De la dictadura a Rodríguez Larreta
Personas en situación de discapacidad: 50 años de lucha por trabajo y vivienda
Hace 50 años venimos reclamando trabajo y vivienda. Trabajo para ganarnos la vida sin tener que mendigar. Vivienda para tener un techo propio y poder armar una familia, sin tener que vivir encerrados en hogares segregados, en geriátricos o en casa de los padres.
En los años 70, UNSEL –la Unión Nacional Socioeconómica del Lisiado– lideró la lucha que dio lugar a la primera ley de cupo laboral obligatorio en los sectores público y privado (20.923) y que también estableció una Comisión Nacional del Discapacitado, con cuatro representantes de organizaciones de personas en situación de discapacidad, una por la Confederación General del Trabajo (CGT), una por la Confederación General Económica (CGE) y dos secretarias de Estado.
Una de las primeras medidas de la dictadura fue derogar la ley de cupo laboral, con el beneplácito de las grandes empresas nacionales y multinacionales. Los empresarios no podían admitir que se les impusiera la contratación de trabajadores considerados a priori como incapaces de generarles ganancias a la par de sus compañeros. Para las patronales la discapacidad era y es sinónimo de improductividad laboral, lo cual explica la altísima tasa de desocupación que sufre esta población. También explica la resistencia a brindar accesibilidad en establecimientos educativos, en transporte público, en veredas y cruces peatonales, en comercios, en viviendas, en oficinas y fábricas. Al derogarse la ley, también se dio por tierra con la Comisión en la cual representantes del colectivo velarían por su cumplimiento.
Con el retorno de la democracia comenzó a renacer un movimiento reivindicativo de personas en situación de discapacidad que retomó las consignas de los '70, ejerciendo un denodado protagonismo político. A pesar de la fuerte oposición de grandes desarrolladores inmobiliarios y encumbrados profesionales del diseño, un esfuerzo conjunto de organizaciones de personas con discapacidad –liderado por la Fundación Rumbos y la Red por los Derechos de Personas con Discapacidad, REDI– logró modificar el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires (ley 962, año 2002, gobierno de Aníbal Ibarra) incorporándole pautas de accesibilidad. REDI logró introducir una ley de cupo laboral restringido al sector público (ley 1502, año 2004). Esta última dista mucho de ser cumplida y las pautas de accesibilidad se han ido diluyendo por la vía de resoluciones ejecutivas y apelaciones sistemáticas ante acciones de amparo. La Resolución 309 del 2004 (gobierno de Ibarra) eximió a los comercios de brindar accesibilidad. Una acción de amparo de Acceso Ya, iniciada a fines de 2006 (gobierno de Jorge Telerman), obtuvo sentencia firme en 2012 (gobierno de Mauricio Macri) pero sin que el macrismo-larretismo la haya cumplido plenamente.
Para intentar restarle legalidad a reclamos inspirados en derechos humanos y en la legislación vigente, y para satisfacer los intereses de los grandes desarrolladores inmobiliarios, a fines del 2018 Rodríguez Larreta se valió de la mayoría con que contaba en la Legislatura para aprobar un nuevo Código de Edificación que: habilitó dimensiones mínimas (18 metros cuadrados) que no contemplan las necesidades habitacionales reales, y menos en pandemia; convirtió baños en inaccesibles para usuarios de silla de ruedas; redujo el tamaño de los dormitorios en viviendas de 2 o más ambientes, tornándolos más inaccesibles de lo que ya eran. Estas medidas regresivas agravan el aislamiento habitual de personas en situación de discapacidad y deterioran su calidad de vida. A fines de 2019, el presidente de Rumbos Accesibilidad inició una demanda contra la Legislatura porteña por este retroceso.
Un año después, en plena pandemia, Rodríguez Larreta decidió ir por más. Introdujo cambios a su propia ley reduciendo aún más los espacios habitables, dato que sumado al descontrolado incremento en alquileres redundará indefectiblemente en la expulsión de personas en situación de discapacidad a la calle o a asentamientos cada vez más precarios. Aprobadas en primera lectura, las modificaciones evidencian una desregulación solapada. El gobierno y los legisladores oficialistas con sus aliados adecuan el Código a los intereses de los grandes capitales (inmobiliarios, financieros, tecnológicos), tanto en lo que atañe a nuevas obras como a las materializadas a lo largo de los últimos años. Desaparecen los usuarios específicos, que para la arquitectura debieran ser centrales. Escuelas primarias se transforman en lugares de encuentro o reunión para jóvenes. Desaparecen categorías tales como dormitorios, estar-comedor, y las reemplazan por la noción de locales, atendiendo ya no a los usuarios sino a una lógica de mercado.
El Código deja de ser prescriptivo en todo lo atinente a accesibilidad. Esto se deja a interpretación de la autoridad de aplicación, en base a reglamentos técnicos concebidos sin la participación de usuarios, especialistas y organizaciones de personas con discapacidad. Las menciones a la “accesibilidad” se tornan vacías de sentido. Se siguen diluyendo y desnaturalizando las pautas ya presentes en la Ley 962 y en las obligaciones asumidas vía la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
No hubo consulta previa a organizaciones de personas en situación de discapacidad, ni siquiera a las ONG que conforman el comité consultivo honorario de COPIDIS (Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad). Previo a la segunda lectura, y a la obligada audiencia pública, el gobierno de la ciudad lanzó una consulta a referentes del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo y de la Sociedad Central de Arquitectos. Decidieron no consultar a organizaciones de personas en situación de discapacidad, trasgrediendo la Convención citada.
El “nada sobre nosotros sin nosotros” vuelve a ser ninguneado, nuestras necesidades ignoradas, nuestros derechos avasallados. Pero la lucha por satisfacer estas necesidades básicas continúa y continuará: trabajo para ganarnos la vida, vivienda con accesibilidad para contar con techo propio, y nuestra participación activa para garantizar su concreción.
* Eduardo Joly es sociólogo y presidente de la Fundación Rumbos.
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