Yo te avisé

 

El lawfare es una teoría política que sostiene que en el marco de una democracia pueden registrarse fuertes intervenciones de un gobierno para conseguir doblegar a algunos jueces y obtener la imputación penal de dirigentes de la oposición. Según el columnista de La Nación Jorge Fernández Díaz, el lawfare es “la principal mentira fascista que hoy mismo está en marcha” (edición del 20.2.21). Es una opinión a todas luces discutible porque como hipótesis interpretativa de una realidad compleja esa teoría podrá ser considerada acertada o desacertada, falsa o verdadera, pero si se comprobase, el calificativo “fascista” correspondería a quienes la usan, no a quienes la denuncian. En cualquier caso la anécdota marca el nivel de exasperación de algunos periodistas que han venido acompañando a Mauricio Macri en su cruzada republicana contra el “populismo” para aceptar una serie de hechos que ponen en cuestión las credenciales democráticas de ese gobierno. En abierto contraste con esas opiniones de periodistas enfurruñados, se destacan una serie de notas de Carlos Pagni en el mismo medio, escritas a lo largo de años, en las cuales se esfuerza por advertir al gobierno de Macri de las graves implicaciones que pueden llegar a tener las turbias actuaciones de la Agencia Federal de Inteligencia. Se trata de una opinión importante por provenir de alguien a quien difícilmente se le pueda adjudicar la etiqueta de “kirchnerista”. Un apretado repaso por esos textos, contrastados con los resultados de las últimas investigaciones judiciales, permite comprobar no sólo que el periodista contaba con buenas fuentes de información sino que también fue un adelantado en describir la parsimoniosa emergencia en el lago Ness del monstruo del lawfare.

 

En una primera nota sobre espionaje, el 5 de septiembre de 2016, Pagni relata los seguimientos y escuchas telefónicas de las que fue objeto el director de la Aduana José Gómez Centurión por parte de la AFI. Dice que “cuando presentó a su gabinete en el Jardín Botánico, Macri se comprometió a que, bajo su mando, la Agencia Federal de Inteligencia ‘no estaría para espiar a los ciudadanos, como sucedió hasta ahora’. Frente a esa promesa, sólo viene ofreciendo un llamativo fracaso”. Relata a continuación que Elisa Carrió había presentado un proyecto de ley para eliminar la AFI y un pedido al juez Ariel Lijo para que investigue si Gómez Centurión había sido víctima de seguimientos y escuchas clandestinas desde dos bases secretas de la ex SIDE, una en Libertador y Newbery y otra en el viejo edificio del diario La Prensa. Luego pasa a describir las andanzas del ex fiscal Eduardo Miragaya, el colaborador más estrecho de Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI. Según relata Pagni “Miragaya provocó algunos papelones. Fue, por ejemplo, el responsable de negociar con Lázaro Báez para que denunciara a Cristina Kirchner. Para facilitar ese propósito, dos abogados amigos de Miragaya, Claudia Balbín y Santiago Viola, patrocinaron a Leandro Báez, uno de los hijos del constructor y testaferro”. Otros dos fracasos que Pagni le atribuye a Miragaya fueron la introducción de testigos falsos para intentar probar que el juez Sebastián Casanello había visitado Olivos para supuestamente pactar con la ex Presidenta Cristina Fernández y otra maniobra con el narcotraficante Ibar Pérez Corradi para sostener una acusación contra el dirigente radical Ernesto Sanz. La nota termina con una auténtica primicia. Es la primera vez que un periodista menciona la existencia de una “mesa judicial” organizada para operar sobre la Justicia. El texto de Pagni no deja lugar a dudas: “Macri registra la alarma de esos seguidores y, como siempre, les pide que ‘armen una mesa’. Va quedando cada vez más claro un rasgo principal de su liderazgo: promover la deliberación permanente, para reservarse la capacidad de decisión. Con ese método la Casa Rosada se va transformando en una mueblería. Para la mesa judicial el Presidente puso una condición: que además de Garavano, Rodríguez Simón, Torello y Clusellas haya lugar para el binguero Daniel Angelici. Un control de calidad”.

 

Una segunda nota publicada el 2 de abril de 2017 se inicia con una advertencia al entonces Presidente de la Nación. Dice Pagni que “Mauricio Macri suele lamentar la incomprensión de lo que denomina el ‘círculo rojo’, y los sociólogos llaman elite: políticos, empresarios, sindicalistas o periodistas que evalúan las decisiones oficiales intoxicados por el exceso de información. Pasan los meses y va apareciendo con claridad otro grupo del que tal vez debería cuidarse más. Personas instaladas en las entrañas del poder, que utilizan fondos e instrumentos asignados por el Estado para perseguir o extorsionar, fuera de cualquier marco legal. Es un elenco que existe en todas las administraciones. El célebre Norberto Bobbio lo llamó sottogoverno. El problema de Macri es que ese pestilente ‘círculo negro’, que se extiende bajo sus pies, ha comenzado a descomponerse y está fuera de control”. Luego de hacer referencia a las denuncias de espionaje ilegal formuladas por Elisa Carrió y Cristina Fernández, añade que “desde hace cuatro meses, La Nación viene accediendo a datos que vuelven muy creíbles las manifestaciones de esas dos rivales. Se trata de documentos que, por sus características, y por la altísima confiabilidad de quienes los proporcionan, corroborarían la existencia de una unidad de inteligencia ilegal en esa repartición. La información podría ser avalada por testigos ante un requerimiento judicial”. Ignoramos si algún juez ha requerido a La Nación la entrega de esas pruebas considerando que el secreto profesional no ampara la negativa a entregar a la Justicia las evidencias materiales de los delitos. La nota continúa relatando las personas que, según esas evidencias, habrían sido objeto de espionaje ilegal. Cita a tres futbolistas –Lionel Messi, Carlos Ahumada Kurtz y Julio Koropeski– y relaciona esos seguimientos con los intereses que en el mundo del fútbol ha tenido el titular de la AFI, el ex broker Gustavo Arribas. Otras personas citadas como objeto de seguimientos son Matías Garfunkel, Gustavo Vera –que había denunciado a Majdalani por lavado de dinero–, el ex camarista Eduardo Freiler y el ex juez de la Corte Raúl Zaffaroni. Termina la nota con una expresión de abierto desconsuelo: “Macri, que fue víctima de ese método, al presentar su gabinete, el 2 de diciembre de 2015, prometió que la AFI ‘estará al servicio de la seguridad nacional, y no como en los últimos años, que se usó para hostigar y espiar a los ciudadanos’. Todavía no cumplió. A pesar de que Jaime Durán Barba, el inventor del ‘círculo rojo’, aconsejó eliminar el ‘círculo negro’, Cambiemos sigue expresando una brutal continuidad”.

La nota de Pagni aparentemente preocupó a Macri al punto que, según ha expuesto el periodista en una comunicación reciente dirigida a la Comisión Bicameral de Inteligencia, recibió una llamada del entonces Presidente, quien lo invitó a reunirse con Arribas. “Al enterarse del contenido de esa columna, me manifestó su interés porque el escribano Arribas hablara conmigo sobre las irregularidades denunciadas en el texto”, explicó Pagni. La reunión tuvo lugar en el departamento que Arribas alquila a Macri en la Avenida Libertador el 5 de abril de 2017 y en la ocasión acompañó a Pagni el presidente de La Nación S.A., Julio César Saguier. De acuerdo con Pagni, “la conversación con el escribano Arribas versó sobre el contenido de la columna. Él también nos informó, al doctor Saguier y a mí, sobre la denuncia que había realizado, junto a la señora Silvia Majdalani, quien lo secundara en la conducción de la Agencia, para que la Justicia Federal investigara lo que se informaba en la columna”, detalló. En efecto, Arribas y Majdalani habían formulado el día anterior una “autodenuncia preventiva” que recayó en el Juzgado Federal de Rodolfo Canicoba Corral. Sólo resta añadir que un año después, al cumplirse un primer aniversario de la nota de Pagni, la AFI intentó vengarse. En un programa de Mirtha Legrand, asesorada por la agente de la AFI Ana Polero, la mediática Natacha Jaitt hizo declaraciones involucrando a empresarios y periodistas –entre ellos en forma velada a Pagni– de integrar una red de pederastia. La repercusión en las redes motivó el siguiente comentario en el portal La Política Online: “El escándalo vuelve a traer además otro elemento central del lado más oscuro del macrismo. El uso de trolls en las redes sociales para manipular a la opinión pública y desprestigiar tanto a rivales políticos como a periodistas y líderes de opinión incómodos, apelando en ocasiones a información a bases de datos del Estado”.

 

El interés de esta tercera nota publicada el 30 de noviembre de 2017 reside en que Pagni describe con lujo de detalles una maniobra extorsiva sobre el juez Lijo diseñada desde la “mesa judicial” instaurada por el gobierno de Macri. La nota comenta que a propuesta del diputado Pablo Tonelli, quien integra el Consejo de la Magistratura, se abrió una investigación en torno al juez Lijo relacionada con la Aseguradora Caledonia, una empresa que estaría bajo su control. Según la nota “hubo una reunión de la que participaron Mauricio Macri, Daniel Angelici –presidente de Boca Juniors–, Gustavo Arribas, director de la AFI, y Germán Garavano, ministro de Justicia, en la que se analizó la situación de Lijo porque el juez le había ofrecido su renuncia al Gobierno, presionado por su situación personal, sobre todo por la de su hermano Alfredo Lijo. Sin embargo, le rechazaron la renuncia. Lijo debe haberse puesto inquieto con esa idea. En ese sentido, siente que para renunciar tiene que pedir permiso. El hecho de que Garavano estuviera presente en aquella reunión no es un dato menor ya que el ministro de Justicia había conversado y consensuado con Tonelli la acusación que le iba a hacer a Lijo. Esa dualidad, que es muy común del gobierno de Macri, tiene inquieto a todo el fuero de Comodoro Py. El problema para Lijo ahora es que una vez que se abre una investigación, la información fluye con más rapidez. De hecho, ya alguien se acercó a advertir acerca de la aseguradora Caledonia del juez federal”.

 

 

 

La cuarta nota fue publicada el 2 de junio de 2020 y comienza con una reflexión política que es casi un poema. Cuenta Pagni que “hay una serie en Netflix que se llama El Mosad y arranca con un epígrafe de John Le Carré, que dedicó toda su vida a escribir sobre espionaje, que dice: ‘Los servicios secretos miden la salud política de una Nación y son la única expresión real de su inconsciente’”. Añade que “lo que quiso decir Le Carré es que hay una especie de sótano en la democracia, una zona no controlada por el voto popular que depende exclusivamente del que manda, donde no se rinden cuentas, donde las operaciones son por definición secretas, donde se manejan fondos reservados que no hay que explicar demasiado. En esa región se mide la calidad de una democracia”. A continuación alude a la investigación abierta en el juzgado federal de Lomas de Zamora con motivo de la colocación de una bomba por un agente de la AFI en el domicilio de José Luis Vila, un hombre vinculado a Raúl Alfonsín y Enrique Nosiglia que había sido designado por el gobierno de Cambiemos como encargado de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa. Continúa el relato señalando que de la documentación secuestrada a los espías se comprobaron los seguimientos a Nicolás Massot, Diego Santilli, Emilio Monzó, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal añadiendo que esta última se lo comunicó a Macri y Macri la derivó a hablar con Arribas y Majdalani como hacía habitualmente en estos casos. Pagni no puede ocultar su decepción frente a estos hechos y lo vuelca en la nota sin atenuantes: “Desde el comienzo del gobierno de Macri, con mucha insistencia, hablamos de que se estaban manejando muy mal los servicios de inteligencia. Que había una enorme continuidad con el orden anterior, que no se había hecho ningún tipo de modificación y que más bien se había agravado todo. Las desprolijidades, incorrecciones, atrocidades y delitos que se podrían haber cometido antes estaban organizados alrededor de algunos caudillos, que de espionaje sabían, como por ejemplo Jaime Stiuso. Lo que vemos ahora, es el mundo Stiuso sin Stiuso. Es decir, anárquico, donde se traicionan unos a otros. Quizás esto sea producto de lo que Mauricio Macri le dijo a Laura Di Marco, en aquella entrevista para su libro: ‘En la AFI puse a Arribas porque es el más vivo de todos. El que sabe todas las trampas’. Sin dudas, lo que se esperaba del gobierno de Cambiemos es que en la AFI pongan institucionalidad, no viveza. La viveza termina en esto que vemos ahora”.

 

Con esta quinta nota publicada el 7 de julio de 2020 ponemos fin a la serie sobre espionaje escrita por Pagni. Aquí aborda la relación entre espionaje y periodismo, y se pregunta si los seguimientos que se hicieron al periodista Hugo Alconada Mon no representan un “agravio a la libertad de expresión”. Describe los episodios de seguimiento registrados en la instrucción judicial y los controles al domicilio de los padres del periodista y relaciona esos hechos con la investigación periodística sobre las conexiones de Arribas con el Lava Jato que realizaba Alconada. El interés de esta nota reside en que Pagni aborda aquí la teoría del “cuentapropismo” que destroza en los siguientes términos: “La teoría que está circulando en algunos medios y en el ambiente político de estos espías que seguían a periodistas, a la oposición, a Cristina Kirchner, a políticos del propio Juntos por el Cambio como Larreta, Vidal, Monzó, Massot, Santilli, es que eran cuentapropistas. En el caso de Alconada, hay que dudar mucho de que lo fueran porque daría la impresión de que había un interés muy marcado de parte de Gustavo Arribas, íntimo amigo de Macri, de seguir a Alconada y saber qué estaba haciendo. No sabemos si para descubrir cuáles eran sus fuentes o para encontrarle alguna mancha en la camisa y después extorsionarlo. Importantísimo: lo hacían con nuestros impuestos. Esos fondos reservados que no sabemos ni cuántos son, los pagamos nosotros (…) Aparentemente, según lo que estarían investigando los jueces, había seguimientos o vigilancias sobre la hermana del Presidente Macri. Yo me pregunto: ¿Hay algún cuentapropista tan audaz de ir a curiosear en la casa de la hermana del Presidente sin que nadie con mucho poder lo mande? Me queda la sospecha. No sé qué piensa usted”.

La nota termina con una confesión notable: “Esto es delicado porque a Macri se le advirtió todo esto. Me consta. A Arribas se le advirtió todo esto. Me consta. Hay una causa judicial, por supuesto dormida, en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral donde se acusa a la AFI y la AFI además pide ser autoinvestigada por espionaje clandestino. Es decir: si hubieran prestado atención a aquello que se les decía en 2017, tal vez se hubieran salvado de esta investigación sobre lo que estaba sucediendo en 2018. María Eugenia Vidal fue a hablarle a Macri de que había detectado, en escuchas de narcotraficantes que hacía la Policía en el conurbano, a gente de la AFI mezclada en esas escuchas. ¿Eran estos que ahora aparecen asociados a narcotraficantes en la causa que seguía el juez Villena y ahora sigue con la fiscal Incardona y el juez Auge? Todo esto se sabía y hubo una irresponsabilidad total y una impericia total”.

 

 

La realidad jurídica sustituye al relato periodístico

Las advertencias de Carlos Pagni no fueron atendidas y ahora son los jueces los que continúan el relato inaugurado por el periodista. El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, ha dispuesto el procesamiento de 38 espías entre los que se encuentran Gustavo Arribas y Silvia Majdalani como máximos integrantes de la AFI por varios delitos consistentes en integrar una asociación ilícita dedicada al espionaje. Las operaciones de inteligencia ilegal, según el juez, no sólo afectaron a los opositores sino que incluyeron a notorios integrantes de Juntos por el Cambio como Rodríguez Larreta, Vidal, Santilli, Massot y Monzó. Pero el caso que registra mayor calado político es sin duda el espionaje sobre Florencia Macri, la hermana menor del entonces Presidente, y de su pareja Salvatore Pica en la medida que compromete abiertamente a Macri.

La resolución del juez Augé describe la existencia de “una asociación de carácter permanente con distribución de funciones, jerarquías y responsabilidades de conformidad con el denominado ‘ciclo de inteligencia’, creada con la finalidad de obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre un número indeterminado de personas por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales". Según el juez, para alcanzar esos objetivos ilegales los espías recurrieron a la “captación de imágenes, interceptación de comunicaciones telefónicas, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción, todas acciones expresamente penadas por la Ley Nacional de Inteligencia (…) De este modo los agentes de estas instituciones se constituyeron, paradójicamente, en una amenaza a resortes vitales del sistema democrático y republicano, propios de un Estado constitucional de derecho, al practicarse desde allí espionaje a políticos, sindicalistas-gremialistas, periodistas, empresarios, abogados, miembros de la Iglesia, organizaciones de DDHH, organizaciones de familiares de personas privadas de libertad, ex funcionarios, miembros del sistema de justicia, y organismos de control, tareas enmarcadas en una práctica habitual, prolongada y generalizada. La prueba reseñada indica que no se trató de hechos aislados llevados adelante por agentes fuera de la estructura, en la jerga llamados ‘inorgánicos o cuenta propistas’. Por el contrario, fueron prácticas reiteradas en el tiempo y periódicas que además contaban con el respaldo de otros funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y, luego de descubiertas una de ellas (como lo fue en la causa conexa 5056/2020) dieron lugar a otras fases delictuales, como ser la de introducir datos falsos en documentos públicos con la deliberada voluntad de ocultar el carácter ilícito de la actividad de espionaje y lograr la impunidad de sus autores”.

Al término de este largo recorrido contamos con más elementos para descifrar el verdadero alcance de todas estas operaciones de espionaje ilegal. Resulta tentador calificar a todos los hechos relatados de “prácticas fascistas”, pero es suficiente decir que estamos ante graves e incuestionables violaciones del Estado de derecho. Por consiguiente, resulta plausible deducir que todas estas maniobras apuntaban, entre otros objetivos, a buscar información sensible que pudiera ser utilizada para desplazar, amenazar o extorsionar a los jueces que no se prestaban a forzar el encarcelamiento de los enemigos. Esa asociación entre crimen e inteligencia, que Macri denominaba “viveza” y que otros denominan lawfare, todavía guarda secretos que más pronto que tarde aflorarán.

 

 

 

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