¿Diálogo de sordos?
En tiempos de crisis lo fundamental es trazar un rumbo con apoyo mayoritario de la sociedad
Qué se discute cuando se discute
No hay espacio de trabajo, fábrica u oficina, organización social, cola de supermercado o de parada de colectivo donde los trabajadores y trabajadoras no discutan la brutal suba en los precios de los alimentos, las tarifas y la inflación en general. En la vereda de enfrente se polemiza sobre la Hidrovía, retenciones, precios cuidados, presión impositiva, la larga lista de banderas que agitan los sectores afines al núcleo que constituye el poder real en la Argentina. En la búsqueda de mantener el piso de privilegios consagrados en el gobierno anterior, se aferran a una “normalidad” que coloque al gobierno en el papel de hostigador para justificar sus destempladas respuestas.
Cruzado el umbral de los dos millones de contagiados y 50.000 muertos por el Covid-19, los debates mediáticos de la sociedad pretenden seguir una agenda sobre la conveniencia del comienzo de clases y la furia social que la muerte de Úrsula desató por la permanente denuncia sobre femicidas policías. Todo está en las pantallas: una satisfacción real recorre el cuerpo social que desnuda su brazo esperando el pinchazo salvador de la vacuna y aplaude la sanción a los uniformados que rodearon Olivos el año pasado.
Apretada agenda la presidencial de esta semana. Tras recibir a la Mesa de Enlace de la oligarquía agropecuaria, Alberto Fernández se reunió con lo más fuerte del empresariado local en todo el abanico de asociaciones y representaciones de comercio, industria y finanzas. Antes fue el turno para los sindicalistas. Cegetistas de Daer y Acuña, federales y moyanistas, delegados de la CTA (T). Todas las cartas sobre la mesa, los protagonistas sin intermediarios y el gobierno en pleno jugando con sus primeras espadas la difícil carta del acuerdo.
La pobreza alcanza a un 47,5% de la población y la inseguridad alimentaria al 14% Quienes accedemos a los alimentos pagamos por ellos un 44,5% más que hace un año; la inflación en algunos rubros llega al 78,8% interanual (como las frutas), 62,5% (las verduras y legumbres) o un 55% (carnes y derivados). Y enero nos golpea con un 4% disparado por las telefónicas y el cable.
La concentración de capitales logra que ese estado de cosas parezca inamovible en la apreciación colectiva. Sólo tres grupos controlan el 90,6% del aceite que se consume en nuestro país; sólo dos el 82% de la harina de trigo; sólo uno el 79% de los fideos secos; sólo dos el 80% del arroz; y sólo dos más del 85% del azúcar. Los mismos nombres se repiten aquí y allá. Pérez Companc, de Molinos Río de la Plata; AGD, de la familia de Acevedo, el actual presidente de la Unión Industrial Argentina; Navilli, dueños de Molino Cañuelas; Adecoagro, de George Soros; Ledesma, de la familia Blaquier y una corta lista de grandes empresarios que conforman el “círculo rojo”. No están todos, pero los apellidos Rocca, Pagani, Madanes, Magnetto aparecen presionando hacia la devaluación y la rebaja de impuestos para magnificar la tasa de ganancia y destratar al gobierno.
Es un secreto a voces que la intermediación se queda con la parte del león de la cadena de valor: en la reunión de la Mesa de Enlace la elite del campo más rico de la Argentina tiró la pelota de la formación del precio de alimentos a mayoristas y supermercadistas. Los controles parecen imposibles y quedan promesas sin cumplir: es necesario nacionalizar la comercialización de los productos de la mesa de los argentinos para decir basta y evitar la fuga de capitales directa desde las grandes cadenas.
Los medios concentrados y el Poder Judicial desde la Corte, pasando por Comodoro Py y los jueces que se les disciplinan, son poderosas herramientas para construir un sentido político dominante. Con una pandemia en pleno desarrollo, con vacunas en cámara lenta y una población desesperada por salir de esta situación, el chantaje de esta agenda tiene poca contestación en los sectores populares por el momento.
Al compás de Carlos Paz
Las atropelladas de la derecha encuentran sus límites en la reacción popular. Esta semana son los cooperativistas de la “Coopi” de Carlos Paz —alentados por la audiencia y las promesas que concedió Alberto Fernández— redoblaron las marchas y ya tuvieron un primer enfrentamiento con la policía local en las puertas de la municipalidad que terminó con la detención del secretario general del Sipos, Gustavo Valdés, posteriormente liberado. En la semana la nueva convocatoria estuvo en manos de la federación de mutuales y cooperativas de la provincia con el aval de los referentes nacionales de cada espacio.
La legitimidad creciente del reclamo y la debilidad de la ofensiva cada vez más reducida al responsable de la agencia Córdoba Turismo, ex intendente de la Villa, Esteban Avilés, y su seguidor, el actual alcalde Daniel Gómez Gesteira avalado por el silencio sorprendente del gobernador Juan Schiaretti. La aparición pública de Alberto Fernández condiciona el comportamiento de los actores políticos. El Ministerio de Trabajo de Córdoba, en cabeza de Omar Sereno, reduce el conflicto en términos del traspaso del personal de la cooperativa al municipio y el encuadramiento convencional que corresponde a la actividad.
La Justicia provincial actuó en total consonancia con el proyecto neoliberal de los responsables municipales y la Suprema Corte Nacional lo acunó con un tajante lavamanos número 280. Luego de la audiencia en el Ministerio de Trabajo, los cooperativistas constataron que la suerte está echada y que la decisión de excluir a la Coopi con su larga historia está tomada desde todos los poderes provinciales. Es posible también que la lleven a la quiebra para escarmentar en la humanidad de sus dirigentes los costos de la crisis.
La agonía de esa maravillosa historia colectiva entra en fase de terapia intensiva con el acoso de la prensa escrita, que exhibe encuestas que desaprueban la intervención presidencial. Repiten que es un tema ideológico de un grupo de dirigentes izquierdistas que desconocen el orden jurídico y otras mentiras de ese orden. La Coopi se prepara para la batalla final y mira al extenso mundo cooperativo y mutualista y añora los tiempos en que el sindicalismo cordobés reivindicaba este tipo de derechos. Hoy son la mayoría de los sindicalistas locales los que apoyan así como la mesa nacional de la CTA que conduce Hugo Yasky.
El mundo de los negocios gobernantes en la Docta ha definido que, con la enorme ampliación del ejido urbano, prácticamente dos viejas estancias se sumaran a la urbanización, no se debe perder la ocasión de hacer pingües negocios con los servicios públicos. Neoliberalismo al palo contra una fuerte conciencia ciudadana de hacer las cosas de otra manera. Benito Roggio lo sabe y el patrón del agua dulce de la provincia mira el tablero de ajedrez para ver qué pieza conviene mover.
¿Será nuevamente desde Córdoba de donde surja la respuesta que está reclamando el actual estado de cosas? ¿Qué pasaría si la experiencia cooperativa de prestar servicios públicos, que demostró eficacia durante más de medio siglo, triunfa sobre el “pseudo legalismo” del poder de la municipalidad que reclama el derecho a municipalizar para luego privatizar los servicios en cuestión? Sería como lo fue entonces, un ejemplo que ilumina la coyuntura. En tiempos de grandes sufrimientos colectivos y la pandemia con sus secuelas de hambre e incertidumbre lo es, el sentido común es la primera víctima y la búsqueda de otras formas se revela como posible. La decisión última está en manos del gobernador Schiaretti y sabe que puede hacerlo. Sus últimos años en política, ¿serán para reivindicar su viejo compromiso de militante estudiantil en el Cordobazo, de militante revolucionario más tarde, o se dejara morir en brazos de lo que sabe es el sistema más nefasto para el campo popular?
Polémica: ¿la Hidrovía a manos del Estado?
En agosto se creó la Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado, integrada por el Estado nacional (con una participación del 51% del capital social) y las siete provincias ribereñas (49%). Parecía que el gobierno se encaminaba hacia la recuperación estatal, pero a fines de noviembre emitió el decreto 949/20 que ordena una nueva privatización a concretarse en un plazo máximo de dos años.
Tras el pedido de informes del senador Jorge Taiana y su pipa de la paz con el Presidente Fernández, los sindicalistas ferroportuarios y portuarios Adrián Silva (APDFA) y Adolfo Barja (SUTAP) entraron en la polémica planteando la defensa de la soberanía de nuestros ríos monitoreando estatalmente la hidrovía del Paraná y potenciando la navegabilidad del Canal Magdalena.
En una entrevista con Radio Gráfica, coincidieron en señalar que la hidrovía del Río Paraná es un tema central para la Argentina. Potencial económico, control de las exportaciones y soberanía de nuestras vías navegables son factores que se ponen en juego a partir del decreto 949/2020, que llama a licitación nacional e internacional para la realización de obras en esa vía fluvial. Si nuestros productos deben salir por el canal de Punta Indio o el Magdalena, es otra cuestión que se suma a este debate.
El titular del SUTAP resaltó que “es un tema que hablamos por abajo pero hay miedo de decirlo. Hay que ver qué hay detrás que cada dirigente y político, algunos son empresarios ricos que se llevan la plata”. Asimismo el dirigente de APDFA concluyó que avanzar con estos controles supone “decisiones soberanas que no son fáciles pero que van a tener buen acompañamiento”.
El secretario general de APDFA consideró que “si ahora se envía una licitación pública internacional para que grandes consorcios se hagan cargo del dragado del Paraná y controlen el acceso y circulación de la hidrovía, estaríamos reafirmando y dando más herramientas a los grupos económicos concentrados para sacar su producción a través de un canal que no controlaría el Estado Nacional”. En sintonía, el referente de SUTAP aseguró que “acá el problema es quién se roba nuestros granos, nuestro petróleo. Por el puerto sale todo y hay que retomar el control. Belgrano decía que un país no puede ser llamado país si no maneja su mercadería bajo su bandera”.
Barja expuso que “los puertos de Capital Federal están manejados por las multi y trasnacionales. Ahora que tienen que definir si tienen que hacer otra licitación, ¿por qué no pasan de vuelta al Estado? Si antes la Administración General de Puertos Sociedad del Estado administraba todo”.
¿Quién va a pagar la fiesta?
El sorpresivo anuncio de Sergio Massa sobre la intención de elevar el piso del impuesto a las ganancias a $150.000 sorprendió a propios y extraños, empezando por los representantes gremiales dentro y fuera del Congreso de la Nación, por reivindicar como propio del movimiento sindical el viejo reclamo con tanta historia. No es un detalle apenas, en tiempos electorales una medida de esta envergadura extirpada del terreno de la negociación y anunciada intempestivamente desacomoda el tablero del buscado diálogo social.
Al mismo tiempo que Fernández busca denodadamente sentar a los principales actores sociales alrededor de una mesa y acordar criterios para frenar la escalada de precios y mejorar la posición relativa de salarios y jubilaciones en relación a las tarifas y el valor de los alimentos, cayó como un balde de agua fría. Es innegable el alivio que significa para los castigados salarios después de cuatro años de sangría macrista y vuelve cierto poder de compra para los que viven de un sueldo impactado por la crisis. Dijimos que las elecciones están a la vuelta de la esquina y que la campaña ya comenzó. Si las buenas noticias no sirven para ordenar la fuerza propia su efecto se licúa sin fortalecer la organización de los trabajadores.
Sergio Palazzo, secretario general de la Bancaria, amén de reclamar la conformación del Consejo Económico y Social, agregó la necesidad de “controlar la cadena de formadores de precios porque hay sectores que quieren condicionar al gobierno”. “El gobierno tiene que ponerse firme en la decisión que tome sobre las retenciones”, en la misma entrevista coronó su reflexión afirmando que “se hace necesaria la unidad de la CGT aún en las diferencias, hay que discutir un programa, después la unidad después los nombres. Debimos haber estado más juntos en épocas neoliberales como las de Macri”. El dirigente bancario continuó diciendo: “Con un gobierno popular que pretendemos lleve adelante políticas populares y que necesita el sostén del movimiento obrero y de los sectores sociales hay que transitar el camino de la unidad”.
Ojalá que sea cierto
Un par de semanas en las que el gobierno tomó la manija de la agenda, y ya en el staff de funcionarios consideran que la discusión en vivo y en directo posibilitó acuerdos y evitó problemas en ciernes. Las sonrisas serias evalúan acuerdos por alimentos, enfrían al campo con la amenaza de la suba de retenciones, el dólar sigue quieto, cunde el “no hagan olas” en las negociaciones con el FMI y llega el aire fresco a YPF. Precios y salarios aún son una incógnita, nada asegura que vaya a funcionar. Las principales caras de la AEA no fueron a la convocatoria, mandaron a los segundos, ni Rocca ni Pagani ni Coto (ni Magnetto, por supuesto) dieron el presente. El propio ministro de Economía aceptó que la inflación va a ser “mayor a la presupuestada”.
El mundo está en modo vértigo. Los mercados enloquecidos, la crisis económica golpea por doquier. En el centro del capitalismo planetario, los Estados Unidos, la crisis política se desató con la derrota de Donald Trump y el nuevo gobierno de Joe Biden no emitió señal tranquilizadora para la región. En ese contexto nuestro país no logra aún arrancar con su propio proyecto. El año promete ser una larga transición sumada a las elecciones de medio tiempo. En tiempos de crisis lo fundamental es trazar un rumbo con apoyo mayoritario de la sociedad. Si las reuniones de esta semana culminan en un acuerdo para la etapa, la transición será más corta.
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