En guerra y sin camuflaje

 

Una pesadilla que no cesa. Cada vez que busca un soplo de aire para avanzar por la causa del Correo Argentino, a la fiscala Gabriela Boquín los caminos parecen cerrársele como un oscuro día de justicia. A su sólida investigación sobre el vaciamiento encabezado por la familia Macri sobreviene un estado de alerta, de un estoicismo a prueba de balas. El poder colosal con el que se enfrenta muestra sus garras en un lobby infinito. Dilaciones, sumarios en su contra, recusaciones y artilugios de todo tipo y nivel que se concentraron esta semana en una última jugada, sin camuflaje alguno: la de pretender que la Corte porteña intervenga en el expediente judicial.

Mauricio Macri juega de local en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires y, tras la feria judicial, volvió recargado. En efecto, es allí donde la máxima de apartar a Boquín de la pesquisa cobra mayor sentido. No es cualquier personaje: es la fiscala general que pretende que pague su millonaria deuda y, a la vez, investiga sus maniobras de vaciamiento y corrupción desde que en 2017 denunció un acuerdo “ruinoso” y “abusivo” de Socma –principal accionista de Correo– con el gobierno de Cambiemos para licuar el pasivo de la firma. Como Macri no pudo condonar su propia deuda empresarial cuando era Presidente, queriendo ser juez y parte intenta ahora agotar sus influencias en los pasillos de la Justicia. Pero no la tiene nada fácil.

La última maniobra busca pasar por encima cuestiones de competencia jurídica en una situación “ilegal y contraria a la institucionalidad”, según un informante especializado de Comodoro Py. Para apartarla, en lugar de ir a la Corte Suprema de la Nación –el tribunal superior para los casos en los que interviene la justicia federal, como el del Correo–, el holding Macri busca el amparo del Tribunal Superior porteño que preside Inés Weinberg de Roca, quien fuera candidata fallida de Macri para la Procuración General de la Nación. La Sala B de la Cámara Comercial ya rechazó esa iniciativa, por eso el holding presentó en queja un recurso de inconstitucionalidad para saltearse al máximo tribunal nacional y de ese modo revocar el fallo de la Sala B.

En definitiva: con la clásica ayudita de los amigos desplazar a quien está poniendo en evidencia la corrupción de la sociedad empresarial, que lleva 19 años sin pagar su millonaria deuda con el Estado, calculada en más de 70.000 millones de pesos.

–La jugada es otro manotazo de ahogado. Quieren que el Tribunal Superior, o sea jueces elegidos por legisladores porteños, desplacen a una fiscala nacional elegida por una Presidenta y senadores nacionales –explica una alta fuente de la investigación.

A Boquín la recusaron en octubre, la Cámara Comercial rechazó la presentación en diciembre y ahora Socma presentó el recurso de inconstitucionalidad para que resuelva la corte de los jueces de Macri y Horacio Rodríguez Larreta, quien dictó el guión de las dos últimas incorporaciones: Santiago Otamendi, ex secretario de Justicia de la gestión de Germán Garavano en el Ministerio de Justicia, y Mónica Vivian de Langhe.

“De ese modo se estaría violando la Ley Cafiero, número 24.588, que establece que los tribunales comerciales no se pueden traspasar porque deciden los litigios de las quiebras y los concursos de las sociedades que tienen emprendimientos en todo el país. Por ejemplo, cuando un juez decide sobre la suerte de un ingenio en Jujuy es una cuestión extraterritorial. O sea, quienes tienen que resolver en el caso del Correo son los tribunales nacionales, ya que es una cuestión federal”, amplía la misma fuente.

Entre la jurisprudencia que citó Socma en su presentación aparece un controvertido fallo asociado al periodista Gabriel Levinas. En una causa civil, Levinas fue condenado en primera instancia a pagar a los sucesores de León Ferrari el equivalente a quince cuadros –por el robo de sus obras– y la Cámara del mismo fuero confirmó esa sentencia. En lugar de ir a la Corte Suprema, Levinas fue con un recurso de que al TSJ, que sorpresivamente lo admitió.

Una de las principales batallas del macrismo en los últimos tiempos se ha concentrado en el descrédito personal hacia Boquín. Cada vez que habla con la prensa, Macri arremete contra ella. A la funcionaria la ha acusado, entre otras cosas, de “militante”, de “animosidad”, “parcialidad” y de poner “un número fantasioso de 70.000 millones de pesos que contaminó todo y fue un caos”.

Lo que ha logrado el ex Presidente es una presión mediática que frenó la pesquisa, que lleva cuatro años de trabajo. El Cohete a la Luna accedió al expediente y comprobó que el vaciamiento del Correo Argentino está francamente probado: lo que resta dilucidar es dónde se fue el dinero, qué actos fueron irregulares y cuál fue la responsabilidad de los administradores. Boquín avanzaba en esas medidas, pero para los jueces parece ser más importante darle tiempo y lugar a las trabas que pone la defensa de los Macri que al enorme material probatorio plasmado en la causa.

El trámite sigue en veremos. Por eso la empresa se encarga de sabotear el expediente, ya que el riesgo de quiebra existe y debería afrontarlo Socma. Lo cierto es que, en los papeles, la empresa de los Macri está concursada desde hace casi dos décadas, en las que esquiva afrontar sus pasivos. Todo comenzó a fines del menemismo. El grupo manejó el Correo desde su privatización en 1997 –lo administró a través de su empresa Sideco Argentina–, se presentó en convocatoria de acreedores en 2001, hasta que en 2003 fue estatizado por falta de pago del canon. Ese año el juez en lo comercial Eduardo Favier Dubois decretó la quiebra del Correo Argentino S.A. y la novela continúa hasta hoy.

La familia empresarial quiso imponer desde siempre lo que a esta altura es su marca de estilo: reducir la tasa de interés de su deuda y salir airoso. Pero el Estado rechazó varias propuestas de pago. A partir de allí, en efecto, comenzó a engrosarse el expediente que en 2016 llegó al despacho de la fiscala Boquín, cuyo foco fue profundizar la pesquisa sobre el Grupo. Y curiosamente al año siguiente y por primera vez, el Estado aceptó el acuerdo.

Es decir: fue el propio gobierno de Mauricio Macri el que acordó con el Grupo Macri la cancelación de la deuda a 15 años con una quita que en ese momento ascendía –según cálculos de la Dirección de Administración Financiera (DAFI) del Ministerio Público Fiscal– a 70.000 millones de pesos, lo que significaba ni más ni menos que una quita del 98,87% en perjuicio del Estado.

En aquella época Boquín denunció la maniobra como “abusiva”, en una lucha solitaria ante la Cámara en lo Comercial. Y presionó para que se investigue al holding familiar en directa violación de la Ley de Ética Pública. Hoy existen dos causas, una penal y otra civil.

Desde su fiscalía lo resumen de la siguiente manera: “El concurso de acreedores se presentó en 2001. Normalmente dura un año y medio pero en el caso del Grupo Macri ya lleva casi 20 años, algo insólito. Desde que llegó a la Cámara en 2010, el expediente durmió nueve años. Apenas asume Macri como Presidente se hace un primer acuerdo. La deuda quedó congelada del 2001 al 2017, para pagarla luego a 15 años. Paralelamente, el Grupo Macri le inicia juicios al Estado por la rescisión del contrato del Correo. Es ahí donde se inicia la investigación. Se comprueba el vaciamiento del Correo a través de Sideco y Socma, otra de sus empresas. Luego Sideco desaparece misteriosamente. Y aparece un banco privado, el Meinl Bank, apoyando las propuestas espurias del Correo y pesificando la deuda en dólares, otra cosa insólita. Hace poco se logró la intervención total del Correo, y la ratificación de la Cámara y de la Corte para seguir con la investigación por corrupción y vaciamiento, pero aún así, con todo eso, los obstáculos siguen de manera insólita”.

Puesto contra las cuerdas, Correo Argentino S.A. sigue también apelando la intervención para recuperar la empresa, pero el fallo fue ratificado por la jueza Marta Cirulli. Sacarla a Boquín como dé lugar es la cruzada predilecta del macrismo en la Justicia, porque la pesquisa avanza contra el Grupo por salidas injustificadas de dinero, préstamos de las empresas sin justificación, el desvío de 35 millones de pesos hacia las empresas de funcionarios allegados a Macri –como el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas–, alquileres injustificados, y connivencias y acciones indebidas como que el propio diputado Pablo Tonelli en su rol de abogado del Correo retirara dinero mientras la empresa lleva casi veinte años sin pagarle su deuda al Estado.

Boquín optó por el silencio y no da entrevistas. Y eso que el procurador interino Eduardo Casal mantiene abierto y activo un absurdo sumario en su contra por supuesto maltrato laboral. La fiscala se limitó a hablar el año pasado ante la Comisión Bicameral y explicó con lujo de detalles por qué le parecía trucho, armado y parte de una persecución en su contra. Además se cansó de responder que no se puede recusar a los fiscales, algo que el Grupo Macri parece desconocer en su frenética insistencia.

Mientras tanto, y como sana costumbre del despojo feroz que sufrió el Estado, el largo compás de espera del millonario fraude que afecta a los argentinos se empantana en el lodo que acostumbran a caminar Macri & compañía.

 

 

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