderúrgicas Grassi. El 31 de agosto de 1977, Etchebarne querelló ante el juez Rafael Sarmiento a los Grassi y a sus socios en la adquisición del Banco de Hurlingham, Juan y Marcelo Chavanne. Pero no fue una tarea de escritorio. A los pocos días comenzaron a ser secuestrados todos sus directivos, pasaron maniatados por el Regimiento de Granaderos a Caballo que San Martín cubrió de gloria y luego fueron depositados en celdas de 1,80 x 0,80 en Campo de Mayo, a oscuras y sin comer. Entre asado y asado, el juez Sarmiento protocolizaba las actuaciones brutales del Cuerpo I, a cuya disposición estaban las víctimas, figura jurídica que ni los escribas de la dictadura se animaron a codificar.

Una vez que los empresarios fueron secuestrados por Guglielminetti y conducidos a Campo de Mayo, Etchebarne condujo los interrogatorios en el campo clandestino de concentración, mientras policías, gendarmes y militares los picaneaban. La esposa de Marcelo Chavanne, Sara Duggan, embarazada de varios meses, fue sometida a violencia sexual durante su cautiverio. Lloró en la audiencia al narrarlo, ocho años después. "Hay cosas horribles que preferiría olvidar". También torturaron al abogado Raúl Aguirre Saravia, quien no lo denunció porque dijo que su clientela patronal no le daría trabajo a un penalista al que se llevaron preso. Otro de quienes expusieron fue el general retirado Manuel Laprida, uno de los coroneles azules de 1962, que al año siguiente participó en el derrocamiento de Arturo Illia para entregar el mando al general Juan Carlos Onganía. Cuando Laprida intercedió por su yerno, Isidoro de Carabassa, que fue uno de los secuestrados, su antiguo subordinado el general Roberto Viola le dijo que no podía hacer nada mi general, porque Suárez Mason intentaba con ese caso voltear a Jorge Videla. Mientras se escuchaban los testimonios, los defensores de los ex comandantes se miraban, nerviosos. Con esos testigos se identificaban. “Me pudo pasar a mí. Estos no eran guerrilleros”, decían sus ceños fruncidos.  Industrias Siderúrgicas Grassi desapareció del mercado, para que Acindar reinara sin competencia.

 

 

 

Flaco con bigotazo

En esa sala de la Cámara Federal conocí a Fernández, tres años antes de que Néstor Kirchner fuera electo por primera vez intendente de  Río Gallegos. Era un pibe de 26 años, casi tan flaco como hoy es su hijo Estanislao, con un bigotazo que ya entonces parecía anacrónico, tal vez resabio de su paso por la JUP de Derecho.

Ese mismo año publicó el libro Juicio a la impunidad,  junto con los periodistas Mona Moncalvillo y Manuel Martín. Cuando se cumplieron 30 años del juicio, se realizó una muestra conmemorativa en el Teatro San Martín, que incluyó una gigantografía de la sala de audiencias de la Cámara Federal. Allí aparece Alberto durante una de las audiencias. También colaboraba con artículos en La Razón, que Alfonsín le dio a Timerman como parte de la indemnización por el saqueo de La Opinión, y en el Diario del Juicio que editó Fontevecchia. 

En uno de los capítulos del libro, los autores cuentan que los funcionarios de la Comisión Nacional de Valores y del Banco Central “constituyeron la Gestapo argentina”, que suministraba las preguntas con las que los torturadores militares de Campo de Mayo interrogaban. Etchebarne querelló a Fernández, quien me pidió que fuera su testigo. Durante la audiencia expuse los métodos de tortura empleados en los campos de concentración de la dictadura, y mientras hablaba, la endeble silla del defensor de Etchebarne, Roberto Durrieu, se deshizo en pedazos bajo los 120 kilos de ese gigante de dos metros.

Al caer de espaldas volteó la mampara que dividía en dos un enorme ambiente antiguo, y quedó despatarrado en el despacho vecino. Junto con Esteban Righi, que era el abogado de Alberto Fernández, lo ayudamos a reincorporarse. El canalla sonriente comentó:

—Eso pasa por las barbaridades que he tenido que escuchar aquí.

Righi y yo le contamos el episodio y los tres festejamos de buena gana este castigo adicional a los apologistas de la dictadura.

En 2003, Néstor Kirchner lo designó Jefe de Gabinete de Ministros. Desde allí, Fernández fue uno de los apoyos fundamentales del Presidente para impulsar el juicio político a la mayoría automática de la Corte Suprema de Justicia del menemismo, que tenía avanzado el proyecto de resolución convalidando las leyes de punto final y obediencia debida y los indultos. Eso hubiera consagrado la impunidad por los crímenes del terrorismo de Estado.

Por supuesto Etchebarne desistió de la querella contra Alberto, que no tenía destino, y hoy es él quien debe responder ante los jueces.

 

 

 

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