GALLARDO PÉREZ, REFERÍ

 

En su programa El ruido de las nueces, el periodista Francisco Bessone me recordaba que en mayo 2002 y por pedido expreso del FMI, se derogó la Ley 20.840 de 1974, comúnmente denominada de “subversión económica”, que preveía sanciones privativas de libertad y multa respecto de comportamientos que afectaren el patrimonio o bienes de capital de un establecimiento. Considerándose como agravantes de estas acciones, a los efectos de aumentar la pena, los casos en que se produjera desabastecimiento de bienes o servicios de uso común, estafas, el cierre, liquidación o quiebra de empresas o el perjuicio para la economía nacional.

En la misma sesión donde se procedió a derogar la ley se efectuaron reformas al artículo 174 del Código Penal, introduciendo como inciso 6) una versión acotada, que elimina la previsión de peligro y las formas agravadas del derogado artículo 6 de la ley 20.840, a la vez que incorpora como artículo 174 bis. la modalidad culposa (que se encontraba en el artículo 7 de la ley derogada). Finalmente y respondiendo a nuevas presiones, tal como ha registrado la crónica periodística, el día 20 de junio de 2.002, la sociedad argentina tomó conocimiento de que el día anterior el Presidente Eduardo Duhalde había vetado la incorporación del referido artículo 174 bis al Código Penal, con lo cual el sistema de tutela rediseñado por el Congreso Nacional en el año 1984 quedó vacío de contenido.

Francisco Bessone me recordó que la votación fue muy reñida, que el senador Eduardo Menem dijo en el debate que por negarse a votar la derogación de la ley, el dólar no paraba de subir, y que la senadora de Río Negro Amanda Isidori, a demanda de su gobernador, Pablo Verani, pidió permiso para retirarse del recinto y de esa manera la votación en el Senado fue empatada en 34 votos por la derogación y 34 votos para que la ley continuara vigente. Desempató el presidente provisional de la Cámara, Juan Carlos Maqueda, hoy Juez Supremo de la Nación, por la derogación, con lo cual los delincuentes de guantes blancos no pueden ir presos y un ladrón de gallina sí.

Me hizo acordar un cuento de Osvaldo Soriano que se llama Gallardo Pérez referí, que cuando él era joven jugando al fútbol con su equipo en “Barda del Medio” hizo un gol que le dio el triunfo y la tribuna local se le vino encima, les pegaron y le pegaron al valiente referí que convalidó el gol, quién le dice a Soriano: "Por supuesto que cobre el gol, soy un tipo derecho", y señalándose los dos dientes que le faltaban: “¿Ve? —me dijo—. Esto fue un gol de Sívori de orsay. Ahora fíjese dónde está él y dónde estoy yo. A Dios no le gusta el fútbol, pibe. Por eso este país anda así, como la miércoles”.

Lo cierto es que por la ley 20.840 estaban presos los hermanos Carlos y José Rohm que fundaron el Banco General de Negocios y habían estafado a ahorristas y fugado capitales, y por supuesto eran muchos más los que estaban en situación similar y no solamente banqueros, sino empresarios de todo tipo, que habían fugado dólares y que se beneficiaron con la “pesificación” de su deuda en divisas por el gobierno de Duhalde.

Duhalde asume tras el escape en el helicóptero de De la Rúa y Presidentes que duraron día y hasta horas, nombra como ministro de economía a Jorge Remes Lenicov, pero como el mismo Remes Lenicov reconociera después, lo condicionaron a devaluar nuestra moneda y a la vez, los deudores que eran grandes empresas locales fueron beneficiadas con la pesificación asimétrica por la conversión 1 a 1 de dólares a pesos de todas las deudas empresarias con el sistema bancario, fruto de una presión conjunta de empresarios y banqueros sobre el Presidente Duhalde. Remes Lenicov, que fue ministro hasta el 23 de abril de 2002, sostiene que las devaluaciones siempre licuaron depósitos y deudas, pero por la promesa de Duhalde de devolver el valor en dólares de los depósitos se estableció para los mismos 1 igual 1,40 más actualización y tasa de interés. Pero en lo que respecta a los créditos, Remes Lenicov dice que hubo presiones de los empresarios y también de los bancos, que en forma conjunta se reunieron con Duhalde, con él y su equipo. Los empresarios –prosigue Remes Lenicov– decían que si aumentaba 40 por ciento su deuda, no la podrían pagar y los bancos entonces nada cobrarían: por eso que conjuntamente ambas partes acordaron plantear la pesificación asimétrica y la deuda se convirtió de un dólar a un peso, cuando en abril de 2002, el tipo de cambio paralelo (Plaza de Montevideo-Uruguay) se cambiaba cada dólar a 4 pesos.

Según testigos de aquellas jornadas, las gestiones fueron llevadas por ejecutivos como Carlos Giovanelli (Citibank), Enrique Cristofani (Río Santander), Emilio Cárdenas (HSBC) y Manuel Sacerdote (Boston), e industriales como Héctor Massuh y José Ignacio de Mendiguren (quien había sido nombrado Ministro de la Producción por Duhalde) en representación de la Unión Industrial Argentina. Como Remes Lenicov fue testigo y destinatario de la presión, reconoce que “esa asimetría tiene un costo, bancado por el Estado, del orden del 5 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto)”, sin aclarar cuál PIB toma como referencia, dado que el Producto medido en dólares descendió bruscamente durante ese año. “¿Qué crisis financiera no tuvo costos para el Estado?”, se pregunta Remes Lenicov, dando diversas comparaciones e indicando que en la Argentina de 1982 tras la guerra de Malvinas, por la devaluación y las medidas tomadas por Domingo Cavallo y José María Dagnino Pastore, la licuación de deuda de las empresas costó más del 20 por ciento del Producto.

Es obvio qué es lo que sucedió, la pesificación generalizada de las deudas bancarias de las empresas como fruto de la presión conjunta de empresarios y financistas sobre el gobierno, por lo cual Remes señala que “ante una situación así hay que asumir un costo pensando en salir lo más rápido posible (no hay salida sin bancos y sin empresas) y que el crecimiento lo digiera”. Y añade: “Pero también veamos lo que desgraciadamente ocurre con los endeudados en dólares en el exterior; si no hubiera habido pesificación, todos estarían en la misma situación y entonces la quiebra sería no ya financiera, sino patrimonial y hubiera sido extraordinaria”.

Lo cierto es que produjo una brutal transferencia de ingresos de los asalariados, jubilados y pensionados a favor de los empresarios endeudados, principalmente el Grupo Clarín, Techint, Ledesma, Pérez Companc, Eurnekian, Bulgheroni, Macri,  Werthein, Roemmers, Aluar, La Anónima, Coto, todos endeudados en dólares que pagaron esa deuda en pesos convirtiéndolo a la paridad 1 = 1, cuando el dólar oficial en abril de 2002 era de 3 pesos y el paralelo de 4 pesos, licuando la deuda a los empresarios a un tercio o menos y, el Estado se hizo cargo de la diferencia acrecentado la deuda pública.

 

 

El problema hoy

De esa crisis y cómo se salió de ella no se habla y a  los grandes medios (beneficiados directos de la pesificación de su deuda) ni se les ocurre rememorar el tema. Lo mismo quieren hacer con la fuga de capitales de la gestión de Cambiemos, que comprendió todo el superávit comercial y además endeudó al país por más de 100.000 millones de dólares, de los cuales 86.200 fueron comprados por más de siete millones de personas físicas y jurídicas, pero los primeros 100 compradores lo hicieron por 24.679 millones de dólares en menos de cuatro años.

La nota Los conocidos de siempre del 17 de mayo de 2020, del director de El Cohete a la Luna, expresa textualmente: “El Grupo Clarín, Techint, Arcor, Pampa Energía y Aceitera General Deheza están entre los mayores responsables de la fuga de capitales durante el gobierno del ex Presidente Maurizio Macrì, sostienen personas que vieron no sólo el informe dado a conocer por el Banco Central el jueves, que estima esa fuga en 86.000 millones de dólares, con una notable concentración en unos pocos actores económicos, sino también los nombres”.

La semana siguiente Horacio Verbitsky publicó otra nota denominada Los 100 de Macrì, donde presenta un cuadro con el nombre de las 100 empresas y cuánto fue la “formación de activos en el exterior” de cada una de ellas. En esa lista se destacan además las firmas Telefónica, YPF SA, Mercado Libre, Tenaris, Siderar, Grupo Galicia, Banco Macro, Telecom, Pampa Energía, TGN, Arcos Dorados, Adecoagro, en las que BlackRock posee parte del paquete accionario.

También, como lo reconoce su CEO Larry Fink, BlackRock tiene participación en el Grupo Santander (en la Argentina dueña del banco Santander-Río) y en Glencore (dueña de Oleaginosa Moreno SA y con fuerte participación en Renova SA y en la explotación  de la minera Bajo la Alumbrera, en el país), que forman parte de los activos que administra por más de 6,5 billones de dólares, que si el fondo de cobertura fuera un país sería el tercer PIB del mundo, después de los Estados Unidos y China.

El poder de BlackRock como acreedor y a la vez socio de YPF S. A. quedó demostrado estos días con la negación de la deuda de esa empresa mixta. Y podemos deducir por carácter transitivo el porqué de los silencios y de algunas medidas como el Decreto 949/2020 de llamado a licitación de la Hidrovía del Paraná.

Esa es la historia y el estado de situación en que nos encontramos, porque no se investiga cómo hicieron: que utilidades obtuvieron esas 100 empresas para justificar detraer 24.679 millones de dólares en menos de cuatro años, y cómo contribuyen a la sociedad y al erario público, al cual no le temen. En mayo de 2002, en plena crisis y por pedido del FMI entre otros, se los liberó de ir presos por delinquir.

 

 

Qué hacer

Fue el mismo FMI que irresponsablemente le prestó en Derechos Especiales de Giro unos 45.000 millones de dólares al gobierno de Macri, suma que financió en dólares constantes y sonantes parte de la monumental fuga de capitales de esa gestión.

Primero tenemos que tener un plan que impulse el mercado interno mediante un shock distributivo con aumento de salarios, jubilaciones y pensiones para estimular el consumo. Y se debe limitar severamente la venta de dólares mediante la derogación del Decreto 893/2017 que derogó la Emergencia Cambiaria de Illia; de esa forma la Argentina crecería en forma sostenida como lo demostró Néstor Kirchner. De no realizarse esa tarea, incurriremos en los niveles de pobreza, desocupación y marginalidad que implican la brutal transferencia de recursos a favor de los sectores más favorecidos en desmedro de la población, en un marco similar al año 2002, en que el PIB descendió un 10,9% y en que la tasa de desempleo abierto en mayo de ese año fue del 21,5%, la mayor de que se tenga registro.

El descontento de la población se manifestaba en las calles. En la estación Avellaneda del ferrocarril Roca la policía asesinó a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Ese fue el fin del gobierno de Eduardo Duhalde. Debió convocar a elecciones en las que resultó Presidente Néstor Kirchner y el país retomó un camino que no debía haber abandonado, para la “felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”.

 

 

 

 

 

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