Los cruzados de la Patagonia

 

Con la participación de los estudios jurídicos más fuertes que operan en el país y lobistas especializados, capitales privados locales y trasnacionales formaron una coalición para la defensa irrestricta de la propiedad privada de la tierra urbana y rural en las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén. La Fundación para la Naturaleza del Futuro (FUNAFU) creó el proyecto “Propiedad privada Patagonia” (PPP) que se atribuye la intervención exitosa en el desalojo express del lof Gallardo-Calfu el 19 de octubre pasado en el paraje El Foyel, zona andina de Río Negro, como la primera acción de la nueva Liga Patriótica.

Eduardo Enrique Maschwitz, banquero, presidente de la filial de Atlas Economic Research Foundation en Argentina, es uno de los más activos reclutadores de voluntades y dólares entre las sociedades rurales, propietarios, cámaras empresarias de hoteleros y agencias de viajes, ONG’s, abogados e integrantes del pueblo mapuche-tehuelche. Es propietario de una fracción de tierra a pocos kilómetros del territorio tradicional que reivindica Gallardo-Calfu y vecino de Hidden Lake SA (de Tavinstock Group de Lewis) y estancia La María de capitales de los Emiratos Arabes. Visita San Martín de los Andes (Neuquén) desde niño; su anfitrión en Villa Quila Quina (Parque Nacional Lanín), el empresario Cristian Domingo Zaefferer Llauró es otra de las firmas activas del PPP.

Dos documentos fechados en noviembre del año pasado y otra documentación interna explican los objetivos y responsables del proyecto político de las clases dominantes que asumen por sí mismas la conducción del lobby y la confrontación con los sectores sociales y políticos que recuperan y defienden territorio tradicional mapuche-tehuelche, así como los asentamientos de barrios populares sin respuesta estatal a la demanda de vivienda. Según aseguran Maschwitz y Zaefferer en correos electrónicos, los grupos Tavistock, Pérez Companc, Techint, Benetton, un empresario hotelero de Bariloche y el operador local de capitales de los Emiratos Arabes y del grupo belga BURCO son algunos de los que ya comprometieron financiamiento al movimiento corporativo. La acción concertada supone una escalada en la confrontación contra los pueblos originarios que en Argentina resisten el despojo de los territorios y la mercantilización de la naturaleza.

 

Primera línea VIP

El estudio Marval, O´Farrell & Mairal asumió la asesoría legal general, en tanto que el estudio Vergara y Asociados la asesoría en lo penal. Daniel Sabsay, abogado constitucionalista, junto a Jeffrey Group son los asesores legales en materia de comunicación y Spencer Stuart es la consultora en recursos humanos. Todos aportarán su trabajo profesional ad-honorem, se afirma en papers interno, lo que también se puede llamar militante.

Los dos documentos están fechados en noviembre del 2020 con indicaciones para diciembre y haciendo referencia a hechos del mes anterior. Esa información básica es para la campaña de aportantes a quienes se les propuso un plan de acción y “presupuesto inicial a 12 meses en pesos por el equivalente a dólares estadounidenses oficiales 285.000”. Aseguraban en ese momento que “un grupo de promotores ya han comprometido aportes suficientes para ejecutar un plan inicial a 6 meses. Los aportes se realizarán al momento de lanzarse el proyecto y luego cada 3 meses según el avance del proyecto. El primer desembolso se realizará en fecha a confirmar dentro de la primera quincena de diciembre 2020. (…) Se estima el primer desembolso para alrededor del 9 de diciembre de 2020”.

Los interesados en participar del PPP debían enviar una proforma por correo electrónico a nombre de Luis Castelli, director ejecutivo de FUNAFU. Algunos de los aportantes ya comprometidos los identificó Maschwitz al menos en un correo electrónico dirigido a un potencial adherente. La coalición empresaria-jurídica dice que pretende “colaborar en la resolución satisfactoria de las ocupaciones ilegales actuales de propiedades urbanas y rurales dentro de los territorios de la Provincia de Río Negro, de la Provincia del Neuquén y de la Provincia del Chubut y tomar las medidas conducentes para intentar evitar nuevos hechos de ocupaciones de tierras en dichas provincias en el futuro, buscando soluciones de largo plazo para todos los incumbentes”.

 

 

Los estudios jurídicos que encabezan la liga acumulan experiencia en presentaciones sistemáticas ante el Registro Nacional de Tierra Rural, de acuerdo a fuentes consultadas durante varios años respecto a las operaciones de capitales extranjeros o argentinos off shore. También intervinieron en casos particulares de investigaciones por compra irregulares de tierras en la zona andina de Río Negro (hermanos empresarios Mindlin y Burco) ante juzgados de Viedma y en expedientes por presunto lavado de activos (Mindlin y Lewis). Algunos de sus clientes operan en las áreas hidrocarburíferas de las tres provincias objetivo del PPP.

Los socios de algunos de estos estudios participan de la conformación de sociedades que luego son transferidas a otros capitales; integran, además, numerosas firmas. Los movimientos de personas físicas y jurídicas publicados en innumerables boletines oficiales por casos particulares dan cuenta de las trayectorias de bufetes y escribanías en la trama empresaria y corporativa, que se potencia como dominante en esta organización propia gestada en estricta reserva.

La FUNAFU no tiene publicados estos documentos en la web institucional. Se proponen “defender el ambiente, los parques nacionales y parques provinciales y las tierras públicas”, así como “colaborar en la regularización de títulos de propiedad individuales y comunitarios de ocupantes originales”. El texto dice “originales”, lo que no supone necesariamente una referencia errónea a pueblos originarios. Es posible que hayan alcanzado el objetivo anticipado de crear un comité ejecutivo que “debe velar por mantener una conformación que represente todos los intereses del Proyecto, garantizando la mayor diversidad de representación posible”.

 

Enclave andino

El desembarco de Joseph Lewis en 1994 inició la transformación de la matriz de propiedad y de uso de la tierra rural en la zona andina patagónica, proceso al que se plegaron distintos capitales en este período ampliándolo y profundizándolo tanto en escala como en mecanismos de apropiación. Maschwitz prueba que algunos, como el mismo Lewis, se insertaron en la política directa operando sobre presidentxs, gobernadorxs, intendentes, las comisiones de fomento locales. Al calor del conflicto en Villa Mascardi (Parque Nacional Nahuel Huapi), el año pasado se armó un grupo de whatsapp “Alerta Foyel”, anticipándose a la posibilidad de la recuperación directa del territorio despojado a Sixto Gallardo y su familia, que efectivamente se concretó y frustró. Nicolás Bernardo van Ditmar, representante de Lewis en Argentina, participó de ese grupo, según trascendió en ese momento.

El río Foyel nace en las cumbres del cerro Carrera, área controlada por BURCO, y corre hacia la cordillera para depositar sus aguas en la cuenca del Pacífico. Sobre la costa sur del río, en la zona del paraje El Manso, Maschwitz tiene dos fracciones: una de 700 hectáreas que compró a Fernando Gonzalo Tornero, de El Bolsón, quien mantiene numerosos acuerdos de tierras con Van Ditmar, y es vecina a Estancia María de capitales de los Emiratos Arabes. Hacia el oeste otra de 360 hectáreas. La documentación de Rentas y de Catastro de acceso pública difiere, indicando algunos planos que son copropietarios con Alejandro Luis Iván Etchart, también banquero y aportante al PPP.

Por su parte, Etchart tiene registrada a su nombre una tercera fracción al pie de la cordillera de los Andes, también de 360 hectáreas. A continuación, hacia el oeste, Van Ditmar comparte la titularidad de un campo de 238 hectáreas con Juan Carlos y Ariel Luis Ordóñez. Así, fracción a fracción, se consolida el control de un bloque cada vez más compacto de esa parte del territorio en el que no hay lugar ni territorial ni político para el regreso al territorio de los descendientes de Sixto Gallardo, al menos en este momento y en las actuales condiciones.

 

Remix

Alejado el macrismo del gobierno nacional y sin la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich como garante del programa de mano dura, estos capitales no sólo jaquean algunas políticas particulares sino que además decidieron avanzar. Territorios indígenas, propiedad y uso de tierras rurales, desmontes masivos y mercantilización de los bienes de la naturaleza son los núcleos duros que, elípticamente, están incluidos en el PPP. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es un organismo con escaso financiamiento y debilitado por el propio gobierno nacional cuando hizo lugar a los cuestionamientos públicos de la gobernadora Arabela Carreras (Río Negro) por su intervención en el conflicto de Mascardi. El Registro nacional de tierras rurales está paralizado y con una presidencia transitoria desde fines del año pasado que no ha dado una señal política hasta el momento. El decreto 820/2016 de flexibilización para la compra de tierra rural por parte de extranjeros sigue vigente.

A la vez, las tres provincias objetos del PPP tienen gobernaciones que el gobierno nacional no conduce ni cuestiona: Carreras fue la cabeza visible del operativo exitoso de desalojo de Gallardo, en el que PPP se atribuye haber debutado; Omar Gutiérrez (Movimiento Popular Neuquino) es el aliado para la reactivación de Vaca Muerta; y Mariano Arcioni (Chubut) responde tanto a Sergio Massa como a la megamineria. Ningunx de lxs tres tiene la más mínima intención de respetar el artículo 75 de la Constitución Nacional que reconoce la preexistencia de los pueblos originarios en Argentina. Ese negacionismo es la base de acuerdo ideológico con el PPP de la FUNAFU, que permite este intento por reformular y superar las estrategias que dejan huellas delictivas, como es el caso del crimen de Rafael Nahuel, incompatibles con estándares mínimos del estado de derecho y la democracia.

En cambio, pueden dar golpes sin balas y sin sangre de alto impacto. El 13 de febrero Bruno Pogliano, intendente de El Bolsón y ex contador de establecimiento Lago Escondido, denunció que un grupo de encapuchados y carapintadas lo amenazó al finalizar una reunión con vecinos en el paraje Cuesta del Ternero, donde un incendio intencional consumió 6.000 hectáreas de bosque nativo y plantaciones industriales. Los medios que se editan en ciudad de Buenos Aires publicaron la denuncia sin pedirle ningún tipo de prueba, a pesar que es impensable que en el siglo de las redes sociales al menos un asistente estuviera documentando el encuentro con una cámara. Logrado el título fuerte, las pruebas que aportaron los vecinos por las redes no corrigieron el efecto. No podemos atribuir la maniobra Pogliano a la liga PPP, aunque se ajusta perfectamente a sus fines en el área objeto de sus desvelos.

 

* Javier Grosso, geógrafo investigador de la Universidad Nacional del Comahue, hizo la cartografía para este informe.

 

 

 

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