ACCIONES DE HOY PARA EL DÍA DESPUÉS

 

Como esos ventarrones que arrasan las arenas o las bajantes que secan el lecho de los ríos, esta pandemia deja al descubierto miserias y solidaridades. Nunca aisladas, guardan una relación semejante a necesidades y derechos. Esta vez, el SARS-Cov-2 impone muerte y dolor junto con aislamiento, fragilidad y debates inconclusos. Conflictos, compromisos y responsabilidades que requieren volver a ser situados. La desigualdad estructural queda a la luz en todos sus matices y ferocidades. Coyuntura en la cual los organismos de Derechos Humanos y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) en particular debieron encarar con una prepotencia de producción que venciera la inmovilidad. De la aún vigente consigna “juicio y castigo” impulsada a partir de la última dictadura cívico-militar eclesiástica hasta hoy, los organismos fueron ampliando su área de acción en función de las renovadas exigencias sociales. La ampliación de derechos incorporó los de las mujeres, las etnias, la diversidad sexual, acceso a la justicia, la salud en general, la identidad, alimentación, vivienda, educación, solidaridad con los pueblos hermanos, violencia institucional y tantos otros.

Variadas han sido las respuestas, algunas de las cuales se consignan en Post, flamante libro que reúne once experiencias de trabajo resumidas en el subtítulo Cómo luchamos (y a veces perdimos) por nuestros derechos en pandemia. El prólogo, que recupera como consigna una canción ochentosa de la banda punk Los Violadores, ¿Y ahora qué pasa, eh?, fue oportunamente reproducido por El Cohete a la Luna y puede leerse aquí, junto con el no menos elocuente índice.

Diseñados, investigados y construidos durante 2020 en plenas limitaciones pandémicas, los textos colectivos fueron realizados por miembros del CELS, a la par de activistas de universidades y otras organizaciones amigas, directamente implicades en cada problemática. Redactados en prolijo lenguaje inclusivo, la estructura general de cada aporte arranca con un marco contextual e histórico que comprende la exposición de casos concretos, representativos de los desarrollos y conclusiones subsiguientes. De singular profundidad y sistemático rigor, cada apartado da cuenta del desarrollo situacional hasta su resolución, positiva o fracaso. Las experiencias recabadas en las investigaciones incluidas en Post extienden su valor testimonial a la construcción de insoslayables herramientas para el activismo y la militancia, así como plataformas de lanzamiento para renovadas pesquisas. Su extensión conceptual y metodológica ameritaría la incorporación en los ciclos introductorios universitarios y aún (en los segmentos temáticos correspondientes, de acuerdo a los distintos capítulos) en las asignaturas del fin de la escuela secundaria. La actualidad y proyección de los textos motiva una dietética reseña de cada capítulo.

 

 

 

 

Guernica. La instalación en los terrenos baldíos de Guernica, en julio pasado, por parte de grupos que habían perdido sus viviendas y el sonado conflicto desatado, ocupa la primera entrega de Post, que trabaja inicialmente las vicisitudes de esa población y la consiguiente respuesta estatal desde el sistema penal, es decir desde la criminalización de los carenciados. Sin ahorrar argumentos, testimonios ni pruebas al accionar represivo policial y jurídico, el informe se explaya sobre las responsabilidades oficiales tanto materiales como discursivas de una crisis donde “se frustró una salida política y los protocolos más básicos de actuación fueron groseramente incumplidos, más allá de que nadie muriera”, para concluir que “sin relocalización no debe haber (…) un desalojo si no se garantiza una solución habitacional”. Por el contrario, el texto rescata las incipientes formas de organización colectiva, la riqueza del tejido asambleario, la impronta feminista, las modalidades de construcción atentas al cuidado mutuo, en contraste a la sordera oficial frente a tales propuestas, tanto en el plano municipal como provincial, incluyendo las acciones y declaraciones del ministro de Seguridad y el propio gobernador.

Alimentos. A continuación, Post avanza sobre la problemática alimentaria, ya en emergencia previo a la pandemia, que multiplicó de ocho a dieciséis millones de personas la demanda de comedores. Realidad que “iluminó con más claridad las limitaciones que tiene el modelo concentrado de producción y distribución argentino para proveer de alimentos”, en manos de “bolseros de larga data en el Estado”. Carencias resumidas en tres puntos críticos: adquisición, calidad y distribución, cada uno merecedor de intensos desarrollos, postulando como paliativo la dinamización de la agricultura familiar, las cooperativas y las organizaciones de la economía popular, a fin de “pasar de un modo asistencialista (…) a uno productivo”, que al mismo tiempo impulse el empleo y resguarde el medio ambiente.

 

 

 

 

Vivienda. El dilema habitacional, los alquileres y el endeudamiento que la restricción en el ingreso conlleva, es encarado por el CELS y un equipo de la Universidad Nacional de San Martín, amalgamando casos emblemáticos e información cuantitativa. Establecen un “triángulo de precariedades” donde confluyen trabajo inestable, alquiler elevado y deudas, que impactan a diferentes segmentos sociales sin distinción, en distinto grado, desatando muchas veces la derivación de la ayuda estatal (IFE, AUH, etc.) a “un subsidio indirecto de la renta inmobiliaria”, que, por parte del Estado, “no entró en el esquema de distribución de los costos de la crisis”. Así como es incuestionable el rol del Estado en el sostenimiento y la mejora de los sistemas públicos de salud y educación —entre algunos otros— “la vivienda permanece como un problema individual, que cada quien debe resolver por su cuenta, en una lógica mercantil altamente desprotegida y voraz”.

Trans y otras diversidades. Aquellas precariedades que azotan a la sociedad y acucian a los sectores más desprotegidos se potencian dentro de las comunidades proletarizadas de la diversidad sexual y estallan en la situación habitacional, alimentaria y laboral. Una representación de la pobreza recluida en un modelo binario, enturbia hasta impedir soluciones que se limitan, muy cada tanto, a responder pedidos y jamás a enunciar iniciativas por parte del Estado. Encomiable aunque insuficiente, la inclusión de cinco mil personas trans dentro de la economía social y del programa Potenciar Trabajo, lejos está de hallar soluciones al corto plazo. Agrupaciones como Ammar, el Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celi y su confluencia, El Teje Solidario, intentan articular acciones con la Defensoría LGTB, el Inadi y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, en la convicción de que no hay salida fuera de la práctica social colectiva. El relevamiento llevado a cabo por el CELS en este capítulo, abarca la inserción de la comunidad en derechos sanitarios generales y específicos como la continuidad de los tratamientos hormonales, así como en los de documentación, cupo laboral, en fin, una vida digna, de “mayor empatía, compromiso con la democratización y que la diversidad sea bandera, experiencia cotidiana y trasformación real de las políticas e instituciones”.

 

 

 

 

Manicomios. “Vivir para siempre en un neuropsiquiátrico es la principal alternativa que ofrece el Estado a las personas de bajos recursos con padecimientos de salud mental”. El equipo responsable de diseccionar la situación manicomial en pandemia trabaja a partir de varias situaciones paradigmáticas concretas, incorporando las experiencias fallidas de externación previstas en la actual Ley de Salud Mental. El informe lo hace a través de testimonios estremecedores cuya actualidad opera al modo de base a fin de sistematizar la problemática. Recorre a tal fin las instancias organizativas que se procuran estas personas en pos de recuperar la autonomía en las decisiones, la construcción de rutinas propias e identidad fuera del encierro. Entre las vías destinadas a obtener tales logros, el CELS privilegia el enfoque feminista en un ámbito donde se ha renunciado a las normatividades de género.

Lesa humanidad. La atávica resistencia de parte del sistema judicial a los juicios a los genocidas de la última dictadura, resulta agravada con la justificación de la pandemia. Flamante obstáculo enfrentado por los organismos de Derechos Humanos y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH). La emergencia inicial rondó en torno a la suspensión de las audiencias que amenazan deteriorar la subjetividad de las víctimas, buena parte de ellas testigues cruciales. El eje de la actividad se instaló en “los que ponen el cuerpo”, representados por tres víctimas de cuyo escalofriante testimonio les autores extraen alternativas y experiencias. Recortan esos dichos como un espacio material que es preciso ocupar, en la tarea de construcción de una memoria que se organice como legado. “¿Por qué los ex detenidos y los familiares tenemos que sostener las causas de lesa humanidad, como si el Estado no tuviera el aparato para investigar?”, interroga un protagonista que de tal manera abre instancias de acción. Intervenciones que “resignifican y tensionan el escenario judicial corriendo constantemente los límites de lo posible”.

 

 

 

 

Violencia institucional. La escena en la que una señora sexagenaria requiere en la cola del supermercado el cumplimiento del distanciamiento social, la agresiva reacción del personal de seguridad y la violenta intervención policial, que veja y humilla a la denunciante, radiografía en plenitud los mecanismos intrínsecos del abuso de los funcionarios encargados de protegerla. A esto se suma la desidia de los poderes judiciales y del ministerio público que operan “como una máquina rota con capacidades (cada vez más) limitadas para responder a las demandas”, escudados en la contingencia virtual de “un sistema críptico y lleno de problemas técnicos”. Entorpecido acceso a la justicia convertido en modelo de respuesta a la población, que solo el tejido de redes comunitarias con organizaciones de la sociedad civil logró, esta vez, un final, si no feliz, al menos aceptable.

Muertos escabullidos. Con otro ejemplo representativo, el de un madre cuyo hijo escapó de un neuropsiquiátrico y su destino desconoce, se hace presente una realidad demasiado cotidiana en el que las fiscalías encargadas de la búsqueda permanecen enredadas en una burocracia redundante en la inacción. Cadena de responsabilidades que zarpa del enfermero que omite dar parte de la ausencia, la médica de guardia que tampoco da aviso, la policía que ningunea y un cadáver sin identificar que en ese mismo momento es alojado en una morgue. Debieron transcurrir cuatrocientos ochenta y un días para que aquella madre se entere del fin de su hijo y su localización. La investigación del episodio llevado a cabo por el CELS recorre paso a paso todas y cada una de las instancias que atravesaron tanto el cadáver como quienes lo buscaban, con todas sus pesadillescas implicancias y pormenores. Resalta cómo el vínculo entre quienes deben investigar y quienes buscan “es marcado por la desconfianza: ya sea por falta de empatía, por opacidad, por desidia, por racismo y, en algunos casos, por encubrimiento”.

Seguridad punitiva. “Realismo punitivista” es el concepto que alberga a les partidaries de la ideología de la mano dura, tanto represiva como penal, frente al fantasma de la seguridad. Bamboleado por la derecha oportunista en convivencia con los medios de comunicación, atraviesa también al berretismo progre y alcanza al sentido común barrial. Tendencia a la que se opone la consigna de “seguridad democrática”, que en este texto expone el equipo de investigación, centrado en la “gestión de conflictos desde una perspectiva de inclusión y ampliación de derechos”. Recuperan, analizan y describen experiencias en curso, como el “control popular de las fuerzas de seguridad” llevado a cabo por la agrupación La Poderosa y otras organizaciones afines en su nada simple articulación con la Procuración contra la Violencia Institucional y las defensorías Territoriales en derechos Humanos provincial. Dignas de reproducción surgen varias experiencias exitosas que permiten renovar la discusión política en la materia y desarrollar pautas probables de acción.

Bolivia. Único texto compuesto por una sola pluma, Camila Barreto Mala, consigna con lujo de detalle los asesinatos perpetrados por las fuerzas golpistas que derrocaron a Evo Morales a mediados del año pasado. El testimonio se centra en la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las denuncias y el boicot implementado por el titular de la OEA, Luis Almagro. El relevamiento alcanza hasta la reciente victoria de las fuerzas populares, con especial énfasis en las luchas indígenas y feministas.

 

 

 

Política de DDHH. Post cierra sus páginas con una reflexión en torno a “las posibilidades y los límites de las herramientas que, como organizaciones de derechos humanos, ponemos en juego día a día, sobre las consecuencias de colocar la lucha en la arena judicial, en un lugar dominante y por momentos excluyente”. Estrategia jurídica sostenida en paralelo a la movilización en las calles y la difusión masiva, es puesta en cuestión a la luz de las renovadas coyunturas. Se rescata entonces el corrimiento de las prácticas sociales hacia otros grupos, personas y problemáticas (de los que aquellos expuestos en el libro resultan apenas un puñado), sin desmedro de lo actuado en más de cuarenta años de actividad. Revisión autocrítica, produce interrogantes destinados a generar nuevas preguntas y así proponer, en base a las experiencias alcanzadas, que la misma comunidad continúe generando iniciativas.

 

 

 

El libro Post puede bajarse gratis en PDF aquí.

 

 

 

FICHA TÉCNICA

Post – Cómo luchamos (y a veces perdimos) por nuestros derechos en pandemia

Agustina Lloret, Marcela Perelman, Michelle Cañas Comas, Federico Ghelfi, Florencia Labiano, Luna Miguens, Leandro Vera Belli, Ariel Wilkis, Betiana Cáceres, Vanina Escales, María Hereñú, Cynthia Palacios Reckziegel, Quimey Ramos, Víctor Manuel Rodríguez, Luisa Stegmann, Mariana Biaggio, Joaquín Castro Valdez, Fabián Murúa, Macarena Sabin Paz, Myriam Selhi, Ana Sofía Soberón, Teresa Texidó, Guadalupe Basualdo, Juan Cruz Goñi, Sol Hourcade, Florencia Mogni, Anabella Schoenle, Fabiana Donati, Macarena Fernández Hofmann, Agustina Lloret, Anabella Museri, Margarita Trovato, Fabio Vallarelli, Lucía de la Vega, Victoria Darraidou, Macarena Fernández Hofmann, Manuel Tufró, Camila Barretto Maia, Antonella Giordano, Paula Litvachky, Diego Morales, Ximena Tordini.

Buenos Aires, 2021, 156 páginas

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí