Balanza, Espada y Basura de la Democracia

 

No puede ser una sorpresa para nadie la existencia de constantes quejas del pueblo argentino contra el aparato judicial. Tampoco que uno de cada diez argentinos desconfíen de quienes ejercen funciones judiciales en todos los niveles. Menos aún que bajo el calor del sol del verano, miles de manifestantes de movimientos sociales, barriales, políticos y de derechos humanos, caminaran hasta la plaza Lavalle para llenarla de bolsas negras de basura, con la proclama. Propuesta creativa y novedosa, que no deja de definir con precisión, a los máximos integrantes de un aparato estatal, el judicial, que con contadas excepciones, ha estado siempre separado de la sociedad que la ha conferido poder para servirla.

Sin embargo, quienes integran la administración judicial ni se ven como servidores públicos, ni como integrantes de un poder constituido sobre la voluntad presunta del único soberano, el pueblo, a quien deben rendirle cuentas, dando explicaciones por sus actos y sus patrimonios, etc. No quieren porque no lo han hecho en casi dos siglos ni quieren hacerlo ahora. Esta parece ser una de las razones, que desde el sentido común explicaría, porque son el poder con menor confianza ciudadana y que hayan sido nombrados como el Basurero de la Democracia.

Para ponerlo en negro sobre blanco. Tanto el Legislativo como el Ejecutivo, en cualquiera de sus niveles, además de rendir cuentas periódicamente exponen la continuidad en sus cargos en las elecciones generales. No sólo eso, el pueblo puede y ha participado activamente en el proceso formativo de ciertas leyes, como por ejemplo la derogación de la obediencia debida y punto final, el 2 x 1 y la reciente Interrupción Voluntaria del Embarazo. En otras palabras, el Judicial es el único poder del Estado del cual la ciudadanía no participa ni directamente como jurado, a pesar del mandato constitucional, ni en la selección de sus miembros. Así, la incomunicación y el aislamiento popular es supremo, ya que de supremos estamos hablando. Entonces, bien vale preguntarnos: ¿por qué la sociedad argentina les identifica no como los protectores del orden constitucional, de la democracia sino como depositarios de sus desperdicios? Es históricamente inobjetable que desde la organización constitucional, cuando los argentinos hablan sobre la “Justicia”, no ven, en quienes la imparten, a los heraldos de la Justicia sino todo lo contrario. Para muestra basta un botón. En 1872 José Hernández se refería a la administración de justicia en boca del gaucho Martin Fierro:

“…La ley es tela de araña,

y en mi ignorancia lo explico,

no la tema el hombre rico,

no la tema el que mande,

pues la rompe el bicho grande y

sólo enrieda a los chicos…

Le suelen llamar espada

y el nombre le sienta bien,

los que la manejan ven

en dónde han de dar el tajo,

le cae a quién se halle abajo,

y corta sin ver a quién…”

Sabemos que las palabras y sus significados, como afirma el filólogo alemán Klemperer, crean y guían las emociones humanas, porque no hay nada más humano que el lenguaje mismo. No puede un pueblo pensar, a quienes ocupan el máximo cargo judicial, como los basureros de la democracia. Sin Derecho, mejor dicho sin Justicia, no hay democracia posible. Por eso, las decisiones judiciales para poder presentarse como justas deben ser legítimas. Si la decisión judicial es rechazada popularmente por injusta se vuelve tiránica. En ese juego, el del consenso, el del aval popular, poco importa la división ficcional de poderes porque ninguna rama del Estado, ni la Ejecutiva, la Legislativa o la Judicial deberían poder actuar sin control o sin la existencia de un diálogo fluido con las masas a las que se dirigen sus decisiones. En nuestro país, esos mecanismos de diálogo, de participación popular no existen para la administración judicial. Esa es una deuda de la democracia que debe saldarse en lo inmediato.

En Estados Unidos por ejemplo, el pueblo además de participar como jurado elige periódicamente a fiscales y jueces. En nuestro país, la cuestión judicial se ha mantenido tan aislada de la sociedad que ni siquiera después de 168 años se le ha permitido al pueblo participar como jurado a pesar del expreso mandado constitucional.

Mucho tiempo ha transcurrido desde la sanción del marco jurídico político del cual se impregnaron los constituyentes argentinos de 1853 y hoy la sociedad no es ni por asomo la misma del siglo XIX para la cual fue pensado el Poder Judicial. Es indudable que en la actualidad, mucho más que nunca los conflictos y tensiones sociales se judicializan condicionando la práctica jurídica. Bajo esa situación no puede seguir aceptándose la ficción del derecho como algo neutral alejado de la política. Las operaciones jurídicas que conllevan a una determinada sentencia judicial, aunque se presenten como exclusivamente regidas por reglas de derecho, no lo están, diversos factores sociales, económicos y políticos externos al sistema jurídico, suelen imponer condiciones. Les administradores de justicia no responden al viejo modelo constitucional que les obligaba a ser, en palabras de Montesquieu, “el instrumento que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar la fuerza ni el rigor de las leyes” .

Todos los acontecimientos judiciales recientes demuestran que quienes imparten “justicia” no son seres inanimados y que pueden, si quieren, olvidarse del pueblo al momento de tomar una decisión siempre impregnada de intereses políticos. Es preciso pensar entonces en las historias, emociones encontradas que contiene la proclama popular “La Corte es el Basurero de la Democracia” para un pueblo, el argentino, que se manifiesta desde su organización institucional contra la administración de justicia. Esas emociones que identifican al aparato judicial, más que con la justicia con la basura, revelan frustración y descrédito de quienes siguen sin poder participar en su formación. Por eso, hasta tanto no se abran mecanismos de mayor publicidad y participación popular en la construcción de “Justicia”, el pueblo continuará desconfiando de quienes bajo el amparo de la ideología de la neutralidad han podido mantenerse alejados de la sociedad y de todo mecanismo de control popular.

Sin embargo, los pocos conocidos intentos de democratizar al aparato judicial jamás han tomado muy en serio, como eje de intervención, el aislamiento, la desconexión, la incomunicación con el pueblo o la profunda desvalorización social que la función judicial padece. La única excepción a esas alternativas edulcoradas, gatopardistas fueron las leyes aprobadas por el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner en 2013. Esas leyes se hicieron cargo del reclamo popular e instalaron como consigna las ideas fuerza “la sociedad le habla a la justicia”, “justicia para todas y todos”. No quedan dudas que esas leyes hubiesen clavado una flecha en el corazón de la corporación judicial. La audaz iniciativa mucho antes de convertirse en ley puso en evidencia los nudos institucionales e ideológicos sobre los cuales está construido el oscuro Poder Judicial argentino. Cada día más autoritario, burocrático y corporativo. En fin, un aparato, que sigue dejando mucho que hablar con sus poco veladas intervenciones políticas.

Sin embargo, ni quienes lo manipulan, someten a su antojo, como tampoco sus propios integrantes estan dispuestos a sentir un poco de “sudor” popular sobre sus espaldas. La amenaza de que la voluntad popular de las masas pudiese tan siquiera meterse un poquito en la construcción de ese aparato, generó una rápida reacción mediática y judicial para evitarlo. El resultado es conocido. Las reformas no pudieron aplicarse por la veloz “intervención” del único Poder sin votos, el Judicial, pero sin dudas fueron las únicas que abordaron el tedio popular hacia la administración de justicia, buscando incorporar entre otras cosas mayor publicidad, participación y sobretodo participación popular en la conformación de sus cuadros funcionales. [1]

Sin embargo, quiero volver sobre el tema de la legitimidad de la función judicial, porque no me parece una casualidad que miles de manifestantes que piden por la liberación de Milagro Sala, llenen el histórico frente del palacio de tribunales, denominen a la Corte el Basurero de la Democracia. Este hecho social debe ser críticamente analizado. No solo porque es una nueva manifestación de hastío social con el comportamiento judicial, sino porque una vez que el momento de impacto simbólico desapareció y los propios manifestantes retiraron la basura, los cortesanos ingresaron en sus despachos para continuar, como casi siempre, tomando decisiones a contramano de las grandes mayorías. Parte de ese análisis debe dirigirnos a indagar por qué quienes desempeñan funciones judiciales se encuentran en una posición tan cómoda en la que si quieren, pueden ignorar al pueblo. ¿Acaso no reside en el pueblo soberano el origen de sus mandatos? ¿No deberían, tratándose de un poder del Estado, como el Ejecutivo y el Legislativo, revalidar sus títulos y rendir cuentas al pueblo que con sus impuestos paga sus sueldos? ¿Dónde reside el sustento constitucional de esa ausencia de procedimientos legitimadores de la función judicial? Tratándose de servidores públicos cuanto menos la rendición de cuentas por sus actos funcionales y la exhibición pública de sus declaraciones patrimoniales debería ser obligatoria. Lo cierto es que la ausencia de algún tipo de mecanismo institucional que controle efectivamente los actos del Poder Judicial les permite desconectarse de cualquier movimiento de rechazo popular a sus decisiones. Entonces, poco les importa que miles de manifestantes los señalen. Saben que pasada la incomodidad momentánea del reclamo nada cambiará demasiado en sus vidas. No se preocupan porque la solidez de la permanencia en sus funciones no depende ni necesita por el momento de respaldo popular alguno. Por eso la desazón, la falta de respeto, el descrédito popular, poco mellan el ánimo de estas personas integrantes de uno de los “poderes” esenciales del estado en una democracia. Nada es fruto de la casualidad, por eso la administración de justicia ha legitimado diversos golpes de Estado, la dictadura más sangrienta de la historia y, por qué no también, el sostenido vaciamiento de las pocas conquistas sociales que la soberanía popular le ha podido alguna vez arrancar a la oligarquía. Los ejemplos abundan y la reforma de esa rama funcional del Estado sigue siendo una deuda pendiente de la democracia.

Valen algunas reflexiones contextualizadas en la historia pasada y reciente de nuestro país que han puesto en contexto la falacia que esconde el esquema constitucional de división de poderes. Desde ese punto de vista, poco importa que los constituyentes hayan pensado un Estado divido en tres ramas con funciones separadas, si cada vez que ha sido necesario, la instancia judicial ha sido utilizada para resolver conflictos políticos. Los ejemplos son innumerables. La evidencia más rotunda de una administración judicial subordinada a los poderes fácticos de turno ocurrió con el golpe de estado de 1930. En esa ocasión la  Corte Suprema de Justicia, lejos de condenar el golpe de Estado, se apresuró a avalarlo con ridículos eufemismos. Un nuevo aval de la Corte a un golpe de Estado se produjo en 1943. Tales actitudes de la Corte Suprema sirvieron indudablemente para estimular las transgresiones posteriores al orden constitucional, en 1955 y 1966. La época más oscura del sometimiento judicial ocurrió durante la última dictadura militar. En esos años los tribunales se negaron no solamente a controlar los fundamentos del Poder Ejecutivo para mantener personas arrestadas sin procesos sino también para tramitar las denuncias de habeas corpus por detenidos desaparecidos. Lo cierto es que ni el regreso de la democracia, ni la reforma constitucional lograron modificar la forma burocratica-autoritaria que arrastraba la función judicial. De todos modos, el problema no ha sido ni será exclusivamente la composición de la Corte sino que comprende a toda la administración de justicia. En su libro Estado democrático y cuestión judicial el maestro Roberto Bergalli decía que “no es necesario continuar cacareando sobre la división de poderes como dogma sino pensar el equilibrio de poderes como estrategia para conocer quien es el protagonista hegemónico de la lucha contra el poder absoluto… En la Argentina ese protagonista ha sido hasta ahora solo en contadas veces el pueblo”.

 

 

 

 

[1]  Entre los puntos destacables encuentro la apertura de la participación popular en la elección directa de los miembros del Consejo de la Magistratura, la plena publicidad de los actos del Poder Judicial, el acceso a las declaraciones juradas patrimoniales de sus miembros y el ingreso por sorteo ( 26.855 reforma del Consejo de la Magistratura; 26.856 publicidad de los actos del PJ; 26.857 declaraciones juradas patrimoniales ; 26.861 ingreso igualitario al PJ y al Ministerio Público; Leyes 26.853 creación de cámaras de casación  y 26.854 medidas cautelares contra el Estado)

 

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