Aunque se vista de seda

 

Podés jurar que el pasado fue mejor

Podés quedarte solamente en los detalles

Podés morirte frente a la televisión.

Zambayonny, Amoxapina por joder

La noticia me hizo reír en la soledad con perritos de mi living. En Mendoza se autorizaba el uso de togas para los jueces. Sospecho que no era lo que entendíamos por reforma judicial, a decir verdad. Y más allá de lo clasista, demodé y hasta levemente cipayo que me parece la medida, me puse a pensar qué pasa en el Poder Judicial. O más bien reflexioné si será que las únicas reformas judiciales posibles sean solo cosméticas.

Los antecedentes inmediatos no son halagüeños. En 2014 se produjo la última reforma judicial relevante, cuando se dictó la ley 27.063 que implicó una modificación del régimen procesal penal, estableciendo un sistema acusatorio adversarial. En honor a la verdad, tengo mis contradicciones con algunos aspectos del sistema acusatorio, pero asumo que el nuevo código procesal penal ofrece, al menos en sus postulados, una detallada reglamentación de garantías para los sujetos del proceso penal.

Lo trágico del asunto es que, si bien el nuevo sistema acusatorio reglamenta con mayor detalle las garantías procesales, esta norma está parcialmente suspendida en su aplicación desde la fecha de su sanción. Es decir, salvo en las dos provincias donde se aplica para ciertos delitos, en el resto del país y en el resto de los delitos la actividad procesal penal sigue rigiéndose por el ya viejo código procesal penal sancionado en 1991.

Un ejemplo de esto fue lo que sucedió con las prisiones preventivas o mejor dicho con lo que conocimos como la doctrina “Irurzun”, aunque sabemos que el autor de esa “doctrina” fue Ricardo Lorenzetti, que intentó filtrarla en la Corte y, frente al rechazo de sus colegas, porque básicamente constituía una tropelía contra las normas del derecho, le trasladó la responsabilidad al entonces presidente de la Cámara Criminal y Correccional Federal, Martin Irurzun.

Corresponde brevemente recordar que conforme el actual código vigente, el de 1991, la regla es la libertad del acusado durante el proceso, salvo que el juez considere en el caso concreto y fundadamente —esto es, con argumentos— que el acusado puede eludir la acción del Poder Judicial dándose a la fuga o bien entorpecer la investigación. Y para ser justos, esas normas han sido sistemáticamente desconocidas por el Poder Judicial.

Primero fueron los pobres, y los marginales de diversa naturaleza, personas a las cuales el Poder Judicial dictaba prisión preventiva por portación de cara. Y debo ser justa, buena parte de la sociedad parecía conforme con el sistema de encarcelar a los parias en lugares donde no molestaran. Así fue como las cárceles se superpoblaron de personas en prisión preventiva. Según el año que se mire en las estadísticas, hay algo que permanece constante: mas de la mitad de la población carcelaria son personas con prisión preventiva, esto es personas sobre las que no pesa una sentencia firme.

En ese contexto la doctrina Irurzun fue solo la fresa del postre. Y parte de un mecanismo infernal que muchos llamamos lawfare. Esta vez los presos eran gente mas famosa. Políticos, empresarios, dirigentes sociales.

Las detenciones y las prisiones preventivas de estas personas tenían algunos objetivos claros. El primero era la estigmatización de un determinado sector ideológico. Mientras que en general las detenciones son algo que no se muestra, las detenciones de las víctimas del lawfare eran hechas en público, como un espectáculo en el que no faltaban las esposas, el casco y el chaleco. Fotos de humillaciones de madrugada que se filtraban a los medios, con una jauría de odiadores que aplaudían, babeantes. Y cuando no podían espectacularizar detenciones, hacían espectáculos con los allanamientos, las excavaciones y con los relatos inverosímiles de escribas que demostraban en sus relatos una falta total de apego al buen hábito de leer expedientes judiciales. En ese contexto, el mundo del periodismo como espectáculo fue terreno fértil para que surgieran los Marcelo D‘Alessio.

Los otros objetivos, conforme se desprende de las investigaciones en curso, eran por un lado presionar a ciertos empresarios a deshacerse de activos codiciados por allegados al gobierno de Mauricio Macri, como fue el caso de Gerardo Ferreyra, de Cristóbal López y de Fabian De Sousa.

El otro objetivo, bastante terrorífico, fue espiar de modo ilegal a los perseguidos penalmente, a sus familias y a sus abogados. Para ello se puso al servicio del espionaje ilegal buena parte del aparato estatal y la buena voluntad cómplice de funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Desde la oficina que dependía de la Corte Suprema se filtraban escuchas telefónicas a funcionarios de la Agencia Federal de inteligencia, que dedicaba parte importante de sus recursos a indagar sobre la intimidad de las personas. Para esto último, el sistema penitenciario estableció unos pabellones especiales, llamados pabellones IRIC, donde alojaron a las víctimas del lawfare

Todo esto estando vigente un código procesal penal dictado en democracia. Y convenientemente suspendido el nuevo código acusatorio, que establece un coto a la discrecionalidad de los funcionarios judiciales.

Me gustaría poder decir que con el cambio de gobierno el lawfare cesó. Pero desafortunadamente no es el caso. Con la llegada del nuevo gobierno se acabó la persecución judicial desbocada, porque este Poder Ejecutivo no promueve la persecución de opositores políticos ni de empresarios. También, en lo que en lo personal considero el aporte mas significativo, la Agencia Federal de inteligencia se esta saneando y no hay inteligencia ilegal ni operadores de los servicios paseando por tribunales.

A la fecha duermen el sueño de los justos dos reformas del Poder Judicial en la cámara de diputados. Una relativa a la organización del Poder Judicial penal federal. Ese proyecto establece que desde su sanción comienza a correr el plazo de 2 años para que se implemente en forma total el código acusatorio. Es decir que sin fecha cierta de aprobación –creo que no se aprobará este año—, seguimos condenados a seguir llevando adelante los procesos penales con el código de 1991. La otra es la reforma del ministerio publico fiscal, para hacerlo coherente con el sistema acusatorio. Con honestidad, tampoco apostaría por su aprobación. Algo sucede en la Cámara de Diputados, que inexorablemente detiene las reformas que impactan en el Poder Judicial.

Mientras tanto, en el Senado de la Nación la oposición se mantiene inflexible en cuanto a facilitar la votos para la elección del Procurador. Por lo cual tenemos hace ya varios años un procurador interino.

En los órganos con conformación democrática, como las comisiones bicamerales, tanto la implementación del Nuevo Código acusatorio y principalmente la de Fiscalización de organismos de inteligencia avanzan con medidas e investigaciones, pero invariablemente chocan con la misma piedra: el Poder Judicial. Incluso el Consejo de la Magistratura avanza con la designación de jueces nuevos y la corrección de designaciones arbitrarias. También al Consejo de la Magistratura el Poder Judicial le hace zancadillas.

La leyenda urbana dice que en años electorales no se producen cambios significativos y todo parece indicar que es así. Del informe que la Comisión Asesora para a la reforma judicial, no aparecen propuestas que se concreten en proyectos de ley. Mientras tanto la Corte Suprema sigue cerrando causas –en defensa propia, añado— mediante la aplicación del artículo 280. O abriéndolas, también en defensa propia.

No quiero ser injusta, en estos días circular por los pasillos del Poder Judicial es menos insalubre que antes. Pero eso no lo hace salubre en lo más mínimo. El fiscal emblemático del lawfare sigue desempeñándose como fiscal en causas en las que es fiscal y parte. Uno de los jueces símbolo del lawfare acaba de salir sorteado para hacerse cargo del juzgado del otro de los jueces que fue motor del lawfare. Una dirigente política autopercibida como fiscal de la República confirma en televisión la existencia de la mesa judicial del macrismo, establecida para manipular las causas con la inefable colaboración de los servicios de inteligencia. Mientras tanto, un juez de Casación se sienta sobre la prueba de las llamadas telefónicas que dan cuenta del funcionamiento de esa mesa judicial y paulatinamente Comodoro Py va chupando las causas de espionaje que se tramitan en otros juzgados federales. Cualquier avance es posible para que nada avance realmente.

Lo escribía y pensaba hace más de cuatro años y lo sigo pensado y escribiendo ahora. Yo no sé exactamente qué hay que hacer. Tengo miles de ideas que van desde lo posible a lo reconocidamente disparatado. Pero tengo una certeza: si no cambiamos el Poder Judicial para que sea más respetuoso de la ley, vamos a seguir siendo víctimas del espejismo en el que vivimos desde hace varios años. Que es ese Poder Judicial que dice aplicar la ley y no la aplica. Ese que le presta más atención a los titulares de los diarios que al contenido de las sentencias. Ese Poder Judicial paradójicamente tan caprichoso y al mismo tiempo tan esclavo. Ese Poder Judicial tan presto para defender privilegios y tan rápido para eludir responsabilidades. Ese Poder Judicial que como en los best-sellers policiales, vuelve una y otra vez al lugar del delito para encubrir sus propias huellas. (Y que adelanto, en año electoral hará política como si fuese un partido político más.) Ese Poder Judicial que no quiere cambiar y que la única reforma que acepta es implementar el símbolo medieval de usar togas y no el desafío democráticamente exigible de impartir justicia. No, no son reformas cosméticas lo que necesitan este Poder Judicial y este país. Porque en un mundo con poco azar, sabemos de qué lado va a caer la moneda si no lo hacemos.

 

 

 

 

 

 

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