PRIVATIZADA

 

A Yamil Castro Bianchi, abogado porteño, le conmovió ver cómo las personas mayores debían esperar horas bajo la lluvia mientras el sistema para pedir turnos por la vacuna no funcionaba. En varios centros de salud hubo demoras, amontonamientos y largas filas a la intemperie. Entonces, se puso a investigar y comprobó que estaban favoreciendo a una facción política. En las redes sociales se promocionaban los vacunatorios hasta con un fraternal "abrazo radical".

 

 

Uno de los textos, que circuló por WhatsApp, decía: “La vacunación es VOLUNTARIA, pero si querés hacerlo, escribime. Te voy a ayudar con la inscripción y, si llegaras a necesitarlo, vamos a poner autos a disposición para llevarte y traerte con todos los recaudos”. El domicilio del vacunatorio era un ateneo de la Unión Cívica Radical, no un sitio de salud pública. “El tema se define desde una lógica clientelista y los afiliados al partido tienen más acceso a la vacuna. Eso se corrobora cuando la gente se expresa en las redes sociales agradeciendo a determinados políticos por la realización de hisopados y otros servicios”, analiza el abogado.

Lo que supone Castro Bianchi es que ese mensaje de WhatsApp lo escribió algún puntero político, algo que de demostrarse sería una ofensa para huestes que siempre han tratado de distinguirse a rajatabla de las prácticas clientelares. Esta semana fue acumulando pruebas y decidió presentar la denuncia. “La justicia activó rápidamente, se imputaron a Horacio Rodríguez Larreta y a Fernán Quirós, hubo impacto mediático y apareció el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, diciendo que su provincia era un descalabro, que faltaba que vacunaran hasta el perro porque las clínicas privadas aplicaron dosis selectivas. Se blanquearon delitos graves, como coacción agravada. Morales dice que gente con dinero amenazaba a enfermeros para darse las vacunas, pero él, como funcionario, no hizo ninguna denuncia. Entonces, amplié la denuncia contra Morales y el Ministerio de Salud provincial. A las pocas horas, se conoció que el sobrino del ministro se había dado la vacuna, y empezó a explotarles la bomba”, explica Castro Bianchi al Cohete a la Luna.

 

 

 

En su presentación dice que se afecta un derecho humano fundamental: la salud pública. Y demostró -en sus propias palabras- que es más fácil ganar la quiniela que obtener un turno de vacunación en Capital Federal. “Y llegó la vacuna y vas a la página de la Ciudad y se cae y no te podés anotar y llamás al 147 tres días seguidos y nadie atiende y tenés 73 años y te vas a morir antes de lo que pensabas. Grande jefe, su plan funciona de maravillas”, escribió la cantante Liliana Herrero, en una nota periodística.

En la causa judicial en manos de Ariel Lijo aparece desglosada la maniobra: distribuir la gran mayoría de las dosis en comités partidarios, amigos y familiares del poder. El caso modelo es la Asociación Civil Encuentro Vecinal Sur, situada en la calle Picheuta 1517, como uno de los centros para acceder a la vacuna contra el coronavirus.

La propia página del GCBA así lo informó:

•  https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/comenzo-la-vacunacion-deadultos-mayores-de-80-anos-en-la-ciudad

 

Esta asociación vecinal, en realidad, es un comité radical conducido por Raquel Herrero, Auditora General de la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio. Y la prueba de la vinculación partidaria lo son también sus redes sociales:

•  https://www.instagram.com/encuentrovecinalsur/?hl=es
• https://www.facebook.com/Encuentro-Vecinal-Sur-851238668347900/

 

Además, en las fotos que se publicaron en las redes de la entidad apareció la dirigente Patricia Caseres, Directora General de la Auditoría de la Ciudad y militante de Vamos Juntos, quien participó en una charla partidaria junto con Agustín Forchieri, vicepresidente de la Legislatura. Y recibieron otras visitas célebres, como las de Daniel Angelici y Martín Lousteau.

Era tal la evidencia que la Asociación Civil Encuentro Vecinal Sur, donde también se demostró que funcionan diversos programas del Gobierno de la Ciudad, fue allanada por orden de Lijo con la presencia de Gendarmería. Según informaron desde su juzgado, se han retirado carpetas con documentación oficial.

“Toda la población está esperando la vacuna para volver a abrazar y besar a sus seres queridos y el Gobierno de la Ciudad decide aniquilar estos sueños distribuyendo las vacunas a centros partidarios de su color político. Concretamente, lo que se pone en conocimiento de las autoridades es el privilegio del que goza esta institución “adepta”, “amiga” y “correligionaria” del poder de turno”, sintetiza el abogado Yamil Castro Bianchi. A partir de su denuncia le empezaron a llegar más fotos de otros centros partidarios del PRO, y en las próximas horas las presentará como nuevas evidencias.

Así lo explica: “Si estos espacios fueran solamente sitios de informes y de vacunación no habría ningún inconveniente, pero el problema surge cuando existen denuncias que allí se estaría vacunando a personas por afinidad política. Eso comprende una grave irregularidad institucional”.

El escándalo derivó rápidamente en Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós imputados por un amigo de la casa, el fiscal Carlos Stornelli, que sacudido por los movimientos de la megacausa de espionaje ilegal mostró una extraña celeridad para impulsar la denuncia de Castro Bianchi y de otra abogada, Natalia Salvo, ambas unificadas en el juzgado de Lijo. No por nada se efectivizó la orden de allanamiento, algo que en la jerga judicial tiene una grave connotación. Y más si se trata de la justicia federal.

 

 

 

 

Castro Bianchi apunta, en efecto, a la malversación de las vacunas como hipótesis principal. “Veo diferencias sustanciales con lo que los medios llamaron como vacunatorio Vip en el Ministerio de Nación. Capital Federal está comercializando directamente un bien público, dándole a un club selecto que es afiliado a tales obras sociales para tener acceso directo a la vacuna. Además, habilita centros propios por fuera del Ministerio para clientelismo político. Y eso no tiene nada que ver con un vacunatorio Vip ni con un listado de personal estratégico”, explica a este medio.

El letrado participó en la causa del barbijo-gate que puso en aprietos a Larreta, un antecedente paradigmático. “Fue obsceno, metieron en la cárcel a un tipo al que le pagaron los barbijos y que había devuelto la plata. Pero el que había sido responsable fue un intermediario que facturó más del doble. No es la primera vez que la Ciudad está vinculada con negocios de salud”.

No está solo. Ahora son dos abogados particulares —pedirán ser querellantes próximamente— que arremeten contra la versión oficial de que la Ciudad estaba siendo una referencia en la aplicación del plan de vacunación nacional. Pero todo se desmoronó rápidamente. A la denuncia de Castro Bianchi se sumó la de Natalia Salvo, que apuntó hacia otro costado de la corrupción porteña: la privatización en el acceso a la vacuna. Allí comprobó que el Ministerio de Salud porteño, por orden de Rodríguez Larreta, firmó convenios con entidades privadas para favorecer la vacunación de quienes están asociados a esas instituciones. Y dar acceso, a la vez, a grupos que no son prioritarios en la operación sanitaria.

El juez Lijo también ordenó procedimientos en las oficinas del Ministerio porteño y sustrajo importante documentación para determinar cómo se distribuyeron las dosis de la vacunas. Natalia Salvo pidió investigar a los funcionarios por los delitos de acción pública y exigió identificar a otras personas que participaron del plan de vacunación. Lo que buscará el juez es develar de qué modo se otorgaron privilegios a los afiliados y socios tanto de obras sociales como de empresas de medicina prepaga.

–Estamos ante un posible negocio millonario, que atenta contra la salud como bien público. Hay información que señala que los afiliados conseguían la vacuna pagando entre 10 y 40.000 pesos —dijo una alta fuente de la investigación, que se encuentra chequeando facturas de las obras sociales.

“Es un accionar de inusitada gravedad institucional porque no sólo se está incumpliendo con los deberes de funcionario público, sino que se está impidiendo que personas consideradas de mayor riesgo y que necesitan vacunarse, no pudieran hacerlo, aumentando sus posibilidades de contraer la enfermedad y fallecer”, se especifica en un fragmento de la denuncia, que el juez tomó seriamente.

La pesquisa puso el foco en la plataforma SIGHEOS (Sistema de Gestión Hospitalaria), encargada de llevar adelante el plan de aplicación de la vacuna. Se sospecha que el gobierno porteño la habría manipulado para favorecer a los privados en perjuicio de los grupos vulnerables. El juez Lijo apuntó a determinar la totalidad de los lotes de vacunas, pidió un informe sobre los centros de vacunación habilitados para la campaña de vacunación, la totalidad de dosis aplicadas, la totalidad de solicitudes de turno y la recepción de los mismos. Le interesa, en definitiva, saber en qué condiciones se firmaron los convenios.

Tal como hizo Castro Bianchi, el estudio jurídico de Natalia Salvo empezó a chequear publicaciones de redes sociales con algunos centros privados —hospitales y clínicas—, entre los que aparecen el Sanatorio Güemes, el Hospital Alemán, el Hospital Italiano y el Sanatorio Antártida. La información circulaba públicamente. Los hallazgos se hicieron conocer en diversos medios.

“Era algo que estaba naturalizado. Quirós incluso dijo en enero, en una conferencia de prensa, que habían hecho contrataciones privadas. Ellos hablan y dicen que el plan sanitario lo están haciendo bien, pero se incumplió una norma, que es la que establece la prioridad del plan de vacunación ante un contexto de insolvencia de vacunas, ya que hay normativa de emergencia y el recurso público es escaso. Hay que determinar la trazabilidad de las vacunas, porque se perdió la fiscalización. Es un verdadero escándalo”, explican quienes buscan datos sobre el caso.

En los convenios con las empresas privadas existe otro factor excluyente: la omisión del PAMI. Su titular, Luana Volnovich, lo denunció ante los medios. “Me preocupa que un afiliado de una prepaga acceda a la vacuna y un afiliado del PAMI, no”, dijo. El PAMI tiene 100.000 afiliados y afiliadas mayores de 80 en la Ciudad —el grupo etario que se está vacunando actualmente— y 300.000 mayores de 70. Y sus jubilados no tienen más recursos que el amparo estatal.

Otra inquietud que orbita en la interna de Juntos por el Cambio es que una de las denunciantes es Natalia Salvo, la abogada que patrocina a Pedro Etchebest, el empresario agropecuario que denunció a Carlos Stornelli por extorsionarlo junto con Marcelo Sebastián D’Alessio, dando comienzo a la investigación de espionaje que lleva adelante el juez federal Alejo Ramos Padilla en Dolores.

Los nervios sobrevolaron a los principales funcionarios, y algunos tuvieron que cambiar su discurso de intachable moral ante las vacunas. La luz de alarma se ha encendido y las posiciones están notoriamente divididas. Patricia Bullrich, la actual presidenta del PRO, representó al ala dura y salió a cruzar al ministro de Salud porteño, mientras que Mauricio Macri lo defendió diciendo que el plan era “transparente, justo y equitativo”. Un jardín de senderos que se bifurcan.

¿Delegará el juez Lijo la investigación en Stornelli, dado sus antecedentes y vínculos probados con Juntos por el Cambio? ¿O bien la familia judicial de Comodoro Py demostró tan sólo un lavado de cara para hacer el famoso control de daños y cajonear la pesquisa?

Lo cierto es que la trama, lejos de agotarse, promete nuevos capítulos. A la explicación de Quirós de que el reparto de vacunas está siendo proporcional, la equidad sanitaria parece no tener realidad sustentable. A los turnos caídos y la espera que agobia en población de riesgo, se agregó la queja del personal de salud mental de los hospitales Pirovano, Alvear, Moyano y Durand.

Andrés Añón, secretario general de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, denunció que debieron regresar a sus espacios de trabajo sin ser inmunizados ante la falta de dosis de vacunas. “Estamos frente a un problema importante con personal del sector público de la Ciudad cuando al mismo tiempo están abriendo centros vacunatorios en River Plate para el sector autónomo de salud, y no sabemos si esas vacunaciones son para personal presencial o no presencial. Nosotros en el sistema público la mayoría estamos atendiendo de manera presencial”, declaró en un programa de radio.

Y hasta organismos de Derechos Humanos como Amnistía Internacional le exigieron un pedido de información al Ministerio de Salud porteño para conocer los detalles “sobre la asignación de dosis de vacunas contra el coronavirus a entidades privadas de salud”. La desconfianza crece a pasos agigantados.

–Es una vacuna que no se compra. El Estado la distribuye a las provincias, no se pueden vender ni comprar –agregó Luana Volnovich, apuntando no sólo a la responsabilidad individual sino a una cuestión sistémica, estructural a formas de pensar la política y el mundo.

Mientras las prepagas la usan como marketing, no sería nada novedoso que la Justicia compruebe, una vez más, la notable preferencia de clase del PRO bajo su sesgo discriminatorio, exclusivista y de negocio para pocos, inclinada por la tercerización de la salud antes que considerarla como un bien público.

 

 

 

 

 

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