Traficantes

 

Existe un denominador común que enlaza las sanciones a grandes empresas de alimentos y formadoras de precios con una discusión de fondo sobre el corredor fluvial del Paraná: el nombre de quiénes detentan el poder real en el país.

En abril del año pasado, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz, advertía que sobre el inicio del 2021 habría sobreprecios en el mercado de alimentos, retención de productos y mercados paralelos por fuera de toda legalidad. A los tres meses de aquella primera corazonada se lo pudo advertir al Presidente Alberto Fernández y al equipo de colaboradores del ministro de Economía. “Prestemos atención a los 6.000 millones de dólares que deberían ingresar como divisas de aquí a diciembre”, había sido el mensaje.

Profecía cumplida. Entre agosto y octubre del año pasado, las cerealeras junto a otras exportadoras retacearon la liquidación de divisas para presionar por una devaluación. En ese momento álgido de la pulseada con parte del poder económico real, el organismo que debe investigar y prevenir los delitos económicos complejos convocó a una reunión en la que participaron la Superintendencia de Seguros, la AFIP, Agricultura, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y Economía.

En paralelo, el Gobierno nacional tuvo que avanzar en una alianza con el Consejo Agroindustrial Argentino, integrado por las mismas empresas con capacidad de presión sobre el tipo de cambio. Más que un pacto de caballeros, parecía un pacto con el diablo.

La UIF sigue trabajando con la siguiente hipótesis: la mayor lesividad hacia los recursos del país proviene de la evasión tributaria y el contrabando a gran escala, tema que convoca a su titular desde la década de 1970. Por eso le reclamó formalmente a Mario Meoni, ministro de Transporte, que la UIF debía participar en la reunión del Consejo Federal de la Hidrovía que se realizará mañana en Rosario. Ante un primer llamativo silencio del ministro de Transporte, la UIF fue convocada.

 

Línea de conducta

La Secretaría de Comercio Interior imputó durante la semana a Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo.

Al menos tres de estas empresas habían sido intimadas el año pasado por el Banco Central por no liquidar divisas en tiempo y forma: Aceitera General Deheza (cuyos dueños son el ex senador Roberto Urquía y Miguel Acevedo, titular de la Unión Industrial Argentina), Bunge y Molinos.

Toda una línea de conducta por parte de las empresas concentradas.

 

Traficante de granos

Como objetivo central, la UIF se trazó avanzar contra los delitos complejos vinculados a la evasión tributaria y el contrabando. Las empresas cerealeras que operan sobre el corredor del litoral están en la mira.

Las estadísticas globales que circulan en el organismo indicarían que hay una mayor lesividad económica por delitos tributarios (60%) frente a un 5% de lesividad de la llamada corrupción.

El periodista Dan Morgan escribió el libro Los traficantes de Granos. La historia secreta del pulpo mundial de los cereales: Cargill, Bunge, André, Continental y Louis Dreyfus. Si bien fue publicado en 1979, sirve para describir el comportamiento de las mismas compañías que actualmente tienen la capacidad de horadar al fisco.

“Bunge vinculaba a la Argentina con la economía triguera mundial; y cuando había ganancias los agricultores eran por lo general los últimos en recibirlas… Daban el crédito al agricultor, le venden la semilla y le compran el grano. Y cuando las cosechas se han levantado, Bunge le vende al agricultor la cuerda para que se ahorque”. Cámbiese trigo por soja.

Las grandes empresas cerealeras suelen negar el contrabando. Incluso algunas áreas del Estado lo minimizan. Pero es más visible de lo que parece. La ex fiscala de Villa María, Virginia Carmona, investigó una red de contrabando de soja que utilizaba empresas y facturas apócrifas a gran escala. Entre la documentación recabada halló que toda la soja comercializada de manera ilegal salía del país a través de Vicentin y en menor medida, por Bunge y Cargill. Si bien zafaron de la causa penal, marca toda una línea de conducta.

 

Causas

Pero la UIF tiene en la mira a Bunge y Vicentin en otros expedientes:

• Es querellante contra Bunge en una causa en la que se investigan delitos aduaneros a partir de declaraciones juradas falsas de exportación y otro expediente que está radicado en el Juzgado Federal de Oberá por contrabando.
• En la causa por delitos aduaneros, vinculada a la posible falsificación de declaraciones juradas, la jueza María Eugenia Capuchetti le había negado a la UIF ser querellante con el argumento de que no había delito precedente para el lavado de dinero. Capuchetti es la misma que tiene cajoneada una causa contra Patricia Bullrich por su rol en la persecución a los mapuches. La magistrada luego se declaró incompetente y la causa quedó en el Juzgado Penal Económico 6, a cargo de Marcelo Aguinsky.
• La investigación mencionada fue iniciada por una denuncia de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático en la que se planteó que la empresa Bunge Argentina S.A. habría utilizado un ardid para obtener una ventaja patrimonial minimizando el pago de retenciones, y habría declarado exportaciones por más de siete millones de toneladas de granos antes de la suba de las retenciones durante la gestión de Mauricio Macri. Como imputados quedaron Adrián Chueco, Guillermo Marcotegui, Ramón Fernández Asenjo, los tres directivos de Bunge, y Luis Miguel Etchevehere, ex ministro macrista.

 

Camiones

La UIF también dialogó con las autoridades del Ministerio de Seguridad sobre el contrabando por el corredor litoral. Las estadísticas de la cartera que conduce Sabina Frederic sobre la cantidad de procedimiento y los granos incautados en el último año reafirman la hipótesis sobre el tráfico ilegal de granos.

Según  la Dirección Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad, durante 2020 se incautaron 3.691 toneladas de cereales, en su mayoría maíz y soja. Esto fue un 55,4% superior al año anterior.

Por otro lado, en cuanto a la cantidad de procedimientos, el año pasado se realizaron 139 contra 57 ocurridos en 2019, un incremento del 144%.

Los operativos en los que se detectó el tráfico ilegal de soja y maíz –mucha con destino a Paraguay– fueron realizados en Salta (41% del total), Corrientes (24%), Misiones (18%), Córdoba (9%) y Jujuy (3%).

Lo que se pretendió contrabandear en 2020 –sólo de lo detectado, ya que cuando se frena un camión pasan otros cuatro– equivalió a 217 millones de pesos.

“Hay que optimizar los controles sobre el referido Corredor litoral y la Hidrovía, sus puertos y rutas terrestres, que desde hace décadas viene siendo utilizado para llevar adelante operaciones de narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas alrededor de la zona de la triple frontera y contrabando de granos, aceites y harinas con países limítrofes”, le dijo Cruz a El Cohete el pasado 7 de febrero.

 

Hecha la ley, hecha la trampa

“Los sectores que promueven el alza de precios son los mismos que presionaron a nuestro Gobierno para ir hacia una gran devaluación y los que quieren disciplinar a la política, lo mismo que un sector del Poder Judicial. Queremos organismos del Estado que claramente funcionen y cumplan el rol que tienen que cumplir”, sostuvo la senadora María de los Ángeles Sacnun en ocasión de los recientes cambios realizados a la Ley de Defensa de la Competencia.

En el rubro de la alimentación también hay sectores concentrados como los que fueron intimados por la Secretaría de Comercio interior o el Banco Central.

En el libro La justicia acusada (Alberto Fernández, Mauro Benente y Federico Thea), Carlos Cruz escribió que a instancias de la OCDE –organismo supranacional cooptado por los mismos intereses económicos mencionados– el macrismo forzó cambios a la ley de Defensa de la Competencia.

“Se apela así a la sanción de leyes que, más allá de su enunciado simbólico, describen la conducta prohibida incorporando elementos oscuros y multiplicidad de verbos que no resisten la confrontación con las categorías de análisis técnico y el principio de legalidad. Con arreglo a esos anhelos, y en relación con los perjuicios derivados de las prácticas monopólicas, el desabastecimiento de productos, la contratación fraudulenta de deuda externa, las maniobras en el mercado de cambio o la evasión y salida de capitales, se verifica una directriz promotora de un derecho penal económico que configura dentro de una economía concentrada un retroceso en lo relativo a la protección y defensa de los derechos socioeconómicos de los sectores vulnerables”, escribió Cruz.

Hecha la ley, hecha la trampa. Por eso se promovió un nuevo cambio en la ley de Defensa de la Competencia y también se avanzará, desde la UIF al menos, en poner la lupa sobre el contrabando a gran escala que ocurre a orillas del Paraná, protagonizado por los mismos empresarios que se sientan a negociar con el Gobierno nacional.

 

 

 

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