La orfandad

 

Una beba de 13 meses quedó huérfana de madre y padre porque el Estado no cumplió con sus obligaciones elementales de proteger primero a la madre, víctima de la violencia del padre, y después de resguardar la vida del victimario para que responda por el femicidio ante el Poder Judicial y el conjunto de la sociedad. Tampoco resguardó a la beba en una familia en riesgo.

Guadalupe Julieta Curual, de 21 años, murió a manos de su ex pareja y padre de su beba el martes 23 de febrero, en pleno centro del casco urbano de la localidad turística de Villa La Angostura (VLA). Una semana después, Juan Bautista Quintriqueo, 32 años, murió por lesiones que sufrió cuando estaba bajo la tutela de la policía de Neuquén. El patriarcado y el femicidio no alcanzan a explicar toda la complejidad que se fisuró por estos días en el sur. Estas muertes son el daño colateral del Poder Judicial neuquino y de su brazo auxiliar, la policía, en un país donde no existe la pena de muerte.

En pocas cuadras se concentran los lugares en los que, en pocas horas, se desencadenó el horror y la crítica al marco estatal que lo permitió. El cajero donde Quintriqueo abordó a Guadalupe, la vereda por donde la corrió unos metros, el lugar donde la hirió de muerte, el paseo donde lo alcanzaron y detuvieron, la avenida donde se autoconvocaron mujeres mayoritariamente, la sede de la comisaría 28 donde el movimiento local concentró su demanda en las primeras horas. A la mañana siguiente, el radio se extendió y puso en el foco del conflicto a la sede del Poder Judicial.

 

 

El conflicto

El conflicto que se desató en VLA a partir de un femicidio difícilmente se clausure con la muerte del femicida en circunstancias inexplicables. Dependerá tanto del perfil profesional que sostenga la querella en representación de la familia de Guadalupe y la beba, como del movimiento social y político local. También está por verse la estrategia del gobierno del Movimiento Popular Neuquino (MPN): si recoge la demanda de base o si intenta manipularla, diluirla, sofocarla, como se vio en febrero de 2018 en el doble femicidio en Las Ovejas, localidad rural de poco más de mil habitantes.

El primer círculo es el familiar, el de los afectos y el trabajo, el vecinal que se conmovió en distintos niveles de profundidad y compromiso. El segundo, el del Estado, tiene distintas esferas. La más próxima la representa el gobierno municipal, que arrastra un enfrentamiento al interior del Ejecutivo y, a la vez, de la intendencia con el Concejo Deliberante. El área de Desarrollo Social incluye las políticas sobre géneros, diversidad e infancia; sus informes profesionales subestimaron el nivel de riesgo de la familia y no hubo constatación de las condiciones de vida reales, confiaron fuentes con acceso a actuaciones institucionales. Además, es órgano de aplicación de legislación específica y, en parte, queda subordinada a estrategias del Poder Judicial y del accionar de la policía.

 

 

El engranaje de la provincia apareció en:

• la comisaría 28, la única de VLA, que recibió las denuncias de Guadalupe y al menos otras dos mujeres más contra Quintriqueo;
• la Oficina de Violencia (OV) Familiar y de Género de la IV Circunscripción Judicial;
• Adrián De Lillo, jefe de la Unidad Fiscal local que la noche misma del crimen se apuró a decir en la comisaría que el caso lo había recibido la OV, no él;
• Jorge Alberto Videla, ex titular en primera instancia del Juzgado Multifueros de VLA que resolvió en los legajos iniciados por Guadalupe el año pasado y este inclusive;
• Fernando Rubio, jefe de fiscales de la circunscripción con asiento en Junín de los Andes, quien debió supervisar la acción de De Lillo;
• José Luis Espinar, defensor de los Derechos del Niñx y Adolescente de la IV Circunscripción Judicial;
• José Ignacio Geréz, fiscal general, máximo responsable del Ministerio Público Fiscal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que en los últimos dos años acumula denuncias por irregularidades en el doble femicidio de Las Ovejas (febrero 2018) y de Cielo López (setiembre 2019, Plottier), por mencionar algunos;
• El Consejo de la Magistratura, que facilitó el alejamiento de Videla en un trámite express en medio de la crisis institucional desatada por el femicidio.

 

El escenario social y político

El movimiento de mujeres local se fortaleció el año pasado al respaldar a una joven y su familia que, después de mucho esfuerzo, logró llevar a juicio oral y público a su abuelo como autor de violación reiterada durante la infancia y adolescencia. La justicia local condenó a Enrique Loncón, ex policía que se desempeñó en la misma comisaría 28 que ahora volvió a cuestionarse. De Lillo tuvo su momento de popularidad al final de esas audiencias, a principios de diciembre, cuando le calzaron el pañuelo rojo con la inscripción “Yo si te creo” y balbuceó un feminismo de ocasión. A tres meses de la sentencia, todavía no se fijó el monto de la condena, las condiciones de cumplimiento y de protección para las víctimas denunciantes, decisiones que fueron postergadas en numerosas oportunidades con argumentaciones banales.

 

 

En esa trama estaba De Lillo cuando el femicidio le dio de lleno. Estuvo en la comisaría la noche del martes 23; su jefe llegó al día siguiente. La manifestación arrasó con el vano intento del propio De Lillo y Rubio por exonerar sus culpas y con el edificio público. El nivel central del Poder Judicial suspendió las actividades y los plazos procesales, que prorrogó hasta el martes 9. Evitaron estar en funciones durante la marcha local por el 8M.

Otra respuesta política fue la guardia especial para el ex juez Videla. Una custodia del grupo especial GEOP está frente a su residencia particular en el loteo camino al puerto viejo y otra en una chacra en la eco-huerta.

 

 

 

 

Otro verano

En el verano del 2002, un domingo a la tarde, María Isabel Barco, 36 años, mucama del hotel Angostura, salió a pasear en bicicleta y nunca más volvió. Su pareja, Ricardo Herlein, topógrafo de una empresa vial –rubio, ojos celestes– denunció en la policía que ella no volvió a su casa. La buscamos por semanas sin organización, sin abogado querellante, con herramientas tomadas del movimiento de Derechos Humanos pero insuficientes. Las compañeras de trabajo del hotel pintaron sábanas y marchamos un puñado que nunca superó las 15 personas. Nos concentrábamos en la plaza donde mataron a Guadalupe, marchábamos por la avenida, pasábamos frente a la misma comisaría 28. VLA no tenía más de 7.000 habitantes.

Desde las primeras actuaciones policiales en la vivienda familiar tuvimos la certeza de la complicidad institucional encabezada por el comisario Mario Rinzafri, quien años después fue el responsable del operativo criminal en que murió el maestro Carlos Fuentealba. La policía protegió al femicida, permitió su fuga, ocultó y destruyó pruebas. Sin una querella en la causa, esos aspectos jamás se investigaron. “Cualquiera tiene un mal día”, dijo uno de los abogados defensores en el juicio oral y público que terminó con la condena de Herlein a diez años de prisión.

 

Verdad y justicia

María Isabel tenía tres hijos. Uno de ellos tenía unos doce años. Debajo del flequillo rubio, en el velatorio de su mamá dijo: “Voy a crecer para matarlo”. Lo abracé mientras pensaba qué responderle. “Los adultos estamos para reclamar verdad y justicia”. Lo recuerdo siempre que encuentro hijos de víctimas, como aquel chico y esta beba.

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí