Un puntapié para la post-pandemia

 

Las sesiones extraordinarias en el Congreso dejaron una serie de claves de lectura para lo que vendrá en este 2021 y especialmente a partir de mañana, cuando quede inaugurado el nuevo período de sesiones ordinarias. Por caso, la aprobación de la ley que pone un límite al endeudamiento externo con un artículo específico que imposibilita que los dólares que ingresen sean destinados a gastos corrientes explica mucho de lo que sucedió durante la Alianza Cambiemos, especialmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La negociación con el organismo supranacional también fue tema de discusión entre legisladores y legisladoras del Frente de Todos. Lxs senadorxs que responden a ese espacio difundieron una carta en la que, palabras más palabras menos, llamaron a revisar toda la arquitectura financiera que surgió a partir de Bretton Woods. Algo complejo pero no imposible, si se tiene en cuenta que la Argentina, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, logró modificar en el seno de la ONU las cláusulas colectivas para las reestructuraciones de deuda. De todas maneras, la actual negociación con el organismo multilateral va por otro carril.

La aprobación del Consenso fiscal es un guiño a todas las provincias, que contarán con mayor aire para manejar su política fiscal. El macrismo había impulsado una reducción compulsiva de los impuestos que cobran las jurisdicciones (especialmente Ingresos Brutos), una forma de ajuste encubierto que tuvo que ser compensada en muchos distritos por la toma de deuda en dólares. El mismo festival de deuda de la Nación fue replicado por varias provincias, advirtió el senador José Mayans durante el debate de esta semana.

La mirada federal estará presente en el discurso de Alberto, probablemente con mucho hincapié en las diferentes herramientas y recursos que se desplegaron durante el primero año de la pandemia, como los ATN, los préstamos del Fondo Fiduciario de Desarrollo Regional y los créditos a tasa subsidiada del sistema financiero. Hasta el 28 de octubre del año pasado, Nación había distribuido 56.726 millones de pesos en ATN, según el Ministerio del Interior.

A su vez, la aprobación del Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda está en línea con el objetivo de llevar la inversión pública al 2,2 por ciento del PBI, según lo estipulado en el Presupuesto 2021.

Así llega Alberto Fernández al discurso del 1º de marzo, con una pandemia que todavía no terminó, una actividad económica aun golpeada y una inflación que sigue horadando ese crecimiento heterogéneo.

Sin embargo, podrá destacar seis meses consecutivos del crecimiento real de la recaudación –que redunda en crecimiento de la coparticipación para las provincias–, según destacan desde la AFIP, organismo que el viernes pasado informó que seguirán suspendidos los juicios de ejecución y embargos a micro y pequeñas empresas y entidades que desarrollan actividades afectadas por la pandemia. En total, se beneficiarán más de 2 millones de contribuyentes.

Por otro lado, el Presidente probablemente mencione las metas plurianuales que deberán formar parte de un proyecto de ley vinculado a las negociaciones con el FMI.

Y en los próximos días se anunciará la nueva Ley de Hidrocarburos que buscará potenciar tanto los recursos convencionales como los no convencionales (Vaca Muerta).

 

 

Aire a las provincias

El Consenso Fiscal que había impulsado la Alianza Cambiemos en 2017 implicaba una reducción paulatina de alícuotas para diferentes actividades, con un impacto directo en la recaudación de las provincias. A modo de ejemplo, para Santa Cruz representaba una merma de casi el 20% de sus recursos propios.

“La delicada situación fiscal que empezaron a observar las provincias a partir del año 2018 por el efecto de la devaluación y del fuerte endeudamiento en moneda extranjera contraído entre 2016 y 2017, determinó una situación de deterioro de las finanzas provinciales”, puede leerse en un informe del FdT.

Es decir, aquel Pacto Fiscal estuvo asociado a la deuda en dólares que muchas provincias se vieron obligadas a solicitar. La lógica imperante había sido la siguiente: luego del pago a los Fondos Buitres, Macri ajustó el gasto público hacia las provincias pero les prometió que podrían endeudarse en dólares de manera barata. El estallido de la deuda a nivel nacional tuvo su correlato en las provincias.

Las jurisdicciones de Neuquén, Mendoza, Chubut, Córdoba, Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Tierra del Fuego, La Rioja, Jujuy, Río Negro, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitieron títulos por 12.336 millones de dólares, a un plazo promedio de 8,2 años.

También a modo de ejemplo, entre 2016 y 2018 el stock de la deuda de Chubut se multiplicó por cinco, la de Río Negro por cuatro y la de Tierra del Fuego por casi siete. La deuda fue un verdadero salvavidas de plomo para las provincias.

El año pasado, el gobierno nacional suspendió el Consenso Fiscal del 2017 y esta semana el Congreso prorrogó esa decisión.

La mayoría de las provincias dependen en exceso de los recursos nacionales (coparticipación). Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), las transferencias por coparticipación de Formosa representan el 93% del total de sus recursos, seguida por La Rioja (91%), Catamarca (90%) y Chaco (87%), entre otras.

En el otro extremo está la Ciudad de Buenos Aires. Las transferencias directas que recibe representan sólo el 22% de sus recursos totales. Este dato remarca lo arbitrario de la decisión de Macri de multiplicar la coparticipación para el distrito más rico de la Argentina en detrimento del conjunto de las provincias, situación que fue corregida el año pasado también a través del Congreso.

“Me acuerdo de que nos ofrecieron 1.000 millones de dólares. Nos fuimos al Hotel Savoy, donde se hizo un encuentro con los gobernadores. A la provincia de Formosa le ofrecían 1.000 millones de dólares para gastar. ¡No! ¿Saben para qué era? Para evadir la responsabilidad del Estado, de lo que tiene que cumplir en su presupuesto nacional”, describió el senador formoseño José Mayans.

Y agregó: “¿Quiénes fueron los que falsificaron los datos? Tenemos que saber eso. Porque acá hay complicidad, obviamente. Hay gente del Fondo Monetario Internacional que estuvo en esta maniobra. ¡Ni hablar del Presidente Macri y ni hablar de los cómplices y miserables que acompañaron este endeudamiento argentino!”

 

 

Un problema de origen

Las negociaciones con el FMI para reestructurar la deuda adquirida por Macri continúan. El propio ministro de Economía, Martín Guzmán, había anticipado que se enviaría al Congreso un proyecto de ley con metas plurianuales, en línea con lo que se viene discutiendo con el organismo para achicar el déficit fiscal.

La relación con el Fondo transcurre en varios subniveles: la cuestión fiscal pero también el tema de las tarifas de los servicios públicos. Guzmán apuesta a un reajuste cercano al 30%. Esto forma parte del diálogo con el FMI y es el reclamo expreso de las empresas del sector energético –que en los últimos años obtuvieron ganancias extraordinarias gracias a la dolarización de las tarifas–, mientras que otro sector de la coalición gobernante apunta a que no haya más de un 9% de incremento tarifario.

Otro tema tiene que ver con la mala praxis de Fondo, que le prestó a la Argentina a sabiendas de que el país no estaba en condiciones de pagar. La semana pasada, el bloque de senadores del FdT envió una segunda carta al organismo donde reclamó una investigación profunda sobre el mayor préstamo en la historia del organismo. Pero los legisladores dijeron mucho más.

“Después de los primeros desembolsos efectuados, en lugar de engrosar las reservas internacionales del BCRA, se dirigieron a financiar la fuga de capitales mediante el aumento en la formación de activos externos. Según los elementos de juicio que consideramos, no estaban dadas las condiciones para continuar con los desembolsos. Nos permitimos suponer que si los mismos igual se efectivizaron se debió, principalmente, a consideraciones de tipo político y no a aspectos técnicos o institucionales”, indicaron les senadores en un texto enviado Charles Collyns, de la Oficina de Evaluación Independiente del FMI.

Lxs integrantes del FdT en el Senado no se detuvieron solamente en los procedimientos internos del organismo para otorgarle al país más de 44.000 millones de dólares. También fueron a la raíz del problema: la existencia misma del Fondo: “Este aprendizaje nos ha costado muy caro a los argentinos. Y lo hemos pagado y lo estamos pagando, no sólo con la devolución del capital, los intereses y los cargos, sino con la pérdida de calidad de vida de nuestra sociedad. No somos el único país donde los pueblos pagan con su sufrimiento los desaguisados que producen en sus sociedades las políticas del FMI. Quizás haya llegado la hora de replantear la validez del conjunto de normas diseñadas a partir de Bretton Woods y de seguir insistiendo con la generación de una nueva arquitectura financiera internacional.”

 

Lo que viene

El tema energético será clave en 2021, no sólo por la discusión tarifaria sino porque hay que recomponer los niveles de producción que se derrumbaron durante la Alianza Cambiemos, situación que se agudizó durante el primer año de la pandemia.

El cambio de gestión realizado en YPF, con la reciente asunción de Pablo González al frente de la principal petrolera del país, debería auspiciar como un nuevo punto de partida para el sector. En ese sentido, Alberto Fernández ya tiene en su poder la nueva Ley de Hidrocarburos, que se anunciaría en los próximos días.

Durante el año pasado, Guillermo Nielsen, ex titular de YPF, había impulsado una ley pensada casi exclusivamente en Vaca Muerta. Tal como fue explicado en este artículo de El Cohete, su concepción era la de armar una suerte de fideicomiso en los Estados Unidos para garantizarle a los inversores la libre salida de dividendos. Tal proyecto quedó enterrado cuando el neuquino Darío Martínez asumió en la Secretaría de Energía.

“La empresa YPF debe establecer la línea de base del desarrollo del sector energético e integrar a la cadena de valor al sector productivo representado por pymes y al complejo de Ciencia y Tecnología. La actual coyuntura es propicia para repensar algunas de sus principales estrategias, modalidades e instrumentos de intervención. El enfoque de desarrollo de proveedores debe dar lugar a perspectivas más amplias y comprensivas centradas en el desarrollo de capacidades industriales y procesos de aprendizaje tecnológico por parte de las pymes localizadas en las cuencas”, escribieron Rubén Zárate y Luis Bardeggia en un documento que circuló por los ámbitos técnicos del Partido Justicialista.

Pensar en un proyecto de ley sólo para blindar a Vaca Muerta era ganarse el enojo de un conjunto de provincias que usufructúan los recursos convencionales.

El territorio es clave para pensar la cuestión energética. Al segundo semestre de 2020, había 47.669 personas que trabajaban de manera directa en el sector de los hidrocarburos, distribuidos de la siguiente manera: Neuquén (19.712), Río Negro (2.534), Chubut (13.156), Santa Cruz (6.895), Tierra del Fuego (711), Mendoza (4.105) y Salta (556). No todo es Vaca Muerta.

En este sentido, la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) podría tomar un nuevo impulso. Al menos es lo que vienen conversando Darío Martínez y Pablo González.

 

 

 

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