Una dolorosa lista que crece

 

“El Estado es responsable”. La consigna recorrió nuestro país el pasado 17 de febrero cuando el colectivo Ni una Menos convocó a una nueva movilización para denunciar la ausencia y complicidad de los poderes estatales en los casos de violencia de género. Entonces las víctimas de femicidio ascendían a 44 en tan solo 45 días que llevaba el 2021. Hoy la cifra supera las 60, según los datos del Observatorio Lucía Pérez. Las protestas tuvieron como epicentro los tribunales de justicia de cada provincia. Los feminismos apuntaron especialmente al Poder Judicial tras el femicidio de Úrsula Bahillo, asesinada por el policía Matías Ezequiel Martínez pese a las múltiples denuncias que había hecho la joven como pedido de auxilio.

En nuestro territorio la historia de Úrsula se repite casi cotidianamente. La última de la lista de esas 44 mujeres era Marina Patagua, de 46 años y madre de tres hijos. Fue asesinada el 12 de enero por su pareja, Juan Carlos Gutiérrez, en San Salvador de Jujuy. En diciembre del año pasado el femicida había sido detenido por una denuncia que hizo Marina después de recibir una brutal golpiza pero en enero fue liberado por el juez a cargo del tribunal especializado en violencia de género número, Pablo Martín Pullén Llermanos. Veintiún días más tarde, Gutiérrez terminó con la vida de Marina.

“El fallo de Pullen Llermanos puso fin a la vida Marina Patagua”, dijo la abogada de la familia y referente de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy, Mariana Vargas. Para la letrada es parte de un problema que existe en la provincia y en el país general: “El Estado no asume la responsabilidad que tiene en evitar las muertes de mujeres. Los fallos de los funcionarios judiciales, sus declaraciones, nos llevan a pensar que los femicidios no son evitables. Y eso no es así, son evitables y siempre hay un camino que, de haberse recorrido por parte del Estado, hubiese permitido evitar esa muerte”.

Hasta el día que la mataron, Marina vivió en el barrio Campo Verde de la capital jujeña, en la vivienda de una familia en donde trabajaba como empleada doméstica cama adentro. Los fines de semana solía visitar la casa que tenía en el barrio de Los Huaicos, donde vivía una de sus hijas. Marina y Gutiérrez fueron pareja durante seis años. Él era carpintero y los hijos de ella lo habían aceptado como parte del núcleo familiar ya que no estaban al tanto de la violencia que su mamá padecía.

Se supo que hizo al menos dos denuncias por violencia en contra de Gutiérrez. La primera fue en 2018 y la encontraron sus hijas entre sus papeles luego del femicidio; la segunda fue la de diciembre de 2020, por la que estuvo preso. Salió luego de que su abogado pidió el cese de detención, cuando comenzó la feria judicial de enero. El fiscal de Investigación Fernando Alancay se opuso por considerar que podía “influenciar a la denunciante para que se retracte o minimice lo denunciado o bien poner en riesgo nuevamente su integridad psicofísica” pero Pullen Llermanos rechazó los fundamentos y ordenó su libertad el 21 de enero. El violento se fue a vivir a Palpalá, a 13 kilómetros al sudeste de la ciudad, y pronto comenzó a escribirle cartas a Marina pidiéndole que volvieran. A los pocos días, como él estaba sin trabajo y no tenía donde vivir, ella le prestó una habitación en su casa de los Huaicos para que pasara unos días. La familia supone que el viernes que la asesinó ella había ido al lugar a comunicarle que no le daría una nueva oportunidad. No se sabe exactamente qué hablaron pero sí que él la golpeó y la apuñaló y que, pese a sus gritos, ni los vecinos ni la policía llegaron a tiempo para salvarla. Cuando entraron ya estaba inconsciente y Gutierréz se estaba autolesionando. Ambos fueron trasladados al Hospital Pablo Soria, donde Marina falleció a las dos horas.

 

Con gusto a poco

En su historial como juez, Pullen Llermanos cuenta con una gran cantidad de cuestionamientos en torno a sus fallos. Uno de los más polémicos fue cuando en 2016, como juez de instrucción penal, decidió reabrir una causa que estaba prescrita y condenar más tarde, con solo un testimonio como prueba, a la líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, a cuatro años de prisión por las supuestas agresiones a dos referentes sociales. La condena luego fue revertida por el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. En más de una oportunidad Sala denunció al magistrado por maltratos y violencia psicológica. Su ex letrada y actual ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, opinó en el documental Milagro que “el desprecio de Pullén Llermanos hacia Milagro habla de su desprecio por la humanidad de una mujer”.

El juez es además acusado por organizaciones feministas y víctimas de hacer valer su poder como juez especializado en violencia de género para beneficiar a violentos y abusadores. A principios de año, Pullen Llermanos ordenó la liberación de Gustavo Fiad, sobrino del senador radical Mario Raymundo Fiad, imputado por abuso sexual contra una menor. Pasó por alto un fallo preexistente de la Cámara de Apelaciones y Control en lo penal que había ordenado su detención inmediata por haber violado la prohibición de contacto y acercamiento a la menor. Vargas relató que tuvo un accionar similar en otro caso en Maimará, donde dispuso la liberación Oscar Farfán, un acusado de abuso que había violado dos veces la orden de restricción respecto de su víctima.

En el caso de la liberación del femicida de Marina Patagua, el martes Pullen Llermanos realizó una conferencia de prensa en la que dijo que su resolución “fue inatacable y ajustada a derecho”. “Nosotros (los jueces) no tenemos herramientas legales para detener a una persona y con ello evitar la comisión de nuevos hechos ilícitos. No hay forma porque nadie puede ver el futuro. Nadie puede prever que este hecho podía ocurrir”, dijo. La respuesta de la abogada defensora fue contundente: “Hay innumerable cantidad de sentencias a nivel nacional en base a los planteos de la Convención Belém do Pará (para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), que rige desde 1996 en nuestro país, y se ha ordenado la prisión preventiva de acusados de violencia hasta tanto se llegue al juicio oral”.

Por su parte, Giovana Martínez, de la colectiva feminista Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) de Jujuy, dijo que “con el femicidio de Marina Patagua se nos corrió nuevamente un velo que había sobre la justicia. La forma en que actuó el juez muestra que no está capacitado y que no hay un monitoreo de la aplicación de las leyes de género en la provincia. Lamentablemente nos damos cuenta cuando es tarde para Marina y su familia”.

Pullen Llermanos sostuvo también que Gutierréz no tenía antecedentes ni denuncias en contra por parte de la víctima. Durante la marcha del 17 de febrero, Rosita Reyna, hija de Marina, sostuvo que el Estado no acompañó a su mamá y ratificó que en 2018 lo había denunciado en una comisaría por violencia de género. “Parece que este hombre ya tenía todo pensado”, manifestó, y agregó que esperan que no le den el beneficio de la prisión domiciliaria. “Tenemos miedo de que lo suelten y venga por nosotras. Tiene que estar en la cárcel y no salir nunca más o el Estado será cómplice como siempre”, reclamó.

Otro de los motivos con que el juez justificó la liberación de Gutierréz es que la víctima fue consultada por el Ministerio Público de la Acusación al momento de liberar al agresor y ella dijo que estaba de acuerdo. Para Vargas, este hecho que parece responsabilizar a Marina de su fatal destino muestra en cambio la plena responsabilidad del juez: “Él sabía que ella ya estaba incursa en el círculo de violencia. Si lo dice es porque se le ocurrió que sería un problema y lo liberó igual. No puede ser que prácticamente le eche la culpa a la víctima de lo que ocurrió y dañe a los hijos de Marina, que están atravesando un duelo”.

“Nosotras no estamos diciendo que el juez no haya actuado conforme a la ley, sino que actuó sin perspectiva de género y se excusa detrás del ordenamiento jurídico”, explica la diputada provincial de Jujuy por el Frente de Todos, Leila Chaher. “Si como juez a cargo de los juzgados va a hacer lugar a los pedidos de liberación de violentos, existen otras herramientas también creadas el año pasado en plena discusión en una ley de emergencia como por ejemplo las tobilleras electrónicas. Estos casos exponen y sacan a la luz que con la creación de los juzgados y de la Fiscalía Especializada no alcanza. Estos deben ser ocupados por personas idóneas, que concursen, con un equipo interdisciplinario en formación permanente”.

 

Maquillaje jurídico y estatal

Jujuy cerró el pandémico 2020 con la tasa más alta de femicidios del país: 2,8 cada 100 mil habitantes. Se trata de casi el triple de la media nacional, de 1,1 cada 100 mil. Según el informe anual de Mumalá, la provincia gobernada por Gerardo Morales contabilizó diez femicidios. Cinco de ellos fueron registrados entre el 8 de septiembre y el 10 de octubre y generaron multitudinarias marchas sin precedentes en la provincia y la sanción de una ley de Emergencia en Violencia de Género, conocida como Ley Iara, por Iara Sabrina Rueda, una adolescente de 16 años que fue asesinada y su cuerpo semienterrado en un descampado cerca de su casa en Palpalá. El problema ahora reside en que su aplicación es dificultosa. Según contó Martínez, “todavía no se cuenta con el presupuesto acorde a las necesidades. Son alrededor de 140 millones, que es muy poco en relación a otras políticas. En comparación a lo que hoy destina el gobierno provincial a la Iglesia Católica es diez veces menor”.

Al Poder Judicial la sociedad también le exigió que haga su parte. Éste sacó dos acordadas, las 114 y 115 de octubre de 2020, en las que declaró la emergencia de violencia de género en el ámbito de la justicia y la puesta en funcionamiento de tres nuevos juzgados especializados en Perico, Humahuaca y Libertador General San Martín. Estos dos últimos fueron cubiertos por el juez Pullen Llermanos.

Vargas señaló que el magistrado no está designado en el cargo por concurso, sino que fue “habilitado”. Con el femicidio de Marina surgió el reclamo para que “se lo deshabilite, y hasta tanto se realice un nuevo concurso ocupe ese lugar a una de las personas que rindieron el concurso para los otros cargos de jueces, donde esté garantizada la perspectiva de género en la capacitación probada”. La abogada además presentó un pedido de enjuiciamiento al juez en el Superior Tribunal de Justicia.

Pese a las nuevas leyes sancionadas para resolver la violencia de género de la provincia –que incluyó también la elevación de penas para femicidas, restricciones de derechos como la liberación por buena conducta y la implementación de la ley Micaela– la violencia por motivos de género no cesó y la falta de perspectiva de género se hizo evidente. Esto último se constata con abrir los diarios jujeños y encontrarse con la foto de 13 fiscales varones –el cuerpo del Ministerio Público de la Acusación no cuenta con fiscales de otro género– en una conferencia de prensa, repudiando las expresiones de Agustina Aramayo, una abogada y funcionaria judicial que desde 2019 denuncia al fiscal general Sergio Lello Sánchez por violencia, hostigamiento y acoso laboral.

“Quienes ocupan estos lugares, tanto en el Superior Tribunal de Justicia como los jueces de primera instancia y el Ministerio Público de la Acusación son extremadamente patriarcales. Tienen un gran instrumento en sus manos y lo utilizan para defender sus privilegios. El problema es la estructura y son también las personas que los ostentan. Estamos asqueadas de que quienes tienen que velar por la integridad de las mujeres desconfíen de su palabra y terminen obstaculizando la implementación de las leyes”, dijo la diputada.

“Que trece fiscales se paren a repudiar a una mujer que denuncia violencia en su trabajo no sólo muestra la falta de perspectiva de género sino también la falta de paridad en los cargos judiciales”, destacó por su parte Martínez.

Vale recordar que el ex presidente del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca, dejó su cargo en marzo de 2020 tras ser denunciado por abuso sexual y que los movimientos de mujeres y disidencias piden desde el año pasado la renuncia de la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, Esther Alejandra Martínez. La multisectorial de Jujuy le reclamó la semana pasada un informe sobre qué seguimiento se realizó respecto de Marina Patagua desde 2018, qué convenios se realizaron con el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Acusación para conocer las denuncias por violencia, hacer el acompañamiento a las víctimas y garantizar su seguridad.

Se exige constantemente a las mujeres que denuncien pero no se evalúan los riesgos a los que están expuestas y se las deja solas frente a la violencia. La falta de prevención, de cumplimiento efectivo de medidas y leyes vigentes, de la mano de una justicia patriarcal que se niega a cuestionarse, hace que la dolorosa lista de Úrsulas y Marinas siga creciendo.

 

 

 

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